Los tres principales partidos de oposición hicieron realidad en enero la articulación de una alianza electoral para poner un alto a lo que consideran un «proceso de degradación nacional», provocado por dos años de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La coalición se registró bajo el nombre Va por México y está compuesta por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
Luego de sufrir una derrota abrumadora en las presidenciales de 2018, la mira de esta coalición está puesta en socavar el liderazgo de López Obrador haciéndose con el control del Congreso. Sin embargo, aun cuando han tendido lazos con líderes empresariales y organizaciones civiles para presentarse con «propuestas renovadas», su descrédito a nivel popular les ha impedido hacerle sombra al oficialismo en las encuestas. De todas maneras, calientan los motores para las elecciones legislativas del 6 de junio, en las que planean enderezar el rumbo que ha tomado el país desde diciembre de 2018. En lo discursivo, el PRI, el PAN y el PRD han puesto el foco en la gestión de gobierno, que consideran «pésima» y aseguran que representan una «alternativa» frente a la «crisis» causada por el inquilino del Palacio Nacional.
Los spots de televisión de estos tres partidos resaltan los «errores» cometidos por el gobierno en tres frentes: la pandemia de la covid-19, la recuperación de la economía y el combate de la inseguridad y la violencia. En estas circunstancias sería peligroso, insisten, continuar con un gobierno de la Cuarta Transformación –tal como ha llamado el mandatario a su proyecto político– apoyado en mayorías parlamentarias. De ahí la necesidad de poner un límite al poder presidencial a través de una «alianza ciudadana» que lo mismo convocaría a ciudadanos de a pie, intelectuales y empresarios que a partidos políticos. De lo que se trata es de evitar la consolidación de «un proyecto autoritario y autocrático que descansa en la voluntad de una sola persona», dijo recientemente a la prensa Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD.
APOYOS EMPRESARIALES
La alianza entre los tres partidos ha sido bien recibida por los liderazgos empresariales inconformes con el gobierno. Es el caso de, por ejemplo, Gustavo de Hoyos Walther, quien hasta el 31 de diciembre fungiera como presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex, cámara patronal que aglutina a empresarios de todos los sectores). Es también el caso de Claudio X. González Guajardo, quien, además de ser cofundador de Fundación Televisa –el área filantrópica del poderoso oligopolio mediático Grupo Televisa– y de asociaciones civiles como Mexicanos Primero, Bécalos y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es hijo de Claudio X. González Laporte, presidente del consejo de administración de la transnacional estadounidense Kimberly-Clark en México y asesor del expresidente priista Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
Es de destacar el papel que ha jugado la mencionada asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en lo mediático. Se trata de una ONG fundada en 2015 e integrada por académicos y periodistas de investigación que han sacado a la luz varios reportajes sobre supuestos casos de corrupción en la administración pública. Si bien los trabajos de investigación de este grupo de periodistas han sido desmentidos por el gobierno en varias ocasiones, se les ha dado, no obstante, una amplia difusión en los principales diarios de circulación nacional.
Dados el alto nivel de descrédito popular del PRI (que gobernó México por 71 años consecutivos hasta 2000 y, luego, entre 2012 y 2018), el PAN (que hizo lo propio bajo el liderazgo de Vicente Fox y Felipe Calderón entre 2000 y 2012) y el PRD (que desde su fundación, hace 32 años, ha gobernado en una docena de Estados), y los centenares de denuncias de corrupción contra sus dirigentes, ha sido clave la confluencia de organizaciones de la sociedad civil y líderes empresariales para perfilar la nueva alianza opositora. Apoyada en las estructuras partidistas para participar en el proceso electoral, se presenta ante la opinión pública, sin embargo, como una organización que está por encima de los intereses de grupo, en referencia a los propios partidos que forman su núcleo.
Por eso es que, en un primer momento, meses antes de realizarse el registro de la coalición Va por México ante la autoridad electoral, tanto De Hoyos Walther como González Guajardo trabajaron en la conformación de otra agrupación opositora sin vinculación directa con los tres partidos políticos: Sí por México. Esa agrupación, que asegura contar con el apoyo de más de 100 organizaciones de la sociedad civil, se asumió a través de una misiva pública como la representante de «una gran comunidad de personas» que creen que «otro México sí es posible» y están «convencidas de que la participación ciudadana es el mejor camino para lograr el cambio que el país lleva buscando desde hace décadas».
«No queremos regresar a lo de antes, pero tampoco podemos quedarnos como estamos. La ciudadanía debe tomar en sus manos el futuro de México», se lee en un comunicado de prensa de Sí por México publicado el 8 de octubre, en respuesta a las declaraciones de AMLO sobre el surgimiento de nuevos grupos de oposición. Pero el distanciamiento de esta agrupación respecto a la denominada clase política no duró mucho tiempo. Aunque Sí por México se presentó en un principio como una organización sin inclinaciones partidistas, a finales del año pasado sus promotores anunciaron su respaldo a Va por México de cara a la contienda electoral de junio.
LAS PROPUESTAS
Aunque la campaña electoral todavía no arrancó de manera oficial, ya se dejan ver algunas de las propuestas programáticas. El 27 de enero Va por México presentó una conferencia bajo el título «Van diez soluciones por México», en la que participaron los líderes nacionales de los tres partidos que la integran. Los planteamientos fueron: «Restituir la democracia, recuperar la seguridad, desterrar la corrupción, una economía inclusiva con oportunidades para todos, rescatar del olvido a los trabajadores del campo, justicia social apoyando a la población pobre y vulnerable, salud con dignidad para todas y todos, educación de calidez para la niñez y la juventud, igualdad sustantiva de género y prevención de la discriminación, protección y aprovechamiento responsable del medioambiente». En los medios de comunicación afines, sin embargo, estos diez lineamientos se han visto reducidos a críticas al gobierno de AMLO en los tres frentes mencionados al comienzo.
El primero de ellos es la estrategia oficial para enfrentar la pandemia, que, de acuerdo con la alianza tripartita, fue tardía y no promovió a tiempo las medidas de restricción necesarias, omisiones que los opositores consideran causantes de números récords de contagios y fallecimientos. El segundo frente es la recuperación de la economía. En este punto, las críticas versan en torno a la falta de voluntad política del gobierno para apoyar de forma contundente a las pequeñas y las medianas empresas, responsables de crear la mayor parte de los empleos formales mexicanos. El apoyo otorgado hasta el momento, sostienen, ha sido insuficiente. En este sentido, el año pasado De Hoyos Walther propuso, a título de la Coparmex, la adquisición de deuda con vistas a incrementar el gasto público, así como el establecimiento de un «salario solidario»: un esquema de apoyo en el que el gobierno federal asumiría parte de la remuneración de los trabajadores de las pequeñas y las medianas empresas. Ambas opciones han sido descartadas por el presidente. El tercer frente es el relacionado con la inseguridad y la violencia. Los datos revelan que no ha habido una importante reducción del número de homicidios registrados. De acuerdo a la oposición, esto refleja una «estrategia fallida» del gobierno, a pesar de que desde el año pasado, por iniciativa del oficialismo, las Fuerzas Armadas están facultadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública, algo a lo que Va por México no se opone, más allá de sus críticas sobre aspectos formales de la implementación de la medida.
Algunas críticas secundarias de la coalición versan sobre la «falta de racionalidad económica» del mandatario y su equipo, que, al tiempo que deciden invertir en la construcción de lo que serían elefantes blancos –como la megarrefinería de Dos Bocas y el Tren Maya–, «despilfarran» millones de dólares al cancelar obras de «clase mundial», como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, localizado en Texcoco (véase sobre estos proyectos «En malos términos», Brecha, 26-VI-19). Otras apuntan al carácter «autoritario», «dictatorial» e «intolerante» que tendría el presidente, una idea que ya estaba presente entre los líderes de estos partidos, incluso antes del triunfo electoral de AMLO (véase «De la esperanza y la AMLOfobia», Brecha, 28-VI-18). Los promotores de la alianza tripartita destacan los encontronazos continuos entre el mandatario y varios medios de comunicación durante sus diarias conferencias de prensa, su «discurso de odio» cada vez que se refiere a los partidos de oposición como parte de la «mafia del poder» y las reformas constitucionales aprobadas durante su gestión.
PRIAN, PACTO POR MÉXICO, VA POR MÉXICO
Si bien es la primera vez que estos tres partidos van juntos en una elección nacional, desde principios de la década del 80 la orientación ideológica del PRI converge en muchos sentidos con la del PAN, partido conservador por antonomasia. Fue en esa década cuando comenzaron a aplicarse políticas de orientación neoliberal (desregulaciones, privatizaciones, disminución del gasto público, etcétera), a raíz de la crisis de la deuda de 1982, con Miguel de la Madrid en la presidencia de la república. Desde entonces, el PRI y el PAN se han venido apoyando mutuamente para sacar adelante la agenda legislativa del gobierno en turno. Desde 1982 hasta 2000, el PRI contó con el apoyo de los legisladores del PAN para aprobar año a año el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como diversas reformas de la Constitución. De la misma manera, durante los gobiernos de Fox y Calderón, los diputados y senadores del PRI votaron a favor la mayoría de los dictámenes presentados por el partido blanquiazul.
Antes del triunfo de Fox en 2000, López Obrador, quien en ese entonces era presidente nacional del PRD, denunció la existencia de lo que denominó PRIAN, una alianza de facto entre el PRI y el PAN. El político tabasqueño acusó a ambos partidos de «representar lo mismo», pues, a su juicio, defendían «los mismos intereses». Así lo hizo notar, por ejemplo, cuando ambos partidos avalaron la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, un fondo de contingencia creado en la década del 90, cuyo principal objetivo era, de acuerdo con López Obrador, «convertir deudas privadas en deuda pública». AMLO insistía en que, si bien ambos partidos aparentaban competir entre sí en las elecciones estatales y locales, en realidad, esto era una simulación: «Cuando se trata de lo mero principal, se ponen de acuerdo arriba, son lo mismo».
En 2006, cuando disputó por primera vez la presidencia, el ahora mandatario no solamente denunció un fraude electoral en su contra, sino que, además, aseguró que el PRI y el PAN habían cerrado filas para impedir su victoria. Llama la atención que Roberto Madrazo, en ese entonces candidato priista a la presidencia, haya respaldado la posición del PAN de rechazar la propuesta de López Obrador de volver a contar «voto por voto, casilla por casilla», para transparentar la elección. Doce años después, sin embargo, Madrazo admitió en una entrevista de radio que los resultados podrían haber sido diferentes en el caso de que la autoridad electoral hubiera aceptado llevar a cabo el recuento de los votos. «Si el IFE [Instituto Federal Electoral] hubiera tomado la decisión de hacer el recuento como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía ser un recuento favorable para López Obrador, pero esa no era mi lucha», declaró en octubre de 2018.
No era la primera vez que el PRI y el PAN se aliaban para validar una elección cuestionada por la oposición. Lo hicieron también con la elección de 1988, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México de 1934 a 1940) aseguró que Carlos Salinas de Gortari había sido impuesto en la presidencia mediante un fraude. Diego Fernández de Cevallos, en ese entonces diputado federal por el PAN, se pronunció a favor de que se destruyeran los paquetes electorales ante las movilizaciones que reclamaban el triunfo del candidato de las izquierdas.
Por su parte, el PRD, un partido que nació como una organización política de izquierda, tras la asunción de Enrique Peña Nieto en 2012 se adhirió al denominado Pacto por México, una serie de compromisos orientados a dar gobernabilidad a la presidencia del político priista. López Obrador, quien había sido fundador del PRD y su candidato presidencial en varias ocasiones, abandonó sus filas en 2012 para dedicarse de lleno a promover el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), organización que lo llevó finalmente a la presidencia, en 2018. Cabe destacar que, en ese año, contraviniendo los principios que le dieron origen como partido de izquierdas, el PRD estableció una alianza electoral con el PAN para impulsar la candidatura presidencial del derechista Ricardo Anaya.
ACOTAR A AMLO A COMO DÉ LUGAR
De un total de 300 distritos electorales, el PRI, el PAN y el PRD van en alianza en 171, mientras que, de las 15 gubernaturas en juego, registrarán candidaturas comunes en diez. La alianza electoral entre estos tres partidos surge en un contexto en el que la popularidad del mandatario mexicano se mantiene en guarismos relativamente buenos tras 26 meses de gobierno y en plena crisis sanitaria y económica. Aun en medio de esta contingencia, la mayoría de las casas encuestadoras ubica la popularidad del presidente mexicano por encima de un 50 por ciento. Otras, incluso, le dan más de un 60 por ciento. Es un alto nivel de popularidad si se lo compara con el de otros mandatarios de América Latina y el Caribe en plena catástrofe sanitaria de alcance global, con efectos sociales y económicos devastadores.
Resta ver si finalmente ese alto nivel de aprobación conseguirá traducirse en una avalancha de votos para Morena en junio. Hasta el momento, sin embargo, todo apunta a que la mayoría de los mexicanos prefiere dar más tiempo a que el presidente cumpla con la transformación prometida que dar un voto de confianza a los partidos del viejo régimen.
