Un mal viaje

En setiembre de 2020, el millonario georgiano Bidzina Ivanishvili acusó ser víctima de una campaña difamatoria. Por esos días, la televisión local había difundido la noticia de que Ivanishvili –fundador del partido Sueño Georgiano– estaba involucrado en un extraño proyecto de inversión que se proponía plantar marihuana en un recóndito lugar de América del Sur. Adujeron que en el asunto también estaba implicado el Georgia Co-Investment Fund, un fondo de inversión fundado por el empresario para promover proyectos locales. Inmediatamente, los personeros de Ivanishvili se agolparon para presentar el desmentido. Alegaron que el proyecto mencionado existía, que estaba radicado en Uruguay, pero que los capitales provenían de otro empresario georgiano, llamado Temur Ugulava, que nada tenía que ver con el fondo en cuestión. Asumieron, en cambio, que en ese proyecto estaban implicados dos extrabajadores del Co-Investment Fund, pero que desde marzo de 2019 ya no trabajan allí. El segundo desmentido llegó por parte de la empresa Pharmin, responsable del proyecto denunciado. La firma refrendó la información aportada por el desmentido anterior y se apresuró a aclarar que se trataba de un emprendimiento vinculado con el cannabis medicinal, que estaba en regla con la legislación uruguaya. «Esta información no es cierta, ya que el único inversor en Pharmin es el señor Temur Ugulava»,¹ sostuvieron.

A esa altura, del otro lado del mundo, el emprendimiento de Pharmin funcionaba a todo vapor. En junio de 2019, siempre con el asesoramiento jurídico del estudio Ferrere, habían constituido una sociedad anónima (Gilkenal SA), acogida en el régimen de zonas francas. En noviembre de 2019, la empresaria georgiana Ana Kobalia (señalada por la televisión georgiana de trabajar para Ivanishvili) firmó en representación de la empresa un contrato con Costa Oriental SA, a través del cual arrendaron un terreno de alrededor de 2 hectáreas en Zonamérica. Tierra fértil y libre de impuestos. El objetivo: construir un «invernadero semicerrado» y, más tarde, un laboratorio de procesamiento de aceite de cannabis. Para esto último, constituyeron una segunda sociedad anónima (Calkery Company SA) en las mismas condiciones y contrataron la consultoría de un experto brasileño. La plana principal de la empresa estaba integrada por Kobalia (CEO) y George Shanidze (gerente de operaciones). Aunque también incluía a Giorgi Gugunishvili, Nika Bolkvadze, Nathia Gopodze, Luka Mikelaishvili y Valerian Togonidze en otros cargos de relevancia y representación legal. Todos ellos de nacionalidad georgiana, algunos con residencia legal en Madrid. De manera paulatina, fueron agrupando a un pequeño grupo de trabajadores uruguayos (la mayoría provenientes de la universidad ORT), con altos sueldos mensuales en dólares, y contrataron a expertos estadounidenses e italianos en producción de cannabis. Una cómoda oficina en el piso tres del World Trade Center completaba el escenario. Y había también una pieza principal. El único representante uruguayo de la empresa que fungió de enlace entre los empresarios locales (de Zonamérica, Costa Oriental, así como del mundo empresarial vinculado al cannabis medicinal) fue Nicolás Bustillo Bonasso.

Bustillo llegó a Uruguay, junto con su familia, a principios de agosto de 2020, atraído por el nuevo negocio, luego de más de dos décadas fuera del país. Su último destino había sido Ciudad de México, donde se desempeñó en asuntos financieros atinentes al rubro de la industria médica. Un mes antes, había desembarcado en Carrasco su hermano, Francisco, que llegó a Uruguay desde Madrid para asumir como ministro de Relaciones Exteriores tras la renuncia del excanciller Ernesto Talvi. Brecha intentó –sin éxito– comunicarse con Nicolás Bustillo para saber cómo fue su vínculo original con los capitales georgianos y para conocer en qué medida fueron determinantes, a tales efectos, los vínculos sembrados por su hermano en España (véase nota vinculada «Zurab FC»). Lo cierto es que Nicolás trabajó activamente para que el emprendimiento echara a andar. Algunos de sus esfuerzos dieron frutos.

El 13 de agosto, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) aprobó dos solicitudes de Pharmin (presentadas el 21 de octubre de 2019). La primera expidió una licencia (por tres años) para la producción de cannabis con fines medicinales. La empresa quedó autorizada para «multiplicación, cultivo, cosecha, secado y acopio de inflorescencias de cannabis sativa […] teniendo permitido mantener, cultivar y procesar hasta un máximo de 16 mil esquejes, 14.800 en estado vegetativo, 680 plantas madres, 14.200 plantas en floración y producir hasta un máximo de 12 mil quilogramos de biomasas inflorescencias secas anuales». El costo de la licencia quedó fijado en 400 mil unidades indexadas por año. La segunda licencia, aprobada en los mismos términos, autorizó a la empresa a desarrollar (de forma exclusiva con materia prima cosechada por la empresa) el envasado de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, la producción de extractos crudos de cannabis psicoactivos por extracción etanólica, de aceites purificados por destilación molecular, de cápsulas de gel blando a base de aceites de cannabis (psicoactivo y no psicoactivo) y de tinturas a base de aceites de cannabis, y también al acopio y la comercialización de los productos. En apariencia, nada podía salir mal.

Entre los empresarios vinculados al cannabis en Uruguay, Pharmin se situó rápidamente como uno de los emprendimientos más importantes del continente con relación al cannabis medicinal. «Las instalaciones son de punta, no se ahorraron en nada. Los mejores equipos de invernáculo de Uruguay están ahí», aseguró al semanario una de las fuentes más experientes del rubro. Sin embargo, a más de dos años de constituido el emprendimiento, las expectativas iniciales de los gestores, los empresarios y los comisionados parecen a punto de ser defraudadas, pues el proyecto de Pharmin se encuentra en una severa encrucijada.

«Es un elefante blanco eso. Tiene muy poca viabilidad. Es un monstruo, con un costo altísimo, y con los costos que vienen bajando, con el tiempo que lleva este tipo de mercados, es muy difícil que recuperen lo invertido», dijo a Brecha otra fuente vinculada al negocio del cannabis medicinal. «Cuando empezaron era otro momento de la industria, era un momento en el que la industria venía con una liquidez enorme. 2018 fue un año en el que hubo mucha guita puesta en este negocio –afirmó–. Había un montón de gente queriendo invertir y es ahí donde levantan capitales. Si lo pensás en el tiempo, tiene todo el sentido. Ahora es un problemón. Son miles de metros cuadrados, en una zona franca, que tampoco se puede sacar de ahí de un día para el otro. El alquiler es una fortuna y están sin poder producir.»

Según documentos a los que accedió Brecha, solo el costo del invernadero significó alrededor de 9.500.000 dólares. Sumado al costo del laboratorio, la inversión se situó en torno a los 20 millones de dólares. Al día de hoy, ninguna de las dos infraestructuras está terminada, lo cual vuelve inviable el desarrollo del proyecto presentado por los empresarios a las autoridades. Problemas derivados de la gestión del emprendimiento, de dificultades asociadas con las restricciones sanitarias y de la retracción de los inversionistas principales derivaron en que la gran promesa del rubro en Uruguay se desplomara en pleno vuelo, dejando un tendal de deudas, juicios laborales y compromisos incumplidos. Sobre las razones del desplome solo hay versiones cruzadas.

MUNDO PARALELO

Sobre el 10 de diciembre, la empresa serbia Agrikol comenzó a trabajar en la construcción de las estructuras de metal destinadas a sostener los invernaderos de plástico donde se plantaría el cannabis que, luego de cosechado, pasaría al laboratorio. De la mano de la empresa constructora llegaron alrededor de 50 trabajadores desde Serbia y México, con serias dudas sobre la legalidad de su permanencia en el país y sobre los permisos con los que contaban para trabajar en una obra.

Según comentó una fuente a Brecha, durante el año en el que la empresa serbia operó en Zonamérica –diciembre de 2019 a diciembre de 2020–, los trabajadores extranjeros que estuvieron con Agrikol, y con el beneplácito de la directiva de Pharmin, no estaban registrados ante el Banco de Previsión Social (BPS), ni las obras contaban con una póliza de seguro en un principio, como se puede leer en los insistentes mails que el gerente de cuenta de Costa Oriental, Santiago Carriquiry, envió a la empresa durante el mismo mes en que comenzó la construcción del invernadero. «Es un tema muy importante, ¡estamos asumiendo un riesgo en ambas empresas! Hablamos de esto hace semanas, así que tenemos que resolver esto mañana», escribió Carriquiry en inglés.

Desde el inicio de la obra, la empresa no demostró interés en asuntos vinculados con la seguridad. Los representantes legales de Pharmin aducían que la contratación de un técnico prevencionista no estaba establecida en los contratos. Con la situación de la póliza más o menos regulada tras apremiantes mails remitidos por Costa Oriental, luego de la insistencia por parte del técnico brasileño a cargo del invernadero, se contrató a una prevencionista para controlar el cumplimiento de protocolos, «más como un trámite que por una preocupación real; no tenían ningún tipo de interés en proteger a los operarios», dijeron las fuentes al semanario. Los meses se sucedieron y la situación se agravó: mientras la prevencionista y quien la asistía recibían respuestas condescendientes a sus planteos respecto a la falta de equipamiento –no había calzado de seguridad ni ropa adecuada, por ejemplo–, se ingresaba a un tanque de agua sin cuerdas de vida, se veían personas paradas en los autoelevadores, trabajadores que operaban máquinas sin los permisos necesarios, faltaban chequeos médicos de rigor y se cometían irregularidades respecto a los accidentes laborales: «Cuando había un accidente, salían corriendo a anotar en BPS al obrero y decían que habían sido contratados hacía unos días, cuando hacía meses que trabajaban en la obra», sentenció una fuente, que además remarcó la «complicidad» entre Pharmin y Agrikol.

«No tenían ningún tipo de cuidado para con el ser humano, era una cuestión de tiempo y plata», explicó un testigo antes de detallar un accidente grave sufrido por uno de los obreros mexicanos. Brecha accedió a la notificación del accidente rellenada por Pharmin y constató que el 24 de febrero de 2020 los arcos de acero galvanizado que forman parte del invernadero cayeron sobre la espalda y el tobillo de Fermín, de 21 años. Las lesiones fueron graves y el operario estuvo internado un tiempo, antes de ser devuelto a México.

Si bien esta fue la situación más compleja, el equipo de prevencionistas recopiló notificaciones a pedido del estudio de arquitectos que también trabajaba con Pharmin. En el correo en el que se enumeran los accidentes, el equipo señala: «Como ya hemos expresado en varias oportunidades, estamos muy preocupadas al respecto». Y remata: «La frecuencia con la que hemos tenido este tipo de episodios es una clara señal de que hay muchos temas para solucionar y mejorar de manera inmediata y urgente en cuanto a las medidas de salud y seguridad en ambos lugares».

Los «episodios» van desde un operario serbio picado por una araña hasta otro –misma nacionalidad– que se descompuso y al que más tarde se le detectó una arritmia arrastrada desde hacía un tiempo y que le impedía hacer trabajos en la altura o manejar maquinaria. Irónicamente, dos personas importantes dentro de la empresa sufrieron también un accidente laboral: un miembro del directorio y quien estaba encargado de supervisar la construcción del laboratorio pisaron en el techo una zona no apta para el tránsito, uno cayó de una altura de más de 2 metros, mientras que el otro quedó suspendido hasta que lo ayudaron a bajar.

Son varios los correos que se suceden a lo largo de los meses. Todos parecen ser un calco del anterior. En uno de ellos se lee que «en el greenhouse [invernadero] hay constantemente faltas graves a las normas de seguridad e higiene que comprometen profundamente a Pharmin», frase repetida –palabras más, palabras menos– hasta el cansancio en distintos intercambios durante todo el año pasado. «Recibimos otro mail de Zonamérica con observaciones», reza otro, del 1 de setiembre de 2020. «El nivel de desorden y desprolijidad de las instalaciones y los exteriores del sitio atentan contra el correcto ambiente laboral, además de infringir las normas de seguridad e higiene», señala uno datado dos días después. En las fotos adjuntadas en los correos se pueden ver obreros trabajando en los arcos del techo del invernadero, trepados sin ningún tipo de arnés ni protección más que un casco de obra, además de las condiciones de higiene de los alrededores de la obra –en uno de los correos, se marca la necesidad de contar con más baños, por ejemplo–. «Es debido a estos errores que tenemos un alto porcentaje de accidentes en ambas obras (mucho mayor al promedio de cualquier obra en nuestro país, lo que puede llamar la atención de las autoridades)», reclamaba el equipo de prevención en junio de 2020, luego de otras observaciones hechas por Costa Oriental.

«Los operarios no estaban conformes con las condiciones de la empresa», se explayó una persona que trabajó con Pharmin, y añadió que los trabajadores no tenían «un canal para evacuar las dudas». En un momento, relató más de una persona, uno de los obreros serbios dejó un casco con la frase en inglés: «I want to leave, help» (‘me quiero ir, ayuda’). Si bien nunca se supo quién fue, la empresa tampoco se interesó en investigar un poco más –revisar las cámaras, por ejemplo–, y atribuyó el letrero a alguien que «extrañaba».

CANILLA CERRADA

Además del descuido respecto a la seguridad de los trabajadores, Pharmin, Zonamérica y Costa Oriental (en esto coincidían) insistieron en inscribir las obras en el BPS por el rubro Industria y Comercio y no por el rubro Construcción, con lo cual intentaban ahorrarse algunos tributos más. En una comunicación interna de enero de 2020, uno de los gerentes de Pharmin le escribió al abogado de la empresa, Juan Rodríguez Akiki: «Tengo una misión que debes aceptar (si no la aceptas, igual ya estás adentro), jajaja. Hubo todo un quilombo con el tema del BPS […] pedían sí o sí que la obra fuese Construcción y no Industria y Comercio. El problema está en que el gestor de Costa (Sergio Dovat) quiso enmendar esa situación en BPS y le dijeron que no, y que ahora debemos pagar multa, lo cual es una fortuna. Ergo, quiero que manejemos este tema con nuestra gente de Ferrere».

Los exfuncionarios de Pharmin consultados por Brecha coinciden en que la dirección que ejerció hasta diciembre no era del todo transparente con los principales inversionistas georgianos acerca de cómo se estaba manejando su dinero. En octubre de 2020, Kobalia (principal responsable georgiana de la empresa en Uruguay) enviaba una nota al IRCCA anunciando que, por complicaciones derivadas de la pandemia, la financiación inicial prevista para el proyecto debía ser modificada. En consecuencia, informaba que el presupuesto aumentaría en 40 mil euros. «Dicho monto será aportado por la accionista que suscribe la presente, Kobalia, y proviene de sus ingresos obtenidos como CEO de la empresa.» Lo cierto es que tanto Kobalia como el gerente de operaciones Shanidze anunciaron sobre fines de noviembre de 2020 que volvían a Georgia y serían suplantados por Valerian Vako Tongonidze y Kote Takaishbili, hombres de confianza del accionista mayoritario. Días después, el 15 de diciembre, reunieron a todo el equipo y comunicaron que algunos sueldos quedarían sin pagar, al igual que el aguinaldo, y que se comenzaría a depurar la empresa.

A pesar del fracaso inminente del proyecto, el gobierno insistía en darle el espaldarazo. El 21 de noviembre de 2020, una comitiva de autoridades, entre las cuales destacaban la presencia del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y del canciller Francisco Bustillo, visitaron la planta. Organizaron para ello una rueda de prensa a la que asistieron Canal 4 y el diario El País. Durante la jornada, las autoridades recorrieron la enorme extensión del proyecto acompañados por técnicos de la empresa. Ante las cámaras, Ferrés dijo que Uruguay estaba «haciendo punta» en el negocio del cannabis medicinal y depositó las esperanzas (y con las suyas las de Presidencia) de que el proyecto saliera adelante.

Puertas adentro de la empresa las cosas no andaban bien. El mismo día de la visita de las autoridades de gobierno, un representante de la aseguradora que había contratado la empresa escribía en un correo dirigido a los representantes de la firma: «Revisamos el estado de cobranzas de las pólizas en BSE y constatamos que no las están pagando». A partir de ahí, los requerimientos de pagos por parte de los proveedores no hicieron más que aumentar. Cuando el dinero ya había dejado de llegar bajo el argumento de que la pandemia perjudicó los emprendimientos hoteleros del inversor, los proveedores con los que Pharmin tenía acuerdos en distintos rubros no volvieron a tener noticias de los pagos.

Tal fue el caso, por ejemplo, de Prosegur, que, además del servicio de seguridad, proveyó a Pharmin de tecnología para la vigilancia del laboratorio. Según confirmaron a Brecha fuentes de la empresa, los pagos empezaron a faltar ya desde el principio y los argumentos de la dirección que actuaba entonces fueron «dispares». El costo –visto en la propuesta de Prosegur enviada a Pharmin– era de 437.347 pesos por la seguridad en el invernadero.

Con Isoeste Brasil, la empresa que suministró los isopaneles para el laboratorio, todavía tienen una deuda de entre 18 y 20 mil dólares. Lo mismo sucede con CV Ingeniería, que llevó adelante trabajos de ingeniería sanitaria; en este caso, Pharmin le debe 12 mil dólares de una obra terminada y otros 7 mil de obras que decidieron no terminar por la falta de pagos. Además, según confirmaron a Brecha, fue CV Ingeniería la que contactó a la dirección de Pharmin con un proveedor estadounidense que suministró el sistema contra incendios, unos 15 mil dólares que tampoco pagaron. Según la cuenta que enviaron desde Sudel, la empresa encargada de los suministros eléctricos, la deuda de Pharmin era, a diciembre de 2020, de 6.974 dólares. Asimismo, Pharmin también mantiene deudas con pequeños emprendimientos o empresas unipersonales, como servicios de fletes, electricistas, alquileres de autos y ferreterías.

Pero probablemente la deuda más grande sea con Alexandre Freitas, el empresario portugués que vendió a Pharmin el know-how de los procesos de manufacturación de las flores de cannabis en el laboratorio. Con una participación activa durante la construcción y encargado de la supervisión del proyecto, firmó, en primera instancia, un contrato por cuatro meses, un tiempo irrisorio para construir y poner en funcionamiento un laboratorio de este tipo, «el más avanzado de Latinoamérica», según sus propias palabras.

A la hora de firmar un nuevo contrato para lograr terminar el laboratorio, a Freitas se le pagaron los cuatro meses y un 50 por ciento del total acordado por su servicio de supervisión. Sin embargo, aún le quedaron debiendo el otro 50 por ciento y los ocho meses extra que trabajó, unos 122 mil dólares.

En diálogo con Brecha, Freitas contó que, como proveedor del sistema de procesamiento de las flores, tuvo mucho contacto con las autoridades de Pharmin, aunque no está seguro de quiénes estaban detrás de los grandes capitales georgianos que financiaban el emprendimiento. De lo que sí está seguro es de que Nicolás Bustillo, quien tenía la oficina frente a la suya, era «el embajador de Pharmin a nivel de gobierno», el hombre encargado de abrir los caminos institucionales y establecer el diálogo con los organismos del Estado uruguayo, a cambio de cierto porcentaje: «Algunas personas piensan que Bustillo tenía un 5 por ciento sobre la empresa; no tenía 5 por ciento sobre la empresa, sino sobre la producción de la empresa, que es distinto, bastante más que tenerlo sobre la empresa».

1. Ugulava es un millonario georgiano, nombre principal del Adjara Group. Aunque fue un empresario involucrado en el rubro de los casinos, sus principales inversiones están relacionadas con la hotelería. Está vinculado con las firmas Holiday Inn y Rooms Hotels, entre otras. Adjara Group controla una parte importante de las inversiones en el rubro hotelero en Georgia.