Brazos gordos, vista gorda

La alevosía detectada en un nuevo caso de torturas en la Colonia Berro coincidió con la recorrida que el secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura (omct), Eric Sottas, hizo la semana pasada. Sotas dijo que el problema es serio y espera una actitud mucho más proactiva por parte de jueces y autoridades.

Col Berro - Comité derechos del niño MAURICIO VÁZQUEZ

Aparentemente se olvidaron de que el adolescente debía presentarse en el juzgado por una audiencia en la que su defensa pediría una medida alternativa a la privación de libertad. Y se les fue la mano. Hacía quince días que no lo dejaban recibir visitas. Tenía un ojo hinchado y una sutura en la ceja. Declaró que fue golpeado por un funcionario, también en las costillas; y que luego lo llevaron al hospital de Pando y lo presionaron para que dijera que se había peleado con un compañero. Cuando el adolescente llegó al Ser, sancionado en otro centro por una pelea, lo desnudaron y le pegaron en todo el cuerpo.

La jueza otorgó al joven la sustitución de la medida, pero no consta en el expediente que los malos tratos denunciados se comunicasen a la justicia penal. Fue Ielsur que alertó sobre la situación a las autoridades del inau, y el directorio pasó la información al juzgado de Pando. La denuncia se adjuntó a una investigación en marcha desde julio, cuando la inddhh elevó un informe a cuatro jueces de menores en el que se constata una situación comprobada de violencia hacia adolescentes del Ser.

El caso alimenta una ola de denuncias por tortura y malos tratos en el paradójico hogar. Tras una inspección que la inddhh hizo al centro el 14 de mayo, un grupo de familiares denunció que los adolescentes recibieron una paliza, aparentemente en represalia por la información que brindaron. Al poco tiempo surgieron más denuncias; relatos de golpizas, encierros prolongados, aplicación de sanciones injustificadas y prohibición de establecer contactos con los familiares. “Se los desnuda y se los hace caminar por los corredores… se los obliga a ducharse con agua fría en la madrugada”, dijeron a Brecha fuentes vinculadas a las víctimas, que además declararon que los servicios médicos omiten constatar las lesiones y que los jóvenes no son llevados a la enfermería cuando lo solicitan.

El punto es que desde que se conocen los hechos, ni por la vía administrativa ni por la penal se tomaron las precauciones correspondientes para garantizar la transparencia de la indagatoria. Y esto fue señalado por la delegación del Comité Nacional de Derechos del Niño y la omct, en el marco de su visita a los centros de detención de adolescentes. “Ante esta información el juez debe actuar de manera directa. Normalmente le corresponde apartar inmediatamente al funcionario de su cargo, porque es una de las reglas internacionales de proceso cuando hay denuncia de malos tratos. Se toma la medida para evitar que presione a los testigos o que amenace a la víctima para que retire la denuncia”, señaló Eric Sottas.

En el ámbito administrativo, y a pesar de un incipiente sumario “de carácter urgente”, la Comisión Directiva del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) comunicaba semanas atrás que había situaciones “poco claras en el proceso”, así como la fuerte impresión de que el problema tenía que ver con históricas disputas entre funcionarios, ratificaba su confianza en el equipo de dirección del Ser y cuestionaba lo que calificó de presunto boicot justo en el momento en que los cambios positivos empezaban a rodar. “Desde que está la actual dirección hay aumento de participación de los adolescentes en primaria y secundaria y se eliminaron los baldes (donde los jóvenes hacían sus necesidades dentro de la celda). ¿Y de repente hay una campaña en su contra? (…) Ellos (los directores) juran por todos los santos que las denuncias no son ciertas. Cuando visito personalmente el centro me encierro con los chiquilines y ninguno me ha manifestado nunca nada, ni siquiera con un gesto”, había afirmado el director Ruben Villaverde a este semanario.1

Pero esta última afirmación no coincide con los relatos obtenidos la semana pasada por la delegación que recorrió los centros. Tampoco con los testimonios de algunos profesionales, quienes plantean que el nivel de amedrentamiento por parte de un grupo de “brazos gordos” es tal que ahoga la más mínima disidencia respecto de algunas prácticas, e incluso archiva los escasos relatos que se formalizan ante la jerarquía.
Desde el viernes pasado el funcionario señalado está separado del cargo. Y con seguridad la emergencia del caso que aquí se relata cayó en un momento propicio. La presencia del secretario general de la omct hizo imposible seguir haciendo la vista gorda.

Sottas afirmó que hay más casos y que el Ser no es el único centro en donde suceden abusos. “El problema es muy serio, y espero una actitud mucho más proactiva de las esferas de la institución. Los chicos no pueden denunciar por la situación en la que están; si lo hacen saben que son los primeros que van a pagar los platos rotos; no hablan, si no hablan no hay elementos para entrar. Por eso yo creo que cuando se presenta un caso hay que hacer la investigación a fondo; suspender a ese funcionario; hablar con los chicos que fueron abusados para aclarar si hay otros casos, y si ellos mencionan algunos, protegerlos, para que puedan hablar también. Yo no creo que sea todo el personal, pero creo que hay un grupo que hace que los demás funcionarios, como los niños, no digan nada por temor de que eso les pueda costar el trabajo o una paliza.”

1. Véase Brecha 20-IX-13.

Con Eric Sottas, secretario de la OMCT

“Lo que le están haciendo, no las ideas”

—Usted ha manifestado que Uruguay es uno de los países más cooperativos a nivel internacional a la hora de debatir y defender los derechos de niños y adolescentes, ¿se puede decir que hay un divorcio entre el discurso y la acción?

—Hay cierta lentitud. En la primera misión que hice aquí había una cantidad de situaciones mucho más graves que ahora. Una era la aplicación del antiguo código penal del menor bajo el cual el juez no sancionaba con una pena clara, dependía de la actitud del menor durante el tiempo que estaba en la cárcel. El chico entraba sin saber cuándo iba a salir y no había medidas alternativas. Dijimos que si no se cambiaban las leyes estábamos en un gran problema, y el gobierno las cambió rápidamente. Otro tema era la infraestructura. Se discutió con el gobierno, se nos anunció que se iban a hacer cosas… Aunque me gustaría que los cambios fueran mucho más rápido, los hemos visto, el esfuerzo ha sido certero. Pero al mismo tiempo viene esa ley que hace que se incremente de manera loca el número de detenidos, y eso ya no se ajusta. Hemos visto también que algunos profesionales se van, para ellos no es forzosamente el lugar más interesante para trabajar, y si encima ven que no pueden hacer bien su trabajo es entendible que se cansen.

—¿Tiene que ver con una política que es poco clara? Uno va pensando en la reinserción del joven y se da cuenta de que no puede…

—No hay lineamientos claros en materia de rehabilitación. Vemos dos conceptos completamente distintos, diría que físicamente enfrentados, en los hogares Ser e Ituzaingó de la Colonia Berro. En Ituzaingó vemos una apertura que va a más. Según lo que nos dijeron, logran recibir a más de 80 adolescentes en un espacio en principio creado para la tercera parte. Pero como los internos no permanecen en la habitación durante el día la situación no es tan grave. Es cierto que en el Ser están los más rebeldes. En Ituzaingó también hay chicos que cometieron delitos graves, pero el concepto es responsabilizarlos, integrarlos en un programa para que rehagan su vida. Y esto se asocia en concreto con que se mantiene la casa, se la amplía, se crían animales, se hacen talleres, los jóvenes están ocupados todo el tiempo y mientras tanto se vigilan uno al otro. En el Ser a nadie se le da la mínima confianza. Hace un año uno entraba ahí y se preguntaba ¿pero quién está aquí? Parecía Guantánamo… había una obsesión extrema por la seguridad, y los mismos directores decían que los jóvenes tenían que darse cuenta de la gravedad de lo que habían hecho.

—¿Como si esa fuera la manera de generar conciencia?

—El chico tiene que entender que lo que hizo fue grave, pero si queremos que se reintegre a la sociedad no lo podemos considerar solamente una amenaza. Creo que el problema es que no hay todavía una línea que establezca que el propósito es la reinserción. Sabemos que algunos no lo van a lograr, pero hay que preparar el egreso.

—El enfrentamiento también se percibe en los jóvenes. Algunos manifiestan que no quieren ir al Ituzaingó porque sos “papeleta” o “calefón”, pero no sienten ese rechazo por el hogar Cimarrones, por ejemplo…

—Es que los chicos que están en infracción con la ley integran esa cultura de los delincuentes en la que no se pacta con la institución. Para ellos aceptar entrar en un sistema donde en cierto modo tienen que demostrar lealtad a la institución implica ser traidores. Para los que están en Ituzaingó ir a otro centro es casi como un castigo. Se dejan las puertas abiertas, pero los chicos saben que no van a huir porque si lo hacen crean un problema, afectan el proyecto, y entre ellos mismos controlan eso.

—No estoy segura de que el rechazo tenga que ver simplemente con negarse a pactar con una institución en la que sí existe un proyecto…

—Es cierto, no voy a decir que el modelo es exactamente Ituzaingó. Digo que allí se trata de trabajar con una propuesta muy distinta de la otra, en la que el primer deber es “evitar las fugas porque nuestros chicos son peligrosos”. Me parece que las direcciones de los centros interpretan esto cada una a su manera y creo que eso también está alimentando esa confrontación.

—El hogar Ser ha estado en el centro de atención por las condiciones críticas en que mantiene recluidos a los menores, ¿se ven mejoras?

—Sí. Llamaba la atención el problema de las bolsas para ir al baño y también la impresión de una represión obsesiva. La seguridad sigue siendo importante, pero no hay la misma actitud. Ahora algunos jóvenes salen a la escuelita. Eso antes era impensable. Tenía que haber dos guardias por cada chico que salía.

—Lamentablemente las mejoras en el centro coinciden con una gran cantidad de denuncias por malos tratos de algunos funcionarios hacia los internos.

—Un problema que desde el principio nos ha preocupado es que entre el personal hay unas ovejas negras, y por razones más bien de índole política hay cierta falta de determinación para arreglar esta cuestión. La manera de prevenir los abusos es sancionar de manera muy clara y precisa a esos perpetradores. En los diez años que he seguido el tema eso no ha pasado, no hubo una política realmente proactiva de saneamiento. Estoy convencido de que esos funcionarios son minoría, pero no se identificaron y no se ve un seguimiento serio de los casos que se denuncian, ni a nivel administrativo ni penal.

—Haciendo una pronta evaluación de la visita, ¿qué aspectos destaca?

—La diferencia tremenda que existe de un centro a otro, algo que demuestra que no hay una línea coherente. Una tendencia a mejorar bastante las condiciones, la parte del Cemec hace un año era terrible, y hubo mejoras, pero lo último que hemos visto está en una situación tremenda (se refiere al cit, donde hay metidos ocho adolescentes en celdas con capacidad para dos). La tendencia a poner énfasis en la seguridad va creciendo como si los chicos fueran más peligrosos hoy que antes, y es al revés: por la modificación de las leyes encierran a chicos que no pertenecen a grupos organizados sino que han robado solamente. Están poniendo mucho énfasis en la infraestructura y es necesario, pero repito que hay que repensar sobre quienes están vigilando a los chicos; hay una formación de psicólogos, de sociólogos, pero los que están en contacto directo son los guardias, y si ahí no se hace una detección muy rigurosa de los que perpetran malos tratos todo el esfuerzo está afectado. El chico lo que vive es eso, lo que le están haciendo y no las ideas.

Por decir fútbol

Artículos relacionados