Venezuela: ¿y ahora qué? - Semanario Brecha
Tras las elecciones del 28 de julio

Venezuela: ¿y ahora qué?

A casi dos semanas de realizada la elección presidencial en Venezuela, hasta el reelecto presidente Nicolás Maduro ha demostrado, por la vía de los hechos, que esta estuvo cargada de irregularidades y que el resultado anunciado oficialmente tras un dudoso escrutinio exprés es por lo menos sospechoso. La oposición, por su parte, acusa al gobierno de fraude, afirma que tiene pruebas para demostrarlo y denuncia una embestida represiva contra sus partidarios y los participantes en manifestaciones callejeras que, según sus voceros, reclaman respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas y que para el gobierno son parte de otra intentona golpista de la derecha vernácula y el imperialismo (estadounidense, obviamente).

Difícil pronosticar cómo evolucionará este nuevo capítulo, que parece repetir algunos anteriores de la ya larga crisis venezolana, pero si en todo presente anidan varios futuros posibles, el mejor de ellos, para este presente, será a partir de transparentar, reconocer y cumplir el resultado electoral del 28 de julio. Ello, aunque sea fundamental, no será suficiente.

Venezuela está agobiada por la deriva crecientemente autoritaria del régimen de Maduro, pero no se recuperará con el revanchismo o los saltos al vacío que insinúan algunos sectores de la oposición a los que tampoco les sobran antecedentes democráticos. Aunque parezca remota, la única posibilidad de superar pacíficamente la crisis planteada, además de dilucidar la controversia poselectoral, es mediante un proceso de diálogo y negociación política entre las partes directamente involucradas, sin exclusiones ni presiones de ningún tipo, con agendas y plazos precisos, acuerdos necesarios y resultados tangibles a la brevedad. No es una posibilidad novedosa y entre sus antecedentes hay varios intentos fallidos y pactos incumplidos, pero ¿acaso hay una alternativa mejor? Cuando la causa es buena, aunque sea difícil, vale la pena volver a intentar.

La comunidad internacional y en especial la regional deberían acompañar dicho proceso ayudando a establecer un contexto favorable. Hasta ahora, la Organización de los Estados Americanos ha demostrado nuevamente que en vez de procurar prevenir problemas y solucionar conflictos en la región prefiere ser parte de ellos. Los respectivos y elocuentes silencios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Mercosur (cuya presidencia pro témpore ejerce Uruguay), la Unión de Naciones Suramericanas, el Foro para el Progreso de América del Sur y el Consenso de Brasilia, suscrito en mayo de 2023, dan cuenta de su posición. No soplan vientos favorables a la integración y la región pierde relevancia como tal, y en un contexto global particularmente complejo y de futuro incierto. No obstante, también en este aspecto es necesario ajustar instrumentos, fijar rumbo y seguir navegando, pues no hay destino cierto en soledad.

Los gobiernos de Brasil, Colombia y México alientan una salida en clave de diálogo y entendimiento entre venezolanos a una crisis que, por su proximidad y magnitud, impacta especialmente en esos tres países, y cuya persistencia cuestiona la incidencia y el liderazgo de ese trío en la región. Mientras tanto, otros gobiernos (con el uruguayo en el pelotón), aunque, al igual que los anteriores, reclaman conocer los datos fidedignos del escrutinio electoral, anticipadamente reconocen como presidente electo al candidato opositor, Edmundo González, con lo cual, pretendiendo presionar al régimen de Maduro, favorecen el juego en el que se sienten más cómodos y que ha probado ser eficiente: victimizarse, atrincherarse y hacer tiempo para que todo siga como está. O para que todo empeore, si se consideran las tendencias de los indicadores socioeconómicos del país, la pobreza y la migración de millones de venezolanos o los informes de organismos internacionales especializados referidos a institucionalidad, calidad democrática, transparencia y derechos humanos. Podrá discutirse si los extremos opuestos se juntan, pero es evidente que a menudo se retroalimentan y queda claro quiénes ganan o pierden en un escenario tensionado y polarizado.

Aunque la política exterior no ocupa un lugar relevante en las contiendas electorales uruguayas, en esta ocasión, referentes de la coalición de gobierno han considerado oportuno incorporar la crisis venezolana a la agenda de su campaña. Lamentablemente, tal oportunismo parece obedecer más a conveniencias domésticas y hasta personales que a la causa democrática venezolana: al presidente Luis Lacalle Pou, quien pese a las disposiciones constitucionales en la materia ha incursionado como actor protagónico en la campaña del Partido Nacional, le resulta más cómodo hablar de asuntos externos que hacerse cargo de algunos escándalos de su propio gobierno. Del mismo modo, el doctor Julio María Sanguinetti dedica más tiempo a lamentar la posición del Frente Amplio (FA) respecto a Venezuela que a preguntarse (y en lo posible responder) por qué el Partido Colorado que él ha liderado durante casi medio siglo está en el peor momento de su historia, con un magro apoyo ciudadano y como furgón de cola del actual gobierno.

Del FA nos hacemos cargo los frenteamplistas, según nuestra identidad política y nuestras normas estatutarias. Respecto al devenir político en Venezuela, es evidente que hay sensibilidades y opiniones diferentes entre nosotros. No son nuevas, datan desde los inicios de la llamada revolución bolivariana, liderada por Hugo Chávez. Las conozco, pues las viví durante el desempeño de responsabilidades de gobierno y partidarias que se me confiaron y en cuyo marco también interactué con referentes del gobierno, la oposición y otras organizaciones de la sociedad civil venezolana. Respecto a la situación hoy planteada en ese país, la declaración del secretariado del FA emitida el 29 de julio y la emitida por la Mesa Política el 6 de agosto atienden su gravedad y representan a todos los frenteamplistas. Ser prudentes no significa ser cómplices, ni pusilánimes, ni ridículos.

En lo personal –tal es la condición desde la que redacto esta columna–, no creo que sean nacionales, populares y progresistas los gobiernos y las fuerzas políticas que, proclamándose como tales y hasta socialistas o revolucionarios, menoscaban la democracia como forma de gobierno y estado de la sociedad, ignoran o trampean los pronunciamientos ciudadanos, vulneran los derechos humanos, civiles y políticos y cuya ineficiencia es factor de pobreza, desamparo y emigración entre vastos sectores de la población. Algún analista internacional los tilda con cierta ironía de democraduras, varios expertos los identifican como complejos entramados de poder y negocios en los que confluyen viejas y nuevas burguesías con jerarquías militares o autoritarismos caóticos, pero, a cuenta de otras definiciones y denominaciones, también pueden ser llamados dictaduras (categoría en la que Uruguay, lamentablemente, tiene experiencias que tampoco son anónimas).

Gobiernos como el de Nicolás Maduro son resistentes (con altos costos, por cierto), pero más temprano que tarde se agotan y llegan a su fin. A veces de la peor manera, generando nuevos y hasta mayores estragos. Lo importante y desafiante, también para nuestra región, es que el costo de los cambios que Venezuela necesita no lo pague con peores conflictos y más dificultades para su población.

Finalmente, y en lo que a Uruguay y al FA respecta, tampoco creo que la política exterior de un país pueda llevarse adelante mediante berrinches, vaivenes y obsecuencias con la excusa del pragmatismo de gobierno, o con silencios y ambigüedades en nombre de la unidad partidaria y la solidaridad internacional. Como en todos los órdenes de la vida, también en política los valores y los principios, lejos de ser piezas de museo, son instrumentos para la acción cotidiana.

Acción sin estridencias, excepciones ni pretextos, pero con perseverancia, coherencia, serenidad y confianza.

*  Ariel Bergamino fue asesor de Tabaré Vázquez (1989-2009), embajador uruguayo en Cuba (2009-2017), viceministro de Relaciones Exteriores (2017-2020) y presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (2022-2023).

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