En poco más de dos meses Guatemala se convirtió en un polvorín, con las calles de las principales ciudades tapizadas de manifestantes clamando contra la corrupción, el factor que parece ser el disparador de los nuevos reclamos en todo el mundo. Pese a los altos índices de pobreza crónica, que alcanza al 50 por ciento de la población, en los últimos meses fue la clase media, a partir de las redes sociales, la encargada de encabezar una ola de protestas por un caso de corrupción que baja desde la vicepresidencia, aunque involucra al propio presidente, el ex militar Otto Pérez Molina.
La Línea es el nombre que la justicia guatemalteca y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) –un órgano de las Naciones Unidas– le dieron a una organización dedicada a cobrar coimas a empresarios y evadir impuestos para la importación y exportación de productos a través de todos los puntos aduaneros del país. El caso estalló en la prensa el 16 de abril, mientras la vicepresidenta Roxana Baldetti se encontraba junto a una comitiva en Corea del Sur firmando acuerdos comerciales. Se trata de una organización criminal dedicada a defraudar al Tesoro nacional montada por Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la vicepresidenta Baldetti, y que incluye a por lo menos otros cincuenta funcionarios, entre legisladores y empleados de las aduanas. Las cifras de la defraudación son millonarias, la justicia ya detuvo a 27 personas y el caso llevó a la renuncia de Baldetti, el pasado 8 de mayo, luego de que en una convocatoria por las redes sociales de Facebook y Twitter miles de ciudadanos manifestaran en las calles. Tras la renuncia de la vicepresidenta, los indignados guatemaltecos van por Otto Pérez Molina: el lunes 9 el diputado del partido indígena Winaq Amílcar Pop presentó un pedido ante el Supremo Tribunal de Justicia para realizar un antejuicio al mandatario. Se trata de una instancia que debe habilitar la justicia para que sea llevada adelante por el parlamento.
ELECCIONES A LA VISTA. Los guatemaltecos elegirán nuevo presidente el próximo 6 de setiembre, pero la efervescencia popular iniciada en las redes sociales apunta a que para esa fecha ya se hayan producido cambios mortales para el establishment tradicional del país. La corrupción y la impunidad parecen ser los factores desencadenantes de una movilización social lenta pero efectiva y permanente. A semejanza de los indignados españoles, los guatemaltecos empezaron a movilizarse a partir de las denuncias de corrupción en la aduana que involucraban a la vicepresidenta Roxana Baldetti, que para el 27 de abril ya tenía decidida su renuncia indeclinable al cargo “por razones personales”, según anunció el propio mandatario Pérez Molina. Baldetti está acusada de encabezar el grupo de funcionarios que integran La Línea, según la causa judicial en trámite, que habrían cobrado coimas a empresarios nacionales y extranjeros para evadir impuestos de exportación e importación de productos. Entre quienes reclamaban la renuncia de Baldetti estaban los propios empresarios nucleados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. “En aras de la gobernabilidad y la transparencia, y con el afán de fortalecer la democracia y preservar la institucionalidad, Baldetti debe renunciar”, afirmó en un comunicado el presidente de esa entidad, Jorge Briz. Si los empresarios se pronuncian en tal sentido da para pensar que existe un desmadre en los controles del Estado, determinó una investigación de la Corte Suprema de Justicia y la Cicig. Este último organismo, cuyo mandato fue prolongado por el propio presidente Pérez Molina hasta 2017, tiene como antecedente la historia convulsionada de Guatemala en materia de represión política y crímenes cometidos desde el aparato del Estado. Por eso su función es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras instancias estatales para rastrear y desmantelar a los grupos de seguridad paraestatales heredados de los años ochenta, tiempos de dictadura (con el general Efraín Ríos Montt a la cabeza) y previos a la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y la guerrilla, rubricados por el presidente Álvaro Arzú en 1996. En la práctica, esos grupos represivos ilegales penetraron en los organismos del Estado para nutrirse de fondos mediante un sistema de corrupción que ahora fue puesto en el centro de la tormenta por la justicia y sobre el que se montaron las movilizaciones sociales del último mes. Queda claro que la represión, enmascarada detrás de excusas ideológicas, siempre tiene un fin económico, según las experiencias expuestas a la luz en toda América Latina.
Quienes iniciaron la primera convocatoria a las protestas son apenas siete ciudadanos cuyas edades oscilan entre 20 y 50 años, organizados en la página de Facebook Renunciaya, que cuenta con algo más de 7 mil seguidores y desde donde fueron convocados los guatemaltecos a tomar las calles. La consigna se extendió a todo el país pero con el correr de los días el pedido de Renunciaya resultó insuficiente y pasó a ser una marca registrada del movimiento de protesta que apunta a mucho más. La manifestación convocada para el 30 de mayo pasado frente al Palacio de Gobierno reclamaba una reforma “a la ley electoral y de partidos políticos; la no reelección de alcaldes y legisladores e investigación a fondo a Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina”. A Renunciaya se le sumaron nuevas páginas de Facebook como Le Toca a Guate y No le Toca, todas dirigidas contra funcionarios públicos y políticos en campaña. Diariamente renuevan la información sobre futuros actos de protesta y actualizan con información publicada en diarios, radios y televisoras la situación judicial del gobierno.
Como resultado de las movilizaciones, el lunes 8, en la Universidad de San Carlos, unas cincuenta organizaciones sociales convocaron a construir la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, que será formalizada mañana sábado, en busca de modificar las leyes electorales y de partidos políticos y posponer la fecha de las elecciones presidenciales más allá del próximo 6 de setiembre.
RADIOGRAFÍA. “La corrupción fue la gota que rebalsó el vaso”, dice a Brecha César Montes, uno de los tres comandantes guerrilleros que combatieron en las sierras a las dictaduras en los años sesenta y hoy preside la Fundación Turcios Lima, en memoria de su compañero de lucha, el comandante guerrillero Luis Turcios Lima, muerto el 2 de octubre de 1966 (véase entrevista). “Los partidos políticos no tienen ideologías, son franquicias personales o familiares, instrumentos para llegar al poder y enriquecerse aceleradamente. En estas protestas tampoco hemos visto a los partidos de izquierda participar. No por prudencia política, sino porque ya son parte de la lucha electorera que convalida el sistema”, agrega.
En 2011 Pérez Molina accedió a la presidencia a través del partido Patriota, una formación de derecha ligada a los restos de grupos militares y empresarios en busca de limpiarse de la imagen del ex dictador Efraín Ríos Montt, ya para ese año acusado de delitos de lesa humanidad.
Pese a que en su currículum Pérez Molina exhibe una oposición permanente a los intentos golpistas de Ríos Montt en 1982 y de Jorge Serrano Elías en 1991, sobre él recaen acusaciones de organismos de derechos humanos. Lo responsabilizan de haber participado en masacres y torturas en 1982 contra el pueblo Waqib Kej, y del asesinato del guerrillero Efraín Bamaca en 1992 –caso por el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado guatemalteco en noviembre de 2000–, así como el del obispo católico Juan José Gerardi. En esos años ochenta Pérez Molina se desempeñaba al frente del área de inteligencia del ejército e hizo pública y célebre una frase: “La población civil de Guatemala es a la guerrilla lo que el agua es al pez”.
EL PAPEL DE LA IZQUIERDA. En medio del escándalo por corrupción la izquierda lanzó su candidatura presidencial. Con la disolución del Frente Amplio Guatemalteco, derrotado en las elecciones de 2011, surge ahora una nueva fuerza electoral fruto de la alianza entre la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (Unrg) y el partido indígena Winaq. El Frente Amplio Winaq-Unrg llevará como candidato presidencial a Miguel Ángel Sandoval, un ex negociador en los acuerdos de paz de 1996. Como vicepresidente de la coalición aparece Mario Ellington Lambe, un indígena de la etnia garífuna que ocupó el cargo de comisionado presidencial contra la discriminación y el racismo entre 2007 y 2008. Recogiendo los reclamos populares callejeros, Sandoval se propone llegar al poder para convocar de inmediato a una reforma constitucional y a nuevas elecciones con un sistema electoral reformado “para evitar los mismos vicios que aquejan al sistema desde hace décadas”, según señaló. La nueva fórmula electoral de la izquierda fue proclamada el pasado domingo durante una asamblea de delegados de ambas formaciones políticas.
La Unrg, fundada en 1982, recoge a los históricos Partido Guatemalteco del Trabajo, que apoyara a Jacobo Arbenz a su llegada al poder en 1950, las Fuerzas Armadas Rebeldes, el Ejército Guerrillero de los Pobres y la Organización Pueblo en Armas, las tres fuerzas guerrilleras sobrevivientes a la feroz represión estatal encabezada por Ríos Montt en 1982.
Lo cierto es que las movilizaciones sociales no aceptaron embanderamientos ni conducción partidaria alguna, y mantienen una horizontalidad en la que se mueven ciudadanos comunes, organizaciones sociales ligadas a los pueblos originarios o a los sindicatos y agrupaciones de estudiantes secundarios y universitarios. El estallido de la clase media contagió al resto de la sociedad y se extiende a sus vecinos. Como ocurrió con la primavera árabe, los indignados españoles y los rebeldes griegos, todo indica que el movimiento carece de recetas prefabricadas. El final está abierto.
[notice]Con César Montes
“Es un fenómeno nuevo, sin dirigencia visible”
El rostro de César Montes se hizo conocido en la portada del libro escrito por Eduardo Galeano Guatemala, clave de Latinoamérica (1967). El autor había llegado hasta las sierras para entrevistarse con el líder guerrillero de apenas 25 años, para contar la epopeya de una organización que actuaba en la espesura de la selva contra la dictadura de Enrique Peralta Azurdía. Montes preside hoy la Fundación Turcios Lima y apoya al movimiento de indignados.
—¿Cómo es el sistema político en Guatemala?
—Está absolutamente corrompido. En este momento lleva a la reelección de más de 80 diputados cuestionados por su falta de ética, improductivos totalmente, comprometidos con leyes que para aprobarlas mediaron miles de dólares en compra de sus voluntades. Algunas de las solicitudes de los diputados eran de licores finos y modelos colombianas, tal como denunció un empresario. Hay financiamiento del narcotráfico para esos partidos, de manera que se ven obligados a pagar favores una vez elegidos.
—¿Qué fue lo que desencadenó este movimiento indignado?
—Fueron variados elementos. La sociedad civil salió a las calles en cuanto se enteró de que toda la estructura gubernamental encargada de la recaudación fiscal (Superintendencia Tributaria, Sat) estaba dirigida por un cártel de la corrupción autodenominado La Línea. Cuando todo estalló, la vicepresidenta Roxana Baldetti y su secretario privado Juan Carlos Monzón estaban en Corea cobrando el jade que por valor de no menos de 50 millones de dólares saquearon ilegalmente con protección armada en la Sierra de las Minas, aquí en Guatemala. Pero los actos de corrupción ya venían desde hacía varios años.
La convocatoria era a protestar y a dejar de darle “me gusta” a las protestas escritas en una pantalla, salir a las calles a escribir una nueva historia de protestas inéditas. Aquí están sectores que desde antes de los Acuerdos de Paz de 1996 permanecieron rumiando sus inconformidades y de pronto se convirtieron en protagonistas de su propia historia. Ellos mismos, clase media, se sorprendieron de su capacidad de convocatoria para exigir la renuncia del gobierno.
—¿Cómo calificar al movimiento?
—Es un fenómeno nuevo, que no tiene dirigencia visible. Los convocantes originales fueron siete ciudadanos que simplemente usaron el hashtag #Renunciaya y cundió viralmente en las redes. Varios de nosotros compartimos por medio de las redes experiencias exitosas de lucha no violenta en la Sierra de las Minas. Propusimos que se manifestara de una nueva forma, sin pintar paredes, sin quemar llantas, sin perjudicar el tránsito, sin dividir ni restar, sino sumar, multiplicar, usar sólo una consigna unificadora. Todo fue aprehendido y superado por nuevos actores que nunca antes se habían propuesto ni habían estado al centro de una convocatoria tan numerosa. Se planteó desde un inicio que fuera un experimento más horizontal que nunca, nada vertical, sin protagonismos personales, sino asumiéndose como un nuevo sujeto social.
—¿Qué se puede esperar de este movimiento? ¿Habrá una forma de institucionalizarlo?
—Estamos ante un fenómeno nuevo que varios han tratado inútilmente de capitalizar, otros de dividir, algunos de confundir, y todo fue inútil porque se abrieron las compuertas para la protesta por décadas reprimida. Cada proceso es genuino. No hay repetición de una experiencia o ejemplo internacional, por maravilloso que sea. Todos los países tenemos fuerzas internas propias, aunque existen, según los clásicos, leyes de la lucha de clases, pero que tienen valor sólo como una abstracción teórica, porque incluso los protagonistas son sorprendidos por los procesos en los que participan. Pero nada pueden consignas cuando no existen límites. El límite es el infinito, la utopía que siempre nos sirve de referencia para avanzar.
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