Aquel jueves la noticia sacudió el ambiente judicial uruguayo. El abogado Carlos Curbelo Tammaro estaba detenido como parte de una investigación por lavado de activos, derivada de la Operación Campanita. Pasadas las tres de la mañana, tras casi 15 horas de audiencia, el juez Federico Álvarez Petraglia dispuso –a pedido del fiscal Diego Pérez– el procesamiento con prisión del abogado y de otras cinco personas por su participación en el intento de ocultar bienes adquiridos con dinero del narcotráfico. Esa fecha, 26 de noviembre de 2009, quedaría marcada como el día en que «cayó un pesado».
Curbelo Tammaro estaba entonces en la cúspide de la profesión. Tenía 74 años de edad y más de 45 ejerciendo como abogado. El estudio que compartía con sus hijos estaba ubicado en Misiones 1461, al lado del edificio que nucleaba a 14 de los 21 juzgados penales de Montevideo. Una larga escalera daba entrada a un coqueto apartamento de época y al despacho recubierto de muebles, con una amplia biblioteca, donde recibía con bonhomía y gesto amable a clientes, amigos y periodistas. Entre los primeros había figuras de diversos ámbitos, como el dictador Gregorio Goyo Álvarez, el excanciller Juan Carlos Blanco y la empresa Tenfield SA. Por eso, su procesamiento tuvo impactos a varias bandas.
Entre sus clientes estaba también José Luis Suárez, un empresario español, residente en Uruguay, que tenía vínculos con el narcotraficante colombiano Alexander Pareja García. Suárez fue enviado a prisión en 2006, tras una operación que permitió incautar 350 quilos de cocaína, vehículos, armas, dinero y propiedades. Se descubrió que la organización tenía un laboratorio de drogas en Parque Batlle. Casi 30 personas fueron procesadas en esa primera redada, pero las autoridades abrieron nuevas líneas de investigación en busca del dinero y los bienes mal habidos. En 2008, fue procesado el contador Rubén Weiszman, como partícipe
de reiteradas maniobras para ocultar el origen espurio de los fondos; más tarde Weiszman fue condenado y embargado por unos 5 millones de dólares. Por esas horas, el entonces titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, dijo que se trataba de un caso emblemático para Uruguay.
Las dos torres
Fue la versión de una «testigo colaboradora» (Adriana Cifuentes, una agente inmobiliaria que aportó información sobre presuntos negocios ilegales con bienes inmuebles) la que puso el foco en Curbelo Tammaro. La Justicia determinó que el abogado había participado en la compraventa de dos inmuebles de alto valor facilitando la operativa de blanqueo de capitales: la venta, en mayo de 2007, del edificio Torre Juncal, ubicado en Ciudad Vieja, cuando el inmueble estaba por ser embargado, y de un apartamento en el edificio Torre Malvinas (hoy Torre Tamaro), en Punta del Este. Según la Justicia, el abogado participó en esos negocios como asesor y representante de Suárez, lo cual excedía su rol como defensor.
Curbelo Tammaro, por su parte, argumentó que el apartamento en Punta del Este era parte del pago de sus honorarios como abogado. Durante meses el debate jurídico versó sobre las herramientas que tiene el Estado para perseguir el crimen organizado, los límites de esa persecución penal y la imperiosa necesidad de investigar el delito de cuello blanco, a los poderosos señores con oficinas en Ciudad Vieja o el World Trade Center. La defensa del abogado, ejercida por el catedrático Miguel Langón, lanzó furibundas críticas a la utilización de la figura del colaborador y contra la interceptación de su teléfono celular. El recurso de inconstitucionalidad presentado por esos días habló de abusos en la investigación penal y de quiebre del Estado de derecho, pero fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Trece años después, el debate se reinstaló, pero en sentido contrario. El fiscal Luis Pacheco solicitó el sobreseimiento de Curbelo Tammaro y del escribano Daniel D’Angelo, los dos profesionales caídos en aquella redada de 2009, por considerar que tuvieron un rol tangencial en las maniobras de lavado. En el caso del abogado, el fiscal hizo un análisis diferenciado de su participación en los negocios inmobiliarios por los que había sido juzgado.
Sobre la venta del edificio Torre Juncal, la participación de Curbelo Tammaro «dista mucho de un rol protagónico y menos aún de una conducta orientada intencionalmente a asistir o asesorar a su defendido para favorecer el blanqueo de dineros ilícitos», escribió Pacheco. En tanto, en la venta
del apartamento en Torre Malvinas, el fiscal consideró que el abogado ejerció como inversionista, con dinero propio, a su cuenta y riesgo, y el negocio le significó una pérdida de 40 mil dólares. Pacheco también descartó que hubiera delito en la entrega de 10 mil dólares al abogado de la esposa de un narcotraficante, «ya que la entrega de dinero de abogado a abogado […] no deja de constituir una práctica habitual entre profesionales» y no pudo dilucidarse el origen espurio de esos fondos (El Observador, 3-III-23). Ante esto, la jueza María Sol Bellomo archivó la causa en su contra. Fue el cierre de la investigación por la Operación Campanita.
Con estos elementos, Curbelo Tammaro presentó una demanda civil contra el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación por prisión indebida. En su demanda, reclama el pago de 6.920 unidades reajustables, diez por cada día de prisión efectiva (estuvo preso entre el 26 de noviembre de 2009 y el 18 de octubre de 2011), más 300 mil dólares por daño moral y 1,2 millones de dólares por daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance por error inexcusable. En total, la demanda supera los 1,8 millones de dólares.
En su escrito, el abogado afirma que fue «ilegítimamente procesado con prisión en forma premeditada y articulada» por el exjuez Álvarez Petraglia y el fiscal Pérez. «Se me recluyó en el Comcar (cárcel de alta seguridad) con la finalidad incuestionable de humillarme, someterme al desprecio público y exponerme al escarnio ante toda la sociedad», recrimina. También aduce que se incurrió «en el error inexcusable de aplicar en forma retroactiva una ley que no estaba vigente», que fue suspendido para ejercer como abogado por la SCJ y fue embargado, lo que afectó su capacidad económica hasta el cierre de la causa, en marzo de 2023.
La demanda recayó inicialmente en el juez Gabriel Ohanián, quien se inhibió de intervenir, ya que como juez de Maldonado había dispuesto el procesamiento por estafa de Cifuentes –la testigo colaboradora–, una decisión que favoreció la posición procesal de Curbelo Tammaro en la causa penal. Finalmente, la millonaria demanda civil contra el Estado pasó a manos del juez Carlos Aguirre, quien dispuso las primeras medidas y citó una audiencia preliminar en noviembre de 2024 para definir qué temas estarán en debate durante el juicio. En esa instancia, la Fiscalía rechazó la demanda en su contra por supuesta falta de legitimación pasiva, lo que fue –por ahora– rechazado. Sobre fines de febrero declararon los testigos de las partes. Se estima que, en las próximas semanas, el juez Aguirre dicte sentencia.
