El presidente, Alberto Fernández, fue contundente al momento de anunciar la cuarentena obligatoria. «Lo que no entra con la razón va a entrar con la fuerza», aseguró el 25 de marzo durante un programa de televisión en el canal A24, cinco días después de firmado el decreto que imponía la medida en todo el país. Fernández se refirió como «inconscientes» a quienes, bajo el amparo del derecho individual a la libre circulación, violaran esa norma y pusieran así en riesgo la salud pública.
Cuatro meses después, los organismos de derechos humanos denuncian que los efectos de la cuarentena han contribuido a generar casos de abuso policial en todo el país: a la desaparición del joven de 22 años Facundo Castro, ocurrida en abril en la provincia de Buenos Aires, se suman, entre otros, asesinatos en Tucumán, golpizas y vejaciones en Chaco y actos de humillación a jóvenes en la vía pública en Córdoba.
Más allá de las intenciones sanitaristas del gobierno nacional y de una medida que todo indica que ha logrado aplanar la curva de contagios por la pandemia, la cuarentena ha coincidido con la mayor crisis social y económica que Argentina vive desde 2001, y el control de su cumplimiento ha quedado en manos de cuerpos policiales con una larga tradición de abusos. Se trata de una violencia estatal desatada y autónoma que reaparece, por lo menos, desde la vuelta al sistema democrático en 1983. Ahora el aislamiento social parece una nueva coartada para la represión.
PALO Y PALO
La desaparición de Facundo Castro hace recordar al caso de Santiago Maldonado (véase «Un caso que sigue abierto», Brecha, 7-XII-18), pese a que los dos jóvenes padecieron bajo gobiernos de signo contrario. El 30 de abril, en la localidad bonaerense de Pedro Luro, cerca del límite sur con la provincia de La Pampa, Castro se dirigía a la casa de su exnovia para recomponer la relación. Detenido en la ruta por un control de la Policía Bonaerense por violar la cuarentena, sigue sin aparecer desde entonces. La Bonaerense, que le labró un acta por esa falta y sostiene que luego el joven habría seguido su camino por sus propios medios, fue apartada de la investigación por la Justicia federal a raíz de varias irregularidades y contradicciones en torno al caso. La familia de Facundo, basándose en declaraciones de varios testigos que vieron cómo un patrullero de esa fuerza se lo llevó de la ruta, insiste en que la Policía encubre lo ocurrido.
El 15 de mayo, Luis Espinoza, de 31 años, y su hermano cabalgaban en las afueras de Simoca, en la provincia de Tucumán, cuando fueron sorprendidos por una patrulla policial que se dirigía a disolver una carrera clandestina de caballos y creyó que los Espinoza eran de la partida. La Policía los atacó a balazos. Luis murió y su cuerpo fue escondido por los uniformados, según consta en el fallo del juez penal Mario Velázquez emitido el 3 de junio. Por ese caso fueron imputados los nueve policías que formaban parte de la patrulla y un civil que colaboró con ellos. Todos fueron acusados de «privación ilegítima de libertad seguida de muerte y desaparición forzada de persona».
Walter Nadal, de 43 años, fue detenido el miércoles 24 de junio por la Policía tucumana en pleno centro de la capital provincial. «Intentaba cometer un delito», dijeron los uniformados. Durante el procedimiento, lo arrojaron al suelo, y un policía lo inmovilizó apretándole la nuca con la rodilla, al estilo del crimen del estadounidense George Floyd, cometido un mes antes. Nadal murió a consecuencia de la asfixia.
El viernes 10 de julio a la 1.30 de la madrugada, Lucas Verón, de 18 años, fue asesinado por un disparo de la Policía Bonaerense, mientras circulaba en moto con un amigo en La Matanza, en el Gran Buenos Aires. La versión policial indica que se los perseguía por un robo. El acompañante de Verón lo niega y sostiene que, ya detenido, recibió presiones para avalar la versión policial y exculpar al policía que disparó.
El último fin de semana, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció en su página web «al menos 71 asesinatos» a manos de las Policías desde la instauración, en marzo, del aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país. Veinticuatro de esos casos son considerados como de gatillo fácil, porque se trata de muertes en la calle. Contabilizan, además, tres casos de desaparición forzada de personas, incluido el misterio sobre Facundo Castro; tres femicidios cometidos por efectivos y dos jóvenes atropellados por un patrullero policial. El total de casos se completa con 22 muertes en instituciones penales, 14 en comisarías y tres como resultado de otros hechos de criminalidad policial.
PUEBLOS VULNERABLES
La situación de las comunidades originarias es también un foco de preocupación. El domingo 1 de junio, en Fontana –una localidad a 5 quilómetros de Resistencia, capital de la provincia norteña de Chaco–, un grupo de policías provinciales irrumpió violentamente en la casa de una familia de la etnia indígena qom. Patearon la puerta y golpearon repetidamente a los jóvenes de entre 16 y 20 años que estaban allí con su madre y su abuela. Dos chicas denunciaron que los policías abusaron sexualmente de ellas y las rociaron con alcohol para prenderlas fuego, y otros cuatro jóvenes indican que fueron llevados a la comisaría y torturados.
Las víctimas llegaron a grabar la escena en la casa con sus celulares. Horas después hasta el presidente Fernández salía a repudiar públicamente el accionar policial, al punto de que, una semana más tarde, la cúpula de la comisaría fue destituida por orden del gobernador Jorge Capitanich. Los uniformados adujeron haber confundido a la familia con un grupo que había protagonizado incidentes en la calle.
En la provincia de Salta, una comunidad guaraní fue atacada con balas de goma por efectivos de la Policía provincial en la noche del 23 de julio. Unas 18 personas fueron heridas, entre ellas, seis niños, cuando la Policía disparó contra los adultos que se resistían a desalojar el predio que reivindican como comunitario.
En ambos casos, hoy en la Justicia, interviene como querellante contra el Estado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. «En esta situación de pandemia han crecido las arbitrariedades contra las comunidades. Eso hay que resolverlo», señaló la oficina de prensa del Instituto a Brecha.
SIGUE IGUAL
Los organismos de derechos humanos están en alerta. En la primera etapa de la cuarentena y con los tribunales cerrados, se limitaron a recibir denuncias por las redes sociales. Además de la Correpi, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fueron los más activos en recabar denuncias en el área metropolitana de Buenos Aires.
El informe de la Correpi indica que las Policías provinciales tienen un triste récord en la materia. Treinta y siete asesinatos se produjeron a manos de la Bonaerense, cuatro de la Policía tucumana, tres de la de San Luis, tres de la santacruceña y dos de la cordobesa. Sus pares de Corrientes, Jujuy, Santiago del Estero y Chubut son acusados de, al menos, una muerte cada una.
El CELS ha informado de 17 casos de violencia con denuncias radicadas en diferentes provincias. La APDH, a través de sus filiales en todo el país, elaboró un informe nacional de 90 páginas publicado en la primera semana de julio con diferentes casos de violencia represiva. Incluye abusos policiales en las ciudades de la costa atlántica, la región mesopotámica y la Patagonia.
«Nosotros advertimos que, si se firmaba el decreto que implementaba la cuarentena, esto iba a pasar», asegura a Brecha Ismael Jalil, abogado de Correpi. «En primer lugar, porque la Policía iba a estar atenta a desplegarse casi como frente a un enemigo, y, en segundo lugar, porque eso iba a ser facilitado por el enorme nivel de informalidad de la economía en los centros urbanos, especialmente en el Gran Buenos Aires, que obliga a la gente a salir a buscar el sustento diario. Las medidas [de contención económica y social] del gobierno no fueron suficiente paliativo, y decidieron salir a reprimir.»
Brecha intentó comunicarse con el diputado oficialista Hugo Yasky, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y con su compañera de bancada Paula Penacca, de la Comisión de Seguridad Interior, para saber si hay debate parlamentario al respecto. Se obtuvo esta respuesta de la oficina de prensa de Yasky: «Por ahora, todo lo maneja el Ministerio de Seguridad de la Nación. La Comisión se reunió con los organismos de derechos humanos hace un mes, el 25 de junio, se escucharon los reclamos por violencia institucional y quedamos en seguir un monitoreo conjunto para evitar situaciones represivas».
Con modificaciones al régimen de cuarentena semana a semana, la evolución del encierro social es incierta. Lo cierto es que el conjunto de organismos de derechos humanos presentó, hace ya más de cinco años, un paquete de medidas para modificar la actuación protocolar de las fuerzas de seguridad, tanto en los planes de estudio de las academias policiales como en los operativos callejeros. Poco y nada se ha avanzado en ese terreno, según afirman los responsables del CELS, la Correpi y la APDH. La clave parece estar en la voluntad política de las autoridades de turno.
UN PUNITIVISTA K
Cuando se cumplió un mes de la cuarentena, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se reunió con el presidente para analizar los primeros reclamos de los organismos de derechos humanos por abusos policiales. De su ministerio dependen la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Federal. El resto de las fuerzas policiales responden a las provincias, y Frederic sólo puede coordinar con ellas acciones de común acuerdo y sugerirles algunas medidas. Las denuncias en cuestión apuntaban tanto contra las fuerzas provinciales como contra la Gendarmería y la Policía Federal.
Los reclamos de las organizaciones sociales se dan en paralelo con una alarma en los medios por «la vuelta de la delincuencia» al Gran Buenos Aires tras la flexibilización de la cuarentena. En ese marco, la prensa informó la semana pasada sobre un intercambio caldeado entre los gabinetes de la nación y la provincia de Buenos Aires que terminó a gritos entre Frederic y el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Se trata del coronel médico Sergio Berni, quien ya ejerció, hasta 2015, como viceministro del ramo a nivel nacional durante la presidencia de Cristina Fernández. Pertenece al grupo de funcionarios cercanos a la actual vicepresidenta y rivalizó con Frederic, una doctora en Antropología, para encabezar el ministerio nacional bajo el mandato de Alberto Fernández.
Berni es, además, un cultor de frases ligadas a la mano dura policial. Considera que «la Justicia mira más los derechos de los delincuentes que los de la ciudadanía»; la semana pasada dijo en el programa Animales sueltos que le gustaría ser abogado defensor del anciano que, en un caso reciente muy mediatizado, asesinó a un ladrón en la localidad de Quilmes y luego quedó imputado a nivel penal. Sus planteos se exponen asiduamente en los programas de televisión, que lo han ido erigiendo en un Rambo en lucha contra el delito.
Su disputa con Frederic gira en torno a cómo se desarrolla la colaboración policial en el Gran Buenos Aires. En los últimos tiempos, el ministro provincial ha reclamado la colaboración de más efectivos nacionales con sus fuerzas desplegadas en el Gran Buenos Aires. Pero el coronavirus tiene, según calculan fuentes oficiales bonaerenses y nacionales, a un 10 por ciento de los efectivos de las fuerzas de seguridad contagiados y aislados de forma preventiva. Con base en ello, la ministra Frederic ha respondido que los policías de Berni deberían saber distribuirse mejor a nivel territorial. Mientras tanto, Cristina Fernández prefiere el silencio, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof trata de poner paños fríos en la interna entre su ministro y la Casa Rosada.
LEGADO REPRESIVO
Las bravas Policías provinciales
De los 1.833 muertos a manos de las fuerzas de seguridad desde 2015 hasta 2019, el 52,8 por ciento corresponde a la provincia de Buenos Aires, seguida por Santa Fe con el 9 por ciento, Córdoba con el 6,5 por ciento, la capital con el 5,8 por ciento, Mendoza con el 4 por ciento y Tucumán con el 2 por ciento. Los datos pertenecen a una estadística elaborada por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional y muestran cómo en las Policías provinciales subsiste un legado de represión que se remonta, por lo menos, a los días de la dictadura. La modificación en democracia de los planes de estudios en las academias policiales no parece haber mejorado sustancialmente la triste fama que acarrean.
La dictadura militar marcó a fuego a las fuerzas policiales de cada provincia durante los siete años que duró, entre 1976 y 1983. Por orden de la junta militar de comandantes todas las fuerzas policiales pasaron a depender directamente del responsable militar de cada región en la que se decidió subdividir el país. Mas allá de los límites interprovinciales, las cinco regiones y diez subregiones militares estaban a cargo de un oficial del Ejército, quien colocaba al frente de cada Policía provincial a otro oficial de cualquiera de las tres fuerzas, asistido, a su vez, por un responsable de inteligencia del Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada. Cada provincia, al mismo tiempo, tenía en el Poder Ejecutivo a un interventor militar.
La Policía provincial participaba como complemento de las Fuerzas Armadas durante los operativos de secuestro de personas y en los interrogatorios y torturas de los centros clandestinos de detención. Luego de la dictadura, durante los juicios por delitos de lesa humanidad, se ventilaron 508 casos de agentes de Policías provinciales vinculados a la represión ilegal, desde jefes de comisarías hasta efectivos que participaron en operativos callejeros.
En dictadura, la Bonaerense fue conducida por el general Ramón Camps, uno de los represores más brutales; su segundo fue Miguel Etchecolatz, quien tiene actualmente cuatro condenas por delitos de lesa humanidad. En Tucumán, el Operativo Independencia impuesto en 1975 por las autoridades constitucionales encabezadas por la presidenta, María Estela Martínez de Perón, llevó como jefe de la represión contra la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo al sanguinario general Acdel Vilas, quien tuvo bajo su mando a las fuerzas conjuntas de seguridad, incluida la Policía provincial. A fines de ese año dejó en su lugar al general Domingo Bussi, el mismo que torturaba y asesinaba personalmente a los detenidos.
Bussi no sólo manejó la provincia durante la dictadura, sino que, en 1995, fue electo gobernador de Tucumán por el voto popular. En la misma provincia, Omar Ferreyra fue jefe del área Robos y Hurtos de la Policía; él era un amigo de Bussi que también fue acusado de participar en la represión ilegal. Ferreyra se suicidó en 2008 cuando iba a ser detenido por delitos de lesa humanidad.
Córdoba es otro ejemplo de tradición represiva. El general Luciano Menéndez se hizo cargo de la provincia tras el golpe de Estado de 1976 y nombró como jefe de Policía a Héctor García Rey, quien había tenido que dejar la conducción de la Policía tucumana acusado de torturas. En su nuevo destino organizó el Comando Libertadores de América, una suerte de Triple A provincial. Desde entonces, la Policía cordobesa no ha cambiado su dureza.
También Mendoza prohijó durante la dictadura una Policía cuya infamia no varió en democracia. Fue allí donde las fuerzas policiales dieron muerte al poeta Francisco Urondo, delegado de Montoneros, e hicieron desaparecer a poco menos de un centenar de militantes sociales y políticos. Sólo cuando en 1997 fue asesinado por la Policía provincial el joven Sebastián Bordón se inició un proceso de reestructuración de esa fuerza, que pasó entonces al control de autoridades políticas civiles.
La Policía de Santa Fe es otra de las llamadas «duras». Su jefe durante la dictadura fue el gendarme Agustín Feced, a quien se atribuyen casi mil delitos de lesa humanidad entre muertos y desaparecidos. Su herencia sigue siendo difícil de erradicar entre los uniformados provinciales. El 11 de febrero pasado la banda de música de la Policía santafesina acompañó un acto de reivindicación de la dictadura, llevado a cabo en la plaza San Martín de la capital provincial frente al despacho del ministro de Seguridad local, Marcelo Saín, uno de los funcionarios que se ha declarado dispuesto a desmontar las huellas del régimen militar. En esa provincia se suma, además, la coparticipación de las fuerzas de seguridad con el narcotráfico, un tema que ya desbancó, en 2012, al jefe de la Policía por sus vínculos con bandas de traficantes locales.
