En la impunidad que concede el respaldo de contar con el mayor poder militar del planeta, el presidente estadounidense, Donald Trump, no tuvo ningún inconveniente en reconocer que la intervención en Venezuela había tenido un objetivo concreto: el petróleo. En las horas posteriores al secuestro y la detención de Nicolás Maduro, el mandatario se vanaglorió de la cifra de barriles que ingresarían a su mercado y puso énfasis en la recuperación del control de las empresas estadounidenses dedicadas a esa actividad, expropiadas durante los gobiernos de Hugo Chávez. No hubo mención alguna a la recuperación del régimen democrático, en el país con la mayor reserva de crudo del mundo.
El acceso y el control de los recursos energéticos han sido un factor estructural del desarrollo de los Estados en el mundo industrial desde, al menos, los últimos dos siglos. En la última década, sin embargo, esa lógica de dependencia recuperó un protagonismo explícito en las decisiones de política exterior. Medidas como el bloqueo estadounidense al envío de petróleo a Cuba para presionar políticamente al régimen o la interrupción del suministro de gas ruso a Europa ilustran hasta qué punto la energía opera hoy como instrumento de poder en las relaciones internacionales.
En ese contexto, América Latina se reinscribe con fuerza en el mapa de las tensiones geopolíticas. Su combinación de reservas fósiles, potencial para energías renovables y posición como proveedora de materias primas la ubican como un territorio de disputa entre grandes intereses corporativos y potencias hegemónicas. Al sur de la región, la consolidación de Vaca Muerta como proyecto energético de escala unifica esos intereses con las principales figuras de los negocios locales. En paralelo, los recientes hallazgos de yacimientos petroleros en Namibia y en otros puntos de las márgenes del Atlántico sur reactivaron la avidez de las grandes petroleras por las cuencas offshore (en el mar) del Atlántico sudoccidental, entre ellas las ubicadas frente a la costa uruguaya.
ENTUBADOS
Vaca Muerta se consolidó en la última década como el principal vector de la estrategia energética argentina y una de las apuestas más relevantes en materia de hidrocarburos no convencionales. Ubicada en la cuenca neuquina, concentra la segunda mayor reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional, sobre una superficie de más de 30 mil quilómetros cuadrados y a profundidades que oscilan entre los 2.500 y los 3.500 metros. En torno al yacimiento se ordenan las principales expectativas de ingreso de divisas e inversiones, proyectándose como factor clave para mejorar las condiciones económicas del país vecino.
El proyecto no se agota en la extracción, sino que también incluye transporte y comercialización. La viabilidad económica depende de inversiones intensivas en capital, junto con una red de infraestructura que permita conectar los yacimientos con los centros de consumo. En los últimos años, parte de la discusión en Argentina se ha centrado en la necesidad de construir nuevos gasoductos y ampliar los existentes, y en la búsqueda de mercados regionales para absorber la producción generada. Todo ello atravesado por intereses creados y disputas a nivel político, ambiental y de un empresariado concentrado en unas pocas figuras, con vasta presencia en Uruguay (véase recuadro).
Por fuera de esas tensiones internas, en el proceso de extracción y comercialización de la producción de Vaca Muerta, Brasil aparece como uno de los principales destinos. Tanto por el tamaño de su mercado como por su estrategia de diversificación de proveedores energéticos, el país norteño se ha interesado en el gas argentino como una alternativa para suplir la caída del abastecimiento proveniente de Bolivia. A tal punto que, en 2024, Brasil y Argentina firmaron un memorándum de entendimiento que proyecta exportaciones incrementales hasta alcanzar los 30 millones de metros cúbicos diarios en 2030.
En ese rediseño regional, Uruguay emerge como un posible territorio de paso. Distintos proyectos en evaluación contemplan la construcción de un gasoducto que conecte Argentina con Brasil, y una de esas iniciativas plantea que la infraestructura podría atravesar suelo uruguayo. Hasta el momento, las conversaciones se mantienen en un plano preliminar y sin definiciones claras. Sin embargo, en agosto del año pasado el presidente Yamandú Orsi manifestó que el gobierno tenía interés en la propuesta y afirmó que se trataba de una oportunidad a considerar. El tema, a su vez, es seguido de cerca por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por ANCAP, y fue promovido ante el Congreso de Intendentes por el nacionalista Carlos Enciso, intendente de Florida y exembajador de Uruguay en Argentina, en una cena organizada en Suárez y Reyes por esas mismas fechas.
Aunque resulta difícil pensar que la iniciativa se concrete, principalmente por la existencia de alternativas regionales más sencillas de vehiculizar, existen antecedentes recientes que muestran un creciente entrelazamiento entre Uruguay y Argentina en materia energética. Hacia fines de 2025, nuestro país importó desde Argentina unos 7 millones de metros cúbicos de gas para utilizar en la central térmica Punta del Tigre, de UTE. La operación se llevó adelante con la empresa Pan American Energy y el gas fue transportado a través del Gasoducto Cruz del Sur, que conecta Buenos Aires con los departamentos de Colonia, San José, Canelones y Montevideo. Además, en setiembre de 2025 el gobierno resolvió constituirse como amicus curiae («amigo de la corte») para apoyar a Argentina en la apelación del juicio por la expropiación de YPF en Estados Unidos.
La propiedad y la gestión de la infraestructura que permitieron efectivizar el acuerdo entre ambos países no es un dato menor, ya que desde allí se proyecta extender el nuevo gasoducto hacia Brasil en caso de que la iniciativa prospere. El paquete accionario de Gasoducto Cruz del Sur SA está compuesto por ANCAP (con el 20 por ciento de participación), Shell (el 40 por ciento) y Wintershall Dea –hoy parte de Harbour Energy– (el 10 por ciento). El 30 por ciento restante pertenece a la propia empresa comercializadora del gas: Pan American Energy.
El acento sobre esta última compañía no es casual. Pan American Energy es la segunda mayor operadora de crudo de Argentina y la tercera en producción de gas. A nivel accionario, esta es su composición: la mitad pertenece a la firma británica BP plc, mientras que el porcentaje restante se encuentra en manos de Bridas Corporation, cuya propiedad se divide, a su vez, en partes iguales entre la petrolera estatal China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) y el grupo del magnate argentino Alejandro Bulgheroni.
Esa trama societaria vuelve central el lugar que ocupa Bulgheroni en el escenario regional de los hidrocarburos. El empresario no es un actor ajeno a Uruguay y su cercanía con distintos gobiernos de distintos signos ha sido notoria. Además de inversiones en diversos rubros del agro, en la campaña electoral de 2019 hizo aportes significativos a los partidos de la coalición (véase «Mecenazgo electoral», Brecha, 30-IX-22). Una vez en el gobierno, el expresidente Luis Lacalle Pou fue recibido por el empresario en su megatambo de Durazno.
Su vínculo con el sistema político no se limita a la ahora oposición. También mantuvo una relación fluida con los anteriores gobiernos del Frente Amplio: realizó viajes al exterior junto a Tabaré Vázquez y compartió encuentros informales con José Mujica durante sus respectivos mandatos. A principios de mes, el periodista Alfredo Lara señaló la posible incidencia del empresario en las recientes gestiones diplomáticas de Uruguay con China. La coincidencia entre la proyección internacional de sus negocios –en asociación con la petrolera estatal china CNOOC– y el renovado acercamiento bilateral entre Montevideo y Pekín fue uno de los argumentos planteados por Lara a través de su cuenta de X.
LOS PROSPECTOS
Aunque hasta el momento no hay confirmaciones que permitan establecer una relación directa entre esos movimientos empresariales y las definiciones políticas del gobierno uruguayo, lo que sí aparece con mayor claridad es un campo de convergencia entre la expansión del gas argentino como proyecto regional, la necesidad de infraestructura para viabilizarla y el posible rol de Uruguay como territorio de tránsito y consumo.
En ese cruce, el país se encuentra en una zona de cierta ambigüedad. Mientras construye su identidad en torno a las energías renovables, y al potencial desarrollo del hidrógeno verde, busca integrarse a una arquitectura organizada alrededor de hidrocarburos. El punto no es menor, porque el lugar que esa conexión termine ocupando en la matriz energética pautará el tipo de inversiones que serán necesarias en materia de renovables para acompañar el aumento de la demanda que se proyecta para los próximos años. Y eso no es todo.
La distancia no se expresa únicamente en las definiciones de política energética sobre el gas argentino, sino también en el derrotero reciente de la exploración de hidrocarburos en el propio territorio uruguayo. En ese proceso, que ya acumula varias etapas, participaron distintas compañías internacionales. La primera ronda de exploración offshore se realizó en 2009 y, tres años después, la segunda ronda adjudicó ocho de los 15 bloques ofertados por ANCAP. Fue en ese llamado que comenzaron a confluir en Uruguay actores empresariales que hoy ocupan un lugar central en la disputa regional por los hidrocarburos.
La participación en el país de empresas asociadas a Bulgheroni viene, por lo menos, desde ese momento. Entonces la petrolera británica BP plc fue adjudicataria de tres de los 15 bloques ofrecidos por ANCAP: dos ubicados sobre el límite marítimo con Brasil y un tercero en el centro del área de exploración. Dos años antes de desembarcar en Uruguay, la firma había protagonizado uno de los peores derrames de petróleo de la historia, tras la explosión de su plataforma Deepwater Horizon en el golfo de México. Aun así, BP desarrolló estudios sísmicos en aguas uruguayas hasta 2016, cuando devolvió sus licencias al argumentar que la probabilidad de hallar hidrocarburos comercialmente explotables era baja.
La trama societaria que integra a Bulgheroni con BP articula intereses que exceden la extracción de hidrocarburos e involucran también la comercialización. En 2018, Pan American Energy adquirió los activos de ExxonMobil (Esso) y pasó a controlar la red de estaciones de servicio Axion en Argentina, Uruguay y Paraguay. En nuestro país mantuvo esa posición hasta 2021, cuando se anunció la venta del negocio al consorcio conformado por Copetrol SA, Acodike Supergas y Elindur Investment.
El repliegue de Axion no implicó, sin embargo, un retiro de los intereses en temas energéticos asociados a Bulgheroni del territorio uruguayo. Un año después de esa operación, la petrolera china CNOOC se presentó –sin éxito– a la tercera ronda de exploración offshore promovida por ANCAP. Por su parte, BP plc y Pan American Energy continúan presentes en el país a través de, al menos, una decena de sociedades anónimas, según consta en el reporte anual de la empresa británica correspondiente a 2024.
Dentro de ese entramado societario, merecen especial mención Baplor SA y BP Bioenergy Montevideo SA. La primera, registrada en la calle Colonia 810, figura como una de las firmas a través de las cuales el grupo opera en México, en el campo petrolero Hokchi. La segunda funciona como representación legal en Uruguay de la compañía Bunge, adquirida por BP en 2024. Según su propia información institucional, Bunge se dedica a la comercialización de cereales y oleaginosas, así como a la producción de fertilizantes y «semillas especiales», lo que amplía el radio de acción del conglomerado más allá del sector estrictamente energético.
De igual modo, y pese a la vigorosa actividad del entramado empresarial asociado a BP, a Pan American Energy y al grupo Bulgheroni en Uruguay, ninguna de esas firmas participó de la última ronda de exploración y eventual explotación promovida por ANCAP. El llamado, cerrado entre 2023 y 2024, adjudicó las áreas disponibles a las compañías Chevron, Shell, YPF, APA y Challenger Energy Group. En caso de que surja un descubrimiento declarado comercialmente explotable, ANCAP tendrá derecho a asociarse e incorporarse al proyecto.
A su vez, los compromisos firmados incluyen estudios geológicos, adquisición y reprocesamiento de sísmica 3D y perforaciones exploratorias, procesos que ya en sus etapas iniciales conllevan impactos ambientales significativos (véase «Área desprotegida», Brecha, 28-XI-25) y que, potencialmente, podrían derivar en un derrame en la costa nacional. La pregunta que queda abierta es si correr ese riesgo vale la pena. Por lo pronto, el miércoles 11, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo presentó un recurso de amparo para frenar la prospección. La justicia civil tiene un plazo de tres días hábiles para convocar una audiencia.
Una roca en el zapato
A comienzos de año, el empresario italoargentino Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, cuestionó la decisión del gobierno de Javier Milei de adjudicar al grupo indio Welspun un contrato para el abastecimiento de tubos de acero, destinados a uno de los gasoductos que conectan Vaca Muerta. El gobierno de Milei defendió esa decisión argumentando que el grupo indio había presentado una propuesta un 40 por ciento más económica y criticó a Techint por sobreprecios. Pero mientras en Argentina el holding pelea por contratos de infraestructura clave alegando «soberanía industrial», en Uruguay su presencia descansa en una sofisticada ingeniería financiera y no en la producción.
En un descargo posterior presentado por Rocca a través de una carta pública, se conoció que la oferta había sido hecha desde la firma Tenaris, subsidiaria de Techint. Tenaris tiene sede en Uruguay y se ubica como la segunda empresa con mayor patrimonio del país, de acuerdo al ranking empresarial elaborado por el magíster en Historia Económica Juan Geymonat para Brecha (véase «Los de arriba, los de afuera y los de papel», 14-XI-25). Con 1.387 millones de dólares en patrimonio, Tenaris es la principal empresa cáscara del país, una modalidad que combina la utilización de regímenes impositivos dadivosos –como las zonas francas–, la triangulación de comercio exterior sin trasiego real de mercadería y la casi nula creación de puestos de trabajo.
Otro de los empresarios argentinos relevantes en el desarrollo de Vaca Muerta y con gran presencia en Uruguay es Eduardo Eurnekian. En su caso, a través de la firma Compañía General de Combustibles, Eurnekian accedió a pozos petroleros en asociación con YPF. En nuestro país, el empresario se encuentra presente a través de Corporación América, firma mediante la cual gestiona los aeropuertos de Carrasco, Laguna del Sauce y otros seis en el interior del país.
