Ramificaciones – Brecha digital

Ramificaciones

Ni siquiera Ruben Villaverde escapó a la práctica de habilitar que una pariente suya ingresara como funcionaria del Sirpa. Tampoco lo hizo el representante del Partido Nacional en la Comisión Delegada, supuesto contralor en la gestión. De ahí para abajo fueron muchos los que no se quedaron atrás.

Este listado se construyó con base en un documento al que accedió Brecha. El criterio de selección estuvo guiado básicamente por la jerarquía del cargo del funcionario, la cantidad de casos en los que estaba involucrado y la cercanía con el pariente. Si bien el original posee un orden distinto, incluye iguales datos, salvo los sindicales, elemento agregado por Brecha a partir de las listas que posee de todas las agrupaciones. Pese a eso, sólo se detectaron en estos casos integrantes de la lista 10, la mayoritaria.

El árbol genealógico del Sirpa comenzó a ramificarse en los años noventa, pero se tupió durante la gestión pasada. Como lo muestra un documento al que accedió Brecha, hay al menos 114 vínculos familiares en la institución, 79 de ellos originados en el período de Ruben Villaverde.1 Si bien el listado no es exhaustivo (porque según las fuentes consultadas hay incluso más casos), es sumamente preciso y pone en evidencia cómo fue que jerarcas y/o dirigentes sindicales lograron que sus parientes comenzaran a trabajar en el Sirpa.

El propio Villaverde lo hizo. Adriana Pronzatti, su cuñada, logró un cargo para desempeñarse en el área de Comunicaciones, Prensa y Relaciones Públicas. Figura con la misma fecha de ingreso (1-XII-12) que los funcionarios que “ganaron” el único llamado que se abrió durante la administración de Villaverde, pese a que no es nombrada entre las nuevas incorporaciones que se detallan en el acta pública.
También lo hizo Carlos Manzor –director desde febrero de 2014 hasta mayo de 2015 en representación del Partido Nacional– desde un cargo pensado para controlar la gestión. En marzo de 2014, a un mes de la asunción de su padre, ingresó a la función pública Soledad Manzor para ocupar un cargo en la Dirección General Administrativa. Y como quien cierra un ciclo, a poco de irse de la institución, Manzor permitió en marzo de 2015 la entrada de su nuera, Daniela Montero, para desempeñarse como administrativa de Jurídica.

No es de extrañar entonces que si se mira más abajo en la cadena de mando haya también funcionarios emparentados. Y que, de hecho, la repetición de apellidos tampoco sea exclusiva de la gestión de Villaverde, aunque las cifras muestren que la distancia entre esa y otras gestiones es la que podría haber entre una puerta completamente abierta y una entornada.

Por ejemplo, gracias al llamado de 2012, al menos 18 familiares de sindicalistas y directores accedieron a un cargo. El tribunal –integrado por Wilmar García, Luis Escuarcia, Henry Ponce, Paula Cores, Jorge Muñoz y Alejandro Araujo– reunía a integrantes de equipos de dirección y dirigentes sindicales que se leen en las listas de votación de la 10, la agrupación de Joselo López. Pero también reunía, al mismo tiempo y en las mismas personas, a funcionarios denunciados por maltratos a adolescentes (salvo Cores, que fue señalada e investigada pero no enjuiciada, los cinco restantes están presos o fueron procesados sin prisión, al igual que Joselo López).

El punto está en que ese tribunal no sólo habilitó la entrada de familiares de sus colegas sino también de ellos mismos: ingresaron el cuñado y el hermano del cuñado de Luis Escuarcia, dos hermanas y un cuñado de Henry Ponce, la ex esposa y madre del hijo de Jorge Muñoz.

De hecho, los mismos jerarcas ya tenían familiares que eran a la vez compañeros de trabajo y de militancia, o los tuvieron más tarde. Según el documento, Escuarcia está relacionado con tres personas (más una que detectó Brecha, Eugenia Andrukiebich, hermana por parte de madre), Henry Ponce con ocho (cuatro que ingresaron durante la gestión de Villaverde y cuatro que ya habían entrado antes) y Jorge Muñoz con cuatro (incluso dos que trabajan como sus subordinados en el centro Ituzaingó).

Para terminar de pintar el panorama, también se identifican en el documento otros dos casos. En 2014 empezó a trabajar en el Sirpa el ahijado de Mónica Rodríguez, la asesora letrada de la Comisión Delegada, es decir la abogada que instruye a las máximas autoridades de la institución. Y en el mismo año también lo hicieron el hijo y la sobrina de Marina Guerrero, directora del Programa de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación.

Pero también aparecen los vínculos si se amplía la mirada y se observan las incorporaciones en todo el Inau. Ejemplo de esto son los hijos de Joselo López, que ingresaron en 2013 y 2014, y su mujer, que luego de ingresar a través del concurso del Sirpa de 2012 fue rápidamente transferida a un centro de amparo (véase Brecha, 11-IX-15). Brecha detectó otras dos: la hija de Alicia Bello, directora del Programa de Inserción Social y Comunitaria, además de dirigente de la lista 20 del sindicato vinculada al Partido Comunista, se encuentra trabajando en la División de Tiempo Completo del Inau. Y es que si se observan las planillas de trabajadores del instituto, extravagantes apellidos saltan a la vista por su persistente reiteración.

En este marco, y mientras la justicia del crimen organizado analiza una denuncia que incluye, justamente, la forma en que ingresaron los funcionarios a esa institución, continúan apareciendo documentos que, ensamblados, reconstruyen ese gran puzle que se fue armando en el Inau.

1.     Villaverde fue gerente del Semeji de diciembre de 2011 a abril de 2012, momento en el que se formalizó la nueva institución llamada Sirpa y fue nombrado su presidente, cargo que mantuvo hasta que asumieron las nuevas autoridades en mayo de 2015. Así, seis funcionarios vinculados a otro de jerarquía institucional y/o sindical ingresaron mientras fue gerente del Semeji, y 73 mientras fue presidente del Sirpa.

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