Hace una década que se viene filtrando información sobre el tema, pero el reciente análisis de una serie de correos electrónicos llevó a un grupo de profesionales de la salud y activistas de derechos humanos a elaborar un informe de 61 páginas que es hoy la contundente base de la acusación. “Apa coordinó en secreto con jerarcas de la Cia, la Casa Blanca y el Departamento de Defensa para crear una política ética para los interrogatorios de seguridad nacional que congeniara con el programa de torturas de la Cia entonces vigente”, afirma el documento. La importancia de este programa de la era Bush (2001-2009) era que permitía al Departamento de Justicia argumentar en conversaciones secretas sobre la legalidad del programa y que la tortura no era tortura en tanto era monitoreada por profesionales de la salud, afirma un artículo de James Risen para The New York Times (30-IV-15). El programa de torturas fue oficialmente cancelado y el año pasado el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos lo describió como ineficaz y abusivo. En 2002 la Apa había modificado su código de ética sosteniendo, en esencia, que seguir órdenes era razón suficiente para violar la ley. Particularmente la revelación de las torturas y malos tratos en la prisión de Abu Gjraib, en abril de 2004, pusieron al programa en un cuestionamiento crecientemente público, y en junio 2004 el jefe de la Cia George J Tenet firmó una orden secreta suspendiendo el “programa de técnicas intensas de interrogación” y pidiendo una revisión de la política que le asegurara el apoyo de Bush. Lograda ésta, la Apa seleccionó en reserva a un grupo de psicólogos y científicos del comportamiento humano, y al año siguiente emitió directrices que reafirmaban la participación de profesionales en las sesiones de “interrogatorios intensos”.
En 2006 un jerarca del Pentágono declaró preferir la participación de psicólogos a la de psiquiatras en “las tareas” de Guantánamo, por ser más afines a la política militar. El año anterior, tres contratistas de la Cia, entre ellos un ex obispo mormón, desarrollaron, practicaron y enseñaron diversos métodos de torturas, por lo que cobraron 81 millones de dólares. Un correo electrónico de los muchos de un científico del comportamiento fallecido de muerte natural en 2008, y ahora hecho público, agradece a la Apa por la formación del cuerpo de psicólogos que en 2005 inició tareas con ellos. El texto, que describía la labor de los contratistas, era elíptico: “hacen cosas especiales a gente especial en lugares especiales”.
Ahora la Apa niega todo el asunto a través de su vocera Rhea Farberman, pero no alcanza. La directiva de la asociación acaba de nombrar a un ex fiscal general de Chicago, David Hoffman, para que conduzca una investigación independiente.
Esta no es la primera vez que hay aportes de la psicología académica de Estados Unidos a la tortura. Este autor visitó en 1980 el lugar donde el sandinismo tenía alojados a los “chigüines de Somoza”, un cuerpo que respondía al hijo del último de los tres Somoza sucesivos que ejercieron la dictadura en Nicaragua, Anastasio Somoza Portocarrero, alias el “Chigüín”.
Estos niños habían sido entrenados según el método desarrollado por psicólogos de la Universidad de Texas. Niños en la preadolescencia eran encerrados con un gatito durante una semana y no tenían más para hacer que jugar con él y encariñarse. Luego se les daba una munición de Galil, un fusil israelí calibre 7.62 con su bala de metal terminada en punta, y se los obligaba a sacarle los ojos a su gatito. Esto quebraba el sistema afectivo del niño, el cual se transformaba así en un torturador sin restricción moral alguna. Los visité en la granja donde el sandinismo los tenía mientras buscaba un sistema terapéutico adecuado. Parecían zombies. Me miraban pero tenían dificultades enormes para responder preguntas sencillas.
Errata
Pedimos disculpas a los lectores y a todos quienes se han sentido perjudicados por un error que cometimos en esta nota. El error consistió en confundir a la Asociación Psicoanalítica de Estados Unidos (con la sigla APsaA) con la Asociación Estadounidense de Psicología (con la sigla APA) que es quien enfrenta las denuncias consignadas en la nota.
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