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Uruguay es país de origen, tránsito y destino de personas víctimas de trata, un delito de difícil detección. Una ley que se discute hace casi un año en el Parlamento propone crear un Sistema Integral de Respuesta Interinstitucional, además de penar el consumo habitual de pornografía infantil e incluir nuevas figuras, como la unión concubinaria y el matrimonio forzados, la prostitución forzada, y la apropiación de niños y adolescentes para la adopción.

Hace falta afinar la atención y aprender a mirar, o dejar de mirar para el costado, y detectar cómo se refleja en lo cotidiano la advertencia de que Uruguay dejó de ser un país sólo de origen de víctimas de trata, uno de los tres delitos de lesa humanidad más redituables –e impunes– del mundo. Operadores y especialistas coinciden en que hay un subregistro de casos, denuncias que no se canalizan adecuadamente e indicios que se esfuman ante la lentitud de los mecanismos de respuesta.

Desde mediados de 2016 una comisión especial del Senado –instalada no sin resistencias– estudia una propuesta de ley integral redactada por la Mesa Interinstitucional para la Prevención y el Combate de la Trata de Personas, que se creó por decreto en 2006. “Increíblemente fue difícil lograr con celeridad la r...