El periodo de gobierno que presidió José Pepe Mujica y del cual tuve el enorme gusto de ser parte, tanto en el Ministerio de Salud Pública como en Ministerio de Desarrollo Social, generó transformaciones estructurales en varias áreas de la economía y la sociedad. Me voy a referir en esta nota a tres de ellas: una en lo social, una en lo económico y una en los derechos ciudadanos.
1. La caída de la desigualdad
En este periodo ocurrió la mayor baja de la pobreza y de la desigualdad en la historia reciente del país. Haber bajado ambas al mismo tiempo y en magnitudes relevantes no es sencillo de hacer. Requiere cambios en profundidad para actuar sobre ambas dimensiones.
El cuadro 1 nos muestra la reducción (o aumento) de pobreza y desigualdad en los periodos de gobierno desde 1990. Se utiliza como indicador el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza, con la metodología de 2006. El índice de Gini, en tanto, es el indicador de desigualdad (cuanto más se acerca a 0, más igualitaria es la sociedad).
Mientras que en los noventa nunca bajó la desigualdad (a pesar de la baja de la pobreza significativa entre 1990 y 1994), durante los gobiernos del Frente Amplio (FA) la mayor baja de pobreza fue en el periodo 2010 a 2014. Y el diferencial es que ocurrió junto con una baja sustantiva de la desigualdad en valores históricos.
¿Qué lo explica? Por un lado, reformas que comenzaron a aplicarse desde 2008, como la tributaria –en especial la sustitución del impuesto a los sueldos por un impuesto integral y progresional a las rentas de las personas–, la de la salud y el nuevo sistema de asignaciones familiares, que incluyó a sectores no formales de menores ingresos.
Pero quiero concentrarme en un cuarto factor, claramente relevante, que fue la política salarial. De 2005 a 2009 el salario real había recuperado su valor para todos los trabajadores. Sin embargo, ello no actuó sobre la desigualdad de la estructura salarial. En 2010, el PIT-CNT elaboró un documento sobre los salarios más sumergidos a los que llamó diezmilpesistas. Y en ese marco, en la cuarta y quinta ronda de consejos de salarios (2011 y 2013) se decidió implementar un incremento diferencial y potente sobre los salarios sumergidos. En un país con 75 por ciento de la población activa asalariada, eso impactó en las cifras de desigualdad. Cuatro ejemplos de aumentos de salarios sumergidos muy por encima de la inflación se ilustran en el cuadro 2.
2. El aumento de la inversión pública
La inversión pública es un factor central del desarrollo económico. Lo es en el área social y lo es en el área productiva
de las empresas públicas. El cuadro 3 nos muestra el aumento de la inversión pública en esos dos terrenos.
Es notorio el salto en inversión pública de 2010 a 2014, tanto hacia atrás como hacia adelante. Se destacan, en especial, educación y vivienda en el gobierno central, y Antel, UTE y el puerto con relación a las empresas públicas. El aumento de la infraestructura educativa, la ampliación de la construcción de viviendas, el cambio en la matriz energética, las expansiones de la fibra óptica son, entre otros, los proyectos estructurales que lo explican y que muestran el aporte de lo público al desarrollo del país.
3. La expansión de los derechos
En 2008 se había aprobado la ley de salud sexual y reproductiva; sin embargo, había quedado pendiente el tema de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando asumí como ministro de Salud, acordamos con Mujica que era un tema que había que impulsar desde el arranque, y llegamos, más tarde, a la ley 18.987. Las evaluaciones de la ley muestran lo acertado de ese paso, tanto en lo sanitario como en relación con los derechos de las mujeres.
El matrimonio igualitario también era una vieja aspiración de los movimientos sociales. Tomamos ese tema con fuerza y acompañamos con la ley 19.075 la larga lucha de la sociedad civil. En esa misma lógica, la regulación del cannabis era una aspiración de organizaciones sociales y también de sectores y legisladores del FA. En el marco de la estrategia de vida y convivencia, decidimos poner en marcha esta iniciativa. Entendimos –y la segunda evaluación de la ley de reciente publicación lo confirma– que era necesario garantizar este derecho y que su desarrollo implicaría un golpe al mercado del narcotráfico.
Finalmente, en esta breve reseña quisiera mencionar el decreto que puso en marcha el programa de asistentes personales para personas con discapacidad severa –que luego se integraría al Sistema de Cuidados–, que permitió financiar, para familias con integrantes con discapacidad severa, un cuidador o cuidadora, lo que redujo la carga de cuidados, en particular de mujeres, y mejoró la calidad de vida de esas familias.
Desde las aspiraciones legítimas y las luchas de la sociedad, tomamos el desafío y dimos fuerza legal a estos y otros temas.
