La pasada semana, en Radio Sarandí, el periodista Gabriel Pereyra informó, citando fuentes del gobierno uruguayo, que Estados Unidos amenaza con cortar la ayuda militar al país como represalia contra la denominada Operación Milagro, el programa de atención oftalmológica en cooperación con Cuba en ejecución desde 2007. El gobierno uruguayo ha informado que no proyecta desactivar el emprendimiento. El canciller Mario Lubetkin calificó la Operación Milagro como una «experiencia extraordinaria» y aseguró que el gobierno buscará preservarla.
Conviene tomar en cuenta que la guía orientadora de la cooperación externa de Estados Unidos, en particular de sus programas de asistencia militar, son sus propios intereses de seguridad nacional. Por eso, la amenaza hecha por el Departamento de Estado se parece a un tiro en el pie de Washington.
Aunque parezca inverosímil, el argumento que esgrime el gobierno estadounidense es que el personal oftalmológico cubano destacado en Uruguay se desempeña en régimen de mano de obra esclava.
Resulta sorprendente la repentina vocación humanitaria de la administración Trump, que contrasta, por ejemplo, con la ejecución sumaria y sin juicio previo de 230 personas en aguas internacionales de la región, por considerarlas sospechosas de «narcoterrorismo». El 9 de setiembre pasado, el Comando Sur retomó sus ejecuciones ilegales, bombardeó una nueva lancha y asesinó a sus tres tripulantes en el océano Pacífico. Estas acciones, comenzadas en setiembre de 2025 como Operación Southern Spear, ahora pasaron al dominio de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM, según su denominación en inglés). Como se recordará, esta es la expresión militar del Escudo de las Américas o Coalición Anticárteles de las Américas anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 7 de marzo pasado, cuando reunió a los presidentes de la región, adictos a su doctrina Donroe, en Doral, Florida (véase «A las órdenes del Comando Sur», Brecha, 14-VIII-26).
LA OPERACIÓN MILAGRO Y LA SUPUESTA MANO DE OBRA ESCLAVA
El programa se inició en 2005, con el viaje de 2.027 pacientes uruguayos a operarse gratuitamente a Cuba. En 2007, con la inauguración del Hospital de Ojos José Martí, en un ala del Hospital Saint Bois, las intervenciones oftalmológicas, sobre todo de cataratas, comenzaron a hacerse en Uruguay. En dicho marco, desde 2008 hasta 2025, se hicieron gratuitamente 916.787 consultas oftalmológicas, 118.029 cirugías de ojos y 217.885 pesquisas en todo el país.
El Hospital de Ojos, cuyo director es el doctor Diego Fischel, es una unidad asistencial de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), aunque también atiende a afiliados de la Sanidad Militar, de la Asociación de Bancarios del Uruguay, de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte y de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Seguro de Salud para los Funcionarios de OSE, y a cualquier jubilado o pensionista, sea de ASSE o de mutualistas privadas, que reciba menos de diez bases de prestaciones y contribuciones, unos 68.640 pesos a la fecha de hoy. En el hospital José Martí se llevan a cabo unas 40 cirugías por día. En su gran mayoría son ambulatorias, como operaciones de cataratas y también otro tipo de intervenciones quirúrgicas como la oculoplastia, cirugía de córnea, trasplante de córnea, crosslinking, patologías de glaucoma, filtrantes e inyecciones de antiangiogénicos.
La presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, ha informado que la institución destina una partida anual de 250 mil dólares a la misión cubana. Dicho monto no constituye el pago de salarios profesionales, sino un reintegro de gastos operativos, sujeto a rendición de cuentas. Las partidas se transfieren a una cuenta institucional supervisada por el Ministerio de Salud Pública para cubrir la manutención de los profesionales; la gestión salarial recae en el gobierno cubano. Son 21 profesionales: oftalmólogos y personal de enfermería que renuevan sus misiones de trabajo en períodos de tres años y trabajan junto con un equipo de oftalmólogos uruguayos.
En agosto de 2025, la Operación Milagro retomó sus actividades, interrumpidas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Ellas incluyen la presencia del Hospital de Ojos en el interior del país, en acuerdo con la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Equipos de médicos, técnicos, licenciados en Oftalmología, con su equipamiento, se trasladan a distintas localidades del interior para hacer exámenes e incluso cirugías sencillas. Para los pasivos que residen a más de 250 quilómetros de Montevideo y requieren atenderse en el Hospital de Ojos, su traslado también es gratuito.
¿TIENE ALGÚN FUNDAMENTO LA AMENAZA ESTADOUNIDENSE?
Según informó Gabriel Pereyra, Washington amenazó a Uruguay con cortar su cooperación militar si no se suspende el programa de cooperación con Cuba. Conviene analizar las razones de la advertencia de Estados Unidos y también sus posibles consecuencias.
La razón formal del gobierno de Trump es que el personal sanitario cubano se desempeña en condiciones de esclavitud. La sanción al «trabajo esclavo» desempolva una norma de 1930 según la cual «los bienes […] producidos […] en cualquier país extranjero mediante trabajo penitenciario y/o trabajo forzoso y/o trabajo por contrato bajo sanciones penales no tendrán derecho a entrar en los Estados Unidos» (artículo 1.307 del Título 19 del Código de los Estados Unidos). Apoyado en esta antigua norma, hace unos pocos meses atrás, Estados Unidos ya impuso a Uruguay, junto con otros 60 países, un arancel extraordinario.
Como se ve, lo del trabajo esclavo refiere a importaciones de bienes y, además, es notable que la misma norma establezca que la interdicción puede obviarse si existen necesidades de consumo en Estados Unidos que lo justifiquen. No se requiere ser un experto para comprender que solo una interpretación muy retorcida de la norma citada podría justificar la inclusión en ella del personal sanitario cubano de la Operación Milagro.
Quiere decir que la amenaza estadounidense responde a otras razones. No es difícil concluir que se vincula con la política de asfixia económica de Cuba que desarrolla Washington. Es obvio que el objetivo del Departamento de Estado es evitar que Uruguay continúe transfiriendo 250 mil dólares anuales a La Habana como contrapartida de su cooperación.
LA COOPERACIÓN MILITAR DE ESTADOS UNIDOS
El garrote que en este caso esgrime la diplomacia estadounidense es el corte de la ayuda militar, lo que se conoce de manera genérica como «programas de cooperación en seguridad», un entramado de normas extremadamente complejo y opaco en el que se entrelazan los departamentos de Estado y de Defensa. En él también se insertan las Guardias Nacionales que dependen de los Estados que componen la Unión. En nuestro caso, desde hace 26 años el Ministerio de Defensa Nacional se vincula con la Guardia Nacional del Estado de Connecticut, a través del Programa de Asociación de Estado (State Partnership Program) del Departamento de Defensa.
En concreto, las formas que asume la cooperación militar de Estados Unidos con nuestro país son, básicamente, asesoramiento, entrenamiento, transferencia de equipos en desuso o venta a costo reducido de algún equipo destinado a utilizarse en cuestiones de interés estadounidense (por ejemplo, los blindados Mamba para operaciones de paz). Todos los programas de cooperación militar de Estados Unidos tienen un común denominador muy claro: su objetivo es promover sus intereses nacionales.
Para dimensionar la significación y los reales alcances del asunto debe recordarse el antecedente de la enmienda Koch, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1976. Ella cortó la cooperación militar con Uruguay como sanción por las violaciones de derechos humanos de la dictadura. El terrorismo de Estado sobrevivió casi una década sin mayores inconvenientes pese a que, en aquella época, la ayuda militar de Estados Unidos era mucho más relevante que en la actualidad. Es interesante dar cuenta de la observación de un oficial superior uruguayo, hace ya dos décadas atrás. «Por primera vez tuvimos que elaborar doctrina», recordó. En efecto, en aquel entonces, los manuales militares del país eran meras traducciones de los estadounidenses.
También es ilustrativo recordar que las operaciones anuales Unitas fueron excluidas de la interdicción de la enmienda Koch por razones de seguridad nacional. La participación de la Armada Nacional en esas operaciones navales implementadas por la armada estadounidense desde 1960 recién se suspendió cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez y su ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, así lo establecieron en 2006.
No se trata de banalizar la amenaza de Estados Unidos, pero sí conviene saber que sus consecuencias son más simbólicas que efectivas.
