Vientos huracanados

Argentina, cooperativas en tiempos de capitalismo explícito.

Trabajadoras del hotel Bauen durante una manifestación en defensa de la cooperativa, Buenos Aires, 2013 ► foto: lavaca.org, lina etchesuri

El movimiento cooperativo argentino sufrió el impacto del ajuste macrista en las tarifas de servicios públicos que lo puso al borde de una nueva crisis, con cierres y desalojos. No hay acuerdo sobre la cantidad de cooperativas y mutuales existentes: según el Estado son apenas 11.000, aunque desde sectores críticos denuncian que las borraron por cuestiones políticas. Dos grandes organizaciones nuclean la compleja trama de cooperativistas.

La crisis económica a partir del ajuste implementado desde el día de la llegada al poder de Mauricio Macri y la alianza Cambiemos no resultó una buena noticia para el sector cooperativo argentino.

De todos modos, hablar de cooperativismo en la Argentina implica entender que existen dos movimientos que nuclean a más de ochenta mil cooperativas chicas, medianas y grandes, diseminadas por todo el país. Los números y estadísticas del cooperativismo argentino resultan confusos de entender según cómo sean leídos. 

Según el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Marcelo Collomb, abogado de la Universidad Católica Argentina (Uca) especializado en cooperativismo y designado por Macri al frente del organismo oficial que regula la actividad, a fines de 2017 había 18.500 cooperativas legalmente constituidas en el país. Un número bajo si se lo compara con el crecimiento en años del kirchnerismo que alcanzó la cifra de 60.000 cooperativas, si bien el Inaes reconocía 27.766 cooperativas. Actualmente hay 9.000 con la matrícula suspendida, es decir, no cumplen con todos los requisitos establecidos por la legislación que encuadra al sector. A eso hay que sumarle otras 12.000 que ya están en proceso de liquidación desde que Collomb asumió su cargo. “Y hay que tener en cuenta que entre 2013 y 2015 fueron creadas 21.000 cooperativas más a partir de programas sociales, de las cuales fueron dadas de baja 6.000”, señala Collomb. Tantos miles marean a cualquiera a la hora de entender este universo que factura anualmente poco menos de quinientos mil millones de pesos, según cifras del Inaes.

Sin embargo, el 13 de junio pasado cuando Collomb presentó junto a su superior, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en conferencia de prensa el resultado del relevamiento realizado por el Inaes, confirmaron la cifra de 8.618 cooperativas y 3.039 mutuales en todo el país. Las mutuales se abocan a los servicios, y las cooperativas, a la producción y al trabajo.

Pero las cifras deben ser entendidas también con los registros provinciales de cooperativas, ya que en las provincias gobernadas por el peronismo existe un marco legal y financiero de apoyo para contenerlas en medio de la crisis económica nacional. Es que mientras el Inaes registra cooperativas y federaciones de cooperativas, las cooperativas provinciales se apoyan en el estado provincial que las ampara sin necesidad de registro nacional. La dispersión de cifras en ese sentido genera confusiones. 

Algo de historia. ► Es que al movimiento cooperativo con una historia de más de ciento veinte años en el país se le suman las más recientes experiencias de empresas recuperadas y gestionadas por los trabajadores en forma de cooperativa, como es el caso de la Cooperativa Bauen, en la capital, o la fábrica de cerámicas Fasinpat, en Neuquén. Los historiadores del cooperativismo coinciden en ubicar a la cooperativa El Hogar Obrero, fundada por el socialista Juan B Justo en 1898, como el punto de arranque del cooperativismo en el país, si bien desde 1878 se registraron experiencias cooperativas de consumo y agrícolas en la región de Santa Fe y Entre Ríos, básicamente fundadas por migrantes europeos que huían de la represión en sus países. Los franceses, por ejemplo,  que venían de la derrota de la Comuna de París recrearon parte de ese espíritu en las colonias agrícolas que fundaron en Entre Ríos. Recién en 1926 se sancionó la primera ley de cooperativas que empezó a regular la actividad en todo el país bajo el gobierno del radical Marcelo T de Alvear, a raíz del crecimiento del sector en rubros como el de crédito, el de consumo, el de seguros y el agrícola.

A ese nuevo actor económico y social se suma el movimiento de empresas recuperadas por sus trabajadores que adoptaron la forma de cooperativa con el fin de salir adelante frente a la crisis económica terminal que golpeó a la Argentina a comienzos del presente milenio.

Un buen ejemplo para entender la diferencia entre aquel cooperativismo del siglo XX y la nueva oleada del siglo XXI resulta la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro). Esta nuclea a diez federaciones que reúnen a 120.000 cooperativas agrarias de todo el país y fue una de las organizaciones que en 2008 se unió a la llamada mesa de enlace, que agrupaba a las patronales del campo en protesta contra las medidas del gobierno de Cristina Fernández en el sector agrícola y ganadero. Nació en 1956, bajo la dictadura que derrocó a Juan Perón, y fue impulsada y apoyada por el nuevo gobierno de facto. El historiador y especialista en temas cooperativos Daniel Plotinsky, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (Imfc), sostiene que en los comienzos del movimiento cooperativo en el país “había empresas que se amparaban bajo la figura de la cooperativa y en realidad no eran tal. Esto ocurría en muchos casos por el desconocimiento acerca de las normas que rigen una cooperativa, pero en otros muchos era un intento de aprovecharse de una seudo finalidad social para lucrar abiertamente”, según publicó en su artículo “Orígenes y consolidación del cooperativismo argentino”, en la revista Idelcoop en marzo de 2015.

Otro ejemplo de cooperativa devenida en empresa lucrativa, alejada de los principios del cooperativismo, es Sancor, la empresa láctea fundada en 1938 a partir de la unión de tamberos de la región sur de Santa Fe y norte de Córdoba, cuyo crecimiento permitió abrir oficinas en San Pablo y Nueva York hasta la crisis tambera de 2008 y luego el ajuste macrista de 2016, cuando se declaró en cesación de pagos y despidió a 500 de sus 2.800 trabajadores, mientras la empresa era puesta en venta sin suerte. El gobierno nacional desembolsó un crédito de 450.000.000 de pesos para intentar frenar la sangría, sin resultados hasta el presente.

En la provincia de Buenos Aires el 48 por ciento de la energía eléctrica está gestionado por 199 cooperativas ubicadas en las principales ciudades y pueblos de la provincia. “Algunas de estas cooperativas eléctricas son las que amenazan con cortar el suministro de energía a fábricas recuperadas que también sufren el impacto de la crisis generada por el gobierno de Macri y pugnan por sobrevivir para dar de comer a las familias de esos trabajadores”, señala a Brecha Andrés Ruggieri, antropólogo de la Universidad de Buenos Aires (Uba).

El movimiento cooperativo está nucleado en dos grandes organizaciones: la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), con 50 años de vida y unas cinco mil cooperativas afiliadas, y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (Cnct), que acaba de cumplir diez años y aúna a las cooperativas de trabajo surgidas a partir de la crisis de 2001 y del fenómeno de empresas recuperadas. “En Cooperar están nucleadas las cooperativas que están más cerca de las patronales que del ideario cooperativo. La Cnct está focalizada mucho más en las cooperativas de trabajo surgidas tras la crisis de 2001 y con un espíritu mucho más combativo y militante, con la idea de recuperar el espíritu cooperativo y solidario de aquellos pioneros de principios de siglo”, resume Ruggieri.

Federico Tonarelli, vicepresidente de la Cooperativa Bauen, reconoce que con la llegada del actual gobierno todo se complicó para las empresas recuperadas y las cooperativas en general. “Tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, las recuperadas no gozan de la simpatía de Cambiemos, y llegaron a vetar leyes de expropiación sancionadas por las legislaturas. Discutir la propiedad privada tiene estos problemas. Asfixiarnos con una suba de tarifas eléctricas, de gas y agua es otra forma de desalentar los proyectos cooperativos”, señala Tonarelli a Brecha. “Ni soñar con obtener ganancias”, remata.

El nuevo impulso del cooperativismo con las empresas recuperadas generó revuelo en el movimiento iniciado por la vieja cooperativa El Hogar Obrero, de los socialistas utópicos. Pero, en tiempos en los que predomina la lógica del capital, se convierte en un desafío más que en una aventura.

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