La familia monoparental, la madre con un vestido ondeado, la casita dibujada con palos en el fondo, el niño aferrado a la mano maternal. Un hombre con un casco azul y un arma a un costado, lejos y separado por una línea que simboliza un océano de distancia. Detalles más, detalles menos, esa escena han dibujado muchos niños hijos de soldados de misiones de paz de la ONU en investigaciones dedicadas a estudiar el fenómeno. Uruguay, que desde hace décadas nutre las misiones con personal militar, tiene un papel protagónico en esas investigaciones.
«Mi padre abandonó a mi madre cuando estaba embarazada, y mi madre me dio a luz cuando él ya se había ido. Ahora no hablo con él. Me duele ver pasar a los agentes de la Monusco [Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (RDC)], porque los demás niños tienen a sus padres, pero yo no tengo al mío. La gente me llama “hija de zorra”. Cuando lo hacen me siento dolida y shockeada. Siento que pertenezco a este lugar, pero la gente habla mucho. Dicen que me perseguirán porque soy una extranjera. Me gustaría decirle [a mi padre] que piense en mí dondequiera que esté. Necesita saber que me abandonó en la República Democrática del Congo. Estoy sufriendo. Él debería saber que no tengo familia. Si mi madre muere, ¿quién me criará?» El testimonio es de Mado, una niña de entre 10 y 15 años, e integra la publicación «Nacidos entre la guerra y la paz: situando a los hijos de soldados de misiones de paz en una investigación sobre niños nacidos de la guerra», de 2022.1 El padre de Mado (nombre ficticio) fue un militar uruguayo que sirvió en las misiones de paz en el Congo y se fue antes de que ella naciera.
Es uno en más de un centenar de casos recabados por las autoras de la investigación. O uno entre las seis denuncias –solo una comprobada– que contabiliza a nivel oficial el Ministerio de Defensa Nacional (MDN). O uno entre las 11 denuncias recibidas por la ONU sobre paternidades de uruguayos en la Monusco. O es, quizás, uno de los casos nunca denunciados, como el de Luna Echegoyen.
LUNA
«Metí la pata, esta vez en grande», dijo el entonces teniente coronel José María Echegoyen a su hermana Lourdes, por teléfono. Ella recuerda nítidamente ese momento, le cuenta a Brecha. Al escucharlo, respiró profundo, se acomodó el yeso que tenía en ese momento y preguntó por qué. «En la misión en la que estoy me hicieron test de ADN, tengo una hija acá», respondió el militar.
Luna, su hija, había nacido en Uganda en 2012. Uganda tiene 765 quilómetros de frontera con el Congo. Desde 2010 cuenta con una sede de la ONU, el Centro de Servicios Regional de Entebbe, que brinda servicios logísticos y administrativos a 16 misiones en el continente africano, según su sitio web. En el aeropuerto de Entebbe suelen aterrizar los contingentes militares uruguayos que se dirigen a la misión en el Congo. En la misma ciudad situada sobre el lago Victoria toman cursos y capacitaciones que pueden llegar a durar al menos una semana, de acuerdo a las publicaciones en redes sociales del Ejército uruguayo. La ciudad también está entre las zonas autorizadas para los descansos obligatorios de los soldados, conocidos como rest and recuperation (R&R). Uganda también cuenta con los llamados campos de tránsito para refugiados de zonas de conflicto regionales como la RDC, Ruanda y Sudán del Sur.
«El coronel pudo estar de vacaciones en Uganda, donde mantuvo relaciones con la civil. A pesar de que por el régimen de tolerancia cero esté prohibido tener relaciones con civiles, siempre existe cierta impunidad entre los soldados», valoró el politólogo especializado en temas de defensa Julián González Guyer respecto a la relación de la que nació Luna. Ese régimen de tolerancia cero está en las medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexuales dictadas por el secretario general de la ONU en 2003. Allí se establece, entre otras normas de conducta, que «las relaciones sexuales entre funcionarios de las Naciones Unidas y los beneficiarios de asistencia, habida cuenta de que se basan en una dinámica de poder inherentemente desigual, socavan la credibilidad e integridad de la labor de las Naciones Unidas, por lo que están firmemente desaconsejadas». Pero las circunstancias precisas en que tuvo lugar la relación de la que nació Luna, el lugar o la edad de su madre no se conocen. Echegoyen no se las contó a su hermana Lourdes cuando le dio la noticia. Brecha solicitó al MDN mediante un pedido de acceso a la información pública el expediente por el que se tramitó el reconocimiento de la paternidad de la niña. El ministerio entendió que correspondía ampararse en el artículo 9 literal D de la ley de acceso, que permite declarar reservada la información que pueda «poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona». «La información solicitada refiere a cuestiones de índole personal del fallecido y de su fallecida hija», su divulgación «tiene incidencia en la esfera dispositiva de otras personas» y «podría vulnerar el derecho» a su privacidad, resolvió el MDN, en una resolución firmada por la ministra Sandra Lazo.
El semanario también solicitó información sobre las actividades de Echegoyen en la Monusco desde 2012 hasta su retiro. El ministerio también las declaró bajo reserva, refiriéndolas como «datos de carácter personal» del militar. Sin embargo, en resoluciones públicas que se pueden rastrear en la web consta que Echegoyen volvió a la misión en el Congo dos veces luego de haber tenido a Luna: como observador militar entre el 29 de mayo de 2015 y el 30 de junio de 2016, y como oficial de Estado Mayor de la ONU entre el 1 de agosto de 2018 y el 1 de agosto de 2020. Ambas resoluciones tienen la firma del expresidente Tabaré Vázquez y del exministro de Defensa Jorge Menéndez. En junio de 2019, el Parlamento votó su venia para que ascendiera a coronel y, el 22 de abril de 2020, el entonces ministro de Defensa Javier García firmó su designación como subjefe del Centro Coordinador de Misiones de Paz del Ejército, a propuesta del Comando General del Ejército. Los jerarcas de turno tenían elementos muy evidentes para saber de su paternidad: Luna había venido a vivir a Uruguay con Echegoyen y su familia en 2015. Sin embargo, en una ampliación de la respuesta al pedido de acceso del semanario, el ministerio comunicó que el caso de Luna «nunca llegó a la órbita del Sistema Nacional de Apoyo a las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz» o Sinomapa, porque para ello debió «existir una denuncia previa de la víctima ante Naciones Unidas, la cual no sucedió».
Un reportaje de este mismo semanario informaba, en 2022, de las paternidades de cascos azules uruguayos en Haití. Allí, distintas fuentes circunscribían estos «errores» principalmente a la tropa, con menor formación (véase «Tolerancias devaluadas», Brecha, 4-II-22). Pero el caso de José Echegoyen es distinto: se trata de un oficial. A diferencia de los arrestos a rigor y las prohibiciones de volver a las misiones aplicados a soldados que tuvieron hijos en la isla caribeña, Echegoyen tuvo en el Ejército una carrera ascendente hasta que en 2022 pasó a retiro.
LUNA EN URUGUAY
El retiro de Echegoyen empeoró el relacionamiento con su hija, que ya no era bueno. Durante un viaje a Salto, el militar intentó ahorcarla. «Ya había intentado matarla con el cinturón del auto, y no sé cómo, pero la niña pudo escapar, pudo salir y pedir ayuda», recordó Lourdes, la tía de Luna, en diálogo con el semanario. La niña pasó transitoriamente por un centro del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en Salto, relató la tía, y luego terminó en el Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar Panambí del INAU, en Maldonado (donde vivía la familia), por las reiteradas situaciones de violencia. Cuando Lourdes se percató de que su sobrina estaba en ese hogar, realizó los trámites correspondientes para acceder a su tenencia. Recuerda que los funcionarios del INAU estuvieron en su casa, conocieron a su esposo y a su hija de 21 años. También recuerda el tiempo que pasó junto con Luna, su canto y su forma de bailar, su alegría y sus ocurrencias. «Ella me decía que iba a hacer dinero con videítos de YouTube, que iba a ir a conocer a su madre biológica y me iba a llevar con ella. Se reía y me decía
que lo iba a hacer, mientras hacía gestos con sus manos.»
Luego Echegoyen y su esposa quisieron recuperar la tenencia de Luna. La Justicia falló a su favor. Pero entre diciembre del 2024 y mayo del 2025 al excoronel se le aplicaron medidas cautelares hacia la niña, que insistía en mantener el vínculo –en grupo y bajo supervisión– con su padre.
De mayo a junio del 2025 se dio una prórroga de estas medidas, para esperar al 24 de agosto el informe de seguimiento que decidiría el resto. Pero todo pasó antes de ese 24; el INAU decidió el 19 de agosto elevar un informe, en el que explicó que se incumplían las medidas cautelares y solicitó una pericia psicológica y psiquiátrica del excoronel.
De acuerdo a la radio Cadena del Mar, de Maldonado, Echegoyen fue a una sede del INAU ese 19 de agosto, donde una funcionaria le explicó la evaluación del instituto. Él se descompuso delante de las puertas del INAU y se dirigió a donde Luna.
Luego, pasó.
Luna vio a su padre en un centro de salud, donde estaba por una consulta de fonoaudiología. Le dijo que, para irse, iba a esperar por su «madre de corazón». Echegoyen salió y volvió a entrar armado. Sonaron los disparos. Luna cayó sin vida en ese mismo momento. Luego él se disparó en la cabeza y murió pocas horas después en el hospital. El pasado miércoles se cumplió un año del filicidio.
- Kirstin Wagner, Heather Tasker, Luissa Vahedi, Susan A. Bartels y Sabine Lee, «Born between war and peace: Situating peacekeeper-fathered children in research on children born of war», Frontiers in Political Science, 2022. ↩︎
Investigaciones internacionales estiman en 130 los hijos de cascos azules uruguayos en el Congo
Subregistros
Luego de la muerte de Luna, Brecha solicitó mediante un pedido de acceso a la información pública a la cancillería y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) la cantidad de pruebas de paternidad positivas y de pensiones alimenticias de cascos azules uruguayos en la misión de paz en el Congo en los últimos 15 años, es decir entre 2010 y 2025. El 28 de octubre de 2025 el MDN respondió que hubo cuatro pruebas de paternidad de exintegrantes de la Monusco, ninguna con resultado positivo, y dijo que no hubo ninguna pensión alimenticia destinada a hijos de uruguayos. La cancillería también respondió que no hay paternidades comprobadas y expresó no tener datos de pensiones alimenticias.
Sin embargo, tras una solicitud de ampliación de la información, el MDN informó que «a la fecha 14 de abril de 2026 la cantidad de casos denunciados/investigados es de seis efectivos, la cantidad de casos comprobados y confirmados es de uno».
En el Peace and Security Data Hub de la ONU figuran 13 denuncias contra uruguayos de la Monusco por infracciones de índole sexual (algunas anteriores a 2010, pero denunciadas luego de ese año). Seis se refieren a violaciones; seis, a relaciones sexuales transaccionales, y una, a explotación sexual. Once incluyeron reclamos por paternidad. De ese total de 13, siete denuncias fueron archivadas por falta de pruebas (la referida a explotación sexual no encontró evidencias de ese delito, pero sí «otras inconductas»). Cinco de las investigaciones figuran como pendientes de resolución y en una se comprobó la relación sexual transaccional: el resultado fue que el militar fue repatriado y, en Uruguay, enviado a la cárcel (siempre de acuerdo a la información de ONU). El episodio denunciado tuvo lugar en diciembre de 2024. La información de Naciones Unidas no aclara qué sucedió con los reclamos por paternidades.
«No presto demasiada atención a las cifras oficiales de la ONU, al número oficial de denuncias, porque hay una subestimación muy grande y grosera respecto de lo que creemos que realmente está sucediendo», dijo a este semanario Susan Bartles, investigadora de Queen’s University de Canadá y de la organización Peacekeeper Perpetrated Sexual Exploitation and Abuse y coautora de varios trabajos. Entre ellos, el que recabó el testimonio de Mado. «Para nuestra investigación recabamos 1.818 relatos de ciudadanos congoleños y se mencionó a Uruguay 200 veces como la nacionalidad del miembro de las fuerzas de paz involucrado en los casos de abuso y explotación sexual, lo que creo que representa alrededor del 11 por ciento de todos los relatos. El único país que superó a Uruguay fue Sudáfrica, con un 18 por ciento», señaló la investigadora. Además, «en 12 por ciento de los casos en los que habían nacido niños se indicaba que el padre era de Uruguay. Fueron 141 casos en total», contó. Por la naturaleza de los testimonios y la metodología empleada, Bartles aclaró que puede haber un mínimo porcentaje de testimonios repetidos, por lo que redondeó las cifras en alrededor de 190 casos de abuso y explotación sexual y 130 hijos de cascos azules uruguayos en la Monusco.
Fiscalía dice no estar alcanzada por la ley de acceso a la información pública
Fuera de la ley
El semanario solicitó a la Fiscalía General de la Nación (FGN) el expediente sobre el asesinato de Luna, mediante un pedido de acceso a la información pública. Los fundamentos para rechazar la solicitud implican un cambio de criterio en la transparencia del organismo, que va más allá del caso puntual.
La Fiscalía argumentó que «la ley 18.381 [de acceso a la información pública] tiene por objeto “promover la transparencia de la función administrativa”». La cita pertenece textualmente al primer artículo de esa ley, pero no está completa, sino que omite que dentro del objeto de la ley está «garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública». Además, el artículo segundo, que establece los alcances, dice que «se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales».
La FGN apuntó a separar la actividad de los fiscales de las funciones administrativas, en aras de salvaguardarlas de los pedidos de acceso. «La actividad desarrollada por el Ministerio Público no es ejercicio natural de la función administrativa que busca dictar un acto administrativo común, sea resolución o reglamento, sino que debe obtener los insumos necesarios para permitir desarrollar la función jurisdiccional imprescindible en un Estado de derecho», dice la respuesta en su considerando 3. Pero hay más.
La FGN se amparó en que el artículo 259.2 del Código del Proceso Penal (CPP) «no distingue entre carpetas de investigación en trámite o archivadas, por lo que la reserva debe ser aplicada con carácter general a todas las carpetas de investigación, independientemente de la etapa en la que se encuentre el proceso penal». Además, el organismo se amparó en el dictamen con el que la Unidad de Acceso a la Información Pública, encargada de velar por el cumplimiento de esta ley, respondió a una consulta de un equipo de trabajo conformado en la Fiscalía «a los efectos de analizar las solicitudes de acceso a la carpeta investigativa que se reciben diariamente». Finalmente, la FGN concluyó que «la actividad desarrollada por los fiscales está fuera del marco de la ley 18.381, ya que no constituye función administrativa natural que es la prevista en la norma».
La decisión implica un cambio de criterio del organismo, que anteriormente entregaba las carpetas de investigación una vez archivados los casos y vencido el plazo para presentar apelaciones. Así venía siendo desde la entrada en vigencia del nuevo CPP, en 2017. Antes del nuevo CPP el Poder Judicial incluso entregaba las carpetas de investigaciones archivadas sin que hubiera vencido el período para apelar.
El grupo de trabajo sobre los pedidos de acceso a la información se instaló en la Fiscalía en 2022, durante la gestión de la actual fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, quien también dispuso que dejen de hacerse públicos los pedidos de formalización presentados por los fiscales.




