El alto al fuego del 20 de mayo entre las Fuerzas de Defensa israelíes y Hamás está lejos de haber significado la llegada de la calma y la seguridad para los ciudadanos palestinos de Israel y los residentes palestinos de la Jerusalén Este ocupada. Al momento de escribirse estas líneas, el gobierno de ese país se encontraba abocado a una operación «de ley y orden», destinada, según el comisionado policial Kobi Shabtai, a «poner a disposición de la Justicia a aquellos implicados en los disturbios, actos de violencia y crímenes» cometidos en las últimas semanas en las llamadas «ciudades mixtas» de Israel.
Las cifras oficiales reportan unos 1.892 detenidos en Israel y Jerusalén desde el 9 de mayo, más del 90 por ciento de ellos palestinos, según se divulgó este jueves 27 en una sesión de la Comisión Especial del Parlamento israelí para Asuntos de la Comunidad Árabe. Ante todo, el Ministerio Público sigue una «política de igualdad», aclaró Galit Shoham, representante del fiscal general ante la Comisión, antes de precisar que este ya lleva procesadas a 263 personas y que entre ellas también hay judíos: unos 30.
No han estado exentas de violencia ni de brutalidad algunas protestas palestinas. Aunque muchas de ellas fueron pacíficas, también hubo de las otras: en Lod, una multitud apedreó el auto de Yigal Yehoshua, un israelí judío de 56 años, con él en su interior. Con uno de los ladrillos lanzados, le golpearon la cabeza y lo mataron. Sin embargo, la desproporción en las cifras de arrestos y procesamientos (y en las de muertos y heridos) apunta a una inequidad estructural en la relación entre el Estado y sus ciudadanos: Amnistía Internacional ha sostenido que durante la reciente ola de protestas «los palestinos en Israel han sido atacados y sus derechos a la protesta pacífica denegados, mientras se ha permitido a grupos de derecha judío-israelíes atacar con impunidad a los palestinos y sus propiedades». En la misma línea varias organizaciones locales de derechos humanos, entre ellas el Centro Legal por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel-Adalah, advirtieron que «las fuerzas de seguridad de Israel hacen la vista gorda con los grupos milicianos racistas que patrullan las calles y atacan palestinos».
Se refieren a los diversos grupos de ultraderecha que proliferaron por estos días en Israel, como el que disparó y mató a Musa Hassuna, en Lod (véase en este número «Ocupación adentro») o el que arrancó de su auto a un vecino palestino de un suburbio de Tel Aviv que fue linchado en vivo frente a las cámaras de la televisión. Pocos días después, la propia Policía israelí mató a Mohammed Kiwan, de 17 años, en la ciudad de Umm al Fahm. La situación es mucho peor allí donde los palestinos ni siquiera son ciudadanos sino súbditos de la ocupación militar, como en Cisjordania: en las últimas semanas, al menos 20 fueron asesinados en ese territorio por las fuerzas israelíes regulares por participar en protestas pacíficas, las que están prohibidas bajo la ocupación.
Enfrentados al fin de la «convivencia» en las llamadas ciudades mixtas, el oficialismo israelí y miembros de la oposición de derecha han puesto énfasis en que la supuesta posesión masiva de armas ilegales por ciudadanos palestinos sería una de las claves de la crisis. Según la ex ministra de Educación y actual diputada del partido Yamina, Ayelet Shaked, «medidas extremas como el allanamiento de hogares» deben ser puestas en práctica de inmediato, ya que «el diálogo y las campañas de información no funcionan» con las comunidades árabes, donde las armas «son un símbolo de status» (Haaretz, 26-V-21). Hasta el momento, sin embargo, no se han reportado muertos en los episodios de este mes por disparos de armas de fuego efectuados por ciudadanos palestinos.
Mientras tanto, las autoridades han fustigado al comisionado Shabtai por osar decir que en la violencia desatada en Ramla y Lod hubo «terroristas en los dos lados». Para el jefe de Shabtai, el ministro de Seguridad Pública Amir Ohana, esas son «palabras indignantes del comisionado que jamás debieron ser pronunciadas». Para el ministro está claro: los terroristas son solo aquellos que son árabes, «árabes que atacaron judíos, policías y sinagogas». «No existe equivalencia moral y nunca la existirá», insistió Ohana (The Times of Israel, 19-V-21), en referencia a los grupos judíos que han atacado a habitantes palestinos.
Al tiempo que en Israel arrecian los arrestos de ciudadanos árabes, también la llamada Autoridad Palestina, encabezada por Mahmud Abbas, se ha dedicado a perseguir -en la reducida área de Cisjordania que administra bajo supervisión israelí- a aquellos que vienen protestando por los desplazamientos forzados en Jerusalén y los bombardeos en Gaza. Según la ONG Lawyers for Justice, al menos unas 14 personas habían sido arrestadas hasta este miércoles 26 por la Policía de la Autoridad Palestina por manifestarse en las calles o en redes sociales en solidaridad con sus compatriotas en los demás territorios.
El voto en la ONU
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se reunió este jueves 27 para discutir si debe o no realizarse una investigación acerca de la comisión de crímenes de guerra en Gaza durante la conflagración de este mes, que dejó 248 muertos en ese enclave palestino y 12 en territorio israelí, así como de abusos en Cisjordania, Jerusalén e Israel. Previamente, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había afirmado que los cohetes lanzados por Hamás contra Israel «violaron claramente el derecho internacional» y que los bombardeos israelíes en Gaza «podrían constituir crímenes de guerra».
El Consejo debatió una moción para crear una Comisión de Investigación permanente que monitoree e informe sobre violaciones de derechos humanos en Israel, Gaza, la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este. De acuerdo al texto, el objetivo es establecer de forma fidedigna los hechos ocurridos y reunir pruebas para eventuales procesos legales, que permitan identificar a todos los perpetradores y garantizar que estos rindan cuentas. Israel ya anunció que no cooperará con la investigación, a la que su primer ministro llamó «una farsa».
La moción fue aprobada con el voto a favor de 24 países y la abstención de 14, entre ellos Brasil. Quienes votaron en contra de comenzar una investigación fueron Reino Unido, Islas Marshall, Austria, Camerún, Bulgaria, República Checa, Alemania, Malaui y Uruguay.
