Una aparente victoria

Dos resoluciones de la Intendencia de Canelones, que impulsó una coordinación institucional a nivel nacional, dan la buena nueva a los vecinos de Paso Picón: no podrá fumigarse a menos de 300 metros de sus casas.

Se oyen aplausos. La puerta se abre y Adriana llora en medio de un abrazo. A su alrededor todos los presentes se saludan. Acaba de terminar la reunión en la Sala de Actos de la Intendencia de Canelones (IC) y los vecinos festejan lo que parecía imposible de lograr cuando comenzaron a luchar, comandados por esta mujer: no se podrá fumigar a menos de 300 metros de sus casas. El mismo decreto del Ministerio de Ganadería de mayo de 2014, que sirvió como amparo legal al productor y a la inacción de las autoridades, hoy los protege. El impulso de los vecinos organizados –que llenaron innumerables formularios, recorrieron oficinas, juzgados, comisarías entre otros confines– despertó al Estado, que da ahora una respuesta concreta. En las palabras y en el papel.

PAPELES. Una resolución de la IC del 17 de abril de este año reconoce que “la incorporación paulatina de nuevas prácticas productivas en la zona rural, con mayor uso de agroquímicos, ha generado conflictos en distintas zonas (del departamento)”, y declara “de interés departamental la definición de perímetros territoriales en el medio rural con asentamientos humanos con el objetivo de viabilizar la permanencia de la población en el medio, para lo cual se promoverán condiciones socioambientales adecuadas”. Además expresa que “el intendente establecerá los perímetros territoriales” y “lo comunicará al legislativo departamental y a los órganos nacionales correspondientes”. En una brevísima sesión, sin condimento alguno, la Junta Departamental (JD) aprobó por mayoría absoluta esta resolución que modifica el texto de las directrices departamentales. Tras la anuencia de la JD, la IC aprobó otra resolución, estableciendo el primero de estos “perímetros rurales con asentamientos urbanos”: el Paso Espinosa-Paso Picón. Atendiendo, entre otras cosas, a la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, y a los sucesivos decretos regulatorios del Mgap respecto de las fumigaciones con agrotóxicos, se resuelve “ establecer un área de 300 metros en torno a este perímetro de exclusión de actividades que generen perjuicio a la salud de los pobladores y al ambiente” y “solicitar a los organismos competentes que tomen las medidas preventivas relacionadas”. En particular se solicita “que para esta área se cumplan los mismos requisitos que rigen para centros poblados en materia de aplicación de fitosanitarios”.

PALABRAS. “Es un paso. Hay que seguir trabajando”, dijo durante la reunión el director general de Gestión Ambiental de la IC, Leonardo Herou. Además de los vecinos, participaron los principales referentes de los organismos involucrados: la intendenta de Canelones, Gabriela Garrido, el director de la Dinama, Alejandro Nario, su asesor Alfredo Blum, el director nacional de Ordenamiento Territorial, Salvador Schelotto, el director de Servicios Agrícolas del Mgap, Inocencio Bertoni y Gastón Casaux, asesor letrado del Msp. Otro logro de esta coordinación interinstitucional y de los vecinos es el compromiso de las autoridades de crear un protocolo nacional de actuación para estos casos. Todavía no está del todo claro qué podría implicar, pero algunas líneas fueron adelantadas durante la reunión. La coordinación buscaría aceitar, por ejemplo, los mecanismos de denuncia: que los vecinos puedan hacer sus reclamos ante el gobierno local y que éste articule con el gobierno central, para evitar que los primeros tengan que ir a Montevideo únicamente para firmar la vista de un expediente, como ocurre actualmente en todo el país. Y fundamentalmente se abre la posibilidad de que se apliquen medidas similares a las de Picón en otros puntos sensibles del país. “Nos pusimos de acuerdo, ahora estamos viendo cómo lo ajustamos”, dijo Nario durante el encuentro. Resta ver cómo las medidas se aplicarán en el territorio, aspecto fundamental para evaluar las potencialidades reales de esta respuesta del Estado. “En este país la justicia tarda pero llega”, había dicho a Brecha el año pasado el productor Máximo Castilla, dueño de los predios desde los que se rociaba con agrotóxicos las casas de Paso Picón. Parece que tenía razón

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