Gran parte de la izquierda internacional está oscilando entre la repetición ingenua de las críticas diseñadas en los lugares comunes del pensamiento liberal, o en una defensa numantina del gobierno, incluso de alguna medida difícilmente justificable. Un análisis más matizado, lo que no significa de ninguna manera equidistante, exige un abordaje combinado de varias dimensiones.
En 2014 la activación, por parte de los sectores más extremistas de la oposición, del plan de derrocamiento denominado “La Salida” provocó más de 40 muertos tras los disturbios dirigidos por grupos ultras. La derecha no había aceptado su derrota electoral en las presidenciales de 2013 y apostaba por la vía violenta para lograr la restauración oligárquica. El gobierno sorteó el golpe y activó una mesa de negociación con la patronal opositora, intentando aplacar el boicot económico.
La relativa paz política obligó a la derecha a priorizar la vía electoral, presentándose a las legislativas de 2015, en las que logró el control del parlamento tras más de 15 años en minoría. A partir de ese momento el Legislativo se convirtió en el instrumento para bloquear las decisiones del Ejecutivo y para intentar tumbarlo por dos vías: o referéndum revocatorio o reforma constitucional para reducir el mandato presidencial.
La vía del revocatorio fracasó, tanto por los fraudes de la oposición en la recolección de firmas como por la táctica gubernamental de dilatar los plazos de su aprobación. Esta postura del Ejecutivo le salió cara entre importantes sectores de la izquierda internacional. A su vez, la suspensión de las elecciones regionales de 2016 perjudicó aun más la imagen del gobierno de Maduro.
Hubo varios intentos de negociación para superar la parálisis institucional, como la mediación de la Unasur y la del papa Francisco. La participación de actores externos, no precisamente cercanos al Ejecutivo, como los ex presidentes de República Dominicana (Leonel Fernández) y del Estado español (Rodríguez Zapatero), no fue suficiente para que la oposición apostara por el diálogo.
Los sectores más extremistas volvieron de nuevo a cobrar fuerza dentro de la Mud. El primer paso en su estrategia fue el intento de golpe parlamentario, promoviendo un “juicio político” inexistente en el marco jurídico venezolano. Mientras esto sucedía, el gobierno de Maduro volvió a cometer otra torpeza: impulsó un nuevo registro de partidos que exigía un número de avales y requisitos que sólo las grandes fuerzas podían cumplir. La consecuencia fue la inhabilitación de varios partidos pequeños, entre ellos algunos del chavismo crítico de izquierda, como Marea Socialista.
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Pero es en el escenario socioeconómico donde la disputa es más encarnizada y las contradicciones son cada vez mayores. Los sectores gubernamentales explican la profunda crisis económica enumerando variables de la guerra económica, las cuales serían: la manipulación del tipo de cambio en el mercado negro, incrementando cada vez más la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el informal (y provocando, en consecuencia, una cadena especulativa descomunal en los precios de todos los productos y servicios que se ofertan en el país); el desabastecimiento programado de bienes por parte de diversos grupos patronales (y la reducción de la producción en el último tiempo) para multiplicar la hiperinflación; un bloque internacional bancario para ahogar financieramente al país y un sabotaje a las transacciones monetarias, dificultando la adquisición de billetes en bancos y dejando así sin liquidez a la población.
Otra teoría plausible agrega variables exógenas y autocríticas, como la caída de los precios del petróleo y el intento de mantener el gasto público y social al mismo nivel, lo cual está incrementando severamente el endeudamiento.
Por otro lado, desde una óptica autocrítica, intelectuales del chavismo alertan sobre las ventajas que algunas fracciones de la elite del propio chavismo obtienen de la guerra económica. Un referente intelectual de la izquierda, como Javier Biardeau, advierte de la articulación entre “grupos importadores, mafias cambiarias y una ‘burguesía patrimonialista’ ligada a altos cargos de la administración pública (la tecnoburocracia)”, que están lucrando con el actual deterioro económico. Además, la imposibilidad de subsistir exclusivamente del salario estimula el denominado “bachaqueo” (la reventa especulativa), provocando que los circuitos de la economía informal tengan cada vez más peso.
Para superar la crisis e incrementar la producción nacional el Ejecutivo ha intentado cada vez más generar alianzas productivas con diversos sectores empresariales. En el actual rumbo, de perfil más netamente neodesarrollista, destacan el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco (que ampliaría la frontera minera en más de 100 mil quilómetros cuadrados y podría generar, según el gobierno, de 3.000 a 4.000 millones de dólares anuales, pero que ha provocado un rechazo muy fuerte de sectores ecologistas y del chavismo crítico), la flexibilización de convenios en la Faja Petrolífera del Orinoco, para atraer más socios internacionales, y la creación de zonas económicas especiales, facilitando la llegada de inversiones extranjeras.
Tanto el chavismo opositor como grupos críticos dentro del chavismo oficial coinciden en criticar algunas de estas medidas, alertan sobre el crecimiento preocupante de la deuda externa y plantean la suspensión y renegociación de su pago. Los intereses que la mafia bancaria internacional está obligando a pagar a Venezuela son absolutamente desproporcionados.
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Aunque hay sectores, minoritarios, que no comparten las orientaciones más extremistas, en la actualidad la línea dominante de la Mud es la impuesta por los grupos más ultras y apuesta por reeditar La Salida, con el objetivo de generar violencia en las calles y provocar el mayor número de muertos posible que justifique el derrocamiento de Maduro. Reinaldo Iturriza enumera una serie de instituciones públicas que están siendo atacadas de manera sistemática y en muchos casos incendiadas, como hospitales, centros educativos, transporte público, centros de distribución de alimentos. A esto se agrega el sabotaje del servicio eléctrico. En síntesis, prácticas propias de una guerra asimétrica.
En el terreno político, la propuesta más reciente y controvertida del gobierno ha sido la de crear una asamblea nacional constituyente. Una propuesta que tiene como objetivos formales institucionalizar el sistema de misiones sociales, poner las bases jurídicas del nuevo modelo pospetrolero y dar rango constitucional al poder comunal. Planteamientos, sin duda, compartidos por una gran parte del chavismo y de la población.
Sin embargo, el modelo de elección y sobre todo de postulación de candidatos ha generado rechazo no sólo en la derecha sino dentro del chavismo y en parte de la izquierda internacional. El gobierno plantea dos tipos de elección, uno convencional, territorial, y otro por sectores. El segundo implica que la mitad aproximadamente de los y las asambleístas serán elegidos entre una serie de “sectores” (movimiento obrero, empresarios, indígenas, comunas…), en vez de elegir a candidatos de partidos, lo cual se interpreta como una vía para corporativizar el voto y asegurarse una mayoría. El modelo propuesto es difícilmente defendible, y perjudica la imagen del gobierno incluso entre sus sectores de apoyo en el exterior.
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El chavismo, como identidad política hegemónica y aglutinadora de los sectores revolucionarios y populares, ha ido sufriendo crisis internas e incluso rupturas. La constelación política chavista es compleja y fragmentada. El grupo más numeroso y organizado es el chavismo en el poder, y en su base más fiel conviven tanto revolucionarios honestos (en la dirección y en las bases) como fracciones de oportunistas y grupos parasitarios. Luego destaca el chavismo crítico no opositor, en el que se encuentran miles de militantes de organizaciones populares muy críticos con la dirigencia. No comparten el pacto económico con un sector empresarial porque supone un retroceso en la agenda socialista, y siguen denunciando a las fracciones corruptas y contrarrevolucionarias que parasitan al interior de la elite del poder. Sin embargo, siguen sosteniendo al gobierno y articulándose con él para enfrentar a la derecha.
El sector minoritario, aunque en crecimiento, es el del chavismo crítico opositor, es decir, grupos como el partido Marea Socialista o la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (en la que participan algunos/as ex ministros/as de Chávez), que se salieron del Psuv e incluso del Gran Polo Patriótico y que apuestan por construir un chavismo disidente y alternativo que le pueda disputar el poder al oficial.
Las perspectivas para el chavismo, a corto y mediano plazo, no son especialmente favorables, no sólo por su fragmentación política interna sino porque el nuevo golpe en marcha (La Salida II) se da en unas condiciones objetivas y subjetivas peores que en 2014. A un año y poco de las elecciones presidenciales de 2018, el chavismo en el poder tendrá que redireccionar profundamente el timón si quiere aspirar a una victoria electoral.
Mientras tanto, el chavismo de base, el de los militantes anónimos, con perfiles más oficialistas o más críticos, sabe que está condenado a seguir sosteniendo a un gobierno en crisis y con profundas contradicciones. Tiene más claro que nadie que si la Mud reconquista el Estado, la factura que le hará pagar al movimiento popular será descomunal. Es más consciente que nadie de que el conflicto histórico entre proyectos y clases antagónicas sigue tan vigente como siempre.
* Profesor de la Universidad del País Vasco y miembro del Grupo de Investigación Parte Hartuz-América Latina. (Una versión más extensa de esta columna fue publicada en el periódico vasco Gara.)
