Si bien desde el gobierno se ha tratado de imponer el discurso de que el origen de la emergencia hídrica solo responde a la fuerte sequía que ha afectado al país, las organizaciones y los movimientos sociales alertamos que la mala gestión de la cuenca del río Santa Lucía, seriamente afectada por el avance del agronegocio, es una de las causas estructurales de esta crisis que amenaza el derecho humano al agua.
Una vez más ha quedado demostrado que es imposible el logro de derechos humanos fundamentales, como el derecho al agua, si no cuidamos los sistemas ecológicos que hacen posible la vida. Cada día se torna más evidente que la naturaleza y sus funciones son esenciales para garantizar la sustentabilidad de la vida. Es urgente avanzar hacia una gestión justa y sustentable de las cuencas hidrográficas, cuidando la salud de los territorios y priorizando el agua para consumo humano.
Esto ya lo habíamos identificado como una necesidad y una apuesta estratégica cuando las organizaciones sociales impulsamos la reforma constitucional en 2004. Por ello, a partir de la reforma se establecieron los principios de la Política Nacional de Aguas, que incluyen la conservación y la protección del medioambiente, y la restauración de la naturaleza, así como la gestión sustentable solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico como asuntos de interés general. Asimismo, se estableció la necesidad de definir los usos prioritarios del agua: el abastecimiento de agua potable a poblaciones es el principal. Además, quedó plasmado que «la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico». El pueblo se expresó contundentemente en las urnas y estos principios fueron incluidos en el artículo 47 de nuestra Constitución.
Lo que hemos enfrentado en los últimos meses no responde a una situación puntual, sino que se trata de una crisis profunda que solo podrá ser resuelta si abordamos sus causas estructurales. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de no aceptar pasivamente que solo se trata de un fenómeno poco frecuente de sequía extrema y que se va a resolver apenas llueva, sino que tenemos que exigir soluciones verdaderas que garanticen el respeto irrestricto a lo establecido en la Constitución por mandato popular.
Las verdaderas soluciones pasarán por políticas públicas integrales que partan de una mirada sistémica del territorio, los ecosistemas y los ciclos ecológicos, y prioricen la justicia ambiental, social, económica y de género y la realización de derechos. Dichas políticas deberán formularse teniendo en cuenta múltiples dimensiones y la indivisibilidad de los derechos fundamentales. Por ejemplo, a la hora de evaluar estrategias, políticas y proyectos de desarrollo, así como proyectos de inversión que puedan tener un impacto en los territorios, deberá privilegiarse la no alteración del ciclo hidrológico y de la calidad y la cantidad de agua. Estos criterios deberán aplicarse para la evaluación de estrategias como la del hidrógeno verde, proyectos como el data center de Google y los impactos del modelo forestal celulósico y del agronegocio sojero, entre otros.
Asimismo, urge establecer las políticas y los mecanismos necesarios para una participación social efectiva en materia ambiental, siguiendo los postulados de nuestra legislación y de acuerdos internacionales como el de Escazú sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en temas ambientales.
Es impostergable la necesidad de avanzar en el cabal cumplimiento de medidas de gestión sustentable del territorio en la cuenca del río Santa Lucía que han sido propuestas por organizaciones sociales y la academia para asegurar su recuperación, priorizando la cosecha de agua para consumo humano, como lo establece la Constitución. Se requiere implementar restricciones ambientales efectivas, como la prohibición en zonas críticas de algunas actividades que son incompatibles con la producción de agua para consumo humano.
También es necesario aprobar y aplicar medidas precautorias frente a la intensificación agrícola y el incremento de cultivos forestales; fomentar mediante políticas públicas la transición hacia la agroecología en la cuenca de forma de permitir la recuperación de la calidad ambiental y el aumento de la producción de alimentos saludables, y construir soluciones reales para la implementación efectiva de las zonas de amortiguación y la restauración de vegetación riparia (de las orillas). Por otra parte, hay que retomar el proyecto de la represa en el arroyo Casupá y planificar el comienzo de su construcción en forma inmediata.
En esta situación dramática, que una vez más golpea con mayor fuerza a la población que sufre la injusticia, el actual equipo de gobierno ha demostrado no estar preparado ni decidido a enfrentar las causas estructurales de la crisis hídrica. Provoca enorme preocupación el hecho de que no esté apostando y avanzando hacia la gestión sustentable de la cuenca y de las condiciones ambientales para cuando vuelvan las lluvias. No deberíamos esperar a que nuevamente se imponga la improvisación.
Lo que hemos vivido en los últimos meses deja en evidencia que se debe suspender la licitación del proyecto Neptuno, ya que es una falsa solución al problema de acceso al agua del área metropolitana y nos condenaría a agua con niveles de salinidad y cloro por encima de nuestros estándares históricos. No debemos olvidar que quienes sostienen que el agua es bebible son los mismos que impulsan el proyecto Neptuno. Si se avanza con dicho proyecto privatizador, se va a distribuir agua que no será potable, ni bebible, ni segura, por los niveles de salinidad, las floraciones de cianobacterias y la carga de nutrientes y contaminantes que hay en el Río de la Plata. El proyecto Neptuno, de concretarse, va a convertirse en un atentado permanente al derecho humano al agua y a la salud de la población.
Por el momento, la única respuesta que ha dado el gobierno ha sido facilitar la compra o el acceso al agua embotellada, lo cual lleva a la transformación del agua potable en una mercancía y no un derecho, beneficiando a un conjunto de empresas que obtienen el agua del dominio público, sin costo y la comercializan con altas tasas de ganancia. Un negocio redondo en medio de una profunda y grave crisis, sin pagar canon ni impuestos, con clientes-compradores rehenes y el negocio asegurado por el Estado.
Las organizaciones y los movimientos sociales en diálogo permanente con la Universidad de la República tenemos propuestas que contribuyen a las soluciones verdaderas para garantizar un derecho fundamental para la vida; debemos movilizarnos y exigir que se activen los espacios de participación para impedir la contaminación, la privatización y la mercantilización del agua.
*Karin Nansen y María Selva Ortiz son integrantes de Redes-Amigos de la Tierra
