Se derrumba

Varias irregularidades surgen de la gestión del director de Arquitectura del Sirpa, Daniel Majic, encargado de las obras durante la presidencia de Ruben Villaverde. El Juzgado del Crimen Organizado investigará, además de esas irregularidades, cómo accedieron a sus puestos más de mil funcionarios del Inau durante el mandato de Javier Salsamendi.

Foto: SCI, Álvaro Salas
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Las denuncias sobre el Sirpa comenzaron a caer en efecto dominó, y empezaron a señalar más arriba en la pirámide jerárquica. La última de la que hay noticia es la que se analiza en el Juzgado Penal de Crimen Organizado y que apunta a la “gestión de la institución bajo una modalidad de triangulación de poder”, en la que participaron “directores del Inau, integrantes de la Comisión Delegada del Sirpa y autoridades del Suinau”, según se sostiene en el escrito presentado por el denunciante, aludiendo principalmente a Javier Salsamendi, Ruben Villaverde y Joselo López. Así, en este nuevo capítulo judicial, las líneas de investigación trazadas por la fiscalía e inducidas por la denuncia abarcan dos ejes: las obras para las que el Parlamento destinó 20 millones de dólares y el ingreso de alrededor de mil funcionarios al Inau desde 2012 y hasta la asunción de nuevas autoridades en 2015.

Y es que, si se tira de la madeja, inmediatamente empiezan a aparecer las observaciones del Tribunal de Cuentas (TC) sobre los contratos con las empresas constructoras, las que conducen a una primera conclusión: el director de Arquitectura del Sirpa, Daniel Majic, del que la denuncia dice que es “amigo” de Villaverde, benefició a la empresa Tresor, para la que trabajó al menos a partir de 2008, cuando fue designado el arquitecto responsable de la construcción de los palcos del Parque Central del Club Nacional de Fútbol, según el propio sitio web de la empresa. Tresor, en consorcio con Fedal SA, obtuvo la obra por más de 122 millones de pesos mediante una compra directa realizada en 2012, no sin reclamos y discrepancias, para la “reorganización espacial del predio con acceso a la avenida Bulevar Artigas 3224”, donde se construirían “un centro de estudio y derivación, un centro de internación transitoria y un complejo para albergar hasta 60 adolescentes”, según una resolución del TC. En ese predio hoy están los centros Ciedd, Cmc, Ciaf, Cemec y Ceprili, que a poco más de un año de su inauguración ya muestran señales graves de deterioro, según lo identificaron técnicos de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), como consta en varios de sus informes.

El TC intervino el gasto de más de 122 millones, en parte, porque una de las empresas competidoras, Stiler, adjuntó consultas jurídicas y técnicas que indicaban que “la Comisión Asesora de Adjudicaciones se sustenta exclusivamente en el informe de evaluación técnica realizado por el arquitecto Majic, el cual se basa en criterios de evaluación no especificados en el pliego, lo cual vicia el procedimiento, comprometiendo la regularidad del acto de adjudicación que pueda dictarse en su mérito”, dice el Tribunal. Y agrega que “en todos los ítems considerados”, salvo el plazo (que las dos empresas cumplían en el papel, aunque luego Tresor incumplió en los hechos), la otra oferta “es más conveniente en relación a la adecuación con criterios de seguridad, cumplimiento de estándares Onu y la relación calidad-precio del metro cuadrado a construir”.

La primera aparición de Majic fue a fines de 2011: a partir de una contratación directa que iría de setiembre a diciembre de ese año comenzó a trabajar en el Inau, justamente con el fin de “realizar todos los recaudos para los procedimientos de licitación pública correspondientes a las reformas edilicias de los inmuebles donde funcionará el Sirpa”, por lo que recibiría un pago de 51.230 pesos más Iva mensuales, se afirma en otra resolución del TC, esta vez dirigida a Danilo Astori, presidente en ese momento de la Asamblea General. Pero las licitaciones públicas fueron en realidad compras directas, al menos en la mayoría de los casos, y Majic permaneció porque, según las fuentes de Brecha, tenía un padrino. La contratación por tres meses fue renovada por otros seis, pese a que el TC dijo que “el importe total de la contratación del arquitecto Majic, así como la del señor Villaverde, cada una por 250.004 pesos, supera el monto establecido para la compra directa”. Es que si bien Villaverde no fue presidente del Sirpa hasta el 10 de abril de 2012 (un día antes de que Tresor obtuviera las obras de bulevar Artigas y General Flores), ingresó también mediante contratación directa al Inau cuando el Sirpa todavía era una mera aspiración. Así fue que tocó tierra antes de desembarcar formalmente como presidente, momento en el que habría llevado a trabajar a Majic en un formato laboral igual al suyo, y a quien conoce, dicen las fuentes, del Club Nacional de Fútbol, donde Villaverde también había trabajado. Ya en el Inau, desde diciembre de 2011 ocupó interinamente el cargo de gerente del Semeji, como se llamaba antes el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, cuando Rolando Arbesún renunció a ese cargo. En abril, una vez que se concretó formalmente el Sirpa, y al frente de la Comisión Delegada, Villaverde apeló al financiamiento de un organismo internacional para pagar a su director de Arquitectura, quien se mantuvo en el puesto hasta que lo removieron las actuales autoridades. En ese período estuvo al frente de todas las obras del Sirpa –las más importantes fueron en el ex Batallón número 9, La Tablada, el Hogar Ser y las mencionadas de la calles bulevar Artigas y General Flores–, de las que la actual presidenta dijo en entrevista con Brecha (3-VII-2015), por ejemplo al hablar del ex Batallón número 9, que “hay un solo sector que está habitado y ya tiene dificultades de infraestructura porque la construcción no fue bien planificada”, y agregó: “La dirección anterior aceptó la obra a pesar de todas esas falencias”.

EN FAMILIA. El escrito presentado ante el Juzgado del Crimen Organizado alude puntualmente al ingreso de la familia de Joselo López a las arcas del Inau, pero sugiere que la lista de allegados a jerarcas y sindicalistas que accedieron a trabajar en la institución es mucho más extensa. Lo mismo afirman todas las fuentes consultadas por este semanario, y una muestra de eso puede comprobarse rápidamente en la planilla de funcionarios que fueron contratados en diciembre de 2012 tras el único llamado que hubo en la administración de Villaverde. En ese momento, luego de que se bajaran las exigencias (hubo un primer llamado que no se concretó y que pedía Ciclo Básico finalizado, y luego un segundo llamado que sólo exigía Primaria), entraron 300 nuevos funcionarios al Sirpa.

El tribunal en esa instancia estuvo conformado por Wilmar García, Henry Ponce y Luis Escuarcia en representación del Inau, y Paula Cores y Alejandro Araujo en representación el Suinau. Es sugestivo que pese a que algunos representaban a la institución en su calidad de directores de centros de reclusión, todos pertenecían a la lista 10, la de Joselo López, la lista mayoritaria del sindicato. Un repaso a sus prontuarios arroja que los tres primeros terminaron presos luego del fallo del juez Gustavo Iribarren, que los procesó el 21 de agosto por el delito de tortura. Paula Cores era directora del centro Ituzaingó cuando se descubrió un mecanismo de control administrado por los propios internos que desembocó en “el caso boliviano”, como se llamó al episodio en el que un adolescente fue violado por sus compañeros. Y Alejandro Araújo fue procesado en 2014 por abuso de autoridad contra los detenidos en el Hogar Ser.

Pero también hace ruido que los apellidos de los mismos que integraban el tribunal se repitan entre los seleccionados para los cargos. Por ejemplo, ganaron puestos en ese llamado la hermana de Escuarcia, Lilián, y las dos hermanas de Henry Ponce, Jackeline y Gisel. También entró bajo ese tribunal la esposa de Joselo López, María José Quinteros, caso sobre el que Brecha publicó en su momento (22-II-13), quien logró un traslado a Flores a dos meses de acceder a su cargo. Como Quinteros siempre estuvo radicada en ese departamento, se infiere que falsificó su domicilio para presentarse a un cargo que se ejercería en Montevideo y Canelones, pero lejos de ser sancionada y pese a que los traslados pueden concretarse recién a los seis meses en funciones, fue a parar al centro Piriguazú, perteneciente al Inau pero no al Sirpa, la institución que había hecho el llamado.

Y después de ella vinieron sus dos hijos, Alan y José Ignacio, quienes ingresaron como talleristas de la División Tiempo Completo del Inau, según prueba un documento al que accedió este semanario. El primero trabaja en el centro Lezica y entró en setiembre de 2013, el segundo lo hace en el Hogar Antonio Machado y fue contratado en mayo de 2014, en pleno año electoral. Brecha supo que así como al Inau seguían entrando funcionarios en 2014, extremo que demuestra el hijo de López, al Sirpa siguieron ingresando funcionarios al menos hasta el 15 de marzo, pese a que Villaverde, consultado por varios medios de comunicación, lo ha negado.

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Y es que después del primer y único llamado que realizó el Sirpa, la contratación de talleristas sin que mediara un llamado público y abierto fue constante, cuentan las fuentes de Brecha. Todo empezó ante la urgencia de contratar a 60 talleristas para la División de Tiempo Completo del Inau, momento en el que se apeló a esa modalidad como excepción, que luego se volvió la norma. Así, al final de la gestión de Salsamendi se habían acumulado en todo el Inau poco más de 1.300 funcionarios, que entraron hasta los últimos días de esa gestión, y que bajo el rótulo de “tallerista” tenían oficios o profesiones tan distintos como los de abogado, psicólogo, administrativo, médico, carpintero, cocinero, educador, técnico en PC, diseñador gráfico, enfermero, psiquiatra, odontólogo, nutricionista, maestro, profesor de educación física, psicomotricista, arquitecto, veterinario, escribano, contador, agrónomo, albañil, electricista, herrero, pintor, partera, sociólogo y varios etcéteras, entre los que se encuentran verdaderos talleristas.

Ante ese escenario, el 10 de julio las nuevas autoridades del Sirpa dispusieron no dar continuidad a los contratos de algunos de esos talleristas (204 de todo el Inau, que suponen 60 del Sirpa) y regularizar otros mediante concurso o pedido de certificados que demuestren la preparación para el cargo (1.097 del Inau, de los que 314 corresponden al Sirpa), a los que además deberá ajustarse el salario en función de la premisa “a igual función, igual remuneración”, ya que hay situaciones muy desiguales, señala el documento al que accedió Brecha.
Pese a que ya se han detectado numerosas irregularidades, es posible que esta caja de sorpresas, que recién se abre, confirme varios de los rumores que han sobrevolado sobre la pasada administración del Inau.

Señor Daniel Erosa
Semanario Brecha

De mi consideración:

Me refiero al artículo de prensa titulado “Se derrumba”, publicado en la edición papel del día 11-IX-15, páginas 36 y 37, firmado por Betania Núñez, el cual a su vez permanece disponible en su página web desde ese día.
En el mismo y en lo que respecta a mi persona, se efectúan una serie de afirmaciones alejadas de la realidad, que luego derivan –como no podía ser de otra manera– en conclusiones erróneas.
Entre todas las inexactitudes que contiene el artículo, es de mi interés aclarar en particular la que lleva a la periodista a efectuar afirmaciones lesivas de mi honorabilidad y prestigio profesional.
Allí se expresa hablando de mi persona que “(…) benefició a la empresa Tresor para la que trabajó al menos a partir de 2008, cuando fue designado el arquitecto responsable de la construcción de (…) según el propio sitio web de la empresa”.
Parece obvio que una afirmación de esa naturaleza alienta en el lector una animosidad hacia mi persona por actos reñidos con la moral, todo ello basado en situaciones que no son ciertas, ya que nunca trabajé para la empresa Tresor.
Antes de conjeturar con ligereza, la periodista debería haberse informado de que la presencia de mi nombre en esa lista no significa que haya trabajado para esa empresa, al igual que el resto de los arquitectos cuyos nombres figuran en el referido listado. En el caso, efectué para el propietario el proyecto que ejecutó la empresa que resultó adjudicataria, pero ello en manera alguna significa que haya trabajado en la empresa o para la misma. A partir de esa falacia, se afirma que beneficié a la empresa adjudicataria, lo que es falso, y me expone al desprecio público en un medio de prensa.
Ello, además, da pie a la periodista para reproducir afirmaciones interesadas (muy comunes en los procesos licitatorios) de una empresa competidora (la cual también ejecutó –vale decirlo– parte del proyecto que se menciona) para decir que trabajé para la empresa Tresor. Se me atribuye haberme basado en criterios de evaluación técnica no especificados en el pliego, siendo que en las actuaciones administrativas correspondientes la Asesoría Letrada del Inau concluyó que mi actuación en la oportunidad “se enmarca en el estricto apego y cumplimiento de los pliegos al ponderar las ofertas presentadas (…)”.
Por lo tanto, tratando de ser comprensivo en el sentido de que el apuro del trabajo periodístico puede llevar a errores como los mencionados, e intentando no atribuir malas intenciones, es que le solicito se sirva publicar la presente en su próxima edición con un destaque similar, como forma de mitigar el daño provocado.
A su vez, le solicito que retire de la edición web el artículo de referencia, o al menos las afirmaciones falaces y agraviantes referidas a mi persona, incluyendo la presente aclaración.

Atentamente,
Arquitecto Daniel Majic

Nota de Redacción: Como acostumbra y como es su tradición, Brecha publica las respuestas de las personas aludidas en artículos del semanario. La aclaración del arquitecto Daniel Majic será incluida en el sitio web de Brecha, al pie del artículo original, publicado el 11 de setiembre. Sin embargo, no es política de esta casa modificar las notas publicadas ni quitarlas de circulación.

Montevideo, 18 de setiembre de 2015.

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