En menos de dos semanas se instalará el directorio del nuevo Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), creado por la ley 19.367 en diciembre pasado y que sustituye al Sirpa. Estará integrado por un presidente y dos directores.
El 29 de febrero el Senado votará la continuidad en sus cargos de quienes integran actualmente la Comisión Delegada: la psicóloga Gabriela Fulco como presidenta y el psiquiatra Eduardo Katz como uno de los directores, y designará el tercer miembro; el nacionalista, ex edil del sector de Jorge Larrañaga, Álvaro Viviano.
En tanto, los centros de reclusión de adolescentes atraviesan un período de violencia creciente. El sábado pasado un joven se fugó del Centro de Internación Transitoria (Cit), conocido como hogar Rifleros, pero atrás hay una larga lista de incidentes: fugas e intentos de fugas, amotinamientos, reyertas entre chiquilines y trabajadores lastimados. “La violencia entre los chiquilines es tremenda y hay poca respuesta”, plantan desde el Suinau.
El día de la fuga del Cit hubo dos intentos en los hogares Ser y Piedras, de la Colonia Berro, disturbios en el Colibrí que finalmente pudieron ser controlados y una pelea en el hogar Ariel que terminó con un adolescente hospitalizado por quemaduras. Diversas fuentes concuerdan en que lo peor sucedió la semana anterior en el Ciedd, ubicado sobre la calle Burgues, donde la tensión que se vive en el sistema rompió el eslabón más débil de la cadena.
Al igual que en los casos enumerados anteriormente, las investigaciones administrativas en marcha buscarán esclarecer lo que pasó, pero las versiones obtenidas por este semanario no concuerdan. Sí lo hacen en la gravedad de la pelea que dejó varios lastimados. “De lo peor que he visto”, dijo a Brecha Víctor Mango, dirigente del Suinau.
Según los trabajadores, uno de los internos pidió para ir al baño y atacó a la funcionaria que le abrió la reja. Luego abrió el resto de los candados y comenzó la pelea. Según otras fuentes vinculadas al sistema, en el episodio intervino la provocación de un funcionario a uno de los adolescentes que reclamó asistencia médica, y hubo abandono de funciones.
Hace menos de un mes Fulco adjudicó los problemas de violencia entre los adolescentes a una infraestructura precaria y deteriorada, inadecuada “para desarrollar programas de rehabilitación”.
Asimismo, vinculó la situación al hecho de que muchos funcionarios están con licencia médica, cosa que, según dijo, la administración está atendiendo a través de inspecciones y juntas de salud.1
En el Ciedd, el edificio nuevo ubicado sobre bulevar Artigas, las horas son ociosas. Eso genera rispideces entre los jóvenes, y se suman a los problemas que traen de fuera, explicó Mango.
A ese lugar es adonde llegan los jóvenes que ingresan al sistema y donde se determina el hogar que les corresponderá. Los trabajadores enfatizan que los problemas de violencia se explican por la mala gestión de ese centro. Cambiaron los criterios de derivación y ahora se generan problemas donde antes no había, como en los hogares La Casona o Cerrito, explican. No están de acuerdo, por ejemplo, con que quienes tienen condenas largas sean derivados desde el principio a centros abiertos, o en que los chiquilines “más complicados” convivan con los que están en régimen de semilibertad.
El sindicato contabiliza 50 trabajadores lastimados y más de 20 fugas desde el cambio de administración. La fuga del sábado pasado es la segunda que se produce en el Cit, señaló Mango.
Ese centro fue cerrado en 2014 por orden judicial luego de que la Institución Nacional de Derechos Humanos constatara que las condiciones de reclusión violaban derechos fundamentales, pero hasta hace pocos días cinco adolescentes todavía se encontraban allí y el sábado uno de ellos rompió la reja del techo y escapó. En declaraciones a la prensa, realizadas pocas horas después del hecho, las autoridades expresaron dudas de que el joven hubiera podido escapar sin ser visto, por la disposición del lugar y por el tiempo que tuvo que llevarle cortar los barrotes.
Desde el sindicato aducen que hacía tiempo venían advirtiendo que la reja estaba en malas condiciones, y que, según el relato de los trabajadores, en ese momento había dos talleristas: uno de ellos cocinaba mientras el otro llenaba el parte diario. Mango dijo desconocer los motivos por los que no estaba presente el equipo de dirección. Según otros relatos, el equipo de dirección en ese centro no existe, y el día de la fuga sí había varios funcionarios “en la vuelta”, no solamente talleristas. En la tarde de ayer trascendió que la subdirectora del centro fue separada de su cargo, sumariados los funcionarios presentes durante la fuga y clausurado definitivamente el lugar.
A partir del 29 de febrero, al quedar conformado el directorio del Inisa, comenzará a correr el plazo de 90 días para reglamentar la ley que creó el nuevo organismo. Ciento cincuenta días tendrá el Poder Ejecutivo para definir, según el artículo 14 de norma, “el personal que pertenecerá al instituto que se crea, proveniente de su separación del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay”.
Sin embargo, una disposición contenida en el capítulo de la ley referido a los recursos humanos admite la posibilidad de barrer con aquella parte del funcionariado que no se ajuste a los requerimientos del proyecto: “Las designaciones de personal del inciso precedente se realizarán en estricta atención al perfil adecuado a los objetivos y cometidos de la presente ley”, establece. Los funcionarios “quedarán de un lado y del otro de acuerdo a pautas que se estarán trabajando en breve”, había afirmado Fulco el 8 de febrero a Informe nacional, de Radio Uruguay. La ley requiere personal formado y especializado, subrayaba.
Radio Uruguay, Informe nacional, 8 de febrero.
