El 28 de diciembre, pocas horas antes de que venciera el plazo para la permanencia de tropas uruguayas en Haití, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la ley que prorroga la presencia del contingente hasta el 15 de abril. Desde 2004, cuando Uruguay decidió participar en la Minustah con más de mil militares (hoy quedan unos 250 debido a una paulatina reducción), la participación de los soldados uruguayos en la “estabilización” del país caribeño fue motivo de discusión entre el gobierno y la oposición. Por entonces el Ejecutivo estaba en manos del Partido Colorado y el Parlamento tenía mayoría de los partidos tradicionales. Una resolución del congreso del FA, previo a que el Frente asumiera la Presidencia de la República, planteaba el retiro de las tropas. Pero, una vez en el poder, esa decisión fue modificada y la coalición de centro izquierda comenzó a justificar la permanencia en Haití y se votaron, a iniciativa del Ejecutivo, sucesivas postergaciones de la presencia en dicha nación. Ello motivó debates en la interna del FA, el voto sobre la base de la disciplina partidaria y tres renuncias de legisladores frenteamplistas a sus bancas. Primero fue el socialista Guillermo Chifflet, lo siguió el emepepista Esteban Pérez y en 2014 Luis Puig del Pvp (Puig había sido reelecto en las elecciones de dicho año y volvió a asumir la banca en febrero de 2015).
En esta última oportunidad hubo un solo voto en contra dentro del oficialismo, quien lo hizo fue el diputado suplente del Pvp Carlos Coitiño, aunque varios sostuvieron que estaban en contra de la permanencia, como los legisladores socialistas de Montevideo, el comunista y el representante del Ir. Lo mismo ocurrió en el Senado con Casa Grande, que, si bien acompañó el proyecto del Ejecutivo, dejó constancia de su oposición y advirtió que votaba en función de la decisión mayoritaria de la bancada frenteamplista.
El 16 de diciembre, por tanto previo a la decisión parlamentaria, la Mesa Política del FA aprobó por consenso (es decir, con abstenciones) una resolución que sostiene que “entiende necesaria la aprobación de una última prórroga del mandato de las tropas militares de Uruguay en Haití, hasta el mes de abril de 2017 inclusive”. Con anterioridad, la dirección frenteamplista se había reunido con los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores. Los argumentos manejados por ambos jerarcas fundamentaban la permanencia del destacamento uruguayo en el hecho de que un retiro previo al 15 de abril, cuando el Consejo de Seguridad de la Onu evaluaría la permanencia o no de la Minustah, tendría un costo muy oneroso para Uruguay, porque todo debería hacerse con dineros del Estado nacional y no por las Naciones Unidas. Además preveían que la resolución del consejo sería la de finalización de la misión estabilizadora en Haití. Sin embargo, nada de eso está asegurado.
La votación en Diputados fue de 65 en 75 a favor de la permanencia. En contra se pronunciaron los tres legisladores del Partido Independiente, el diputado de la Unidad Popular Eduardo Rubio, cinco representantes del Partido Nacional y Coitiño. La discusión sobre la pertinencia de la prórroga llegó hasta la agresión física: el diputado suplente del Fls Rafael Courtoisie, en medio del debate y mientras conversaban dos diputados, le propinó una cachetada a Rubio. Luego se disculpó públicamente.
La agresión física fue demostrativa de las dificultades que el oficialismo encuentra para justificar su cambio de postura. Muchos en filas frenteamplistas entienden que, en realidad, la Minustah es una fuerza de ocupación, que nada ayuda al pueblo haitiano, sacudido por todas las calamidades imaginables. Por ejemplo, 200 mil de sus pobladores aún viven en carpas, después del terremoto de 2010, su economía no se recupera, el último huracán dejó centenares de muertos y múltiples destrozos en las áreas productivas. No parece que uno de los países más pobres y castigados del mundo requiera de presencia militar, sus necesidades pasan por otro lado. La realpolitik del actual gobierno frenteamplista ha entrado en contradicción con sus definiciones originales y eso provoca malestares varios dentro de filas. La única apuesta de la administración de Tabaré Vázquez es que la Onu le resuelva las contradicciones, dando, en abril, por finalizada la misión de la Minustah.