Un sistema que cojea

La detección de abuso sexual y explotación en la educación.

Foto: Unsplash, Phillip Wuthrich

¿Cómo se detectan los casos de abuso sexual y explotación en la educación privada? ¿Cuáles son las garantías para los niños, niñas y adolescentes que no asisten al sector público? La Operación Océano activó la luz de alerta y, al analizar el panorama, hay coincidencias en cuanto a la falta de mecanismos para proteger derechos en ese ámbito.

La Operación Océano, reconocida como la mayor investigación sobre explotación sexual de menores de edad en Uruguay, interpela la responsabilidad del Estado en la salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes (Nna) del sistema de enseñanza privada. Las siete víctimas intervenidas hasta ahora eran menores de edad cuando comenzaron a ser explotadas y asistían a instituciones de educación privada. Paralelamente, cuatro de los 20 imputados hasta ahora son docentes –tres ejercían en centros privados, laicos o religiosos, y uno en el ámbito universitario–, confirmó a Brecha la fiscal del caso, Darviña Viera. Estas características del caso oficiaron de “alerta” en el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), señaló a este semanario la coordinadora, María Elena Mizrahi. “La Operación Océano demuestra que las situaciones de explotación sexual atraviesan la sociedad y expone la necesidad de trabajar con enseñanza media del sector privado. […] Debido a la ingeniería del sistema público-privado de educación, las garantías de detección y abordaje no están dadas” en ese sector, sentenció la funcionaria.

De las 4.774 situaciones de violencia hacia Nna que registró el Sipiav en 2019, la cuarta parte correspondió a intervenciones sobre casos de abuso sexual y explotación. La mayoría llegó a los comités de recepción del Sipiav desde el ámbito educativo, captados por docentes y técnicos que aplican el denominado “mapa de ruta”, amparado en el marco legal que apunta a proteger y garantizar los derechos de Nna en la detección y atención de casos. No obstante, Mizrahi reconoció que el protocolo “está diseñado para la educación pública”, por lo cual los colegios no están obligados a aplicarlo ni se controla cómo actúan frente a posibles indicios entre sus alumnos.

El escenario es particularmente preocupante en la enseñanza media si se considera que la explotación sexual en Uruguay tiene como principales víctimas a adolescentes de entre 14 y 16 años de edad, según análisis de organizaciones sociales especializadas en el tema, como la Ong El Paso. La coordinadora del Sipiav dijo a Brecha que si existe en el Consejo de Educación Secundaria alguna oficina que oriente a las instituciones privadas en la aplicación del mapa de ruta, no la conoce. Sin embargo, manifestó su intención de “trabajar con enseñanza media del sector privado para detectar y dar respuesta al mismo nivel que en el sector público”.

En educación primaria el escenario es algo diferente. En el sector público está aceitado el programa Escuelas Disfrutables, pero sus técnicos no actúan en colegios, así que la tarea de orientar a los equipos técnicos, si es que lo solicitan, corre por cuenta del Departamento de Educación Privada del Consejo de Educación Inicial y Primaria (Ceip). No obstante, como la frecuencia de las consultas aumentó en los últimos meses, a principios de marzo el Sipiav y el Ceip empezaron a trabajar en la organización de cursos sobre “herramientas y mapas de ruta” para técnicos de la educación privada. Mizrahi señaló que la iniciativa se suspendió durante la emergencia sanitaria por el covid-19, pero confía en retomar pronto la coordinación de actividades.

Por otra parte, casi todas las denuncias que llegan a la Fiscalía General de la Nación desde la educación se registran en el programa Escuelas Disfrutables de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep). “Las menos corresponden a trabajo de equipos técnicos en instituciones privadas”, indicó a Brecha la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos, Mariela Solari. “¿Cuán aceitados tenemos los mecanismos de detección a nivel público y privado? Bueno, algunos colegios están tomando el mapa de ruta de Primaria, pero tiene que haber adultos atentos a las señales de sufrimiento; en cualquier ámbito, las miradas atentas y el aporte incondicional es lo que abre la puerta a las víctimas”, acotó. Las denuncias de explotación sexual y trata son muy bajas en el caso de los menores de edad. “Hay muy pocas denuncias, y eso indica que es necesario generar mecanismos de denuncia y acceso a la Justicia, y encontrar la protección”, reconoció Solari.

OMISIÓN ESTATAL. Sergio Sommaruga es presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), cuyos núcleos de base se distribuyen en colegios laicos, religiosos, centros de educación inicial y Caif. El dirigente denunció a Brecha una “omisión de control público” sobre las garantías que deben ofrecer las instituciones privadas en materia de derechos para el alumnado.

“Hay una normativa general, de carácter legal y penal, en relación con delitos tan duros y aberrantes como los sexuales, pero no una normativa específica como la que la Anep aplica en los centros públicos. Como en otros temas, queda al descubierto la omisión del Estado en su política de control y regulación del sector”, señaló. “Los Nna que asisten a la educación privada deberían tener la misma salvaguarda y protección que quienes van a la educación pública. La Anep está en falta en el marco de una política general de dejar hacer al sector privado”, enfatizó.

En consecuencia, frente a indicios o denuncias internas de abuso o explotación sexual, cada colegio actúa como una unidad de negocios autónoma: “Muchas veces, parecería que cada institución opera como país propio. Algunos actúan con sensatez y otros no, porque son centros de poder”, resaltó. La ausencia de control estatal también expone a los docentes del ámbito privado a una compleja situación frente a sus empleadores, aunque están obligados a denunciar posibles casos y tienen también la opción de recurrir en forma anónima al Inau. “Siempre hay un factor de control no escrito que es el miedo, que actúa como un dispositivo reaccionario en el sentido de replegar o paralizar al sujeto”, opinó el dirigente sindical. En el último año el Sintep tuvo conocimiento de dos denuncias de abuso sexual sobre alumnos y, en ambos casos, las instituciones trabajaron “en forma correcta”. Sin embargo, Sommaruga insistió en que, ante la ausencia “de un control público efectivo, puede ser que algunas situaciones estén pasando por el costado”. Este semanario se comunicó con el Departamento de Derechos Humanos del Consejo Directivo Central (Codicen), pero la directora, Verónica Massa, nunca respondió a la solicitud de entrevista. Tampoco lo hizo el presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada, José Carlos Noya. Los avatares del retorno a clases presenciales en la nueva normalidad parecen quitar tiempo, por lo menos para debatir sobre mecanismos que garanticen la protección de Nna más allá de los contenidos educativos y la pandemia.

Programa de Escuelas Disfrutables (Anep). Atendió 1.382 situaciones de violencia hacia niñas y niños: 380 (27 por ciento) por abuso sexual y 7 (0,5 por ciento) por explotación sexual. Los casos “emergentes” se registraron en el sistema de educación pública, donde operan los equipos del programa. El Informe de Gestión 2019 del Sipiav no reporta cuántos casos atendieron equipos técnicos pertenecientes a instituciones educativas del sector privado.

La niña de Lascano

El caso de una niña de 12 años violada y embarazada por su padrastro, en Lascano, sacudió a la comunidad rochense y movilizó a varias organizaciones civiles a principios de esta semana. La situación quedó al descubierto durante una consulta ginecológica, en la que la niña contó que era abusada sexualmente desde que tenía 8 años. El padrastro, de 43 años de edad, fue imputado por abuso sexual especialmente agravado y cumplirá prisión preventiva por 120 días mientras avanza la investigación. Entretanto, la Intersocial Feminista y el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas reclamaron la interrupción del embarazo producto de la violación y responsabilizaron al sistema de salud por no haber detectado una situación abusiva que debería haberse constatado en consultas pediátricas y ginecológicas anteriores.

La coordinadora del Sipiav, María Elena Mizrahi, reconoció a Brecha que falló la aplicación del “Protocolo para el abordaje de violencia sexual en el Sistema Nacional Integrado de Salud” y la del “Mapa de ruta para la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo”, aprobado en setiembre pasado. Agregó que ya se comunicó con la División de Género del Msp para transmitir su preocupación y alentar a que se investigue lo que pasó. “Esperamos que, cuando termine la investigación, el Msp determine si hubo omisión o negligencia”, señaló. Entretanto, los equipos del Sipiav en el territorio convocaron a “la red focal” para atender a la niña abusada y a sus dos hermanas pequeñas, además de trabajar con la comunidad del centro de Utu al que asistía. Primaria ya solicitó informes al programa Escuelas Disfrutables sobre “situación, antecedentes e intervenciones”. El maestro Pablo Caggiani, consejero electo del Ceip, manifestó a Brecha que es “difícil” establecer si hubo una omisión del sistema educativo durante los “dos o tres años” que la niña asistió a la escuela mientras fue abusada. “Lo que se puede hacer ahora es intervenir y fortalecer a sus hermanas” y trabajar sobre la comunidad.

Docentes imputados

De los cuatro docentes imputados en el marco de la Operación Océano, hay dos a quienes la Justicia permitió seguir ejerciendo la profesión en contra del pedido de la Fiscalía. Se trata del exdiputado suplente Nicolás Ortiz, quien trabajaba como profesor de Física en el liceo privado Elbio Fernández, y de Miguel Larramendi, exasesor de la Ursea y docente de Derecho Administrativo de la Udelar. La Fiscalía apeló la decisión judicial y se espera que en unos quince días se expida un tribunal.

Los otros dos imputados, Gonzalo Passos y Claudio Buzzi, no podrán ejercer mientras dure el juicio. Passos figuraba en el sitio web del colegio de varones Monte VI como parte del staff docente, pero su nombre desapareció del listado. También integró el Departamento de Inglés del colegio Jean Piaget, que cerró su rama de enseñanza secundaria el año pasado.

Buzzi trabajaba como maestro en el Colegio Santa María de la Ayuda (ubicado en el barrio montevideano del Cerro) y es el único afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada. Inicialmente, buscó asesoramiento sindical en materia laboral, pero la directiva se negó a ofrecerle la asistencia jurídica solicitada y le suspendió los derechos de afiliado hasta que la Justicia se expida, indicó Sommaruga a Brecha. Por otra parte, fuentes del Ceip –que buscó información para ver si correspondía alguna intervención– aseguraron a Brecha que el “maestro” no estaba titulado. A diferencia del sistema de educación pública, en que maestros y profesores deben presentar certificado de buena conducta y título, las instituciones privadas tienen libertad para contratar sin solicitar estos requisitos, salvo en algunos grados y cargos de dirección, explicaron.

Artículos relacionados