“Hay un cambio en la mentalidad social en Costa Rica”, dijo a Brecha Marco Castillo, presidente del Movimiento Diversidad (MD), la mayor organización defensora de los derechos de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (Lgbti) del país. El 1 de junio un juez había autorizado el primer matrimonio entre homosexuales en Costa Rica. El magistrado se apoyó en una enmienda de julio de 2013 a la ley de la persona joven que había eliminado toda discriminación contra las uniones de hecho. La entrada en vigencia de la reforma rápidamente animó a parejas homosexuales a gestionar el reconocimiento de derechos, aunque hasta ahora sólo una ha tenido éxito, debido a que los jueces encargados de los otros casos han optado por aguardar la respuesta de la Sala Constitucional a una consulta sobre si la reforma a la ley de la persona joven comprende a mayores de 35 años. “A nosotros nos parece que sí debe aplicarse a mayores de 35, porque si no se estaría cayendo en una discriminación”, comentó Castillo.
Si bien genera esperanza en la comunidad Lgbti –integrada por alrededor de medio millón de los aproximadamente 4,6 millones de habitantes de Costa Rica–, el pionero fallo es limitado. “En los últimos diez años ha habido un cambio notable, y en los últimos cinco muchísimo más, pero es una cosa paulatina”, dijo Castillo. “Yo pertenecía a muchas organizaciones –tengo treinta años de estar en esto–, pero éramos discretos. Yo, por ejemplo, aparecía, en la televisión tapado”, admitió este abogado.
Una de las primeras acciones del gobierno presidido por Luis Guillermo Solís –un historiador, politólogo y profesor universitario llevado a la presidencia por el centroizquierdista Partido Acción Ciudadana con la mayor votación en la historia de este país– fue encabezar una actividad sin precedentes a nivel nacional: el izamiento, en el jardín delantero de la Casa Presidencial, de la multicolor bandera universal de la diversidad sexual. Luego los derechos se ampliaron y a fines de mayo de este año fue emitida una directriz presidencial que prohíbe, en las instituciones públicas, la discriminación por orientación sexual y establece el reconocimiento a los derechos de las parejas de igual sexo.
“El principal problema que tenemos es el fundamentalismo religioso, que nos odia, llega a niveles inconcebibles”, dice Castillo. Quizá el paladín de ese sector sea el actual presidente del cristiano Partido Renovación Costarricense, Justo Orozco, un diputado que en 2012 llegó a declarar: “Considero que el pene es creado para la bendición de tener hijos y no para que entre en un ano”. Y agregó: “No deseo que Costa Rica sea una Sodoma y Gomorra”. El 30 de junio pasado Orozco, que se define como profesor de matemáticas y es propietario de un centro de enseñanza secundaria –el Instituto de Desarrollo de la Inteligencia–, fue detenido, acusado de abusar sexualmente de dos mujeres.