Todo y nada

En zona de triple frontera entre Argentina, Bolivia y Paraguay hay un solo policía y un médico solo, sin matrícula. Los medios miraron hacia allí cuando ocho muchachos criollos fueron acusados de violar a una niña wichi discapacitada. En esta nota de la revista Mu, que Brecha reproduce por convenio, hablan todos, de todo.

Padres de la niña violada / Fotos: gentileza revista Mu, Ignacio Yuchark

Acá se termina todo. Estamos en la frontera norte y en el límite de la fantasía. Pura realidad. La última ruta quedó a 65 quilómetros y el colectivo se bambolea al ritmo de la tierra árida, cruza cauces de ríos flacos y pasa entremedio de bueyes famélicos. Recorrer ese tramo consume seis horas y se cotiza a un precio que pocos pueden pagar, por eso el bus está despoblado, aunque se dirige a un pueblo con 4.500 habitantes que todavía son argentinos. No sé si es un viaje al pasado o al futuro, pero así es el presente: hay huellas de ambos en cada rincón, y en este, el más remoto, esa promiscua confusión aturde.

Llegamos.

Estamos en Paraje Alto la Sierra, triple frontera internacional y provincial, pueblo en el que una niña wichi discapacitada fue violada por ocho criollos.

No es sólo esa la historia que voy a contar.

Es algo peor.

Es el relato sobre todo lo que puede verse en ese límite atroz.

***

Ubiquémonos. El Gps para llegar a Alto la Sierra lo calibra el antropólogo John Palmer. Estamos en Tartagal, a 350 quilómetros de nuestro destino, y en la única mesa ocupada del único restaurante abierto. Palmer barre con su mano el mantel de cuadritos rojos y blancos. Grafica así la historia del paraje: nada. Recién en 1910 y pico arribaron los primeros pastores anglicanos que, como él, eran ingleses. Llegaron con una Biblia traducida al wichi. El lazo fue intenso y recíproco –en 1975 la Iglesia Anglicana nombró al primer obispo wichi, por ejemplo–, y se cortó violentamente en 1982, con la fatídica Guerra de Malvinas. Un tal Comando Gaucho Rivero amenazó a los sacerdotes. Había por entonces unos 60 británicos que escaparon a Bolivia, a través de esa laxa frontera. Cuando pudieron regresar se encontraron con una comunidad que había mantenido el fervor y la institución. Hoy los caciques siguen reconociéndose anglicanos.

Veinte años de batallas cuerpo a cuerpo y legales –incluido un fallo condenatorio contra el Estado argentino por parte de la Cidh– concluyeron en un acta que se firmó dos veces. La primera fue el 17 de octubre de 2007 y la segunda en enero de 2014. Así la provincia de Salta declaró formalmente que 450 mil hectáreas fiscales son propiedad comunitaria de todo el pueblo wichi que habita Alto la Sierra. Otras 253 mil son cedidas a los criollos que viven allí. Cada territorio está delimitado, pero es tarea de la comunidad concretar que wichis y criollos se ubiquen en cada lugar. ¿Qué significa esto? Ya veremos.

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El 28 de noviembre pasado una niña wichi fue violada por ocho jóvenes criollos. Se hizo noticia seis meses después, cuando la niña fue sometida a una cesárea de emergencia porque el feto era anancefálico. Los pocos pasajeros del micro ya saben que estamos ahí por eso. La mayoría son mujeres. No es fácil distinguir cuáles son wichis y cuáles criollas. Le pregunto a la que está a mi lado si sabe cómo llegar a la casa del cacique Asencio Pérez, llave de ingreso a la comunidad según la recomendación de Palmer. “Ella es la hija –señala el asiento que está delante–. Y yo soy la madre de uno de los detenidos”.

Así es la tierra que convirtió a una pequeña en la Niña Wichi Violada.

Primero está el barrio criollo, con casitas de material, almacenes, plaza y una cancha de fútbol en la que se mezclan adolescentes y chanchos. Hay que bordear un espejo de agua para llegar a la comunidad. La frontera la marcan el hospital y la escuela. El cacique Asencio vive en el corazón del caserío. Es enfermero. Fue uno de los primeros en llegar aquel día horroroso. “Serían las 9 de la mañana, no más. La niña tenía hambre y fue al monte a comer mistol, el fruto del quebracho. Otras chiquitas, dos, iban a comprar pan. Ellas vieron cuando esos criollitos borrachos la agarraron. Las corrieron a ellas también, pero no las pudieron alcanzar. Se entera la comunidad y ahí vamos todos al hospital y ahí encontramos a las chinitas gritando que los han visto. A la chiquita le metieron un polvo blanco en la boca y en los ojos. Gritaba: ‘I-ton-no, i-ton-no’.” Asencio traduce: “Me arrastraron”.

El antropólogo Palmer, testigo de la declaración que la Niña Wichi Violada hizo meses después en los tribunales de Tartagal, la escuchó repetir lo mismo. Una y otra vez. Fue lo único que dijo.

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Monólogo del cacique: “Me gustaría que usted primero entienda algo: en tema indígena, el reclamo siempre es justo y necesario. Siempre. ¿Por qué? Todos saben que hemos sido exterminados, que nos quitaron todo. Después, fuimos indocumentados. Ahora tenemos documentos y somos argentinos. Y hay reglas dentro del Estado argentino. Y por eso reclamamos, porque no nos dan los derechos que tenemos. Por ejemplo, en el caso de la chiquita violada la justicia no actuó bien. No vieron bien. ¿Por qué? Porque es indígena. Por eso. Y por eso reclamamos. A la justicia y al mundo. Basta. Ya se tiene que terminar. Juegan con nosotros. Si era violación, se preguntaban. ¿Cómo van a preguntar eso? Yo soy cacique y testigo. Hablé con otros testigos y me han dicho: sí, los vimos. La justicia no llamó a esos testigos. ¿Por qué? Sale la noticia y los llevan de prepo. Algunos son menores y a todos no pueden escucharlos porque no hablan el mismo idioma. Entonces voy y me ofrezco a traducirlos, pero no quieren. ¿Por qué? Van las chiquitas, entonces, las llevan en patrullero, hablan lo poco que saben de castellano y como tienen miedo, se ponen mal. Le tienen miedo. Eso es lo que pasa. Le tienen mucho miedo a la policía. Eso tienen que entenderlo. Si nos quieren escuchar, la justicia tiene que entenderlo. Con esta violación sexual nosotros reclamamos justicia. Un diputado, Ramón Villa, que lo presionamos, presentó el tema. Y entonces vinieron los de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados hasta aquí. Les hemos reclamado por la violación sexual, pero también por toda la injusticia. Les hemos dicho: un candidato político de lo primero que habla cuando pide el voto es de educación, salud y seguridad. ¿Dónde están acá esos derechos? ¿Seguridad? El destacamento policial que tenemos tiene un solo policía. No tiene ni móvil. Ahora con esto, urgente, nos dan un móvil. Pero siempre hemos reclamado y nunca nos dieron nada. Y ahora una violación sexual lo trae rápido. ¿Por qué? Porque están con vergüenza. Están con vergüenza porque salió por la prensa. Y esta es la injusticia que tenemos. ¿Salud? En el hospital hay un solo médico. No puede ser. Es un hermano de Bolivia, y como usted sabe bien, un boliviano es discriminado igual que nosotros. Eso es lo que pasa. Y así todas las cosas. Usted ve la comunidad. Mire: hay luz, hay colegio, hay hospital. Todo eso se consiguió con lucha, todo eso vino de nosotros mismos. De huelgas de hambre en la plaza de Salta, de reclamos en Buenos Aires y en cortes internacionales, de no vendernos, de no aceptar que nos dividieran, de todo eso vino. Y todo ha sido para indígenas y para criollos. No somos como ellos, que discriminan. ¡Si todos somos iguales! Somos personas. Nos podemos entender perfectamente bien como seres humanos. Es justo y necesario”.

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En el hospital hay dos enfermeras, un licenciado en nutrición y un médico –Juan Carlos Limache Mamani– que hace todo. Todo.

Es su primer trabajo y no tiene matrícula.

Es el primer testigo y no tiene paz.

Ya declaró tres veces en la causa que investiga la violación. Desacreditarlo es clave para la defensa de los criollos, y lo sabe. Hoy tendría que haberse presentado otra vez en los tribunales de Tartagal, pero el único vehículo disponible es la ambulancia y está rota.

El doctor Limache cuenta que se recibió en la Universidad de Chuquisaca. La municipalidad funciona en Victoria –hasta donde llega la ruta–, y hasta allí fue para obtener el empleo. En 48 horas ya estaba haciéndose cargo de todo. “Lo único que me dijeron fue: ‘No podés firmar nada’.” La restricción alcanzó a su contratación: comenzó a trabajar en setiembre pasado sin papeles que formalizaran sus responsabilidades. Desde entonces trabaja 16 horas diarias por 22.500 pesos mensuales. El salario de setiembre lo cobró este mayo, cuando lo designaron “médico de contingencia en zona desfavorable”. Todavía le adeudan los últimos cuatro meses.

Así relata el doctor Limache aquel día horroroso: “Cuando me avisan del destacamento que hay una niña tirada en la cancha, voy al lugar. Pregunto: ¿qué es lo que pasó acá? Esta niña ha sufrido un abuso sexual. La veo mal, en posición fetal, la traigo acá, la reviso y encuentro un desgarro perineal, menorrea (sangrado vaginal) y dolor abdominal intenso, que no podía aguantar. No la puedo dejar así. Le coloqué un analgésico. Entonces me avisan que ya va a llegar el médico legal, y no hice nada más. Si no me decían que venía el legista le hubiese hecho el test de embarazo, pruebas de laboratorio, análisis. Pero ahí se me fue de las manos”.

El médico legista nunca llegó.

Cuatro días después, a las 5 de la mañana, un patrullero fue a la casa de la niña con la orden de trasladarla hasta Aguaray. La acompañó su madre. Allí dos médicos la revisaron.

Francisca, la madre de la Niña Wichi Violada, me contará después que desde el pasillo escuchó los gritos de su hija, y tras una larga espera pudo hablar con una médica. Le preguntó: “¿Fue violación?”. La doctora le respondió: “Sí”. El doctor Limache me dice que el médico legista informó que no podía constatarlo. La niña se había bañado, habían pasado varios días, no era fácil interrogarla. “En los documentos tiene 12 años, pero sufre un retraso madurativo que la hace comportarse como una nena de 6”, explica el doctor Limache.

Fue entonces que los criollos arrestados por el ataque fueron liberados, con la obligación de presentarse cada viernes en el destacamento de Alto la Sierra. Eso parecía ser todo lo que la comunidad wichi podía esperar de la justicia.

Meses después el doctor Limache recibió a la Niña Wichi Violada. “Tenía malestar estomacal y su madre temía lo peor. Lo confirmamos: estaba embarazada.” Calculó que ya había gestado 20 semanas, por lo cual había excedido el límite autorizado por ley para practicarle un aborto no punible. Se limitó entonces a hacer los controles.

Dos meses más y sucedió lo inesperado: los médicos de la Fundación Cultura Nativa, del cantante folclórico Jorge Rojas, llegaron a la comunidad y se instalaron en la escuela a atender consultas. Hasta allí fue Francisca con su hija.

Hicieron una ecografía (dirá el doctor Limache: “El aparato estaba en el hospital, pero yo no sé usarlo”).

Diagnosticaron un serio riesgo.

Ordenaron una cesárea urgente.

Y difundieron todo lo que la niña wichi había soportado.

Con la noticia instalada en medios nacionales, los tiempos se aceleraron. Un helicóptero trasladó a la niña y a su madre al Hospital Materno Infantil de Salta. Recordará después Francisca con espanto: “Me hicieron ver el feto muerto. Estaba enterito, pero en la boca y en la cabeza tenía un tajo de lado a lado”.

Le repito al doctor Limache la secuencia que acaba de narrar: la sucesión de impotencias, carencias, precariedades estatales. La nada. Le pregunto si ese funcionamiento deficiente no está montado de forma tal de hacer imposible la investigación de una denuncia de violencia sexual. Responde sin dudar: “Exactamente. Y acá no es la única. Hay más casos. Atendí unos 60 partos desde que estoy, muchos de niñas con embarazos sin padre. Mismo si pregunto a las niñas embarazadas quién es el padre no quieren contestar. Hay miedo. Esto es una caja de Pandora: si una habla, todas va a comenzar a hablar. Y ahí se van a dar cuenta de lo que pasa acá”.

Me dice luego que se siente amenazado y que por eso no sale del hospital. “Atiendo y duermo acá hasta que esto se aclare.”

***

En el patio de la escuela primaria están bailando el carnavalito. Allí trabaja Julio Díaz, presidente de la comunidad wichi Choway, docente bilingüe y pastor anglicano. Su mirada apunta hacia arriba. Cuenta cómo escuchó por cadena nacional anunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner que en Alto la Sierra se había construido un polideportivo. “¿Usted lo ve? Acá no hay ninguno. ¿Entonces? Esa plata se mandó, pero quedó en el camino.” También vio llegar hace dos meses a la Municipalidad de Victoria –de la cual depende su comunidad– al presidente Mauricio Macri, acompañado del gobernador Juan Manuel Urtubey y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –ataviada cual Rambo– para anunciar un ambicioso plan de seguridad. El objetivo: la lucha contra el narcotráfico. “¿Y usted qué ve?” Lo que se ve es un disparate: en zona de triple frontera, un policía.

En el patio de la casa de adobe y paja de la Niña Wichi Violada hay ahora una pila de ladrillos y unas chapas. Francisca me dice que los trajeron ayer. No sabe cuál de todos los organismos del Estado salteño descargó así sus culpas cuando quedó en evidencia que la habían abandonado. Tuvo que pasar todo esto, dice, para que le informaran que tenía derecho a la asignación universal –tiene nueve hijos–, y su hija a otra por discapacidad. Tuvo que pasar todo esto, dice, para que le dijeran que su hija padece epilepsia, y le dieran esa medicación que ahora la deja dormir la siesta. Me pide que la vea. La imagen se me pega al cuerpo: una niña, en un catre, chupándose el dedo pulgar mientras sueña.

La Corte Suprema salteña solicitó el juicio político del juez y del fiscal que habían llevado el caso hasta su desparramo en los medios, designó a otro fiscal y ordenó la detención de los criollos. Tres son menores y esperarán el juicio en libertad. Uno está prófugo y otros cuatro están en diferentes lugares de detención. Madres, padres y hermanos de estos criollos están ahora frente a mí, contándome cómo los golpearon en la cárcel. Una menciona que aquel día horroroso su hijo estaba en el trabajo. Otras, que en sus casas. Hasta que comienzan a decir que la niña wichi es, en realidad, una adulta de dudosa conducta. Recién entonces comprendo por qué Francisca me dijo: “Las palabras confunden. Mejor vea”. Y me llevó hasta el catre de su hija.

 

***

A las 2 de la madrugada, en la más oscura nada de Alto la Sierra, tomamos el colectivo que nos devolvió a Tartagal a media mañana. Estamos en la única confitería de la única plaza. Hasta allí llega la abogada defensora de los criollos imputados, Sarah Esper, una tromba que sonríe cuando la presentan como la ahijada artística del folclorista Chaqueño Palavecino. Saluda con un abrazo a los hombres que ocupan la mesa vecina. El que la felicita es concejal. La abogada celebra: “Estás del lado que nos conviene”. Luego compartimos el remise hasta los tribunales. En el camino nos cuenta que va hasta allí a impugnar todo lo dispuesto por el nuevo fiscal. Esto es: realizar una inspección en el lugar de los hechos, tomar declaración a testigos en el lugar porque el traslado es para ellos costoso y atemorizante, hacer las pruebas de Adn del feto y analizar el rastro de semen de la pollera de la niña. ¿Qué significa impugnar todo esto? En principio, intentar que no se recojan estas pruebas no se corresponde con la defensa de gente inocente. Luego describe la situación actual: la abogada ha recorrido los medios para cuestionar a la víctima, sembrando dudas sobre su edad, su conducta sexual y el origen del embarazo. Ese mensaje es el que le valió la felicitación del concejal. Por último, anticipa lo que se viene: un sumario engordado con impugnaciones que demoran el viaje hacia el juicio oral. En tanto, a la casa de la Niña Wichi Violada llegan chapas y ladrillos.

***

En la mesa hay choclo, arroz, pollo y brócoli. Hay también cinco niños y una bebé. Todos pronuncian palabras en tres idiomas: castellano, inglés y wichi. Así es la familia del antropólogo británico John Palmer y la bella wichi Tojweya. Compartimos el almuerzo y el impacto del viaje a Alto la Sierra. “¿Podremos saber lo que realmente pasó?”, nos pregunta Palmer. Algo ya sabemos, digo sin pensar qué puerta abría. Sabemos que esa niña va a tener que enfrentarse con los demonios de toda una sociedad. Tojweya, entonces, comienza a hablar en wichi. John me alerta: “Quiere contarte algo y te pide hacerlo en su idioma para poder expresarlo mejor”.

Monólogo de una mujer wichi: “Quiero contarte la historia de Cordelia. Era mi amiga y amiga de todas. A Cordelia le gustaba deambular a solas por el monte. Le gustaba porque nunca se sentía sola ahí y porque si necesitaba compañía, se ponía dos dedos en la boca para hacer un sonido de pájaro. Y entonces todas la escuchábamos y nos íbamos corriendo al monte con ella. Un día a la comunidad llegaron unos criollos a comprar animales. Estuvieron varios días haciendo el rodeo, porque los animales estaban sueltos y tenían que buscarlos y cargarlos en el camión. Y como pesan mucho, eran varios. En esos días Cordelia desapareció. Todos la buscamos. La encontró su hermano. Le habían atado las manos. Le habían atado las piernas, abiertas. Le habían puesto una camisa en la boca. Y la habían violado. Esos hombres y otros hombres, a los que ellos, poniéndose dos dedos en la boca y chiflando, les avisaban: vengan a violar”.

Y entonces veo.

Veo la imagen de libertad que representa Cordelia caminando sola y gozosa por el monte.

Veo a todas las mujeres que desde la violación sistémica de Cordelias hasta ahora temen andar en soledad.

Veo qué y por qué.

Y así este relato se convierte en esos dos dedos en la boca…

¿Escuchan?

La Niña Wichi Violada nos está llamando.

La niña wichi somos todas.

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