La respuesta fue breve. Apenas cuatro carillas que reiteran el mismo concepto. El Ministerio del Interior (MI) informó a los senadores del Frente Amplio (FA) que no inició ninguna investigación administrativa con relación al caso de espionaje contra estudiantes y docentes del liceo 41 que quedó al descubierto tras la pericia realizada al celular del exjefe del Servicio de Seguridad Presidencial Alejandro Astesiano.
La cartera de seguridad justificó la decisión en que «cuando ocurrieron los hechos denunciados, el policía de referencia [el cabo Marcelo Alejandro Fránquez] prestaba servicios en comisión en Presidencia de la República» (La Diaria, 22-XI-23). La escueta respuesta –fechada el 14 de noviembre– está firmada por el director nacional de Policía, José Manuel Azambuya, y el subdirector, José Pedro Sesser, y fue remitida al Parlamento por el hoy ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que cuando sucedían los hechos era director general de Secretaría.
Pero para el senador Charles Carrera, la respuesta del MI «es absolutamente insatisfactoria». El legislador describió a Brecha que el pedido de informes tenía una decena de preguntas, distribuidas en siete puntos, la mayoría de las cuales quedaron sin contestar, entre ellas, cuáles fueron los motivos para el cese del pase en comisión de Fránquez en Presidencia y su retorno a las filas de la Jefatura de Policía de Montevideo.
La oposición critica la falta de acción de la cúpula ministerial: «No puede ocurrir que un policía haga tareas de inteligencia sobre gurises de un liceo y las autoridades no desplieguen ningún procedimiento administrativo. Las autoridades tienen que ejercer el poder disciplinario. Y quien tiene que ejercer ese poder es su oficina de origen, en este caso, el MI».
Las acciones de Fránquez quedaron al descubierto en febrero de este año, luego de que se difundieran una serie de mensajes de WhatsApp enviados a Astesiano en los que se aportaba información sobre lo que ocurría en el liceo 41. Fránquez –cuyo número estaba agendado a nombre de Marcelo Baiano– envió información sobre la presunta participación de «docentes comunistas» en un supuesto escrache que realizarían los estudiantes de tercer año.
«Se ve que están usando a esos guachos que viven en los cantes y están medio descerebrados», escribió Fránquez. Además, envió números de celulares de estudiantes y docentes para que pudieran ser investigados por los servicios de inteligencia. «Ok. Bien», le respondió Astesiano. En los días posteriores, el oficial –que por esos días trabajaba en Presidencia– envió diversas informaciones, entre ellas un afiche de la Facultad de Psicología y una fotografía de la pintada en el barrio Cordón.
Al otro día de difundirse el caso, el MI dispuso el cese de su pase en comisión y una investigación de urgencia, por la cual el policía fue interrogado. Fue el 6 de febrero de 2023, a las 16.00 horas, en la subdirección ejecutiva de la Policía Nacional. Quien realizó el interrogatorio fue el comisario mayor Beltrán Ford, ayudante director de Jorge Berriel, uno de los policías formalizados en la causa Astesiano.
Durante el interrogatorio, al que accedió Brecha, Fránquez dijo que le envió la información porque en el celular del hijo de otro policía aparecía «el logo de la organización chilena FUNA»: «La investigación es mía, y me reservo los medios, pero sí agrego que es pública, la saqué de internet. […] Fue para ilustrarlo de lo que estaba pasando, para mí no estaba bien que [en] un grupo de WhatsApp se usaran símbolos nazis; le informé, le interesó y se lo pasé, después, cómo se usó dicha información no tengo idea».
Fránquez dijo que actuó por iniciativa propia y que los números telefónicos de los estudiantes y docentes los obtuvo de ese grupo de WhatsApp: «Siempre le aclaré [a Astesiano] quiénes eran menores y quiénes mayores, separando de alguna manera quiénes serían víctimas y quiénes los victimarios». Y justificó que actuó así porque el hijo de otro policía, que asistía al liceo, se sentía amenazado.
Ese mismo día, el interrogatorio a Fránquez fue derivado a Gabriela Fossati. El exsubsecretario del MI Guillermo Maciel le remitió un oficio en el que informó que «a los efectos de seguir colaborando y cooperando con las investigaciones que lleva a cargo esa Fiscalía, con la presente se adjunta copia fiel del acta labrada y legajo del funcionario, en la investigación de urgencia, decretada en la fecha de hoy, respecto a la información de prensa cuya copia también se adjunta» (Véase «Prestidigitación», Brecha, 28-VII-23).
La respuesta dada por el MI al pedido de informes, sin embargo, abre un nuevo escenario. Los senadores frenteamplistas analizarán el documento en la próxima reunión de bancada y no descartan presentar un pedido de acceso a la información pública para obtener una copia de esa investigación de urgencia de la que habló Maciel. «Hay una contradicción entre lo que dijo Maciel –y que informó oportunamente Brecha– y lo que ahora nos está contestando el MI», afirmó Carrera. En este sentido, el legislador valoró que esta contradicción entre la decisión de investigación anunciada por Maciel y lo que están respondiendo hoy las actuales autoridades ministeriales «es grave».
Además, Carrera adelantó que el FA está preparando los documentos para reiterar otro pedido de informes al MI referido al acceso por parte de Andrés Capretti, exasesor del ministro Luis Alberto Heber, al expediente judicial de la trama Astesiano. La bancada opositora solicitó información sobre este tema tras un artículo publicado en Brecha que revelaba fotografías enviadas por Capretti desde una oficina en Torre Ejecutiva, en las que mostraba documentos agregados a la carpeta investigativa del caso Astesiano, que incluía su intervención en la definición de las preguntas que serían realizadas a los integrantes del Servicio de Seguridad Presidencial en el contexto de esta causa (Véase «El ojo de la torre», Brecha, 4-VIII-23). Carrera explicó que el MI aún está en plazo de responder, pero este vencerá en breve, y que la oposición pretende adelantarse a una eventual falta de respuestas.
«Lo que uno ve en todo este affaire Astesiano es cómo el Estado no actuó con la debida diligencia. Es lo que hemos visto a lo largo de todo este proceso. No se diligenció ninguna investigación administrativa para dirimir responsabilidades», explicó. En este sentido, recordó que en el caso de espionaje denunciado por él y por el senador Mario Bergara, que derivó en la formalización del ex gerente general de Vertical Skies, Marcelo Acuña, surgen chats entre Astesiano y el actual jefe de Seguridad Presidencial, Ricardo Martínez, en los que intercambian sobre cómo obtener información referida a ambos legisladores, pero el MI estuvo omiso en investigar lo que pasó. «Esta fue la regla durante todo el procedimiento», cuestionó Carrera.
