Un tardío reconocimiento

El violento procedimiento en Brazo Oriental aún repica en la memoria. En la madrugada del 21 de abril de 1974, un contingente del Grupo de Artillería N.^o 1 del Ejército arribó a la vivienda ubicada en Mariano Soler 3098 con un objetivo. Tenían el dato, obtenido en un interrogatorio –presumiblemente bajo tortura–, de que allí se encontraba Washington Barrios, un integrante del MLN-Tupamaros (Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros) que era requerido.

Tras buscarlo sin éxito en una primera finca, fueron hacia el patio del fondo. El desenlace terminó en una masacre. Durante el operativo fueron asesinadas las jóvenes Laura Raggio, Diana Maidanik y Silvia Reyes y resultó herido de gravedad el oficial José Carlos Gutiérrez, quien falleció semanas después. En las afueras, murió el policía Dorval Márquez, quien volvía de su trabajo y recibió varios disparos por no acatar la voz de alto del Ejército.

Los testimonios recabados durante décadas revelaron la violencia del operativo. Los testigos dicen que los militares efectuaron más de 140 disparos sobre el apartamento. Las balas destrozaron puertas, ventana, paredes de ladrillo. Al frente del operativo estaba el represor José Nino Gavazzo: la madre de Barrios le había dicho que su hijo no estaba, que solo estaba su nuera embarazada, que por favor tuviera cuidado. Al retirarse, Gavazzo le dijo que la joven estaba bien, que no había pasado nada.

A casi 50 años del crimen, la Justicia procesó al general Juan Modesto Rebollo por el homicidio de las «muchachas de abril». La jueza Isaura Tórtora consideró –en línea con el fiscal Ricardo Perciballe– que la muerte de las jóvenes no se produjo en el marco de un enfrentamiento armado, sino que fue resultado de un accionar ilegítimo de los militares.

Para formular la imputación, la Fiscalía tuvo en cuenta, particularmente, un informe de una junta médica integrada por los peritos Hugo Rodríguez Almada, Frances Berches y Natalia Bazán, quienes desacreditaron la versión oficial aportada por el Ejército en dictadura. Los integrantes del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República se basaron en diversa documentación anexada al expediente de la justicia militar que investigó la balacera en la finca de Mariano Soler y en otras pruebas documentales.

Entre ese material se encuentra una fotografía registrada por la Policía Científica esa trágica noche, en la que se muestra los cuerpos sin vida de las jóvenes, acurrucados en una habitación. Ningún signo se correspondía con una intención destinada a repeler el ataque de los integrantes del Ejército. Esa fotografía, tomada hace 49 años, revela que, al momento de esos últimos disparos, las jóvenes estaban completamente indefensas. Que las acribillaron.

VIDAS TRUNCADAS

Diana Maidanik era la mayor de las tres. Tenía solo 21 años. Era estudiante de la Facultad de Humanidades y maestra de jardín de infantes. Laura Raggio era estudiante de la Facultad de Psicología, tenía 19 años. Silvia Reyes, también de 19 años, estaba embarazada de tres meses y era esposa de Washington Barrios, el hombre buscado por las fuerzas conjuntas. Eran amigas y tenían toda su vida por delante. Hasta que la noche se precipitó sobre ellas.

Este jueves, el Estado uruguayo debió reconocer su responsabilidad en el crimen de las tres jóvenes, así como en la desaparición forzada de Luis Eduardo González González y de Óscar Tassino. La ceremonia fue parte de la condena dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que mandató al Estado a investigar los hechos y castigar a los responsables. Pero también falló a favor de promover una reparación integral de las víctimas del terrorismo de Estado.

El evento fue encabezado por la vicepresidenta Beatriz Argimón, ante la ausencia del presidente Luis Lacalle Pou, quien había viajado a Estados Unidos para recibir una distinción de la Americas Society, pero, de todos modos, llegó al país con tiempo para asistir. De la ceremonia participaron varios representantes del Estado y legisladores de todos los partidos, salvo de Cabildo Abierto, cuyos integrantes optaron por no presentarse.

La decisión cabildante no fue casualidad. Las huestes lideradas por Guido Manini Ríos cuestionaron la supuesta intromisión de la CIDH en los asuntos internos del país. Pero, sobre todo, su ausencia buscó legitimar el relato de los militares que actuaron en aquel procedimiento. Por esos días, los represores alegaron que, al intentar ingresar a la finca, fueron recibidos con disparos de armas de fuego provenientes del interior y que la muerte de las jóvenes se produjo en medio del fuego cruzado.

Esa postura quedó de manifiesto durante el homenaje que se les realizó a las jóvenes en la Cámara de Representantes, días antes de cumplirse 49 años del crimen. En esa instancia, el diputado Carlos Herrera, coronel retirado del Ejército, reivindicó el rol de las Fuerzas Conjuntas durante la dictadura y acusó a las homenajeadas de «enemigas de la patria», por ser cómplices de un movimiento guerrillero, cuyo objetivo era «dañar la democracia existente en ese momento a fin de instalar un régimen totalitario». Ese día, el diputado insistió con la teoría del enfrentamiento (véase «Contar otra historia», Brecha, 20-IV-23). Pero las pruebas recabadas durante la indagatoria muestran otro escenario.

LA IMPUTACIÓN

En febrero de 2021, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó el procesamiento con prisión de tres militares, el general retirado Juan Modesto Rebollo y los coroneles José Gavazzo y Eduardo Klastornick, por tres delitos de homicidio en reiteración real. En su dictamen, aseguró que «la muerte de las jóvenes Reyes, Maidanik y Raggio es de estricta responsabilidad de los militares que actuaron en el operativo, quienes, sin lugar a dudas, procedieron en forma ilegítima».

«Más allá de si las jóvenes resistieron o no el allanamiento, lo real es que estas fueron ejecutadas, si se quiere masacradas, cuando se encontraban acurrucadas en una zona donde no podían efectuar resistencia alguna», expresó Perciballe. El dictamen fiscal tuvo en cuenta, entre otras pruebas, el informe elaborado por la junta médica, cuyos integrantes, después de analizar el voluminoso expediente, lograron desentrañar lo que sucedió aquella noche.

En efecto, los hechos derivaron en la apertura de una investigación de la justicia militar, bajo la carátula «Tiroteo con muertos calle Mariano Soler 3098 bis, apto. 3», en procura de determinar la responsabilidad de los efectivos partícipes del operativo en la muerte de las tres jóvenes y del policía Dorval Márquez. La investigación realizada por el juez de instrucción militar de Quinto Turno coronel Héctor Álvarez fue escueta.

Del expediente surge que el juez recibió un informe firmado por el coronel Rebollo, en el que quedó estampada la versión oficial: los militares bajo su mando arribaron sobre la madrugada (a las dos de la mañana), llegaron al apartamento 3, golpearon la puerta y no obtuvieron respuesta, violentaron la puerta, pasaron a un corredor y luego a un patio abierto. Habría habido allí una puerta cerrada, y les ordenaron a las personas de adentro que salieran con los brazos en alto, pero no hubo respuesta. Violentaron la puerta de acceso, iluminaron y ordenaron que nadie ingresara, pero el capitán Julio Gutiérrez habría entrado, y cayó herido por varios disparos desde el interior. Los militares abrieron fuego hacia los lugares desde donde partían los supuestos fogonazos; Rebollo ingresaría a sacar a Gutiérrez y sería herido en su brazo. Al cesar el tiroteo, según el relato oficial, habría entrado al local y habría encontrado los cuerpos sin vida de tres jóvenes, además de una granada y tres armas.

La indagatoria se limitó a relevar el testimonio de los oficiales que estuvieron en la primera línea de ingreso a la finca, como los tenientes coroneles Rebollo y Washington Scala, y el mayor Klastornick. Sus declaraciones se extendieron por apenas 20 minutos, en los que ratificaron la versión oficial, sin profundizar en otros detalles. Después de estas declaraciones, el juez investigó la muerte de Márquez, con la declaración del alférez Ricardo Morales –quien efectuó los disparos contra el policía– y de los soldados que estaban apostados en varios puntos de custodia. Tras este trámite, el magistrado clausuró la investigación.

Sin embargo, en ese expediente se incluyeron elementos que 40 años después permitieron deconstruir la versión oficial de la dictadura. Entre ellos, las fotografías de los cuerpos tomadas por la Policía Técnica y el informe planimétrico de la habitación donde fueron hallados. También la autopsia de las jóvenes, realizada por el médico forense José Mautone, que revela la violencia del procedimiento de los efectivos partícipes del operativo. A esto se le sumó el informe forense del coronel Gutiérrez, en el que se señala que sus heridas fueron producidas por disparos de ametralladora. Es decir, infligidas por sus propios camaradas, que descargaron sus armas de guerra contra las paredes de la vivienda.

Todo esto llevó a la junta médica a considerar que la versión oficial no era real: «La hipótesis de que las tres mujeres fueran abatidas sin un enfrentamiento armado previo es compatible con todos los elementos que obran en autos. En efecto, la posición de los cadáveres superpuestos, apretujados entre la pared del fondo y el mueble, con múltiples heridas de armas de guerra inferidas de frente y desde su derecha, permitiría sostener esa eventualidad».

«Surge probado que los agresores habrían ocupado sus posiciones en el interior de la habitación, cuya puerta de acceso estaba a la izquierda de los cadáveres (pared sur), en tanto los disparos que mataron a las mujeres provinieron de frente y desde la derecha. Esta ubicación de los militares que dispararon a las mujeres no es consistente con la versión de que los primeros estaban afuera y repelieron la agresión hacia el capitán Gutiérrez cuando este ingresó al lugar», agrega el informe.

RECONSTRUIR LA HISTORIA

Hugo Rodríguez Almada afirmó que la fotografía tomada por la Policía Científica «significó mucho» para poder desentrañar lo que ocurrió aquella noche. En diálogo con Brecha, explicó que, al realizar una autopsia histórica sobre un hecho como este, en el cual hay versiones encontradas entre los militares que participaron del operativo y los vecinos y testigos civiles que aparecen en el expediente, se les suele dar mucha importancia a los documentos.

«Los testimonios son importantes, pero pueden estar influenciados por los intereses de las partes en el conflicto; y, aun siendo absolutamente honestos y veraces, siempre son reflejo de la memoria, y la memoria se modifica con el tiempo, con la experiencia, y genera un cierto nivel de incertidumbre.» En cambio, los documentos, si bien pueden ser amañados, trampeados o fraguados, tienen un valor diferente.

«En este caso, la fotografía permite evidenciar una cantidad de lesiones que nosotros pudimos confrontar con la descripción que hizo el forense militar que intervino (en la autopsia); entonces, ahí ya tenemos dos elementos materiales: una prueba documental gráfica y una prueba documental escrita, que tienen una coincidencia concreta», argumentó Rodríguez Almada.

A esto se le sumó el hecho de que los informes elaborados por los propios servicios de las Fuerzas Armadas y de la Policía en dictadura no son coincidentes con la versión de los militares involucrados: «Cuando de los documentos militares surgen pruebas de que la versión oficial no es factible, eso tiene muchísimo valor, porque supone un reconocimiento», complementó el médico forense.

Eso sucedió, por ejemplo, con la pericia forense del capitán Gutiérrez: «Alguien puede dudar de las historias clínicas del Hospital Militar, porque fueron realizadas en una situación política particular. Pero cuando de esas pericias surge que Gutiérrez tenía heridas de ametralladora y la versión oficial dice que [en la finca] solo había dos o tres revólveres de puño de uso civil y una granada sin explotar, surge claramente que esos tipos de armas no pudieron provocar las lesiones que tenía el cuerpo de Gutiérrez», agregó. Además, no existe un solo registro de que esos revólveres hayan sido disparados aquella noche.

Por otra parte, la fotografía permite comprobar la dirección de los disparos, de adelante a atrás y de izquierda a derecha: «Cuando confrontamos eso con el plano que aporta la Policía Técnica en el expediente, se constata que no fueron disparos hechos por los militares desde fuera de la habitación y con las víctimas dentro de la habitación, sino que esos disparos fueron hechos desde dentro de la habitación».

«Entonces, la historia clínica de Gutiérrez, la fotografía y el plano planimétrico son documentos oficiales de la época que nos permitieron esclarecer, hasta donde se puede, el hecho. Pudimos contestar las preguntas que hacía la fiscalía con toda la prudencia que se requiere, yendo hasta donde podíamos avanzar», concluyó el perito.