En relación con la intervención del senador Sebastián da Silva en la sesión del 3 de febrero de 2026, en la que rechazó la creación de dos cargos de correctores de estilo en el Senado (artículo 19 del presupuesto 2025-2029), la Asociación Uruguaya de Correctores de Estilo (AUCE) comunica lo siguiente:
Da Silva argumentó que contratar correctores es una afrenta a los legisladores y que envía un mensaje equivocado, ya que los senadores deberían «estar a la altura» del cargo y rodearse de equipos competentes sin necesidad de crear nuevas plazas. Lo considera un gasto innecesario y una admisión de incompetencia legislativa. AUCE destaca dos falacias en su postura, que procede a esclarecer en defensa de sus asociados.
Primero, Da Silva asume que necesitar correctores supone incapacidad de los legisladores, cuando la corrección profesional de textos legales es una práctica estándar en muchas democracias desarrolladas. La calidad técnica de la redacción no es equivalente a la dignidad del cargo. La corrección lingüística y el lenguaje claro son áreas de especialización desde las que se ha asistido a incontables letrados brillantes.
Segundo, hay una contradicción interna: reconoce la función de los pases en comisión que asisten a los legisladores, pero rechaza profesionalizar la corrección y la claridad en la expresión escrita. Ante la improbable situación de que cada equipo legislativo incluya un especialista en corrección, contar con correctores dedicados al Senado sería la siguiente mejor situación.
Además, Da Silva se refiere al estilo retórico-personal, al estilo como precisión técnico-jurídica y al estilo editorial, sin distinguirlos. Esta es una confusión entendible, a lo largo de la historia los editores y correctores se han encargado de mejorar diversas dimensiones de un texto.
El corrector de estilo, profesión que remonta su origen a las primeras casas editoriales del Renacimiento, hoy en día se especializa en conjugación, concordancia, adecuación léxica, sintaxis y puntuación; atiende a la coherencia del registro, la precisión terminológica y la reducción de repeticiones, latiguillos y gerundios. A su vez, más allá de aspectos gramaticales, vela por la claridad y la coherencia del discurso, en servicio del autor del texto y del público que lo leerá.
AUCE entiende que incorporar correctores de estilo al proceso legislativo mejora la redacción y la claridad de la normativa –algo beneficioso para toda la población y que ya sucede en la Cámara de Representantes–, y considera improcedentes los argumentos esgrimidos para justificar su rechazo. Señala, también, la incomprensión de la labor del corrector de parte de quienes han debido decidir sobre su participación en el proceso de elaboración de las normas. #
Comisión Directiva de AUCE
Montevideo, 4 de febrero de 2026
