Con Juan Raúl Ferreira, sobre el rol de la OEA y la ONU en Haití

«Toda la comunidad internacional ha sido cómplice de la dictadura haitiana»

Años atrás, Juan Raúl Ferreira coordinó una misión conjunta de la OEA, la ONU y la Unión Europea que tenía como objetivo ayudar a la «redemocratización» de Haití. Fue justo antes de las elecciones ganadas por Jovenel Moïse, el presidente que acaba de ser asesinado. Ferreira cuenta a Brecha algunos de los entretelones de aquella misión fracasada y cómo lugartenientes de Luis Almagro maniobraron para ocultar las conclusiones de su informe.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente haitiano, Jovenel Moïse, llegan a una conferencia de prensa conjunta en Puerto Príncipe, el 7 de enero de 2020. Afp, Chandan Khanna

—¿En qué condiciones tuvo lugar aquella misión?

—Luis Almagro había asumido hacía pocos meses en la OEA [Organización de los Estados Americanos]. Todavía no había tenido la evolución que tuvo después. O no habíamos sabido verla. La cosa es que hacia fines de 2015 me propuso conducir la más larga y numerosa de las misiones de la historia de la OEA. Yo casi no tenía vínculos con él: había ingresado a la OEA por concurso y ya había hecho misiones para el organismo. José Miguel Insulza, el secretario general precedente, me había ascendido a coordinador de misiones. Pero esta era una misión especial: no era solo de la OEA, sino también de Naciones Unidas [ONU] y de la Unión Europea [UE], que no habían querido despachar una misión propia y aceptaron que la OEA la organizara, ayudando a financiarla. Se desarrolló entre fines de 2015 y comienzos de 2017, justo antes de las elecciones que terminó ganando Jovenel Moïse. La idea era contribuir a la «democratización» de Haití.

—Pero no fue así.

—Para nada. Conocer Haití para mí fue un shock. Estaba enterado, claro, del empobrecimiento del país, pero cuando vi de primera mano lo que era la realidad… En primer lugar, la Minustah, la Misión Internacional de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití: era un Estado dentro del Estado, una ciudad cercada, con todas las comodidades, dentro de Puerto Príncipe. Y abandonabas ese búnker y te topabas con la pobreza, la miseria. Tenías en la propia ciudad la prueba viviente de que era verdad lo que se denunciaba, que la plata que había llegado al país para reconstruirlo después del terremoto espantoso de 2010 nunca fue a los damnificados: miles y miles viviendo en casas muy precarias montadas encima de los escombros, niños enfermos de hambre, con apenas piel sobre los huesos y las barriguitas hinchadas, algo que uno veía en películas, y por otro lado un puñado de ricos. Ese año 2016 lo pasé más en Haití que en Uruguay y pude conocer bastante del país, porque me salí del protocolo estricto.

—Por ejemplo…

—Antes de salir de Montevideo hacia Puerto Príncipe me contacté con el PIT-CNT para que me dieran contactos allá y me dijeran qué fuerzas sociales eran representativas y cuáles no. Me reuní, por ejemplo, con representantes de comunidades de base ecuménicas que hacían trabajo social, con sindicalistas. Me moví por fuera del protocolo de la OEA. A veces, cuando me trasladaba en el auto oficial y alguien me gritaba algo, yo paraba y bajaba. Era natural, veían a la Minustah como lo que era, una fuerza de ocupación.

—¿Qué se decía en el informe final de la misión?

—Mi informe debía ser presentado en la OEA, en la ONU y ante los estados miembros de la UE vía sus embajadores en la ONU, en Nueva York. Pero les resultó embarazoso. Yo decía lo que había visto. Contaba, por ejemplo, que en una de las mesas electorales habíamos visto morir a un niño de hambre. Decía que los haitianos sentían que los estaban ocupando, que el compromiso de una misión que se propusiera democratizar en serio el país tenía que ser de otra naturaleza.

En el plano político, decía que si bien las elecciones habían sido jurídicamente válidas, habían carecido totalmente de representatividad política y social. Que solo había votado el 10 por ciento del padrón electoral y que si bien Jovenel Moïse había tenido la mayoría absoluta en la primera vuelta, apenas había alcanzado el 5 por ciento del padrón y en esas condiciones no podía asumir.

Al mirar hacia atrás creo que lo mejor que hizo la misión fue el trabajo de depuración del padrón electoral, la adopción de una serie de protocolos legales y la decisión de que no hubiera soldados de la Minustah desplegados en los alrededores de las mesas electorales. De haber estado allí, se hubieran generado potencialmente situaciones de violencia, precisamente por la forma en que los haitianos veían a esos soldados.

—¿Almagro aceptó ese informe?

—A lo largo de la misión fui conociendo a los operadores de Almagro. Uno de ellos era Gerardo de Icaza, un mexicano que dirige el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA. Fue como un comisario político. Se autoinvitaba a las reuniones de la misión, por ejemplo, algo que no se acostumbra. Y quiso que yo cambiara el informe. Varias veces lo intentó y yo siempre me negué. La presentación se fue dilatando y se concretó recién un año después.

Cuando finalmente fui a presentarlo ante el Consejo Permanente de la OEA, Almagro no fue. Y ahí, en esa sesión, me di cuenta de que lo habían cambiado. Lo dije en la reunión, mientras De Icaza me pasaba continuamente papelitos para que terminara rápido y me callara. Esa fue la única presentación. Suspendieron las que debían hacerse ante la ONU y la UE. Al regresar a Montevideo, renuncié definitivamente a cualquier misión para la OEA. La OEA ya había convalidado la elección de Moïse.

—¿Qué papel estaría jugando Almagro ahora?

—No lo sé. Pero lo que es seguro es que tiene una necesidad imperiosa de una solución institucional. Él presentó como un éxito personal la supuesta democratización de Haití, que a todas luces no fue tal. Y hoy, en esta nueva y grave crisis de legitimidad, necesita un manto de legalidad.

No es solo la OEA. Toda la comunidad internacional ha sido cómplice de la dictadura haitiana. Me chocó que tantos presidentes hayan rápidamente presentado condolencias por la muerte de Moïse y que nada dijeran por los crímenes de su gobierno. Hace un año, la ferocidad de la represión fue recibida con silencio por la comunidad internacional. La semana pasada, antes del asesinato de Moïse, murió en las puertas de la casa presidencial una activista y comunicadora social, Marie Antoinette Duclaire. Silencio. Poco después, el periodista Diego Charles. Silencio. Le pedí al canciller uruguayo, Francisco Bustillo, que Uruguay condenara esos crímenes. Silencio. Bustillo dice que condena a las dictaduras. ¿Y la de Haití?

Y después está Estados Unidos. Todos suspiramos de alivio cuando se fue Donald Trump. Pero en política exterior los demócratas no son tan distintos a los republicanos. Hay una continuidad. Joe Biden es un duro. No olvidemos que sus discursos de campaña los terminaba diciendo: «Dios bendiga a nuestras fuerzas en el exterior».

Chifflet

Juan Raúl Ferreira dice que, en un reciente conversatorio internacional sobre Haití en el que había unas 300 personas, uno de los participantes planteó públicamente que algún día, cuando en su país cambien las cosas, habrá que hacer en Puerto Príncipe un monumento a Guillermo Chifflet. «Lo adoran a Chifflet. Lo ven como a un símbolo de la verdadera solidaridad con su pueblo, esa solidaridad que los latinoamericanos del sur fuimos tan avaros en manifestar», comentó Ferreira. «Cuando aquí vivíamos en democracia y en Haití estaba la dictadura de los Duvalier nunca hicimos nada por ellos. Siempre le dimos la espalda a Haití. Al renunciar a su banca en rechazo a la participación uruguaya en la Minustah, Chifflet no solo estaba teniendo un gesto de dignidad personal, sino también de solidaridad activa, que los haitianos agradecen.»

Henry Boisrolin, presidente del Comité Haití Democrático, afirmó algo similar en la entrevista que dio a Brecha la semana pasada. Dijo que los haitianos de izquierda saben que en un país latinoamericano, al que no pueden ubicar muy bien en el mapa, un señor de apellido francés llamado Chifflet renunció a su banca de diputado por oponerse a la ocupación de la Minustah. El propio Boisrolin propuso que a una coordinadora continental que se está constituyendo actualmente de grupos de solidaridad con Haití se la llame Guillermo Chifflet y comentó que se ha manejado ese nombre para una escuela de cuadros de organizaciones de izquierda que está funcionando ahora en Puerto Príncipe. «Chifflet marcó un camino», apuntó Boisrolin, y lo separó de otros referentes frenteamplistas que estuvieron en Haití y «ni siquiera vieron, o no quisieron ver, el rechazo de la gente a las tropas de ocupación». «Es el internacionalismo “a la Chifflet” el que necesitamos, esa solidaridad, no la de alguien que va a una iglesia, ve a un pobre afuera y le da plata.»

Los asesinos de Moïse

Pistas

Hablaban español, pero nada tenían que ver con el chavismo; eran colombianos, pero sin ninguna relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional o sus disidencias. A decir verdad, poco duraron las insinuaciones oficiales de los momentos posteriores al asesinato de Jovenel Moïse de que en el ataque habían intervenido, directa o indirectamente, agentes del gobierno venezolano o guerrilleros colombianos. Con el paso de los días, las pistas fueron rumbeando para el lado contrario. Y fue quedando claro, además, que por más que Moïse era denunciado por la oposición como un dictador vinculado a los sectores más rancios de la oligarquía local y extranjera, también molestaba –y mucho– a otros sectores de esas mismas clases dominantes, que lo veían como un lastre y pretendían sacárselo de encima.

El domingo 12, la Policía haitiana anunció la detención de Christian Emmanuel Sanon, un médico instalado en Miami desde hace casi dos décadas y que, por lo menos desde 2011, tiene pretensiones de ser presidente de su país. Además de médico, el hombre es pastor evangélico. Sanon habría sido el autor intelectual del asesinato y quien contrató a la treintena de mercenarios (en su enorme mayoría exmilitares colombianos y un par de estadounidenses de origen haitiano) que participaron en la operación. Lo habría hecho a través de la empresa de seguridad Counter Terrorist Unit Federal Academy. Varios de los exmilitares colombianos detenidos en Puerto Príncipe admitieron haber sido contactados por esa empresa, basada en el estado de Florida y propiedad del venezolano Antonio Intriago, a quien el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó de estar vinculado con los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López. En una nota publicada el martes 13, el diario floridense El Nuevo Herald señaló que Intriago es un activo integrante de la colonia de exiliados antichavistas en esa ciudad, a algunos de los cuales les daba clases de tiro y cuyas actividades políticas en ocasiones financió. A Intriago se lo vinculó también a los halcones republicanos y al presidente colombiano, Iván Duque.

La hipótesis de un magnicidio orquestado desde el exterior y ejecutado por mercenarios llegados de fuera del país es funcional a quienes quieren ocultar que una operación de esa envergadura, concretada en un búnker hipervigilado, necesitaba, al menos, de complicidades internas, por ejemplo, de guardias presidenciales, dijeron fuentes políticas haitianas al portal francés Mediapart (14-VII-21). No hubo ni un solo guardia herido en el operativo. Según Semana de Colombia, el jefe de la guardia, Dimitri Hérard, un policía de elite cercano al expresidente haitiano Michel Martelly que es investigado en Estados Unidos por tráfico de armas, viajó varias veces a Bogotá en los últimos meses.

Entre quienes les sirve que se generalice la idea de una operación exclusivamente externa estarían los principales responsables de la Policía Nacional Haitiana, una de las instituciones más corruptas del país, dice Mediapart. El diario El Tiempo de Bogotá se pregunta a su vez cómo es posible que el comando paramilitar haya sido desmantelado tan fácilmente (de los 26 colombianos participantes, 18 fueron detenidos y tres resultaron muertos) y que no haya tenido un plan de evasión eficaz. El Tiempo avanza la idea de que los mercenarios hayan sido engañados y convocados a la casa del presidente una vez cometido el crimen. Sean quienes sean los que concibieron el asesinato, dice por su lado Mediapart, hay que mirar hacia la interna del partido en el poder, el Partido Haitiano Tèt Kale, en el que Moïse no tenía apoyos unánimes, y de manera general hacia la interna de un régimen corrupto y represivo apañado por la comunidad internacional.

***

Varios funcionarios estadounidenses (del FBI, del Departamento de Estado, del Departamento de Seguridad Nacional) viajaron el fin de semana pasado a Haití. Lo hicieron supuestamente para investigar el asesinato de Moïse. Seguramente también para inspeccionar el terreno y hacer contactos políticos. Claude Joseph, el primer ministro saliente (el presidente lo había destituido unos días antes de ser asesinado y anunciado su reemplazo por un opositor moderado que nunca llegó a asumir), había pedido a Washington (también a la ONU) el envío de un contingente militar para «asegurar la paz interior». The New York Times afirmó el domingo 11 que Estados Unidos no sería proclive a una nueva intervención armada, tomando en cuenta que Joe Biden está, en ese punto –como en tantos otros de política exterior: véase Cuba–, en la misma línea de su predecesor Donald Trump: promover el retorno a casa de las tropas en el extranjero, como está sucediendo en Afganistán. Pero el mismo día el secretario de Defensa, John Kirby, dijo a Fox News que Estados Unidos no ha descartado aún el envío de soldados a Haití.

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