De los 301 años de Montevideo, hay 73 que pueden ser contados desde un lugar olvidado. Un lugar olvidado por la ciudad, por la historia y por la memoria: los barrios de emergencia de los años cincuenta. Río de Janeiro –por ejemplo– cuenta parte de su historia desde las favelas, visibles para los turistas que recorren la costa. Para la capital de Uruguay, en cambio, esta historia puede ser evadida; no está en el horizonte de visibilidad de gran parte de los montevideanos y, menos aún, de los turistas.
¿Por qué empiezo esta historia comparando nuestros barrios de emergencia de los cincuenta con las favelas? Porque hay favelas cariocas, surgidas a principios del siglo XX, que en su lucha por permanecer en la ciudad a fines de los cuarenta y los cincuenta lograron quedarse en el sur, a pesar del alto costo de las tierras que ocupan. En cambio, el logro de los habitantes de cantegriles, conventillos y desalojados urbanos montevideanos, en su lucha por vivienda, fue la construcción de barrios de emergencia ubicados fuera de la ciudad. Aquí contaré algo acerca de ese origen y de su historia. Un proceso relacionado con las causas de muchos de los problemas sociales que existen hoy en esos espacios de pobreza aislados, abandonados e históricamente estigmatizados.
Una historia olvidada
La construcción del Plácido Ellauri fue, en 1952, la medida que el gobierno de Montevideo encontró para responder a la ocupación de ranchos que ocurría en un terreno cercano a un barrio municipal en construcción.
Ante la conformación de lo que se denominaba un rancherío, la comisión de vecinos del barrio Marconi-Jardines del Hipódromo convocó al edil batllista Ignacio Bazzano para conocer la situación de primera mano. Bazzano asistió junto con el intendente, Germán Barbato (de su mismo sector político), y ambos volvieron a la Junta Departamental de Montevideo con una propuesta. El problema de los rancheríos era denunciado entonces por la oposición política, socialistas y comunistas, que pretendían poner sobre la mesa el tema de la vivienda de las clases trabajadoras.
La prensa comunista daba cuenta de la realidad de aquellas «barriadas» donde, según entendían, el progreso urbano y social no había llegado. Un artículo del diario Justicia del 21 de noviembre de 1947 (titulado «Un barrio olvidado por el municipio. A las calles fangosas del barrio Cadorna llegó el Partido Comunista») describía el lugar donde vivían las familias obreras de las curtiembres del barrio industrial Nuevo París. Hasta allí habían llegado con su equipo de filmación, luego de atravesar «zanjones, baches y montones de basura». Encontraron el barrio, dice la crónica, «aislado por un puente que marca el límite de los avances del progreso edilicio de Montevideo», y luego a «centenares de familias obreras de los centros fabriles».
La ocupación de terrenos a través de la construcción de casas de materiales de desecho (chapas, cartones, neumáticos) era parte de los problemas habitacionales que tenían los sectores trabajadores. La mayoría, sin embargo, vivía en zonas centrales y suburbanas; en conventillos, piezas y casas de alquiler con graves problemas de hacinamiento.
Para el caso del rancherío en la zona de Marconi, la solución que propusieron el edil y el intendente batllistas en 1952 fue transformar el barrio municipal que se estaba construyendo en un barrio de emergencia con 96 viviendas transitorias. Así lo recordaba en 2022 una vecina del barrio Plácido Ellauri, que aún vive allí y que tenía 5 años cuando sus padres recibieron la vivienda: «El barrio Plácido Ellauri fue formado entre los años 1952 y 1954. […] La mayoría de los que habitamos hoy el Plácido teníamos ranchos allá; la mayoría había venido desde Villa Española y otros de acá. […] Era así, todo ranchos. Cuando aparece la propuesta de las viviendas estas, que van a ser hechas por la intendencia, tenía preferencia la gente que trabajaba en la intendencia y no tenía vivienda, y la gente que trabajaba en el Hipódromo». Además de la vivienda transitoria, las autoridades municipales encomendaron a la Policía el control de los terrenos, con el objetivo de evitar nuevas ocupaciones. También dieron trabajo a los pobladores en la construcción del Cementerio del Norte, que se levantaba en las cercanías.
Hacia 1955 esta solución concreta fue transformada en política de vivienda. El 12 de julio de aquel año, la junta departamental aprobó el decreto 9.835, que establecía un reglamento para la adjudicación de viviendas de emergencia, y definió del siguiente modo a sus eventuales pobladores: «Familias modestas […] que residan en zonas que el concejo departamental declare como poblaciones inadecuadas o insalubres, que habiten en edificios que la misma autoridad defina como ruinosos, que ocupen fincas que se requieran con urgencia para la ejecución de obras municipales de carácter inmediato o que carezcan de vivienda como consecuencia de catástrofes o siniestros». Hacia 1956 se habían construido cuatro barrios de emergencia más en Montevideo, dos en Nuevo París y dos más en las cercanías del Plácido Ellauri: Ellauri, con 96 viviendas, y Marconi, con 76.
Algunos ediles se opusieron a estas construcciones. El socialista Hugo Prato, en su intervención en la junta cuando se aprobó el citado reglamento, criticó la iniciativa apuntando a las características de las viviendas: «Tiene una cocina-comedor, sin agua, sin pileta […] dos habitaciones dormitorios que están vinculadas, sin puertas a la cocina-comedor y sin que las paredes de las mismas lleguen al techo de la vivienda. Su cuarto de baño […] compuesto por una ducha y una taza turca […] está colocado del lado exterior […] la característica de su puerta permite apreciar lo que ocurre en su interior desde las fincas vecinas». También describió el lugar donde se ubicaban y señaló duramente, junto con otros ediles socialistas y de la Unión Cívica, el problema de construir barrios fuera de la ciudad constituida. «Allí donde termina el pavimento», argumentó, «teniendo invariablemente que recorrer espacios más o menos largos por senderos de tierra, se encuentran los barrios escondidos, a los cuales se piensa trasladar a los actuales habitantes de los rancheríos […]. Hay que transitar muchos metros y trepar a un costado para llegar al lugar en que están las viviendas».1
La discusión fue saldada con la construcción de barrios fuera de la ciudad, lo que provocó problemas graves de precariedad y segregación en pleno desarrollo del estado de bienestar. Todo esto fue tratado en la junta y en una comisión especial que estudió la cuestión de los rancheríos en Montevideo en 1955, y que llegó a la siguiente conclusión: «La implantación de un núcleo de viviendas de emergencia en un barrio ya formado y atendido podría levantar justas protestas por la desvalorización inmediata que apareja». A la vez, se señalaba la necesidad de hacer un inventario de tierras públicas en zonas con servicios, de forma de abaratar costos de construcción y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, evitando la precariedad y la lentitud de los servicios.2
Del problema de los servicios da cuenta la memoria barrial y los tanques de agua que han quedado en el centro de los barrios de emergencia que dejaron de funcionar en los años noventa, cuando estas zonas fueron conectadas a la red general de agua de la ciudad. Una vecina que nació en el barrio Marconi en 1958 y que aún vive allí recordaba en 2022: «De ese tanque, de ahí venía el agua. […] Se llenaba de agua arriba y tenía unas máquinas; creo que era una persona que trabajaba para la intendencia […] [la] que prendía la bomba para que todo el barrio tuviera agua. […] Pero si se cortaba el agua o se rompía la bomba, […] el tema era ese […], había que ir a buscar agua a la canilla del barrio».
Los vecinos también cuentan
El edil batllista Eduardo Lezama planteó en la junta, al discutir la cuestión de los barrios de emergencia en 1955, que una delegación de habitantes de cantegriles se había reunido con Edmundo Sisto, también batllista, integrante del consejo departamental, y con él habían traído la propuesta de adecuar un espacio cercano a los barrios de emergencia donde «guardar los caballos», que eran un «medio de trabajo fundamental para muchos habitantes».3 La investigación histórica me ha permitido descubrir episodios que dan cuenta de cómo actuaban frente a estas problemáticas los sectores populares y, en este caso, los habitantes de los cantegriles en el período anterior a la última dictadura civil-militar. Este hallazgo contribuye a que las ciencias sociales revisen su visión sobre los pobres urbanos y sobre el papel que tuvo la movilización social y política, anterior a los años sesenta, en las discusiones sobre la vivienda y la ciudad. Este aspecto también es parte importante del origen de los barrios de emergencia a mediados del siglo XX en Montevideo.
Así como las favelas cariocas se organizaron a fines de los cuarenta y lucharon junto con la militancia comunista para permanecer en la ciudad donde tenían todos los servicios y el trabajo, los habitantes de cantegriles montevideanos comenzaron a organizarse, también con la participación de militantes comunistas, a partir de la creación del barrio Plácido Ellauri. Es decir, las viviendas de emergencia fueron una oportunidad para que, junto con los comunistas, los pobladores pudieran actuar colectivamente, realizando asambleas, activando comisiones vecinales y presentándose ante la junta y ante la intendencia para negociar con las autoridades.
El 11 de octubre de 1954, durante la campaña electoral, Justicia describía una asamblea de 70 personas llevada adelante en el cantegril del Cuerpo de Blandengues, que había decidido «permanecer» o irse «solo para ocupar las viviendas económicas que están dispuestos a conquistar con su lucha unida». El artículo decía: «Los cantegriles se volcarán en masa el viernes en la explanada municipal», e ilustraba: «Una nota de profunda emoción l[a] dará un camión sobre el cual se armará un rancho auténtico del “cinturón de miseria”». Este vínculo entre comunistas y habitantes de los cantegriles ha sido olvidado en la memoria de las izquierdas, al igual que en la historia de las favelas cariocas. Sin embargo, la relación se mantuvo hasta los inicios de la última dictadura uruguaya, al igual que las luchas sociales por vivienda y ciudad.
Cuando los gobiernos nacional y departamental estaban en manos del Frente Amplio (FA) en 2005, la Intendencia de Montevideo y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) realizaron diagnósticos para comenzar a pensar un plan de intervención en la zona de Casavalle. En uno de esos documentos una de las técnicas entrevistadas contaba lo siguiente: «Históricamente los vecinos te dicen que desde finales de la década del 40 ellos empiezan a luchar por sus viviendas, luchar en el sentido de buscar perspectiva de construcción de viviendas y de erradicar sus viviendas precarias. […] En los vecinos est[aba] la inquietud de dejar de vivir en los ranchitos y tener la posibilidad de vivir en una vivienda más decorosa».4
«¿Viste que también hay discriminación?»
El estudio sobre cantegriles y barrios de emergencia ha mostrado que gran parte de quienes fueron poblando estos espacios desde fines de los años cuarenta era afrodescendiente. Consistentemente, el censo de 2011 determinó que la zona de Casavalle, lugar donde se encuentran estos barrios, es la que concentra una importante población que se identifica como afrodescendiente. En América Latina y en Uruguay –que también tiene un pasado esclavista–, la dimensión racial es parte constitutiva del proceso histórico. Y también debe ser considerada a la hora de analizar la relación entre pobreza y ciudad.
Sin embargo, en nuestro país la dimensión racial fue silenciada en ámbitos político-gubernamentales hasta hace por lo menos unos 30 años. Ello hace muy difícil encontrar un documento histórico oficial que haga explícita referencia al racismo. Sin embargo, en la sesión de la junta departamental que discutió sobre la política de barrios de emergencia, el edil Prato también criticó que esa iniciativa se basaba en «un absurdo criterio […] casi de discriminación racial» (Acta 957, pág. 1.324). Además de los datos censales, las historias, las memorias y las características étnico-raciales actuales de la población de estos barrios dan cuenta de ese «absurdo criterio».
Una vecina del Plácido Ellauri que vive allí desde su inauguración, en 1952, recordaba en 2022: «Llegaba carnaval, doña María Barrada, una vecina, salía con un atado de ropa en la cabeza y atrás los tambores, y la gente más atrás». Otra familia del barrio Marconi, llegada también tras su inauguración, en 1954, contaba: «Acá siguió lo que se caracterizó por el candombe […], el candombe estaba acá adentro»; mis padres, decía, «salieron toda la vida en carnaval […], en candombe».
También hay memoria de la discriminación, que forma parte de espacios racializados en los que el color de piel se asocia a un sector social o a un territorio. Una mujer blanca anciana, que vive en el barrio Plácido Ellauri desde sus orígenes, rememoraba en 2022 una anécdota ocurrida en los años setenta, cuando Elisa Bordaberry, a quien recuerda como la hermana del «que fue presidente de la república», iba al barrio: «Elisita Bordaberry […], ella también vino acá, le traía cosas para dar la leche a los gurises del barrio. Cuando vio a mi hijo […] bien blanco, rubio, le dice a Dora: “Este chiquilín no es de acá”. […] ¿Viste que también hay discriminación?».
El deseo de vivir en otro lado
Desde 1996 el gobierno departamental de Montevideo comenzó a atender los barrios de emergencia a través de la cualificación de los espacios públicos y la infraestructura urbana de forma de integrarlos a la ciudad constituida. Ese esfuerzo fue muy importante a partir de 2005, cuando se coordinó con el gobierno nacional de la misma fuerza política, el FA.
A pesar de ello, la realidad habitacional y de pobreza se mantiene y los problemas de seguridad (la posibilidad de vivir y no morir a causa de la violencia) son cada vez más trágicamente reales. En 2015 un concejal del barrio Marconi planteaba, en una de las reuniones de evaluación del Plan Parcial de Ordenación, Recuperación e Integración Urbana de Casavalle, que «la problemática de vivienda hay que atenderla de inmediato y escuchar más a la gente, e ir a buscarla, porque es lo que nos falta».5 El mismo informe en el que aparece este testimonio señalaba que más de la mitad de los habitantes de la Cuenca Casavalle, que incluye los barrios Plácido Ellauri, Ellauri y Marconi, manifestaba «fuertes deseos de migrar». Pero agregaba: «No creen que puedan hacerlo en el corto plazo, lo que genera insatisfacción».
A partir de estos datos, el documento recomendaba promover la vivienda social en las zonas intermedias de la ciudad con subsidios para quienes deseen y puedan acceder a la posibilidad de mudarse. Seguramente, de esa manera, restituiríamos vivienda y ciudad a quienes han sufrido una segregación urbana de larga data.
* Historiadora. Asistente en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. En 2018 publicó Cantegriles montevideanos: pobreza y segregación urbana (1946-1973) (Rumbo Editorial). Investiga para su doctorado la relación entre Estado, pobreza y ciudad en Montevideo, en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, de cuyo proceso forma parte este adelanto.
- Junta Departamental de Montevideo, acta 957, 12/7/1955, pág. 1.326. ↩︎
- Archivo Legislativo, Junta Departamental, expediente 1.359, 11/1/1956. ↩︎
- Junta Departamental de Montevideo, acta 957, 12/7/1955, pág. 1.323. ↩︎
- Verónica Filardo, Hacia la resignificación de Casavalle. Cepal, Montevideo, 2005, pág. 19. ↩︎
- Intendencia de Montevideo, Informe de Participación Plan Parcial de Casavalle, junio de 2015, pág. 52. ↩︎