La semana pasada, autoridades del Ministerio de Salud Pública, encabezadas por la ministra Karina Rando, asistieron a la Comisión de Salud Pública de la Cámara Baja. Allí entregaron a los legisladores el informe completo elaborado por los interventores que están trabajando en el CASMU desde mediados de este año. El documento describe una larga serie de irregularidades detectadas durante la intervención, relacionadas con la gestión de la mutualista, que afectaron sensiblemente la calidad de la atención brindada a los afiliados. Entre ellas, diversas maniobras de pagos y contrataciones que involucran cifras millonarias y que benefician directamente a empresas tercerizadas cuyos titulares eran, a la vez, autoridades de la institución médica.
De las principales compras hechas por la mutualista en los últimos años se desprende una fluida relación con la empresa Vidatek SA, una firma constructora. Según consta en el informe, al que accedió Brecha, el 10 de junio de este año se firmó un contrato para el reciclaje de los pisos 6 y 7 del edificio situado en Colonia y Arenal Grande («con destino a geriatría, según el propio contrato», dice el documento). Se acordó el pago en dos etapas: una por 1.353.224 dólares y otro pago de 1.334.314 dólares. La compra llamó la atención de los interventores, que dudaron de la conveniencia del contrato, puesto que «al momento de solicitar auxilio financiero al Estado ante la delicada situación económica planteada» la institución asumió «una obligación de US$ 2.687.538 más leyes sociales».
No era la primera vez. En 2024, por ejemplo, los interventores tomaron conocimiento del comienzo de las obras de construcción «en Sanatorio 2 (Maternidad, CTI neonatal, sala de parto, block y corredor)». Solicitaron información al respecto y supieron de un contrato con Vidatek SA firmado el 2 de mayo de este año. CASMU se comprometía a erogar en dos partidas un total de 3.249.794 dólares. Luego de que la comisión interventora se involucrara en el asunto, las autoridades de la mutualista tomaron la decisión «unilateral» de suspender las obras sin un plazo fijo. Sin embargo, para ese entonces los interventores se enteraron de que ya se le había abonado a la firma un total de 400 mil dólares, pero en agosto de 2023. Ante esta evidencia, indicaron en el informe: «No se entiende cómo se pagaron US$ 400.000 en agosto 2023 cuando se firma un contrato el 2 de mayo de 2024 y se dispuso un primer pago de US$ 400.000 por concepto de acopio». Es decir, el pago se realizó nueve meses antes de la celebración del contrato. La comisión interventora solicitó que la situación sea esclarecida, pero «hasta la fecha del presente informe [2 de diciembre de 2024] no se tiene respuesta» de ello.
Ambos contratos –incluida la «propuesta comercial» mediante la cual se dispuso el adelanto de 400 mil dólares en el segundo caso– fueron firmados por el doctor Osvaldo Barrios, exgerente de Logística, Proyectos, Inversiones y Obras de CASMU.
Vidatek SA es una empresa que tiene como presidente a Pablo Miguel Dutra Ferjanich desde 2013 y está domiciliada en Joaquín Campana 2776 bis. Dutra figura como socio principal de la empresa Reparo SAS, que tuvo como presidente a Luis Darío Laxalt Ferranda hasta enero de 2024. Laxalt, a su vez, figuraba –según la planilla de trabajo consultada por los interventores– como director de Intendencia y Servicios Generales del CASMU. Reparos SAS también mantenía vínculos con la mutualista («cuyo objeto era el de mantenimiento de centros médicos», según el documento). Ante la Dirección Nacional de Registros, ambas figuran, además, con la misma dirección. Como vicepresidente de Reparo SAS figuraba entonces el doctor Osvaldo Barrios: hasta enero de 2024, la misma persona que firmó los contratos con Vidatek SA. Tanto Barrios como Laxalt presentaron su renuncia a la mutualista el 5 de noviembre de este año.
Respecto al cargo de gerente de Logística, Proyectos, Inversiones y Obras que ostentaba Barrios hasta su renuncia, la ministra Rando informó a los legisladores que el médico fue designado en ese puesto el 22 de noviembre de 2022 por el Consejo Directivo «pese a que la gerencia correspondiente no estaba creada ni aprobada por aquel». A la vez, dijo: «En varios de los contratos analizados y vigentes, comparece en representación de CASMU IAMPP el señor gerente de Logística, Proyectos, Inversiones y Obras, a pesar de que este cargo no está previsto en los estatutos». En este contexto, según Rando, se le otorgó a Barrios «una “carta poder” con amplias facultades –no taxativas– para “efectuar cobros, firmar convenios y suscribir toda clase de contratos civil y/o comerciales” en nombre y representación de CASMU IAMPP, sirviendo el mismo para suscribir una serie de contratos contrayendo obligaciones para con la institución. Los estatutos prevén que la representación de la institución será ejercida por el presidente asistido por el secretario general o prosecretario en los actos externos de toda índole, así como que al Consejo Directivo le compete la “política de abastecimientos y contratación de servicios”, para lo que se requerirá el voto favorable de al menos la mitad más uno de los miembros del Consejo Directivo. Esto es incompatible con lo anterior».
El propio Laxalt, por otra parte, de acuerdo a lo que también constató la intervención, estaba vinculado a CAEDOT SAS, una empresa de enfermería con la que CASMU también tenía vínculos comerciales –por ejemplo– para la «explotación de la Clínica Garibaldi (ex-Sanatorio 3)». Este contrato fue suscrito el 2 de mayo de 2024 –con condiciones muy favorables a la SAS y en detrimento de las finanzas de la mutualista, según apuntaron los interventores–, pero, al igual que lo sucedido con Vidatek SA, las autoridades de CASMU realizaron adendas retroactivas que incluso precedían en nueve meses a la firma del contrato. Una irregularidad constatada en otros casos a lo largo del informe.
También se comprobó que Luis Laxalt es hermano de Víctor Laxalt Ferranda, quien figuraba como presidente de la firma Vitacross SAS. En octubre de este año la comisión interventora reparó en un pago que la mutualista le había hecho a esta firma «por concepto de gestión, coordinación y gestión de empresas naviera» y solicitó el contrato respectivo. De la planilla laboral de CASMU surge que Víctor Laxalt era el coordinador del Centro Integral de Atención Mamaria de la mutualista.
El informe de los interventores contiene otros casos similares que dan cuenta de la falta de controles administrativos, el conflicto de interés y la contravención de los estatutos y los reglamentos de funcionamiento interno de la mutualista. La información está ahora en poder de la Fiscalía, que determinará si existen responsabilidades penales de las autoridades.
