Finalmente la justicia del crimen organizado archivó la denuncia acerca del presunto favorecimiento a la pesquera Fripur por parte de autoridades del gobierno. La investigación se abrió a raíz de un escrito presentado por el abogado penalista Gustavo Salle, quien a su vez se apoyó en una serie de investigaciones periodísticas. La primera de ellas, publicada por Búsqueda (6-V-2010), daba cuenta de la exigua multa de 100 ur (46 mil pesos) aplicada en marzo de 2010 al frigorífico pesquero, luego de que se constataran trabajos de albañilería concomitantemente con el proceso de producción. Asimismo se había difundido que la pesquera había sido una de las empresas financiadoras de los actos de asunción del presidente José Mujica, y que uno de sus dueños, Alberto Fernández, se había encargado de coordinar el bordado de la banda presidencial. De acuerdo a los denunciantes, las irregularidades sanitarias en esa planta (pero también en otras cuatro) habían sido determinantes en el cierre del mercado de la Unión Europea para Uruguay. En particular, se cuestionaba la actuación de las máximas jerarquías de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara).
El fiscal Ricardo Perciballe consideró que no existió “algún tipo de irregularidad que permitiera el reclamo de responsabilidad jurídico penal”. Entre sus argumentos estuvieron que hubo discrepancias entre los técnicos respecto a la gravedad de la falta (algunos pidieron una “sanción ejemplarizante del máximo monto” y otros la evaluaron como leve), y que el monto de las sanciones no difería de lo que habitualmente aplicaba la Dinara. “No sé por qué razón las infracciones al decreto 213, como en este caso, que son las normas higiénicas sanitarias, no son muy altas”, manifestó el asesor letrado del Ministerio de Ganadería Juan Antonio Rivera, para dar cuenta de este particular proceder. Para el fiscal, fue un argumento atendible que quienes se pronunciaron por la levedad de la infracción fueran los inspectores con más años de servicio.
Tampoco halló mérito Perciballe sobre la otra denuncia importante que se anexó al expediente, realizada por la ex asesora en temas de pesca del Movimiento de Participación Popular, Fabiana Terrenoire (véase Brecha, 18-II-11). La denunciante presentó actas en las que una inspectora de la Dinara certificó en 2008 el reempacado de mercadería con códigos no correspondientes a la fecha de elaboración (y que originalmente había sido procesada para la Unión Europea). La exigencia de cumplir con los códigos del día están contenidas en la normativa pesquera, ya que permiten monitorear la trazabilidad de los productos y sus fechas de vencimiento. El director de Jurídica del mgap, Horacio Servetti, alegó en la sede judicial que los servicios de la Dinara estimaron que no había infracción y que por ello no fue necesario que el acta de la inspectora –que había ordenado retener el producto– siquiera pasase por su repartición. Perciballe se hizo eco de esta explicación y al mismo tiempo consideró que los alimentos –a pesar de la alteración en los códigos de trazabilidad registrada por la inspectora apostada en Fripur– no revestían peligro para el consumo humano. Por esa razón el fiscal dictaminó que “no existen elementos que permitan establecer responsabilidades de índole jurídico-penal”, y recomendó el archivo de las actuaciones. La jueza Graciela Gatti clausuró el expediente el pasado 27 de julio.
