Para mal y para bien, los periodistas partimos de la base de que toda pregunta tiene respuesta. Por ejemplo, la de cuál sería el costo de la reforma jubilatoria promovida por el PIT-CNT. Lo que parecía más fácil era determinar groseramente el gasto adicional de subir las pasividades al valor del salario mínimo nacional. El Banco de Previsión Social (BPS) publica anualmente un resumen de sus principales indicadores, que informa sobre la cantidad de prestaciones que paga y sus montos promediales. De acuerdo al último, las jubilaciones promediales son más elevadas que el mínimo, andan en los 30.447 pesos. No sucede lo mismo con las pensiones de sobrevivencia, a la vejez o por incapacidad. Llevar esas remuneraciones al mínimo daba 313 millones de dólares anuales. Sin embargo, ya se verá que el número era demasiado grosero.
Totalmente fuera del alcance de un lego era, por el contrario, calcular cuánto más costaría pagar las jubilaciones y las pensiones de acuerdo al conjunto de reglas previstas en la papeleta. Hacerlo supone, entre otras cosas, recalcular las pasividades de quienes aportan a las administradoras de fondos previsionales, que la reforma eliminaría. Brecha golpeó, entonces, la puerta del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE). Su Observatorio de Seguridad Social tiene buenos antecedentes.
Cuando a comienzos del año pasado puso a disposición de los uruguayos su «calculadora jubilatoria» para que estos pudieran tener una idea aproximada de la pasividad que cobrarían de aprobarse la ley 20.130 –como finalmente sucedió–, el doctor Rodolfo Saldain, principal artífice de la reforma jubilatoria, dijo que lo del CINVE era «un acto de militancia política», «un acto de militancia política a favor de lo que es la posición del Frente Amplio y del PIT-CNT».
El economista Gonzalo Zunino, director del centro, encendió su laptop y comenzó a mostrar las planillas. La primera tarea de su equipo fue asumir algunas proyecciones de la evolución del PBI, pues la unidad de medida del gasto en pasividades es su peso en el producto.
«Trabajamos con un modelo actuarial de cohortes, que tiene cuatro módulos», explicó, y empezaron a desfilar por la pantalla uno a uno. El primero es el más sencillo, es el de los pensionistas actuales. «Simplemente tomamos la estructura actual de los pensionistas por edades y, de acuerdo a sus probabilidades de sobrevivencia, vamos ajustando su número año a año», aclaró.
El segundo módulo, el de los jubilados actuales, añade una dificultad porque, cuando los jubilados fallecen, muchas veces generan pensiones. Es decir, hay que considerar un gasto en jubilaciones que se va reduciendo, pero también otro en pensiones que, en parte, lo sustituye y se va achicando a su propio ritmo.
El tercer módulo, el de los activos actuales, tiene unas cuantas filas más. A los trabajadores actuales les pueden pasar muchas cosas: pueden seguir activos y aportando, pueden jubilarse, pueden fallecer –y generar o no pensionistas– o pueden incapacitarse. Todas esas probabilidades deben entrar en la cuenta. Y, además, hay que incorporar el hecho de que sus ingresos se modifican con el tiempo.
«Para considerar esta variable», comentó Zunino, «tenemos la evidencia que se desprende de las historias laborales. El promedio indica un crecimiento rápido de los ingresos en los primeros años de trabajo y un cierto estancamiento a la altura de los 50 años. Siempre hay casos singulares, pero los promedios son robustos».
Los datos históricos también respaldan las hipótesis acerca del momento en que esas personas se retirarán. «Lo observado es que hay pocos que se jubilan antes de los 60, sobre todo por incapacidad; hay un 30 y pico por ciento que se jubila a los 60 y un resto que lo va haciendo gradualmente a partir de esa edad.» Naturalmente, esto es así para quienes se jubilan de acuerdo a la ley anterior, la 16.713. «Prever cuál será el comportamiento ante el nuevo marco legal requiere establecer supuestos razonables porque aún no hay evidencias», advirtió el economista. En el escenario de que el plebiscito apruebe la reforma constitucional, la cuenta es más sencilla porque el grueso de las jubilaciones se produciría a los 60 años, con 30 años de trabajo.
El cuarto y último módulo que fundamenta el cálculo es el de los activos futuros, para cuya evolución se deben tener en cuenta las proyecciones demográficas. «Después agregamos estos cuatro módulos y logramos obtener los resultados. Nos llevó unos cuantos meses construir este modelo y programarlo», comentó el economista.
—Es decir que empezaron a trabajar antes de que la propuesta de reforma constitucional estuviera en juego.
—Ya a principios de año habíamos pensado en realizar un estudio acerca de las proyecciones fiscales del sistema jubilatorio, pues las únicas disponibles sobre la nueva ley eran las elaboradas por el gobierno. En el Observatorio de Seguridad Social valoramos que era bueno que hubiera una contraparte independiente de esas proyecciones. Ahora estamos trabajando en un modelo para aproximarnos al escenario que surgiría de una eventual aprobación de la reforma constitucional propuesta.
—¿Pero ya hay cosas que decir?
—Un número preliminar apunta a una trayectoria claramente creciente del gasto en jubilaciones y pensiones del BPS en caso de que la reforma se apruebe. Cuando arrancó el proceso de reforma del que surgió la ley 20.130, la preocupación central era contener la tendencia alcista del gasto en jubilaciones y pensiones. Y eso tenía motivaciones claras: saber que va a haber fondos para pagar esas prestaciones en el futuro y, también, generar algo de margen para balancear mejor el sistema de protección social en Uruguay. Ahora que salió la Encuesta Continua de Hogares del primer semestre del año, otra vez están sobre la mesa los números de pobreza infantil, que multiplican por más de diez veces la pobreza de los mayores de 65. Es un dato que muestra claramente que en nuestro país el sistema de protección social es fuerte o muy fuerte para los mayores de 65 y bastante más débil para otros sectores. De mantenerse el régimen jubilatorio anterior, sabíamos que el desafío del gobierno sería aumentar la presión tributaria entre 3 y 4 puntos del PBI para sostenerlo. Eso significaba, básicamente, cerrar todas las puertas a tener margen para financiar el sistema de cuidados, mayores prestaciones para la infancia, más centros de tiempo completo y otras medidas de expansión del sistema educativo, inversión en investigación y desarrollo, infraestructura… El Estado tiene muchos problemas en los que sería bueno gastar, y si tiene que juntar 3 puntos del PBI adicionales para sostener el régimen previsional, hay un problema. Ahora, en caso de aprobarse el plebiscito, lo que nos están dando las cuentas es una trayectoria creciente de entre 7 y 8 puntos del PBI en un horizonte de 50 años. Es un número que tenemos que refinar. Pero si decíamos que aquellos 3 o 4 puntos iban prácticamente a bloquear toda posibilidad de generar un mejor balance del sistema de protección social, con esta tendencia, ni que hablar.
Y el problema no solo es que te quita margen para hacer ese balanceo, sino que el desafío de incremento de la carga tributaria que te plantea hacia el futuro es muy difícil, además de que te complica mucho la situación fiscal a corto plazo. Uruguay ya tiene una situación complicada, con un déficit de 4 puntos del PBI…
—¿Y es de esperar que ese déficit se mantenga hasta el final del período de gobierno?
—Que se mantenga o que aumente. Entonces, tenés una situación actual que es complicada y, si la señal es que en el futuro las obligaciones del fisco aumentarán de esta manera, es inminente que se vengan las quitas de nota de las calificadoras de riesgo debido a una mayor desconfianza en la sustentabilidad fiscal del país y el consiguiente encarecimiento de la deuda. Y, al final del día, eso nuevamente te quita recursos para pagar intereses. Uruguay ha hecho un esfuerzo grande en materia de hacer una buena gestión de la deuda, de fortalecer una reputación fiscal para ir bajando el precio de la deuda y pagar menos intereses en proporción del PBI, pues eso libera recursos para poder realizar otros gastos con recursos genuinos o tomar deudas para realizar proyectos sabiendo que, al pagar menos intereses, la carga total de estos no necesariamente crece. Creo que la mala situación fiscal actual, sumada a la señal de que no solo no logramos resolver los desafíos de sustentabilidad financiera, sino que los profundizamos, resulta en un combo que al gobierno que entre le va a complicar mucho las cosas. En todo sentido, porque no solo no tendrá margen para gastar en las políticas públicas que Uruguay necesita, sino que se enfrentará a un escenario de calidad de endeudamiento mucho peor.
—Pero esos 7 u 8 puntos más habría que tenerlos recién dentro de 50 años…
—Sí, pero en el escenario de que el plebiscito fuese aprobado, ya en unos 20 años, en la década de 2040, el gasto previsional se incrementaría en 3 puntos del PBI respecto al nivel actual. Y esto solo considerando el gasto del BPS, porque otro problema de este escenario es que no ocurrirían las correcciones previstas en los otros servicios previsionales estatales. Es decir, al eliminar el sistema mixto, este tampoco se va a implementar en la cajas policial y militar. Entonces, la corrección del déficit en esas cajas que producía la ley 20.130 se neutraliza. Por eso al gasto en el BPS hay que sumarle el efecto de que la corrección de los déficits de las cajas policial y militar sea menor de lo esperado.
—¿Y cómo es que la ley 20.130 corrige el déficit de esas cajas?
—Porque topea las jubilaciones del pilar de reparto. Eso no afecta a las jubilaciones bajas. Pero las jubilaciones más altas, que son –por ejemplo– las que causan buena parte del déficit de la caja militar, pasan a estar topeadas. Por encima de ese tope la persona recibirá lo que resulte de los ahorros de esa persona en su AFAP, y eso, naturalmente, contribuye a mejorar los números del servicio.
—¿Ya calcularon los efectos de elevar las pasividades al valor del salario mínimo nacional?
—Todavía no tenemos ese número, pero conviene aclarar que sería un aumento que, en la práctica, no equipararía las pasividades con el mínimo, sino que haría que lo superaran. Porque el salario mínimo nacional es nominal. Es decir, el trabajador que lo recibe hace aportes al BPS y al Fonasa [Fondo Nacional de Salud], un 18 por ciento en total, en general, aportes que no realizará el jubilado. Hoy en día, las remuneraciones líquidas mínimas de jubilados y activos están prácticamente equiparadas. Pero llevar las jubilaciones al valor del mínimo nacional significa que serán efectivamente más altas que las de los trabajadores que perciben ese salario, lo que de nuevo nos trae el problema del desbalance del sistema de protección social, pues es muy posible que esos trabajadores que ganan el mínimo nacional estén en hogares con hijos. Y cuando saquemos esa cuenta también deberemos considerar que el suplemento solidario creado por la nueva ley quedaría arriba de esto. Como la papeleta establece que no puede eliminarse ninguno de los beneficios creados antes del plebiscito, el suplemento seguiría vigente, por lo que podrían ocurrir casos de jubilaciones que lleguen al mínimo y reciban algo más por la lógica del suplemento, porque este deja de computarse recién cuando una pasividad alcanza los 42 mil pesos actuales.
—Y entiendo que no es desdeñable el costo del propio suplemento…
—No lo es. Al punto que, si el suplemento se ajustara de acuerdo al índice medio de salarios, que es una posibilidad que la ley deja abierta, prácticamente elimina toda la corrección del gasto que se espera que genere la reforma. Si esta reduciría el gasto futuro en 3 puntos del PBI, con el suplemento calculado de esa forma se ahorraría, a lo sumo, 1 punto.
—Alguien podría decir: bien, la aprobación de la reforma significará un aumento del gasto de entre un 7 y un 8 por ciento, pero al BPS van a entrar 22 mil millones de dólares y con eso se resuelve el problema.
—Un punto del PBI son unos 711 millones de dólares. Veintidós mil millones son 31 puntos del PBI, pero de aprobarse la reforma el país va a ir gastando cada vez más hasta llegar a superar entre unos 7 u 8 puntos el gasto actual. Esa plata se va a ir muy rápido. No dan las cuentas. Las obligaciones que generaría la reforma son mucho mayores a esos 22 mil millones.
—La reforma propuesta abre la posibilidad de otro recurso. La cuarta disposición transitoria encomienda al legislador la tarea de determinar cómo pagarían la deuda que tendrían las personas de altos ingresos, porque en el 95, al crearse el sistema mixto, quedaban eximidos de aportar por encima de los 236 mil pesos. Son como 28 años de aportes…
—Ese es un cambio de reglas de juego que crearía un escenario complejo. Habría que preguntarles a los abogados hasta qué punto es posible cobrar un aporte retroactivo. Yo no contaría con esa plata.
