En los dos últimos meses, desde que se aprobó el acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, fueron asesinados en Colombia 17 dirigentes sociales, y 14 en lo que va del año. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2016 los asesinatos sumaron 64. Se trata mayoritariamente de líderes campesinos y sindicalistas y militantes de organizaciones de derechos humanos que actuaban en zonas del país en las que hasta semanas atrás había fuerte presencia de la organización guerrillera, que actualmente está en proceso de desmovilización. Las propias Farc acusaron de la ola de asesinatos a grupos de ultraderecha y a esbirros de grandes empresas, aunque el gobierno dice que a los autores habría que buscarlos entre las bandas de narcotraficantes. “La verdad es que están masacrando a los líderes sociales”, dijo Alan Jara, director de la estatal Unidad para las Víctimas. Lo mismo denunció el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, que visitó Colombia esta semana. La última víctima fue el líder campesino Porfirio Jaramillo, asesinado el sábado 28 en el departamento de Antioquia, al norte del país. Jaramillo fue secuestrado en su casa por cuatro hombres armados y su cuerpo apareció en un terreno baldío. Se lo conocía por su militancia en favor de la reforma agraria. Sobre Colombia planea el fantasma de la Unión Patriótica, un grupo surgido a mediados de los ochenta de un proceso precedente de desmovilización de dos frentes guerrilleros, uno de las Farc y otro del Ejército de Liberación Nacional (Eln), bajo la presidencia de Belisario Bentancur. Entre 1985 y los primeros años del siglo XXI alrededor de 3 mil militantes de la UP, entre ellos dos candidatos presidenciales, legisladores, ediles, fueron acribillados por comandos paramilitares asociados con sectores de las fuerzas armadas.
El acuerdo de paz entre el Ejecutivo de Santos y las Farc ya se está implementando, y uno similar está a punto de comenzar a ser negociado con el Eln, la segunda guerrilla del país, activa desde 1964. “Si bien hay un lenguaje conciliador en la mesa de negociaciones, en la vida diaria la persecución política contra la izquierda y contra todo el que piensa diferente sigue creciendo, y eso se cuenta en muertos”, comentó días atrás Pablo Beltrán, jefe negociador de esa organización. Para otro dirigente del Eln, Danilo Hernández, comandante del Frente de Guerra Occidental Resistencia Cimarrón, “la lucha armada tiene plena vigencia” porque “las causas que le dieron origen” no han cambiado. En una entrevista con la agencia francesa Afp, Hernández dijo también que el acuerdo al que eventualmente llegue su organización con el Estado será totalmente distinto al negociado con las Farc, al que calificó de “demasiado superficial”. Dijo por otro lado que el Eln se financia con secuestros de funcionarios del Estado y empresarios y del cobro de impuestos “a quien vaya a comprar la coca en zonas controladas por el narco, con el cual no tenemos vínculos”.
