Eduardo Ranz es un tipo joven, un abogado madrileño que se ha puesto sobre los hombros “la magnífica tarea de ayudar a desfranquizar España”, según dice con aires hidalgos. “En muchas ciudades del país, cuarenta años después de la muerte del Generalísimo, seguimos como si el dictador todavía estuviera allí, dirigiéndonos desde el bronce, humillándonos desde la simbología urbana, desde la monumentalidad fascistoide”. Un mes atrás, el 11 de febrero, en coincidencia con un nuevo aniversario de la proclamación de la primera república española, Franz denunció a los alcaldes de 38 ciudades de la península por no haber eliminado decenas de representaciones franquistas (nombres de calles y plazas, escudos, insignias, monumentos) del espacio público, como se lo ordenaba la ley de memoria histórica de 2007.
La capital es la ciudad que más los tiene (cerca de 150), y de los más grandes, como el Valle de los Caídos, un memorial en la afueras de Madrid dedicado en principio a Franco que se levantó con el trabajo esclavo de ex combatientes republicanos, o el Arco de la Victoria, una gigantesca construcción de 50 metros de altura ubicada a pocas cuadras del palacio de gobierno de La Moncloa. Pero también los hay en varias ciudades andaluzas; en la vasca Bilbao; en el enclave de Melilla, en tierra africana; en Extremadura; varios en Galicia y algunos en Cataluña. El 14 de abril, cuando se cumpla otro aniversario republicano, el nacimiento de la Segunda República, Ranz volverá a la carga ampliando su denuncia a otros municipios. “No se trata de destruir símbolos de alto valor religioso o artístico, pero lo que no tiene sentido es que su mantenimiento esté a cargo del Estado, es decir de todos nosotros”, apunta el abogado. “Si los franquistas quieren mantener sus símbolos que lo hagan en espacios privados y a sus costas. Pero en España no es como en Alemania, donde no se puede erigir un monumento al Fuhrer o festejarlo o reivindicarlo en público. Aquí los seguimos padeciendo todos, nos los siguen enrostrando cada día que transcurre.”
En Alemania, dicen en la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Madrid (Armh), el proceso de desnazificación fue lento, tortuoso, ambiguo, incompleto. En España, la desfranquización simplemente no existió. No sólo se ve esa ausencia en calles, plazas y monumentos: aún hay ex funcionarios de la dictadura (algunos septuagenarios, unos pocos octogenarios) en cargos de poder. Hasta hace una década abundaban. Las “leyes de la biología” los fueron desplazando, apartando, borrando. “Pero sus herederos ideológicos están hoy en el poder. No es una afirmación maniquea: los actuales dirigentes del Partido Popular llevan en sus genes los mismos valores que los viejos franquistas: el nacional catolicismo, el conservadurismo social. Hay en España un fortísimo poso de franquismo sociológico”, dice el politólogo castellano Ramón Cotarelo.
Esta semana Izquierda Unida denunciará en el Parlamento Europeo al gobierno español por violación de tratados internacionales al “no dar seguimiento” a una orden de detención librada por la jueza argentina María Servini de Cubría contra tres ministros franquistas acusados de crímenes de lesa humanidad en los últimos años de la dictadura en España. La llamada “querella argentina” es la única causa abierta en el mundo por los crímenes del franquismo.
El lado quizás más terrible de la no desfranquización del país, piensa Emilio Silva, presidente de la Armh, es que producto de la ley de amnistía de 1977 y de la famosa y cobardona Transición, “víctimas y victimarios se siguen cruzando por las calles y los victimarios pueden continuar reivindicando sus aberraciones. Nunca ha ido nadie a la cárcel en España por haber asesinado, secuestrado, torturado o hecho desaparecer cuerpos durante las cuatro décadas que duró la dictadura”.
