Con Nilia Viscardi

Un plan olvidadizo

Desmemoria y arbitrariedad son dos de los bemoles que para la doctora en Sociología Nilia Viscardi presenta el Plan de Política Educativa Nacional diseñado por el Ministerio de Educación y Cultura.

www.fhuce.edu.uy

—Una de sus observaciones refiere al estilo en el que está redactado el documento; ¿por qué importa ese detalle?

—Plantear un plan de esta naturaleza a través de una grilla secuenciadora de metas y objetivos, y sin diagnóstico, instala la idea de eficacia y rendimiento, de que todo se juega en la medición. El texto dificulta la comprensión de su origen, su procedencia, y la justificación de las metas que propone; entonces, bajo la apariencia de un discurso técnico y racional lo que aparece, a mi entender, es un estilo irracional y hasta arbitrario de definir los lineamientos. Más grave aún es la forma en que estas directivas borran una forma de elaborar política educativa que a Uruguay le llevó años construir, y que apeló desde el primer momento al diálogo, al debate y la incorporación de aportes de diversos actores de la educación. El texto parece nacer de ningún lugar o, en todo caso, solo del Ministerio de Educación y Cultura [MEC].

—Ha señalado que esto lo emparenta a algunas (malas) experiencias internacionales…

—En los países en desarrollo, uno de los problemas que existen es la noción de individualismo negativo, que supone creer que todos los logros responden al esfuerzo de las personas y no a las luchas y el devenir del trabajo grupal. Este plan escrito en un puro presente, encaminado a un futuro, prescinde de la acumulación de trabajo colectivo previo e introduce a un sujeto que opera sin memoria y sin pasado y que, además, decide sin sentirse obligado a informar sobre los criterios que lo guían. Las políticas educativas tienen un carácter histórico que trasciende el signo político de los gobiernos que las aplican; además de fundamental, este componente impide la desmemoria, es decir, el desconocimiento o la negación de procesos colectivos que en nuestro país desembocaron, entre otras cosas, en la aprobación, en 2008, de la Ley General de Educación [18.437]. Y en un riquísimo proceso de elaboración colectiva –impulsado por el Sistema Nacional de Educación Pública y coordinado, en 2019, por la Udelar– de un documento aporte para la creación de un Plan Nacional de Educación, que contó con la participación de cada una de las instituciones: la ANEP, la Udelar, la UTEC, el MEC y la Dirección de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

EDUCACIÓN SEXUAL Y ARTÍSTICA SE BUSCA

—¿Qué contenidos de ese aporte de 2019 resaltaría hoy?

—Uno que fue subrayado por uno de los inspiradores del documento, el Congreso Nacional de Educación «Maestra Enriqueta Compte y Riqué»: la necesidad de aumentar el presupuesto nacional destinado a la educación. Todavía está fresca, en la memoria uruguaya, la importancia que dábamos a las políticas educativas en los años noventa, período que alojó un ensayo de reforma educativa tan poco dialogado como este plan, y que también enfrentó la contradicción entre una alta valoración técnica y política y los menguados recursos presupuestales que se le asignaban. Esta actitud no deja de ser, hasta el presente, una forma de establecer contextos y, por lo mismo, de hacer política; la inversión en educación, y su manejo, plantea condiciones de «aterrizaje» de las políticas educativas que este plan deberá enfrentar. Señalo, por otro lado, la incertidumbre que provoca con respecto a la educación artística y a la educación sexual, en clave de derechos sexuales reproductivos, que no figuran en él. Y la preocupación generalizada que ha provocado la noción de universidad que maneja, y los parámetros que pretende establecer para alcanzar un nivel universitario en la formación docente, rompiendo un diálogo que tenía a la Udelar como articuladora y propiciadora de alianzas entre los entes públicos de la educación. Este plan reduce el continuo pedagógico pertinente con un proyecto de formación docente universitaria real a pequeñas actualizaciones supervisadas por universidades, particularmente privadas.

—Al momento de presentar el plan al Parlamento, el ministro Pablo da Silveira dijo a los medios que su confección había sido conversada, previamente, con organismos de la enseñanza.

—No tengo conocimiento de que hayan ocurrido esos intercambios, pero me apresuro a aclarar que el hecho de que a mí no me consten no significa que no hayan existido. En el plan no hay registro al respecto; no se formalizan cuáles fueron esas instancias de diálogo y qué nivel de participación tuvieron sus interlocutores.

SIN LUGAR PARA UN GACH

—Ha señalado que la filosofía política subyacente al plan es algo que le preocupa especialmente, ¿por qué?

—Desde un enfoque gramsciano me interesa la visión que informa a nuestro sistema educativo, porque todos los documentos tienen, bajo su «semblante» técnico, una historia, un legado, una constitución que dicen mucho acerca del lugar desde el que están hablando y haciendo política. El campo educativo, como tantos otros, no admite un GACH, un grupo restringido de expertos que señalan el rumbo; en educación hay una necesidad casi científica de diagnosticar y debatir colectivamente las estrategias de abordaje de la realidad. Este plan, pues, que habla desde un aquí y un ahora desvinculados de toda continuidad, sin explicitar si dialogó y con quiénes y sin otra validación que la propia, refuerza elementos políticos vinculados a los usos del poder. Un poder que se legitima a sí mismo desde un ministerio y que se complementa con una serie de medidas que no se siente en la obligación de explicar, ni de comunicar su fundamento doctrinario. El énfasis está puesto, pues, más en los efectos que la planificación pretende alcanzar que en su filosofía. Debemos interpretar este plan a la luz de algunos elementos de contexto: los recursos presupuestales destinados a la educación, la Ley de Urgente Consideración y los sentidos que inauguró y canceló, por ejemplo, en el rol que asigna a las direcciones generales, sustitutivas de los consejos de educación, de los cuales también eliminó la participación docente.

—Usted encabezó su intervención en una mesa de reflexión sobre el plan, organizada por la Facultad de Humanidades de la Udelar, con unas líneas del profesor Nicolás Bentancur, muy oportuna para finalizar esta entrevista.

—Sí, dice: «Particularmente, en nuestro país, el protagonismo que ha tomado la educación en el debate público aparece como una oportunidad para establecer acuerdos plurales, que permitan avanzar en políticas educativas de mediano y largo plazo. Cuando se intentan transformaciones políticas en los sistemas educativos se suele apelar a la sanción de nuevas leyes de educación o a las denominadas “reformas educativas”. Sin embargo, un Plan Nacional de Educación implica una estrategia de acción más completa y acabada que una ley o una reforma, requiere de una visión más comprensiva y racional del fenómeno, su situación actual, una proyección a futuro y las estrategias y medidas para alcanzar las metas definidas».

Mesa crítica

Nilia Viscardi es docente e investigadora del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), licenciada en Sociología por la Udelar, doctora en la disciplina por la Universidad Federal de Río Grande del Sur y coordinadora del Doctorado en Educación de la FHCE.

El lunes 13 participó en la mesa que el Instituto organizó para analizar y debatir sobre el plan educativo presentado por el MEC, junto con el licenciado en Educación y doctor en Ciencias Sociales Pablo Martinis y el licenciado en Pedagogía Jorge Camors; la actividad, presentada por la decana Ana Frega, está disponible en el canal de Youtube de la fhce.

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