La preocupación es mucha, ya que Gulpio produce suelos orgánicos (véase Brecha, 7-2-14). “Es muy doloroso que mi sueño de obtener el certificado de producto orgánico se pueda ver trunco, son 35 años de trabajo que pueden morir de golpe, toda una vida”, explicó a este semanario el vecino, visiblemente afectado por la situación. Su tierra continúa siendo orgánica, porque la produce en otro campo alejado de los agrotóxicos que lo rodean. Pero el riesgo es patente. Cuando se enteró del resultado estaba internado por problemas respiratorios, tras volver de las vacaciones y retomar su trabajo en su jardín, internación que duró 12 días. Por lo demás, hasta el momento no hay grandes novedades. Dos de los vecinos están enfrentando una denuncia penal en su contra por difamación e injurias, realizada por el productor sojero que fumiga los campos de las inmediaciones. Fue en una de las audiencias del caso que Adriana Pascual –una de las vecinas denunciadas– se enteró por el propio denunciante de que estaban los resultados del estudio de las plantas de Gulpio. De ahí se dirigió a Servicios Agrícolas del mgap y obtuvo el informe, que no había sido presentado a los vecinos. Según supo Brecha, la Intendencia de Canelones envió informes con lo actuado hasta el momento y la situación de los padrones en cuestión a la Institución Nacional de Derechos Humanos y al mgap. Aún no se ha esclarecido si Picón es zona rural o un centro poblado, lo que determina cuál es la normativa cuyo cumplimiento debería exigirse. Se demora la resolución del problema y se desvía el tema de fondo, que es la vida y la salud de los pobladores de la zona. Al cierre de esta edición se supo que la fiscal pidió el sobreseimiento de los vecinos denunciados por difamación