Un exceso con miras de futuro - Brecha digital
LA PROPUESTA DE MEDIDAS PRONTAS DE SEGURIDAD

Un exceso con miras de futuro

Por encima del discurso patoteril del ministro del Interior, Cabildo Abierto avanza hacia un «estado de autoridad» que hoy contempla la oportunidad de implantar medidas prontas de seguridad.

¿Cuántas fiestas clandestinas son necesarias para configurar un estado de conmoción interna? ¿Qué cantidad de gente reunida, en forma simultánea, sin respetar los protocolos que requiere la pandemia, se convierte en una asonada subversiva? ¿Cuántos extranjeros que crucen la frontera sin registrarse se transforman en una fuerza invasora? Esas serían las circunstancias que justificarían la implantación de las medidas prontas de seguridad (MPS), una herramienta constitucional cuya aplicación propone el diputado de Cabildo Abierto (CA) Eduardo Lust, en sintonía con su líder, el general Guido Manini, para quien «urge restablecer el respeto a la autoridad».

Las MPS son un recurso legal que hizo escuela como tendencia de ambigüedad hipócrita para disimular, en un estilo típicamente uruguayo, gestos de políticas reaccionarias. En Uruguay no existen, como herramienta constitucional, el toque de queda ni el estado de sitio, que en otras latitudes se aplican debido a la pandemia. Existen las MPS, que, en principio, tienen resguardos parlamentarios para eventuales desbordes, pero resguardos fácilmente eludibles, como lo muestra la historia.

Sintéticamente, las MPS son aplicadas por el Poder Ejecutivo mediante un decreto que suspende garantías individuales (permite detener y encarcelar gente sin proceso judicial) y derechos tales como los de reunión, expresión y huelga. En el plazo de 24 horas, la Asamblea General, en reunión de ambas cámaras, debe resolver si se configuran los extremos que justifican su implantación: «casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior» (artículo 168, inciso 17 de la Constitución). De hecho, una mayoría parlamentaria puede desarticular en 24 horas la situación de excepción, pero si la Asamblea no se pronuncia –por ejemplo, si no logra el cuórum para sesionar, el recurso de sacar la pata del lazo, que en la jerga parlamentaria se define como «votar con los pies»–, las MPS permanecen vigentes por 45 días y, si se mantiene la situación, pueden automáticamente ser reimplantadas.

Eso fue lo que ocurrió durante la presidencia de Jorge Pacheco Areco, cuando las MPS fueron aplicadas entre 1968 y 1972, y levantadas por breves días cuando fue necesario contar con la venia parlamentaria para los ascensos y las designaciones militares, circunstancias en las que sí apareció el cuórum necesario, lo que dio una medida del republicanismo de aquella mayoría parlamentaria, que contó con la complicidad de blancos y colorados. Hubo honrosas excepciones de legisladores socialistas y comunistas y rara avis de los partidos tradicionales que después serían parte del núcleo fundador del Frente Amplio (FA).

Sólo en tres ocasiones las MPS cumplieron con los extremos constitucionales: en 1904, con la guerra civil; en 1959, cuando el primer colegiado blanco debió encarar el desastre natural de las inundaciones, y durante la dictadura, para enfrentar una crisis bancaria (para todo lo demás se contaba con el terrorismo de Estado, que, por razones obvias, no era aconsejable para el sistema financiero). En las restantes ocasiones –en 1919, durante el primer colegiado; en 1952, durante la presidencia de Luis Batlle, y en 1972, al comienzo de la presidencia de Juan María Bordaberry–, las MPS se convirtieron en un recurso para lidiar con oposiciones políticas, huelgas obreras y el movimiento popular.


las MPS serían, a todas luces, un exceso si se pretende calificar como «conmoción interna» las fiestas masivas de fin de semana. Pero no serían tan traídas de los pelos si de lo que se trata es de contener la inevitable reacción sindical y popular ante la política económica.

El reclamo de restablecer la autoridad ante el incumplimiento de las recomendaciones gubernamentales para evitar aglomeraciones –la apelación, por otro lado compartible, a la «libertad responsable»– debe ser considerado, en el caso del senador Manini, como un reflejo pavloviano, condicionado por una irreprimible añoranza. Durante la dictadura era un bien que no permitía ninguna lasitud, por milimétrica que fuera, pero en democracia, inevitablemente, por más que le pese al general, está expuesta al ejercicio de la libertad, y el equilibrio entre ambas requiere algo más que una orden cuartelera.

Por ello es que resulta tan oportuno el planteo del diputado Lust, que ha manifestado, por cierto, disidencias con la verticalidad del mando en CA, pero que no se equivoca en cuanto al rumbo esencial de lo que se podría definir como la influencia directriz de esta nueva/vieja derecha. Para este período de democracia acotada por urgentes consideraciones, las MPS podrían aportar la justificación legal a una represión que el ministro del Interior impulsa vehementemente, en un crescendo que avanza como respuesta a las críticas y se retroalimenta con la verborragia del discurso.

Para otorgar un cariz constitucional a la represión, Lust propone una respuesta a «la situación social problemática en contexto de emergencia sanitaria». Afirma: «Toda la verdad está en la Constitución. Ahí se dice que, para situaciones de emergencia, el presidente tiene medidas de emergencia: medidas de pronta seguridad. Hoy no hay fiestas clandestinas. Lo clandestino es lo que va contra la ley». Con las MPS «se dicta una serie de reglas que le permiten [a Luis Lacalle Pou] tomar medidas de emergencia con respaldo legal».

Para el diputado comunista Gerardo Núñez, la propuesta de Lust es «inadmisible y roza lo ridículo. Lo que hace es generar una impronta autoritaria con un recuerdo muy triste». Recordó que la aplicación de las MPS «generó decenas de encarcelamientos; ahí comenzaron las prácticas de las torturas, que generaron muertos a nivel estudiantil». Para Núñez, frente al accionar policial de los últimos días, es necesario «desarrollar un marco legislativo adecuado a las circunstancias».

Sin embargo, es posible advertir que la mirada de CA va más allá de la actual coyuntura sanitaria. Si de lo que se trata es de respaldar la política represiva del ministro Jorge Larrañaga, avalada expresamente por la presidencia, alcanzaría con aportar los votos a una mayoría parlamentaria cuando el ministro sea interpelado en el Senado por el FA. Las MPS serían, a todas luces, un exceso si se pretende calificar como «conmoción interna» las fiestas masivas de fin de semana. Pero no serían tan traídas de los pelos si de lo que se trata es de contener la inevitable reacción sindical y popular ante la política económica, utilizar una formalidad legal y constitucional para imponer la mordaza, reprimir el descontento y zanjar la contradicción social con un úcase. Esa sería una fórmula típicamente conservadora de derecha que se adivina en el gesto de la ministra de Economía, incapaz de ser disimulado con las fórmulas heredadas de las estrategias de marketing de Mauricio Macri.

Pero CA parece aspirar a un escalón superior, en el que el principio de autoridad prevalezca en las relaciones sociales y en el que las señales sean inequívocas. Tiene la voluntad y la determinación para imponer su proyecto en un esquema de coalición inestable.

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