La jueza, el fiscal y demasiados jóvenes privados de libertad

Mientras la justicia hizo lugar al recurso de amparo en favor de los menores internados en la Colonia Berro, las autoridades del INAU acatan el fallo y muestran su preocupación por el fuerte aumento de derivaciones judiciales.

Foto: Archivo Brecha

La acción de amparo a favor de los adolescentes privados de libertad en los hogares ser y Piedras de la Colonia Berro, presentada ante la justicia por el fiscal Enrique Viana, se basa en el informe dado a conocer semanas atrás por el Comité de los Derechos del Niño. Según el escrito el recurso se funda en “la inexistencia de un centro de reclusión juvenil, jurídicamente adecuado para albergar a adolescentes, respecto de quienes, por disposición judicial, se disponen medidas de privación de libertad”. Viana argumentó que el Estado “ha sido y sigue siendo inconsecuente con aquella responsabilidad pública” porque “no ha provisto de lo necesario para contar con esos recintos y hacerlos funcionar de acuerdo a las nuevas exigencias normativas, vigentes desde, por lo menos, setiembre de 2004”.

El fiscal le pidió al juez que en un plazo “de 24 horas (se) proceda a: suprimir el sistema de 23 horas diarias de encierro compulsivo en celdas, establecer programas alternativos al encierro, disminuir la administración indiscriminada de psicofármacos para los adolescentes como mecanismo de coerción médica, dictar un reglamento de convivencia y habilitar un sistema independiente de monitoreo para velar por el cumplimiento de la legislación en la materia”.

La jueza actuante, María Luz Vila Vidal, hizo lugar al recurso manifestando algunos matices. Según la sentencia, la magistrada no creyó, “como lo solicita el fiscal, que en 24 horas pueda suprimirse el sistema de 23 horas de encierro en celdas, ya que para ello, como se dijera, deben implementarse caminos que lo hagan viable para que no se produzca el efecto contrario, o sea fugas que no permitan la ejecución de las medidas judiciales dispuestas”.

Por otra parte compromete a los directores de los hogares a implantar medidas que permitan “una mayor apertura y donde la misma deba ser aceptada por los propios funcionarios”. De esta manera piensa la jueza que se lograrán “más horas (de) patio diario, más actividades de talleres y educación”, lo que podría “ser un planteo alternativo a las horas de encierro”. Respecto al establecimiento de programas educativos alternativos, la jueza admitió que la parte “demandada presentó documentación al respecto y ha expresado que ha emprendido un proceso de clara apertura en los centros” referidos. Asimismo solicitó que en un plazo máximo de 60 días se realice un “control exhaustivo de administración de psicofármacos”, tendiendo a su reducción y dándole intervención a los médicos del Instituto Técnico Forense. Además obligó a que se dicte “definitivamente el régimen de convivencia programado” y se habilite “un sistema independiente de monitoreo”.

Las autoridades del inau anunciaron que no apelarán la sentencia porque la consideran “razonable” y que la mayoría de las medidas solicitadas estaban planteadas, incluso algunas ya funcionaban. Fuentes del Interj dijeron a Brecha que “disminuir las horas de encierro es un proceso en que estamos de acuerdo y estamos encaminando, pero hay que implantarlo operativamente, ya que no podemos permitir que se dé la proliferación de fugas”. En el mismo sentido se refirió el director del inau Jorge Ferrando: “El tema crítico es cómo administrar día a día la capacidad locativa, la cantidad de funcionarios y la tensión entre seguridad y educación”.

Dijo además que el reglamento de convivencia ya estaba confeccionado, pero que, por distintos motivos, no lo habían podido implementar. Sobre el sistema independiente de monitoreo solicitado por el fiscal, explicó que es un proyecto presentado por el directorio en noviembre del año pasado. En aquel entonces el inau invitó a un grupo parlamentario y al propio Comité de los Derechos del Niño para formar una comisión tripartita que velara por las condiciones de los centros de reclusión dependientes del instituto. Ferrando dijo a Brecha que si bien el comité había anunciado informalmente que no participaría de la comisión, todavía no han recibido una respuesta por escrito.

 SUPERPOBLACIÓN. Pero al mismo tiempo que la jueza hiciera lugar al recurso de amparo presentado por Viana, los funcionarios de la Colonia Berro establecieron nuevas medidas gremiales. Preocupados por la superpoblación que registran los centros y los riesgos que ello implica, fijaron un “cupo” máximo de internos para cada establecimiento y decidieron que si igualmente se producían nuevos ingresos se retirarían de la colonia, dejando toda la responsabilidad en manos de las autoridades.

El presidente del sindicato, Joselo López, dijo a la prensa que debido al continuo “desgaste de los trabajadores” hay muchos “compañeros que están con ganas de tirar la toalla”. El propio director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj), Carlos Uriarte, admitió su preocupación por que todos los centros “están saturados e ingresar jóvenes se está convirtiendo en un tema complicado”.

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Sin embargo, el sábado 5 de abril tres jóvenes fueron trasladados a la colonia. Ante la negativa de los trabajadores de permitir los ingresos, luego de una extensa negociación entre el sindicato y las autoridades del Interj, Uriarte solicitó que se firmaran actas que dieran cuenta de la situación y radicó una denuncia en el juzgado de Pando por “principio de desacato”. Al cierre de esta edición la presidenta de la mesa sindical de la Colonia Berro, Claudia Montenegro, y el secretario declaraban en dicha sede.

Brecha consultó a Ferrando sobre esta situación. El jerarca manifestó que “a partir de la denuncia del sábado se hicieron varias reuniones con el sindicato y se lograron encaminar bastante bien las cosas”. Explicó que “cada actor juega su papel, y para el sindicato en las condiciones actuales es muy importante garantizar la seguridad de los trabajadores”. Igualmente señaló que los funcionarios “están preocupados por que estas situaciones no perjudiquen el normal funcionamiento de la institución. Incluso estamos evaluando no ratificar la denuncia hecha el sábado en la medida que se generen las condiciones para asegurar la atención mínima”.

Por otra parte, fuentes del Interj dijeron a Brecha que existe preocupación de las autoridades por el creciente número de ingresos de adolescentes con medidas de privación de libertad. Comparando enero de 2007 (cuando hubo 35 internaciones) con el mismo mes de 2008 (con más de 50), se registra un aumento de 51 por ciento. Si bien las razones son difíciles de establecer, porque hay muchas variables en juego, cabe consignar que el aumento de derivaciones judiciales no se desprende de un mayor número de detenciones policiales, ya que comparando los mismos meses, la cifra de jóvenes capturados por la Policía es idéntica. A esto se suma, según las fuentes consultadas, que “de enero a la fecha existe un fuerte aumento de derivaciones de menores infractores desde el Interior hacia Montevideo”. De no cambiar “la mirada en política criminal, podría colapsar el sistema”, ya que se está dando un “escalón parecido al que sucedió con los presos adultos después de aprobada la ley de seguridad ciudadana allá por el 95”. De continuar así “vamos caminando hacia el hacinamiento”, aseguraron.

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