En su balance de 1976 sobre el estado de la guerra interna en Uruguay, el poderoso jefe de la División de Ejército I, el general Esteban Cristi, referente indiscutido de los Tenientes de Artigas, felicitaba a sus subalternos por los éxitos de la represión y ponderaba la estrategia de operaciones escalonadas, que implicaba combatir a un solo enemigo a la vez. La estrategia permitió derrotar primero al MLN-Tupamaros, después a la OPR-33, al Partido Comunista Revolucionario, al Movimiento Marxista, al Partido por la Victoria del Pueblo y a la estructura financiera, la dirección política y el aparato armado del Partido Comunista (PC). Quedaban otras batallas por venir, contra los Grupos de Acción Unificadora, contra la Unión Artiguista de Liberación, contra el aparato sindical del PC y contra la Juventud Comunista. A pesar del triunfalismo de los comunicados oficiales, en general las victorias fueron parciales, particularmente por la porfiada tendencia de las «organizaciones sediciosas» a recuperarse de las amputaciones, a resurgir.
Pero el general Cristi matizaba su balance con lo que consideraba un fracaso: la incapacidad de las Fuerzas Armadas para convertir a la Iglesia católica, al menos su jerarquía eclesiástica, en un aliado del «régimen cívico-militar». Cristi añoraba a los cardenales chilenos, paraguayos y argentinos alineados a la sombra de san Jorge combatiendo al dragón, lo que permitía obtener valiosa información operativa mediante el secreto de confesión y contener los reclamos sobre asesinatos
y desapariciones.
En Uruguay, la jerarquía católica se aferraba a un porfiado bajo perfil que eludía compromisos y permitía, en la escala de responsabilidades, conductas más desafiantes y comprometidas. Algunos memorandos, análisis y partes de información de la inteligencia militar revelan que en las estructuras intermedias y parroquiales había otro enemigo sedicioso encubierto que había que combatir, aunque no con los métodos más extremos.
LAS PARROQUIAS SUBVERSIVAS
El espionaje a las Iglesias (católica, pero también protestante) estuvo monopolizado, al principio, por agentes y «analistas» de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y, en particular, por un esquivo y tenebroso censor de nombre incierto que solía producir detallados informes sobre misas, homilías y sermones. Pero después, afianzadas las estructuras de la inteligencia militar, la labor fue transferida al Servicio de Información de Defensa (SID), al Departamento II del Estado Mayor del Ejército y, en lo operativo, a la Compañía de Contra Información. Para 1981, cuando la influencia del entonces retirado general Cristi se diluía, el reclutamiento de la Iglesia católica para lograr la tríada de la seguridad nacional (Estado, familia y propiedad) se esfumaba irremediablemente: a partir del plebiscito de 1980, hasta la salida democrática, muchas parroquias de todo el país estaban decididamente encolumnadas en la denuncia de la situación nacional y la opción por la gente que sufría esa situación. Los informes de la inteligencia, dispersos en los rollos de microfilmación del Archivo Berrutti, son elocuentes:
Enero de 1980: a lo largo de sus 25 números, la revista La Plaza «publica una serie de artículos de clara tendencia izquierdista radical, cuya autoría corresponde a tres sacerdotes católicos. Ellos son Luis Pérez Aguirre, Juan Martín Posadas y Juan Luis Segundo».
18 de diciembre de 1981: en la parroquia de los Talleres Don Bosco, el Servicio Paz y Justicia Uruguay (Serpaj) organizó una «celebración por los presuntos desaparecidos. Dicho acto fue presidido por seis sacerdotes, con la presencia de 300 personas».
22 de diciembre de 1981: parroquia Tierra Santa, celebración ecuménica por los derechos humanos. Siete sacerdotes presidieron el acto ante 600 personas, «llegando los disertantes a la conclusión de que Uruguay se encuentra encadenado por gravísimas injusticias sociales. Asimismo, efectuaron una crítica exacerbada a las diversas medidas aplicadas por el gobierno para el control de la situación».
Carta de Navidad de 1981: 97 sacerdotes de Montevideo leyeron una carta cuyo mensaje «siembra la desesperación, el pesimismo y la intranquilidad. Un párrafo afirma: “Igual que el profeta Ezequías, podemos decir, hoy es un día de angustia, de castigo y de vergüenza”».
24 de marzo de 1982, en el aniversario de la muerte del arzobispo de El Salvador Arnulfo Romero: «en la Catedral metropolitana fue organizada por Serpaj y la pastoral juvenil de Montevideo una misa con la asistencia de alrededor de 600 personas, la mayoría jóvenes de 18 a 25 años. La misa fue celebrada por 12 sacerdotes y predicada durante 90 minutos por el padre jesuita Luis Pérez Aguirre. Durante la celebración, los asistentes entonaron cánticos de evidente corte marxista».
Abril de 1982: un folleto distribuido en el liceo Juan Zorrilla de San Martín, perteneciente a la Congregación de los Hermanos Maristas y destinado a alumnos del segundo año, «presenta textos y dibujos sobre educación sexual, con clara exageración de contenidos eróticos que tienden a crear un clima de disolución moral».
Abril de 1982: «el sacerdote Solón Verísimo LV [liberado bajo vigilancia] fue nombrado a cargo de la parroquia de Aires Puros, Bulevar Batlle y Ordóñez casi Burgues. Dicho sacerdote fue procesado por la justicia militar por conspiración, seguida de actos preparatorios y asociación para delinquir».
Domingo 11 de abril de 1982: en la Gruta de Lourdes se repartió un boletín «que propone la reconciliación nacional en torno a una profunda reforma de estructuras de corte marxista».
1 de mayo de 1982: bajo la organización de la Pastoral Obrera se celebró el día de San José Obrero en la parroquia de los Santos Apóstoles, Los Vascos, cuya «responsabilidad es de los presbíteros jesuitas Juan J. Mosca y Mauricio García».
29 al 30 de mayo de 1982, noche de reflexión: se realizó en la iglesia de los Padres Palotinos, en Luis Alberto de Herrera, la vigilia pentecostal organizada por la coordinadora de la Pastoral Juvenil de Montevideo. «Con una asistencia de casi un millar de jóvenes, a lo largo de toda la noche se entonaron cantos intercalados con reflexiones. Estas últimas trataron con crudeza las situaciones de injusticia y desesperanza que esclavizan a los uruguayos en la actualidad. Los cánticos tenían letras claramente prosubversivas. En el acto, el arzobispo de Montevideo, monseñor Carlos Parteli, alentó con una homilía a los jóvenes allí reunidos».
5 de julio de 1982: «el Serpaj elevó a las máximas autoridades del país un petitorio de Amnistía General que favoreciera directamente a 287 miembros de las organizaciones subversivas que asolaron el país».
Setiembre de 1982: «el presbítero Juan Martín Posadas, de la parroquia San José Obrero de la ciudad de Treinta y Tres, se denominó como candidato a cuarto lugar en la lista por Montevideo, presentada por la coalición Movimiento de Rocha Por la Patria del Partido Nacional. Monseñor Cáceres y su Consejo presbiteral se pronunciaron públicamente aprobando oficialmente la candidatura del sacerdote de la diócesis de Melo».
Octubre de 1982: «una circular de Serpaj da cuenta de que el arzobispo de Montevideo, monseñor Carlos Parteli, visitó la sede y recibió con mucho interés una carpeta informativa con la situación de los derechos humanos en nuestro país».
Octubre de 1982: Luis Pérez Aguirre «denuncia la persecución de que es objeto al verse convocado por la justicia penal militar. En una carta afirma que se necesita algo más que la mera compasión y la solidaridad en el difícil trance en que se encuentra. Cabe consignar que el sacerdote de referencia fue citado por única vez por la justicia militar el día 23 de agosto próximo pasado».
10 de octubre de 1982: en el quincenario Presencia, órgano de prensa de la Conferencia Episcopal Uruguaya, «se señala la sistemática campaña de apoyo a las denuncias sobre uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina».
24 de octubre de 1982: en la parroquia Sagrada Familia de los padres jesuitas «se hizo una jornada de silencio. Fue presidida por el párroco, Francisco Zaragoza, el padre Juan J. Mosca y el padre Pérez Aguirre. Este último se dirigió a los presentes afirmando que la restauración nacional debía comenzar con una amnistía general».
5 de noviembre de 1982: «la Conferencia Episcopal Uruguaya dio a conocer un documento titulado Ante las próximas elecciones internas con un llamado a la responsabilidad política de los cristianos. Votar es un imperativo moral».
1 de noviembre de 1982: se celebró la Pastoral Juvenil de Montevideo a los diez años de su creación y «varios de los cánticos entonados en la oportunidad eran de un claro contenido tendencioso en contra de las actuales estructuras sociales, buscando el incentivar la lucha de clases».
27 de diciembre de 1982: «se realizó en la Gruta de Lourdes un acto de solidaridad con las familias de los trabajadores desocupados. El mismo contó con la presencia de 400 personas y varios sacerdotes de las parroquias de la zona».
28 de diciembre de 1982: se efectuó en la parroquia Tierra Santa un acto organizado por las madres de uruguayos desaparecidos en la Argentina, al que «asistieron 450 personas, notándose la presencia de más de 20 mujeres que aparentaban ser las madres».
Marzo de 1983: «personal destacado comprobó la presencia de un centenar de personas congregadas en la iglesia de Los Vascos, Julio Herrera y Obes, para recordar el tercer aniversario del asesinato en El Salvador de monseñor Arnulfo Romero».
17 de mayo de 1983: «se efectuó en el salón parroquial de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, Venezuela 1374, una reunión de familiares de uruguayos desaparecidos en la Argentina. En la reunión participaron 18 personas de ambos sexos. Sus organizadores fueron el párroco Orlando Romero, con antecedentes, su ayudante, el padre Jorge Ruggiero, con antecedentes, y Edgar Arambillete, con antecedentes, todos ellos pertenecientes al sector radical del ala desviada de la Iglesia católica».
ESTOS JESUITAS SEDICIOSOS
Con estos antecedentes, la pretensión de la jerarquía eclesiástica de convertir al Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras en una universidad católica resultaba quimérica. El 21 de abril de 1983, el Departamento I del SID elevaba a la Junta de Comandantes el resultado de un estudio sobre la creación de una tal universidad «desde el punto de vista de la seguridad nacional».
Los analistas de la inteligencia militar atribuían a la Iglesia Católica de Uruguay «una línea desviada definida por su tolerancia con las diferentes formas del socialismo y que en la tesitura de combatir la injusticia social llegó hasta el apoyo, en algunos casos, a los movimientos revolucionarios». El origen de la «desviación» surgía del Concilio Vaticano II y de la Conferencia Episcopal de Medellín de 1968, que «por vía de la interpretación, promovió el apoyo a los movimientos revolucionarios marxistas». Por ello es que, en varios países del continente, «se produjeron graves disturbios que protagonizaron varias universidades católicas». En nuestro país, esa tendencia «se reflejó en la simpatía y hasta en el apoyo que una ponderable parte del clero y altas jerarquías eclesiásticas brindaron, en distinto grado, a la agresión ideológico-subversiva iniciada a fines de la década del 60 por el PC y la guerrilla tupamara. Tuvo un papel principalísimo en el aparato de agitación religioso-subversivo el centro Pedro Fabro a cargo de los jesuitas». El documento consigna que «varios sacerdotes y seminaristas fueron procesados, otros expulsados del país y un prelado se autoexilió, monseñor Marcelo Mendiharat, obispo de Salto».
El Consejo Permanente del Episcopado emitió el 11 de noviembre de 1981 una declaración «ofreciendo a la sociedad uruguaya el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras como base de una posible universidad privada». Pero los analistas de la inteligencia militar consideraron como elemento negativo que el instituto dependiera de los jesuitas. Como elemento probatorio recordaron: «en el Colegio Liceo y Preparatorios Sacré Cœur, ubicado en la avenida 8 de Octubre 2738, actual sede del Instituto, las monjas del Sagrado Corazón promovieron tal agitación que los padres de los alumnos, alarmados, reiteradamente efectuaron denuncias ante las autoridades, quejándose del adoctrinamiento ideológico desviado que se les impartía allí a sus hijos». Las hermanas dominicas del Colegio y Liceo Santo Domingo, en avenida Rivera, no se quedaron atrás: «Basándose en la teología de la liberación, con principios similares a los marxistas, se impartían en las clases de catecismo enseñanzas tendenciosas, a fin de que los educandos, una vez cumplido el ciclo de enseñanza secundaria, se transformaran en dinámicos y auténticos agitadores».
Puesto que se consideraba que el plantel docente de la futura universidad surgiría del Instituto de Filosofía, la inteligencia militar hizo un chequeo: «los antecedentes ideológicos de algo más de la mitad del cuerpo de profesores presentaron definida orientación izquierdista». Las conclusiones del documento eran previsibles. «El Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras depende en primera instancia de los jesuitas, cuya orden Compañía de Jesús ha demostrado ser la punta de lanza del sector desviado de la Iglesia católica. […] Una tal universidad no ofrece en el campo de la seguridad nacional garantías de colaboración con el Estado», ya que «se convertiría en un centro desestabilizador del orden público y de la seguridad del Estado».
La recomendación de desestimar el pedido tuvo, sin embargo, patas cortas en el convulsivo período final de la dictadura. En agosto de 1984 un decreto autorizó su creación, que se confirmó en febrero de 1985. Su primer rector fue el monseñor Luis del Castillo, quien, junto con Pérez Aguirre y Juan Luis, encabezaba la lista de los jesuitas «desviados».
