Reservado total

El chat de Alejandro Astesiano con el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel –tercero en jerarquía entre los mandos policiales–, circuló esta semana por las redacciones de varios medios de prensa. La primera divulgación de esos chats llegó el martes de mañana, cuando el periodista Gabriel Pereyra adelantó lo que luego desarrollaría VTV noticias: a pedido de Astesiano, Berriel le hizo llegar al custodio los partes de la denuncia por abuso sexual en una fiesta de jóvenes del Partido Nacional (PN) presentada por una adolescente, con su nombre, el de su madre y el de los denunciados a la vista. De acuerdo con lo dicho por Astesiano a Berriel, el pedido de información tenía como destinatario al propio presidente Luis Lacalle Pou, que quería estar prevenido ante «preguntas de la prensa». Si este episodio ya ponía en entredicho el argumento de la «traición» de Astesiano a Lacalle Pou, esgrimido por la coalición para intentar blindar al presidente, la divulgación, en la tarde de ese mismo martes, por parte de MVD noticias, de pedidos de información a Berriel sobre un viaje personal de Lorena Ponce de León (el 4 de julio, más de un mes después de que trascendiera su separación del presidente) vino a redoblar la apuesta.

Además de la detallada información brindada por Berriel, Astesiano –que entonces estaba de viaje con Lacalle Pou en Colombia– mantenía, en paralelo, una conversación con uno de los custodios de Ponce de León. En ambos casos, el sigilo era una condición para las averiguaciones. «Reservado total», «solo a vos», le decía Astesiano a Berriel. «Vos conmigo nunca hablaste», advertía al custodio de Ponce de León, que se mostraba especialmente preocupado por ser descubierto por ella y por dejar clara su fidelidad a Lacalle Pou. Este secretismo pone en cuestión el consentimiento de la expareja del presidente respecto de la vigilancia de la que era objeto. A su vez, no es claro por qué el custodio de Ponce de León informaba constantemente a Astesiano sobre los movimientos de la expareja del presidente en un chat individual (que empieza el 28 de mayo, también con posterioridad a la separación del matrimonio), cuando ambos integraban un grupo de Whatsapp con una persona agendada por Astesiano con un apodo femenino, que acompañaba a Ponce de León permanentemente y reportaba cada uno de sus movimientos sin secretismo alguno. Por ejemplo, el día de inicio del viaje investigado por Astesiano, Ponce de León fue acompañada hasta el aeropuerto de Carrasco por su equipo de custodia, evento reportado en tiempo real en el grupo creado para custodiar a la esposa del presidente. La actividad de ese grupo luego tuvo una pausa, y se reactivó al retorno de Ponce de León el sábado 9, día en que se retiró acompañada de Lacalle Pou, de acuerdo con lo informado en ese chat.

La simultaneidad de comunicaciones (unas aparentemente transparentadas ante Ponce de León y otras reservadas) desató discusiones respecto de si estas averiguaciones encuentran alguna justificación en los cometidos legales del Servicio de Seguridad Presidencial (que legalmente comprenden la seguridad de la familia del mandatario) o si los organismos policiales y la información estatal fueron usados por intereses personales del presidente. De todas formas, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que fue el primer jerarca en responder públicamente sobre el asunto, no manejó argumentos relativos a la seguridad, sino que circunscribió el hecho a una cuestión «de la vida privada del presidente». Heber, a su vez, dijo que Berriel no cometió delito alguno al enviar información ni sobre la denuncia de abuso en la fiesta del PN. «¿Cómo pasarle al presidente y a su custodia quién fue violado en un club político es un delito? Dio los nombres. No difundió el nombre. Le dio al presidente, que es el jefe de todos nosotros», declaró confusamente en rueda de prensa el ministro, sin pronunciarse respecto de la reserva de la investigación ni sobre el derecho a la privacidad de los involucrados. Tampoco trajo a colación los motivos esgrimidos por Astesiano a la hora de requerir la información, es decir, las posibles consultas de la prensa al presidente sobre el tema (presidente que, además, fue electo por el partido que organizaba la fiesta en la que sucedió el episodio).

Luego hubo otras declaraciones desde filas de la coalición de gobierno. Especialmente polémica fue la de Andrés Ojeda. El integrante del sector Ciudadanos, del Partido Colorado, habló en carácter de abogado defensor de Berriel, rol que dejará de ocupar a pedido del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, al que también representa (Montevideo Portal, 22-XII-22). Ojeda apuntó al fallecido Jorge Larrañaga, quien designó a Berriel en su cargo cuando era ministro del Interior. «Todo lo que pidiera Astesiano era como si lo pidiese el propio ministro», aseguró el colorado, citando como testigo a Luis Calabria, del sector de Larrañaga, quien confirmó esta versión cuando fue consultado por El Observador. Para cuando Berriel informó a Astesiano sobre el viaje, sin embargo, hacía rato que el ministro era Heber. Pero a quien no le cayeron nada bien las declaraciones de Ojeda fue al ministro de Defensa, Javier García, que dijo a Telemundo (22-XII-22): «Usar a Larrañaga para enredarlo y dañar al presidente de la república me parece una inmundicia».

Por otra parte, el propio Astesiano –a diferencia de Heber– no redujo las averiguaciones sobre el viaje de Ponce de León a un asunto personal del presidente, sino que adujo que la tarea era parte de su trabajo. También sostuvo que nunca solicitó el aval de la esposa de Lacalle Pou para custodiarla, que ella no solicitó seguridad para ese viaje en particular y que no se dispuso de ningún servicio con ese fin porque el presidente no quería molestarla. Su versión de los hechos fue presentada ante la fiscal Gabriela Fossati, quien volvió a tomarle declaración el lunes 19, y fue recogida el jueves 22 por El País, medio que solo se hizo eco de los contenidos de los chats cuando llegaron las primeras respuestas oficialistas. Es que el tratamiento mediático de los chats de Astesiano forma parte de otro capítulo de esta historia, tan discutido como el contenido de las conversaciones.

CENSURAS, PRESIONES Y RESISTENCIAS

Las redes sociales ardieron. El martes a la noche varios integrantes del equipo de editores del diario El Observador publicaron en sus cuentas personales de Twitter el mismo mensaje: «Astesiano pidió información personal sobre Lorena Ponce de León a Jorge Berriel, tres del Ministerio del Interior. Lo pueden leer acá». El posteo iba acompañado de dos capturas de pantalla con una nota periodística pronta para ser publicada.

El artículo comenzó a replicarse y las incógnitas no tardaron en aparecer. ¿Por qué los periodistas publicaron una nota en sus cuentas personales en vez de hacerlo en el medio para el cual trabajan? Las autoridades de El Observador se llamaron a silencio y la solidaridad con sus periodistas se hizo notar. Muchas fueron las versiones sobre la interna del medio. Brecha confirmó que, una vez tomada la decisión de publicar la noticia, desde la redacción del diario se comunicaron con Presidencia para tener su versión de los hechos. La consulta desencadenó tal malestar en el oficialismo que el asesor del presidente, Roberto Lafluf, intimó a que la noticia no viera la luz. Ante esto, los propietarios del medio decidieron no publicarla.

No es la primera vez que pasa algo así durante esta administración. En mayo de este año, El Observador había dado la primicia sobre la separación del presidente y su esposa. En ese entonces, la redacción procedió de la misma manera: llamó al principal involucrado para confirmar el hecho y dar aviso sobre lo que se iba a publicar. El presidente Lacalle Pou respondió que, al igual que él no se metía en el trabajo de los periodistas, ellos no debían meterse en sus asuntos. En aquel caso, la noticia finalmente se publicó en el sitio web del diario.

REPERCUSIONES

«Hechos de estas características dañan profundamente la institucionalidad y sus garantías», publicó Amnistía Internacional en Uruguay en su cuenta de Twitter, como reacción al episodio. La Asociación de la Prensa Uruguaya, por su parte, expresó en un comunicado su «gran preocupación por la sucesión de hechos, en su mayoría, asociados a las más altas esferas del poder, que está afectando el desempeño profesional de la tarea periodística». Consultado por Brecha, el exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, explicó que «en los gobiernos autoritarios es explícito cuando las autoridades ordenan que determinada información no se publique. En cambio, en países democráticos el derecho que se resguarda es que no haya censura previa», como la hubo en este caso.

Los que no se han pronunciado, hasta ahora, han sido el propio presidente y Ponce de León. En mejores tiempos, la expareja del presidente ocupaba importantes espacios en los medios de comunicación sin que el oficialismo cuestionara el interés público de su exposición. La periodista y militante feminista Lucy Garrido entiende que la pertinencia de tratar el asunto públicamente se vincula estrechamente con la perspectiva de género. «Ella tiene derecho a su vida personal y no tiene por qué informarlo», sostuvo en diálogo con Brecha. La ley 19.580, de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, detalla los distintos tipos de violencia y define la violencia psicológica como las acciones que lleven a perturbar, degradar o controlar la conducta de las mujeres. Por ello, Garrido explicó que «es violento andar controlando la vida a tu ex», y agregó que «lo personal es político». En este sentido, reivindicó los derechos de Ponce de León como mujer: «Si no sabe a dónde va, será porque ella no se lo quiere decir, entonces, tendrá todo el derecho del mundo a mantener su intimidad».