“Sus inversiones en el extranjero se han financiado con fondos tributados en Chile y de ingresos provenientes de su trabajo en una empresa norteamericana, durante la época en que debió abandonar el país por razones de seguridad personal y de su familia.” Así justificó Agustín Edwards Eastman, mediante una carta pública firmada por su representante legal, la tenencia de una cuenta en las Islas Vírgenes británicas, después de que el Centro de Investigaciones Periodísticas de Chile (ciperchile.cl) publicó los Panama Papers, que en la urgencia periodística han sido rebautizados con la imprecisa traducción de “papeles de Panamá” (sería más bien “documentos de Panamá”).
Agustín Edwards Eastman no es un chileno más que intenta evadir impuestos. Durante la “época en que debió abandonar el país por razones de seguridad personal y de su familia” se reunió en Estados Unidos con Henry Kissinger y el jefe de la Cia y logró convencer a Richard Nixon de que apoyara el golpe contra Salvador Allende. Como está bien demostrado en varios libros e investigaciones periodísticas, su diario El Mercurio –que sigue siendo el más importante del país y donde ningún político se niega a aparecer– recibió alrededor de 2 millones de dólares para boicotear al gobierno socialista. La cuenta descubierta en los documentos de Panamá fue abierta en 1994, pero abre la pregunta de qué otras operaciones en paraísos fiscales hizo Edwards cuando integraba el grupo cívico-militar de conspiradores para voltear a Allende. Cabe mencionar que recién el año pasado el Colegio de Periodistas resolvió la expulsión del dueño de El Mercurio, pese a que en más de una oportunidad fue denunciado ante la justicia por su papel en el golpe de 1973 y de que, como oyó este corresponsal de boca de un ex ministro de la dictadura, defendió fervientemente la censura de prensa en las primeras reuniones de los propietarios de medios con la Junta Militar que presidía Augusto Pinochet.
Acaso por el poder y la influencia que todavía ejerce Agustín Edwards en los círculos políticos y periodísticos, el tema de los documentos de Panamá no duró más de una semana en los principales medios de comunicación chilenos. Y ello pese a que la lista de clientes nacionales del estudio jurídico Mossack Fonseca, el encargado de gestionar las cuentas en los paraísos fiscales, abarca un amplio espectro de personajes, desde el ex director de finanzas de la policía secreta del régimen militar hasta el futbolista Iván Zamorano. Irónicamente, otro nombre que apareció en los documentos fue el del abogado Gonzalo Delaveau, presidente de la sección chilena de Transparencia Internacional, la organización que se define como “la coalición global anticorrupción”. Delaveau renunció a Transparencia al día siguiente de que Ciper divulgó su nombre, pero aclaró que solamente había participado en los directorios de las empresas offshore, sin percibir beneficio económico alguno.
Esta diferencia administrativa es la que ha servido para que se reste importancia al impacto de los documentos en Chile. Todos los nombrados dijeron cumplir a cabalidad con la legislación tributaria del país y el propio Servicio de Impuestos Internos comunicó que “la utilización de esquemas internacionales como la creación de sociedades offshore en regímenes fiscales preferenciales no constituye en sí misma una conducta ilegal, mientras ello no implique una vulneración de la normativa vigente”. Después de todo, hasta el Estado participa del sistema, porque la empresa nacional del cobre, Codelco, tiene una cuenta en las islas Bermudas para realizar las transacciones comerciales del metal con China.
Otro nombre en la lista del estudio Mossack Fonseca es el de Hernán Büchi, ministro de Economía estrella de la dictadura, que dio el impulso final a la imposición del régimen económico neoliberal y fue el candidato presidencial de Pinochet en las primeras elecciones democráticas. Büchi y su esposa, la abogada argentina María Eleonora Urrutia, aparecen como los principales propietarios de una sociedad con sede en las Seychelles, que se abrió a través de una representación de Mossack Fonseca en Uruguay. El matrimonio negó públicamente esa relación, pero entre las pruebas de que ella existe Ciper identificó un e-mail enviado en febrero de 2011 por el estudio jurídico-contable Dauber, Ferrari y Grasso de Montevideo a la oficina uruguaya de Mossack Fonseca. En un archivo adjunto al correo electrónico, que trataba de los trámites para abrir la sociedad, iban las copias de los pasaportes de Urrutia y Büchi.
El ex presidente y posible candidato presidencial de la derecha para 2018 Sebastián Piñera también quedó envuelto, aunque sólo por tener unas empresas constituidas en Panamá. Un medio electrónico halló su nombre en una base de datos pública, encabezando International Card Systems y Chine Investments, creadas a mediados de la década de 1980. Al parecer ambas son sociedades en las que participa el entorno familiar del ex mandatario y ha habido especulaciones en el sentido de que a ellas fue a parar el dinero manejado por el “fideicomiso ciego” que Piñera constituyó en abril de 2009, para despejar cualquier vínculo sospechoso entre sus aspiraciones presidenciales y las ganancias de sus varios negocios. En ese fideicomiso se declararon unos 400 millones de dólares, pero se estima que poco antes el entonces candidato había recibido unos 1.700 millones de dólares por la venta de su participación en empresas como la línea aérea Lan, Blanco y Negro (propietaria del club de fútbol Colo Colo) y Chilevisión. Dadas las restricciones chilenas para que el fideicomiso realizara inversiones en el exterior, las cuentas panameñas pudieron haber sido de gran utilidad. No obstante, fuentes cercanas a Piñera dijeron que, si bien Card Systems y Chine Investments siguen vigentes, no tienen actividad desde hace una década. Además, subrayaron que no fueron establecidas por Mossack Fonseca, sino mediante un bufete jurídico de gran trayectoria y prestigio en Ciudad de Panamá.
En 2015 los capitales depositados con conocimiento de las autoridades impositivas chilenas en los paraísos fiscales superaron los 10.000 millones de dólares, pertenecientes a poco más de 400 personas. Un 30 por ciento de esa suma está en Panamá, en tanto que el resto se dora y crece al tibio sol de las islas Seychelles, las Bermudas o las Vírgenes británicas, donde está embanderado el lujoso yate Anakena, de 40 metros de largo, propiedad de Agustín Edwards Eastman.