Para el historiador José Rilla11 existe una forma antipartidista de entender la relación de los partidos con la educación pública. Para rastrear el origen de esta tradición podemos remontarnos a fines del siglo XIX, específicamente a la semana siguiente en que se firmó la Paz de Abril, en 1872, cuando se realizó el Banquete de la Juventud para celebrar el fin de la Revolución de las Lanzas. José Pedro Varela fue el organizador del evento. Algunos jóvenes intelectuales presentes en el banquete afirmaron, durante sus discursos, que la formación republicana debía estar a cargo de los partidos políticos, otros –como el propio Varela– opinaron que debía estar a cargo de la educación pública. Si bien la postura vareliana predominó, aquella vieja tensión aún permanece.
La autonomía de la educación pública ha sido un valor fundamental en el sistema educativo uruguayo. Esto implica que la educación se mantiene al margen tanto del juego político partidario como de las dinámicas del mercado. Esta tradición autonomista ha sido defendida históricamente por gremios estudiantiles, sindicatos docentes, las asambleas técnico-docentes (ATD), y también por sectores del Frente Amplio (FA). Para los colorados y los blancos, en cambio, los sindicatos docentes son corporaciones y la formación ciudadana de una república, según entienden, no puede estar en manos de grupos proselitistas. Ambas posturas se preocupan por neutralizar a la educación de la política.
El primer gobierno frenteamplista se centró en la elaboración de una nueva Ley General de Educación. La discusión previa a su sanción se enfocó en el diseño institucional que debía tener el sistema educativo uruguayo, en cuáles debían ser sus órganos de conducción, en quiénes debían elaborar las políticas educativas y en qué lugar ocupan los partidos políticos, los docentes, los gremios y la ciudadanía en general en dicho proceso.
El proyecto de ley del FA incluía la participación de representantes electos directamente por los docentes en todos los consejos, aunque los consejeros designados por el Poder Ejecutivo mantenían la mayoría. La oposición (integrada en ese entonces por colorados y blancos) argumentó que el proyecto tenía carácter corporativo. Posteriormente, en 2020, durante el gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional (PN), la representación docente en los niveles de Primaria, UTU y Secundaria fue eliminada con la Ley de Urgente Consideración.
La Ley General de Educación también previó la creación del Instituto Universitario de Educación (IUDE) como ente autónomo. Para ello se requería sancionar una ley específica, a través de una mayoría de dos tercios del total de miembros de cada cámara. En aquel momento y en las dos administraciones siguientes, el FA intentó sin éxito alcanzar el consenso con el resto del sistema político para tal fin.
Durante el gobierno de José Mujica (2010-2015), los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria manifestaron la voluntad política de constituir dos entes autónomos: el IUDE y el Instituto Terciario Superior.2 Los debates parlamentarios en torno a la creación de uno y otro fueron marcadamente diferentes. Finalmente, en 2012, fue creada la Universidad Tecnológica del Uruguay, pero el IUDE nunca se concretó.
A mediados de 2012, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) envió un proyecto de ley orgánica para la creación del IUDE. En dicho proyecto se proponía un modelo de cogobierno con participación de estudiantes, docentes y egresados, además de un representante de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y otro de la Universidad de la República (Udelar). La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados analizó el proyecto y decidió cambiar su denominación a Universidad de la Educación, al considerar que el término instituto limitaba el desarrollo académico de la formación en educación. En octubre de 2013 el proyecto ingresó a la cámara acompañado por dos informes, uno del FA y otro de los partidos tradicionales. El debate parlamentario se centró en la forma de cogobierno, dando por sentada su autonomía como ente.
El proyecto del FA proponía sustituir a la Udelar y la ANEP por un directorio nacional integrado por un rector, dos representantes estudiantiles, dos docentes y dos egresados. La ATD elaboró su propio proyecto de ley orgánica y sostuvo que el modelo de cogobierno propuesto por el FA no respondía a las reivindicaciones del cuerpo docente, porque no contemplaba adecuadamente los mecanismos de participación locales. Los legisladores frenteamplistas defendieron la idea de un cogobierno que «educara en cultura ciudadana», apelando a la tradición universitaria uruguaya en esta materia. Sin embargo, no lograron los votos de la oposición ni la legitimación extraparlamentaria de quienes habían sido sus aliados.
A pesar de sus diferencias con el proyecto, los colorados acompañaron con sus votos la iniciativa del FA, pero el PN votó en contra. Sobre el cogobierno, los blancos sostuvieron que la formación de los educadores no debía estar desligada del control ciudadano ni de las políticas educativas. Aunque el proyecto fue aprobado en Diputados, no alcanzó la mayoría necesaria en Senadores. En ese entonces, la periodista de Brecha Tania Ferreira narraba: «El tema pasó volando sin pena ni gloria, sin gente ni murmullos en las barras» (véase «Ciegos pero con lazarillo», Brecha, IV-X-13).
Durante el tercer gobierno del FA, en 2017, ingresó al Parlamento un nuevo proyecto de ley que modificaba la estructura de conducción de la universidad al incorporar a los directores de los institutos regionales de educación. Fue tratado en la Comisión de Cultura y Educación, con la participación de directores de centros de formación en educación, autoridades educativas y otros actores. No llegó a ser tratado en la cámara.
En 2020, ya durante el período de la Coalición Republicana (CR), se abandonó la idea. El propio Robert Silva, entonces presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, había impulsado en períodos anteriores un proyecto de ley para crear la universidad. Pero el entonces titular del MEC, Pablo da Silveira, sostuvo en reiteradas ocasiones que la propuesta no era viable.
La CR implementó un sistema de pruebas y acreditaciones a través del MEC, iniciativa rechazada enfáticamente por gremios docentes, ATD y el FA. La propuesta no tuvo impacto en la formación en educación, mucho menos saldó la discusión sobre lo universitario.
El FA asume hoy la gobernanza educativa con autoridades y equipos de asesores que ya ocuparon cargos gubernamentales vinculados a la educación. También integró a espacios de decisión a referentes provenientes del movimiento sindical docente y de las ATD, que conocen los vericuetos del tema.
Desde hace 20 años la creación de una Universidad de la Educación autónoma y cogobernada es una reivindicación sostenida por sindicatos docentes, gremios estudiantiles y ATD. A pesar de diversos esfuerzos parlamentarios, el tema sigue sin resolverse, debido a la falta de consenso entre los partidos políticos sobre cómo deben articular la relación con la política educativa.
La postura antipartidista, que defiende autonomía y cogobierno plenos, está estancada. Para que la formación en educación sea verdaderamente autónoma –y, por ende, ajena al juego político partidario– es necesario convencer, al menos, a la mitad del sistema político de esa premisa. No deja de ser paradójico que esta postura deba ingresar en el juego político partidario.
La actual administración ha demostrado una voluntad política genuina. Para el período 2025-2030, el FA incluyó en su programa –esta vez sí como prioridad– la creación de una universidad pública, autónoma, cogobernada y de carácter nacional. Sin embargo, en esta nueva etapa surgen varias preguntas: ¿cuál ha sido el aprendizaje político del FA durante estos 20 años? ¿Seguirá apostando por la estrategia del consenso con los partidos tradicionales? Y, en ese caso, ¿por qué los partidos tradicionales cambiarán su postura respecto del cogobierno?
Un posible punto intermedio podría ser acordar un modelo de gobernanza que incluya a estudiantes, docentes, egresados y representantes del Ejecutivo; algo similar al funcionamiento actual del Consejo de Formación en Educación. Es decir, abandonar la idea de un cogobierno pleno en favor de la creación de la universidad. Esta propuesta, presentada reiteradamente en el Parlamento, ya fue rechazada por el propio FA. Si hoy se pretende seguir esa vía, habría sido valioso que durante la campaña electoral el FA hubiera aclarado qué aspectos estaba dispuesto a aceptar y cuáles consideraba innegociables.
*Gabriela Miraballes Cortinas es profesora de Literatura, educadora social y maestranda en Políticas Culturales. Es docente en el Instituto de Formación en Educación Social y en Educación Secundaria.
**Sof Velázquez Serra es profesor de Filosofía, magíster en Ciencia Política y doctorando en Epistemología. Es docente en el Centro de Formación en Educación y en la Udelar.