En las orillas de San Salvador, donde la maraña de calles con nombre y sin cartel se entreteje y las casas-trinchera se multiplican, ahí están los bomberos.
Revuelven la mierda para encontrar un feto.
Son las 8.30 de la mañana.
Hace algunas horas la policía acordonó ambos ingresos del pasaje donde vive María Teresa Rivera y se han encargado de que todas las vecinas se enteren. Ella es a quien buscaban con nombre, apellido y cargo.
“¡¿Dónde vive la mujer que abortó?!”, vociferaron. Las palomas volaron desde el palo de mango.
Murmuraciones.
Ana las mira y se indigna. “Es feo que, como mujer, se critique a otra mujer”, dice.
Ana es vecina de María Teresa, esa mujer de estatura mediana, algo regordeta, de pechos grandes y mirada cansina, a quien llevaron esposada junto a un muchacho todo tatuado con quien subió a la perrera, el furgoncito enrejado que la trasladó hacia la cárcel de Ilopango.
Desde hace cuatro años, Teresa comparte el espacio con otras 3.600 presas que duermen una encima de la otra en 400 literas, en colchones bajo la cama, en hamacas o en el suelo. Allí, las aborteras –lo hayan decidido o no– son asesinas. Comeniños.
“Tienen que decir que están por otros delitos”, cuenta Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico que, junto a Colectiva Feminista, lanzó en 2014 la campaña Las 17.
Mirian. Maritza. Marina. Salvadora. Ena. Carmen. Teodora. Guadalupe. Mariana. Mirna. Cinthia. Verónica. Alba. Johana. Evelyn. Teresa. María.
En 1998, El Salvador aprobó un nuevo código penal que incorporó el aborto como delito, con penas de dos a ocho años de prisión. Desde entonces, 150 mujeres –70 por ciento de las cuales tienen entre 18 y 25 años de edad– fueron procesadas. Actualmente, unas 25 están condenadas a penas que van de 30 a 40 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Como María Teresa.
Desde su aborto no hubo otros en colonia Mejicanos. O quién sabe. Las mujeres del barrio quedaron con miedo a denunciar y a ser denunciadas. Las mujeres prefieren desangrarse antes que ir a la cárcel.
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Ese instante no se olvida. El día de Teresa comenzaba a las cinco y terminaba, maquila mediante, a las diez de la noche. La energía apenas le alcanzaba para hacer alguna tarea del kinder con Osvaldo cuando llegaba a su casa y disfrutaba cómo había crecido en estos seis años.
Esa madrugada húmeda del 24 de noviembre de 2011, María Teresa se levantó y fue al baño. Se sentía mal. Supuso que era el dolor renal con el que convivía desde hacía ya varios de sus 32 años. Su suegra, con quien vivía, escuchó un golpe. La mujer estaba desmayada. Sangre. El feto en la letrina. No sabía que estaba embarazada.
“Como la policía no encontraba el ‘producto’, llamó a los bomberos, y éstos venían gritando por la loma que dónde vivía la mujer que había abortado. Perdieron la ética”, dice Ana, que integra el área de género del Servicio Social Pasionista, en Mejicanos.
En 10 años ella sólo había cruzado algún saludo con María Teresa para ofrecerle apadrinar a Osvaldo. Ahora es casi su único contacto con el afuera, a través de llamadas telefónicas. María Teresa no puede recibir visitas: la nueva ley dice que los presos sólo pueden ver a personas con las que tienen un vínculo consanguíneo. Es huérfana. Su suegra está muy mayor y enferma como para trasladarse hasta la cárcel para llevarle al niño para que lo vea. Su ex pareja, el padre de Osvaldo, nunca vivió con ellos; prefirió una botella de alcohol.
Ana opina que la condena de Teresa “es como estar muerta en vida”.
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Evangelina del Pilar del Sol escucha voces. Dice que son los bebés “ultimados”. La integrante de la fundación Sí a la Vida y autora de Confabulación comunista ha devenido en médium de los bebés que perdieron –y ella entiende que asesinaron– las 17 mujeres encarceladas por aborto. Ha hecho suyas las palabras de Pedrito y sus “secuaces”, a través de una carta publicada en El Diario de Hoy el 9 de mayo de 2015, en vísperas del Día de la Madre.
“Hola queridas mamis, somos los 17 bebés que nos fuimos al cielo cuando se nos impidió el derecho a vivir en nuestro país El Salvador”, comienza la epístola.
“Gentes malas las engañan –continúa– y las empujan a mentir diciendo que morimos por aborto espontáneo. Pero mamitas, no dejen que las usen así, porque harán que más mamás maten a sus bebés. (…) Y si arrepentidas se portan bien en la cárcel y rezan mucho a Jesús y su divina misericordia, por buena conducta podrían recuperar su libertad y llegar un día al cielo. Eso dijo Dios. ¡Felicidades mamitas. Las queremos!”
Quedan tres minutos del Día de la Madre 2016. Ya no se escuchan bombazos que inviten a misa. El televisor ofrece alabanzas a quien nos dio la vida. La publicidad del canal de la iglesia católica recuerda al televidente que hay que agradecer a cada madre su amor a través de gestos y palabras, pero que, ante todo, debemos agradecer a Dios el haber creado a nuestras madres.
Unos 35 mil abortos se producen cada año en El Salvador. “Nuestros interlocutores siguen con la moral sexual instaurada por Juan Pablo II, con ideas anacrónicas –dice García–. Para ellos la educación sexual queda sólo a cargo del padre y la madre, los cuidados en las relaciones sexuales son por ciclo natural. Se idealiza la maternidad como un hecho heroico: la mujer debe salvar a su hijo a pesar de todo”.
“Dios no es un dios de autómatas. Dios es enemigo de la esclavitud. No quiere que sus hijos y sus hijas sean esclavos de nada”, dice el pastor desde el televisor.
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11 de mayo. Ocho de la mañana. Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. Comienza la época de lluvias. El forense brilla por su ausencia.
El juez Martín Rogel revisará la sentencia de María Teresa. El mismo magistrado liberó a Karina en 2009. Fue la primera vez que se indultó a una de las mujeres presas por abortar desde que cambió la ley en 1998.
Delgada, muy afectada de sus riñones, Teresa mira la sala. Escucha a los cuatro peritos que aportó su defensa y espera.
A las dos de la tarde Rogel suspende la audiencia. Continuará el 20 de mayo.
11 de mayo. Seis de la tarde. Centro Judicial de Sonsonate. Flor Sánchez agradece a Dios lo obvio: no ser culpable de que su cuerpo tuviera un aborto involuntario, algo que ocurre en el 20 por ciento de los embarazos. Como pasa en la mayoría de estos casos, el tiempo de gestación no está claro porque en pueblos y zonas rurales salvadoreños el acceso a los servicios de salud es dificultoso o inexistente.
Esperaba su sexta hija. Los demás tienen 20, 17, 15, 8 y 7 años de edad.
Decidió bañarse en el río, cerca de su casa, para que le bajara la fiebre. Unas horas después su hijo mayor la encontró inconsciente. Entre varias personas la cargaron en una hamaca y bajaron la cuesta hasta el pueblo. En el hospital de Sonsonate los doctores determinaron que había sufrido un aborto y llamaron a la policía. Permaneció esposada a la cama los tres días que estuvo en coma.
En la ribera los vecinos encontraron a una bebé con vida y con su cordón umbilical. “Relacionaron todo y entendieron que era de Flor”, dice Dennis Muñoz, su abogado, que pertenece a Agrupación Ciudadana. “La hija de Flor fue trasladada al hospital de Sonsonate y luego al Hospital de Niños Benjamín Bloom donde murió por ‘inmadurez fetal’, según consta en el expediente judicial.”
El 7 de julio de 2015 fue procesada por homicidio agravado. El 11 de mayo de este año, un juez la absolvió tras validar el argumento de la doctora Nancy Ramos: “En la inmadurez fetal no puede probarse una maniobra inductiva para abortar”, reprodujo Muñoz.
El 57 por ciento de las mujeres presas por aborto fueron denunciadas por médicos o enfermeras que las atendieron en hospitales públicos cuando llegaban con una emergencia obstétrica. “Las médicas denuncian porque entienden que todos los abortos están penalizados. Un hecho espontáneo no entra en la definición de delito, sin embargo en El Salvador hay un imaginario social de que el aborto espontáneo es un delito. Y los jueces fallan más desde lo que entienden es el “deber ser” de las mujeres. Les exigen que sean heroínas hasta en el momento de un parto prematuro, así sea desangrándose. Ante todo deben salvar a su hijo”, dice el abogado.
Ese instante, devuelto por las sombras, no se olvida.
Según Muñoz, Flor se reintegró a su comunidad sin mayores problemas. Con 35 años es abuela: su hijo de 17 ha tenido un bebé con su novia de 15 años.
Para Mirna ha sido más dificultoso restablecer el vínculo con su hija. La niña se crió con el relato social y mediático de que su madre la quiso matar.
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A las 17 y más se les violó el debido proceso y la presunción de inocencia. “La criminalización y la persecución hacia las mujeres es parte del ensañamiento de nuestra cultura machista y patriarcal”, dice García. Ante una emergencia obstétrica, ante un aborto espontáneo, toda mujer que llega a los servicios públicos de salud ya es culpable.
Morena Herrera, activista de la Colectiva Feminista, afirma que el sistema de salud ha mejorado desde que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) está en el gobierno: “Hay más salud preventiva, más equipos comunitarios de salud, mayor acercamiento a las comunidades rurales”, pero se deben “fortalecer los mecanismos de secreto profesional”.
Este año, Amnistía Internacional (AI) documentó en su informe “El Estado como ‘aparato reproductor’ de la violencia contra las mujeres” que la confusión del personal médico en torno a la legislación y el temor a ser denunciados como cómplices del delito de aborto fomentaron las denuncias de estos casos ante la policía. “Te dicen que si no denuncias este tipo de situaciones formas parte del delito, eres cómplice y estás expuesto a perder tu trabajo. Nos hacen dejar de ser médicos y convertirnos en policías. Varias veces mis jefes me han llamado la atención, pero yo les digo que no puedo violar el secreto profesional que les debo a mis pacientes. Cuando conoces tus derechos nadie te puede intimidar”, declaraba el doctor Lemus ante AI.
“La visión criminalizadora hacia las mujeres es mayor desde que cambió la ley en 1998”, indica Herrera. Volver, por lo menos, a despenalizar el aborto por tres causales es una decisión legislativa. Si bien el Fmln no tiene mayoría parlamentaria para promover por sí solo el cambio, “la puede construir negociando con otros partidos”. Autoridades del Estado “nos dicen en privado que sí tienen intenciones de cambiar la ley, que es un problema que heredaron de la derecha, pero lo cierto es que todavía no le están dando prioridad”, agrega la activista.
Hay que subir peldaños hacia la autonomía, comenta García. El primero es lograr que las mujeres presas por aborto recuperen su libertad. Luego recuperar los tres causales para que no se castigue el aborto: cuando se decida interrumpir un embarazo por violación, cuando la gestación suponga malformaciones fetales, o cuando ponga en riesgo la salud y la vida de la mujer. Lograr que no esté penalizada la interrupción del embarazo por decisión de la mujer es el horizonte.
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El 20 de mayo, el juez Martín Rogel reconoció que la condena de Teresa estuvo basada en errores judiciales y periciales demostrados en la audiencia extraordinaria, y anuló la sentencia a 40 años de prisión, de la que ya había cumplido cuatro tras las rejas.
“Revertir esta condena draconiana, esta cadena perpetua a la que sometían a Teresa, es muy importante. Es mostrar que estas condenas se hacen sobre la base de prejuicios, de estereotipos”, comentó Herrera.
Aunque el juez de primera instancia no tenía pruebas que demostraran que ella metió al “producto” en la fosa séptica, o que no hizo nada para salvarlo, fue condenada a 40 años de cárcel. Se basó en las pruebas forenses del Instituto de Medicina Legal (Iml), para cuyas autopsias se continúan utilizando métodos de 1900, como la “docimasia hidrostática” (conocida también como “flotación pulmonar”).
En nueve de 18 autopsias a fetos, el Iml indicó que la causa de muerte es “indeterminada”. Eso bastó para cambiar la carátula de “intento de aborto” a “homicidio agravado”.
Teresa sostenía en sus manos la foto de Osvaldo e intentaba esbozar una sonrisa parecida a la ilusión. Escuchó el fallo. Se puso de pie. Se llevó la imagen de su hijo contra el pecho. Su pelo largo, suelto, negro y enrulado le cubría el rostro. Abrazó a su abogado, a Morena, a Ana. Lloró.
Cruzó el portón azul del Centro Judicial Isidro Menéndez. Ya no había murmullos, sino cánticos: ¡Aquí sí se hace lucha!
Ese instante no se olvida.
Qué libertad recupera Teresa.
[notice]Loca como tu madre
Aquellas mujeres que decidieron abortar un embarazo no deseado también han terminado en algo parecido a una cárcel: en el hospital psiquiátrico o en una guardería. La primera opción fue determinada en 2015 por un juez, para evitar que la condenada tuviera un nuevo intento de suicidio en prisión. La segunda se ordenó a principios de 2016 por el juez Gilberto Ramírez Melara para “despertar el instinto maternal”: como parte de las medidas alternativas a la pena de un año de prisión por intento de aborto, la mujer debe dedicar ocho horas semanales a visitar una guardería.
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Parirás con dolor
En 1999 la Asamblea Legislativa modificó el artículo 1 de la Constitución de 1983, dándole al embrión el estatus de persona desde el instante de la concepción.
Tres de cada diez embarazadas tienen entre 10 y 19 años de edad.
Cada 30 minutos una adolescente da a luz.
En 2015 la Policía Nacional Civil recibió 836 denuncias por violaciones sexuales en niñas y adolescentes; 593 casos de estupro (relaciones sexuales mediante engaño de una adolescente de 15 a 17 años con una persona adulta; datos que corresponden a 13 departamentos); 182 violaciones en mujeres de 18 a 30 años. Sólo en 2011, el Ministerio de Salud atendió 26.662 embarazos producto de abusos en niñas y adolescentes.
El suicidio es la primera causa de muerte entre adolescentes embarazadas y es la tercera causa de muerte materna en El Salvador.
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