El padre Hugo Camejo, cura párroco de la iglesia de Carrasco del Sauce, en la ruta 33, Toledo, no previó las consecuencias de la conversación telefónica que, cierto día de junio de 1983, mantuvo con el comandante en jefe del Ejército, el general Boscán Hontou. Un tal Esteban Pérez, vecino de Toledo Chico, repartidor de productos chacinados, le pidió permiso al padre Camejo para reunir en la iglesia a vecinos cristianos que realizaban trabajo social en la zona. «Al enterarse de los motivos que originaban tales reuniones», el cura activó su relación con la máxima autoridad militar. Y así se produjo una verdadera avalancha: el general Hontou ordenó al jefe del Estado Mayor del Ejército que el Departamento II (E-II; Informaciones) investigara al repartidor de chacinados. El coronel Mario Aguerrondo, jefe de la inteligencia del Estado Mayor (quien como comandante del Batallón de Infantería 13 había articulado la desaparición de por lo menos cuatro prisioneros del 300 Carlos a fines de 1975 y estaba destinado a promover la desaparición del chileno Eugenio Berríos en el muy democrático año de 1993), dispuso que la investigación fuera llevada a cabo por la Compañía de Contra Información (Cia.C/I).1
La Cia.C/I puso en marcha la operación Azul, que involucró a cientos de personas, a curas párrocos de varias iglesias de Montevideo, a decenas de militantes laicos, en un espionaje de vigilancia y seguimientos de personas y vehículos que se prolongó por más de un año. El seguimiento de Esteban Pérez y la identificación de todos sus vínculos dieron lugar a una operación Azul II, que se desplegó en forma paralela y se centró en las actividades de varias parroquias e iglesias de zonas populares de la capital. Ambas operaciones demandaron ingentes recursos y abundante personal dedicado a establecer equipos operativos para vigilar lugares y seguir sospechosos, tomar fotografías, infiltrarse en las misas, registrar vehículos. Los tediosos informes de los equipos de vigilancia, unas 280 fojas, pueden consultarse en el rollo 3070 –Partes de Operaciones de 1983 y 1984– del Archivo Berrutti. Allí se podrá establecer la razón de tanto esfuerzo, aparentemente sin sentido, a menos que se valore como estratégica la «colección» de información que pasó a nutrir las fichas de la inteligencia militar, información que, con una concepción de Guerra Fría, será usada en democracia.
El quid de tanto alboroto fue la primera información de las «agencias» de inteligencia militar y policial en respuesta al pedido del E-II: Esteban Andrés Pérez Belinsky era un C/A-LV (traducción: ciudadano con antecedentes bajo libertad vigilada). Esteban fue detenido cuando cumplía 22 años, en junio de 1972, como «simpatizante» tupamaro; era seminarista (estudiante para sacerdote católico) en el colegio Pío, y por esa razón el padre José Tejero fue visitante asiduo del recluso 174, condenado a ocho años de cárcel por pintadas y volanteadas para un comando de apoyo tupamaro de la columna 10 del Movimiento de Liberación Nacional. El recluso 174 permaneció en el Establecimiento Militar de Reclusión 1 hasta 1979, cuando obtuvo la libertad anticipada, pero quedó bajo control del Batallón de Infantería 14.
Está claro que un LV nunca pierde la condición de «sedicioso» así pasen los años, y su prontuario resurgirá en las fichas de la inteligencia militar aun por un accidente de tránsito: automáticamente se desplegarán sus antecedentes y los datos de toda su familia, aportados por la Dirección Nacional de Identificación Civil, incluidas las correspondientes fotos, esas que toman cuando se renueva su cédula de identidad. Por si fuera poco, cuando una patrulla de rutina del Batallón 14 entró a una parrillada de Toledo Chico, resultó que el «objetivo» Pérez estaba junto con otros tres C/A, discutiendo la forma de hacer una colecta para la compra de pelotas de fútbol para los pibes de la zona. El colmo fue que el dueño de la parrillada también era un C/A, de modo que esa noche había cinco individuos –¡cinco!–
con antecedentes.
El lector no debería alarmarse: dejando de lado a los «sediciosos» procesados por la justicia militar, casi todos, desde cristianos hasta comunistas e incluso algunos blancos y colorados, tienen «entradas» en las fichas de la inteligencia, ya sea porque aparecieron citados en El Popular o eran lectores de Marcha en los sesenta, fueron delegados de la Democracia Cristiana en las elecciones de 1971, ocuparon alguna fábrica en 1973, fueron convencionales de Por la Patria en 1982 o firmaron para el plebiscito contra la ley de caducidad en 1989.
Las primeras vigilancias del LV Pérez arrojaron resultados más inquietantes: en el humilde domicilio de la calle 1 de Toledo Chico, los equipos de vigilancia comprobaron que habitualmente se hacían allí reuniones de vecinos con la participación del C/A padre Julio Bonino, cura de una parroquia de Las Piedras. Una entrevista con el presidente de la Comisión Pro Mejora del Barrio Benzo reveló que «la esposa de Pérez, Mirta Graciela Villa, 22 años, es secretaria de la comisión promejoras de la villa Carrasco del Sauce y trabaja en un centro educativo de la ciudad de Montevideo, aunque los días sábados y domingos fue vista repartiendo alimentos en horas del mediodía a niños pobres del barrio». Desde ese momento, el LV Pérez pasó a ser «el Nene» y su mujer, insólitamente S/A (traducción: sin antecedentes), sería «María» para los informes.
Desde junio de 1983, militares de particular siguieron al Nene en sus recorridos por la zona en los que entregaba chacinados en su moto de tres ruedas y en sus viajes a Montevideo en COPSA y en Casanova. Cuando subía a un ómnibus, un espía también lo hacía, mientras los vehículos seguían al ómnibus. Lo mismo con María cuando tomaba dos o tres ómnibus para ir a su trabajo docente en tres liceos: el público 31 de Malvín, los maristas de Ellauri, en Punta Carretas, y Cristo Rey, en la zona de Piedras Blancas. Cuando María se encontraba con alguna amiga en el Centro, los equipos debían decidir si seguían o no a los nuevos «objetivos». Tuvieron dificultades para comprender que María, muchas noches, pernoctaba en casa de sus padres y por eso dudaron de que fuera la esposa del Nene. Este, a veces, se encontraba con María a la salida del liceo en Malvín y juntos iban a la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Agraciada y Tajes, o a la iglesia Santa Rita, en Besares y Mariano Estape, o a la parroquia de La Teja, en la calle Zufriategui, o a la de la Sagrada Familia, en el Cerro, donde participaban en reuniones de laicos.
Pero el día en que unas 200 personas, entre ellas María, se congregaron en las inmediaciones del colegio Cristo Rey en apoyo a miembros del Servicio Paz y Justicia que hacían un ayuno y fueron detenidas por Colina (nombre en clave de la Policía de Montevideo), el Nene pasó a un segundo plano. Las actividades de María en diversas iglesias y parroquias implantaron un nuevo operativo, Azul II, que terminó centrándose en la parroquia Santa Gema, de Roma y Belloni, en las actividades del hermano Francisco y del cura Juan Ignacio Claret (sorpresivamente S/A), de las jóvenes conductoras NN de un furgón Citroën y en las arengas de un «NN barbudo» que nunca llegó a ser identificado. Cerca de 20 vehículos que estacionaban en la zona las noches de misa fueron prolijamente investigados, y los nombres de sus dueños ameritaron nuevas fichas de los archivos de inteligencia. Los movimientos de la furgoneta revelaron que trasladaban a feligreses desde la parroquia hasta las paradas de ómnibus; los cánticos registrados por los espías a la salida de algunas reuniones tenían tintes «tendenciosos» del estilo de «Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos, saldrás de las cadenas y juntos venceremos».
Después de más de un año de vigilancias y seguimientos, las operaciones Azul I y Azul II fueron desactivadas el 29 de setiembre de 1984.
- Archivo Berrutti, rollo 3070. ↩︎
