La violencia como método de contención

La directiva del sindicato de trabajadores del INAU defendió a capa y espada a tres funcionarios de la Colonia Berro destituidos por violar los derechos humanos de varios adolescentes internados en el hogar SER. En la búsqueda ciega de garantías para los destituidos, la directiva argumentó errores formales del proceso administrativo.

Foto: Alejandro Arigón

Noche del 15 de abril de 2003. “Todo arrancó porque los del nivel 2 sentimos los gritos del ‘Cocopelo’ que le estaban pegando. Ahí empezó el golpeteo de puertas y los funcionarios fueron abriendo pieza por pieza. Era el turno de los Márquez. Dijeron que saliéramos y nos sacáramos la ropa. Mareco y el Núñez entraron. Mareco ahí nomás me dio un piñe atrás de la oreja y cuando estaba saliendo me pone la pierna, yo caigo y antes de caer Núñez me da terrible patada de karate en la cara. Yo me desmayé, y cuando me despierto, Núñez me levantó y me daba piñas en la cara”, cuenta uno de los jóvenes protagonistas del episodio sucedido en la Colonia Berro que terminó –casi cuatro años después– con la destitución de los funcionarios Daniel Núñez, Carlos Márquez y Luis Mareco, acusados de faltas graves.

En aquel entonces la administración del inau abrió un sumario y separó del cargo a los tres funcionarios presuntamente involucrados. Pero luego, en la investigación administrativa, la División Jurídica de la institución exculpó a Mareco y recomendó una suspensión de 15 días para Núñez y de un mes para Márquez. La denuncia penal que se presentó entonces fue archivada por falta de prueba suficiente.

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“En una abrieron la celda y Daniel Núñez apenas entró le dio un piñe al ‘Mepo’ que le partió el ojo. Después siguieron conmigo. Después nos dejaron a todos en bolas toda la noche”, cuenta otro adolescente. Un tercer joven interrogado también señala a Núñez: “El funcionario me agarró de los pelos, me dio la cabeza contra la pared como tres veces. Para que no me pegara más me hice el desmayado, y me pisaba la cabeza, me saltaba encima”. Otro recuerda que “entró a mi pieza el Daniel Núñez y me pegó terrible piña en la carretilla. Después cerró la puerta y se fue. A los cinco minutos vinieron el Daniel (Núñez), Márquez y el Mareco. Cuando entraron me sacaron de la pieza y me llevaron para el (nivel) 1 al palo” y “pintó patotazo, me dieron entre todos los que nombré”.

En 2005, al cambiar las autoridades del instituto, el nuevo directorio solicitó un proceso de ampliación de prueba de aquellos episodios y se reinterrogó a jóvenes que estuvieron en los incidentes, pero que ya no estaban internados en la institución. Contaron detalles que habían omitido antes, una vez “por miedo” y la otra “porque un pibe corrió la bola de que había que dejar todo quieto porque nos iban a dar más vida. Y después nos dieron más vida”. La “vida” fue prometida a varios. El adolescente que esa noche fue desmayado por una patada de karate aseguró que en el primer interrogatorio negó los hechos “porque me sobornaron para que no dijera nada; el Mareco me entraba whisky y alcohol rectificado todos los domingos, lo hacía en una botella de Agua Jane. ¿Cómo los iba a denunciar si a mí me tenían como a un rey? Ahora lo digo porque ya estoy afuera y no voy a volver ahí y no quiero que a los pibes que están los verdugueen”.

Pero los destituidos contaron otra versión de los hechos, que fue respaldada por Joselo López, presidente del Sindicato Único del inau (suinau): “En una celda que era para dos había siete chicos hacinados. Se intentan prender fuego. Prenden fuego un colchón. Con la humareda y todo el caos los funcionarios intentan sacarlos, ellos se resisten, se querían autoeliminar ahí, y los sacan medio a prepo. Lo único que constatan los forenses es que hay un chico que tiene un corte en la ceja”.

Cabe consignar que el 19 de abril de ese año los internos del hogar ser –donde se produjo el episodio– se apoderaron de las llaves y aseguraron que la visita no se iría hasta que se presentara el juez de turno para denunciar lo que había sucedido la noche del 15. El magistrado asistió, tal como solicitaron, pero las pericias forenses se realizaron siete u ocho días después de ocurrida la golpiza. Salvo el corte de la ceja, que demoró más en curarse, fue tiempo “más que suficiente para que los adolescentes dejaran de tener marcas”, dice un escrito que forma parte del expediente.

LA INVESTIGACIÓN. Sostienen fuentes allegadas al proceso administrativo que con la ampliación sumarial los hechos quedaron totalmente confirmados: “Está probado el plantón desnudos y las golpizas, los sobornos y la extorsión”. Sin embargo, en opinión de la directiva del sindicato, nunca se comprobó nada: “Estamos en un 99 por ciento convencidos de que estos funcionarios no tienen nada que ver”, declaró a Brecha (16-III-07) Joselo López. “Lo que hay es una serie de denuncias de jóvenes internados que ahora están presos en el Comcar o en el penal de Libertad”.

En ese intento por exculpar a los destituidos, el presidente del sindicato relativiza hechos que para otros gremialistas son de extrema gravedad: la existencia de todo un sistema que funcionó durante años con reglas propias. Según contaron a Brecha algunostrabajadores de la propia Colonia Berro, hubo un período en el cual se crearon a nivel institucional las condiciones para que existiera “una mafia que aprovechó las diferencias de poder incluso para lucrar, para extorsionar a las familias, para entrar alcohol, drogas (…)”. De acuerdo al testimonio de la gremialista Silvana Gallo publicado en la citada nota de Brecha del mes de marzo, “denuncias de malos tratos siempre hubo y nunca se hizo nada. No teníamos dónde denunciar porque íbamos a la asamblea y allí estaban los compañeros a los que pretendíamos denunciar”. Son de esta misma época las denuncias sobre los famosos “cinco minutos”, práctica consistente en propiciar peleas entre los internados –“hasta que salga sangre” o “uno diga: ya fue”–, para dilucidar conflictos entre ellos o simple diversión de los funcionarios.

Las respuestas de un adolescente que estuvo internado 11 meses entre el hogar ser y el Piedras y que fuera interrogado el 4 de setiembre de 2003 por acusaciones realizadas contra otros funcionarios, evidencia que ciertas prácticas no eran una casualidad.

—¿Los han dejado sin ropa a los jóvenes en la pieza?

—Sí, cuando hacemos golpeteo de puerta y eso.

—¿Cuánto tiempo quedan sin ropa?

—Toda la noche.

—¿Desde cuándo pasó eso?

—Desde que yo estoy, siempre.

Además, según el instructor sumariante, doctor Ignacio Montedeocar, encargado de la ampliación de pruebas, se pueden constatar contradicciones entre las declaraciones de los funcionarios implicados, lo que, según él, “refuerza los dichos de los adolescentes”. En su informe subraya que “el argumento central de la defensa se basa principalmente en la descalificación de los jóvenes denunciantes”, señalando que estaban “privados de libertad por delitos de sangre, llegando a calificarlos como homicidas”. La lógica de desacreditar las versiones mediante la estigmatización fue también utilizada por el propio Joselo López cuando dijo a Brecha en marzo que “El directorio le cree más a los chicos que a los trabajadores, pero ellos son chicos como el ‘Cosita’ y el ‘Sapo’, que si bien no participaron estaban allí en ese momento”.

Según López, “el caso está lleno de vicios formales” porque se destituyó a los funcionarios con la opinión contraria de la Oficina Nacional de Servicio Civil (onsc) y porque no se dieron las garantías del debido proceso. Pero cabe aclarar que si bien el directorio del instituto tiene que avisar obligatoriamente a la onsc cuando decide una destitución, la opinión o recomendación de esa oficina no es vinculante ni obliga a las autoridades del inau, por lo que no habría en este caso ningún vicio legal. Por otro lado, es cierto que existió una falla formal en el proceso cuando el instructor sumariante omitió avisarles a los funcionarios que se iba a realizar una ampliación de pruebas. Según pudo saber Brecha, dicho error se subsanó dándole a la defensa la posibilidad de concurrir a los interrogatorios, lo que no modificó en nada la sustancia del asunto. Montedeocar consideró, luego de analizar la documentación, que “se cuenta con elementos probatorios suficientes para asignar responsabilidad administrativa a los funcionarios sumariados”. En relación con la responsabilidad penal, “correspondería poner en conocimiento” del juez las nuevas “declaraciones recabadas en la presente ampliación”, ya que éstas podrían modificar también la resolución judicial.

GARANTÍAS, PRUEBAS Y DERECHOS. En febrero de este año, los reclamos que hizo la directiva del sindicato en defensa de los tres destituidos dividieron a los trabajadores. Mientras desde una carpa ubicada en la puerta del directorio del inau, en 18 de Julio y Vázquez, parte del sindicato se declaraba en conflicto, en una carta pública firmada por más de 200 funcionarios pertenecientes al gremio se aclaraba: “No hablan en nuestro nombre los que detrás de posturas de supuesta defensa de los trabajadores olvidan decir que la enorme mayoría de los trabajadores del inau no queremos ser cómplices de prácticas abusivas y violatorias de los derechos de ningún niño, niña o adolescente”.

La idea de que el gremio estuviera defendiendo a funcionarios acusados de violar los derechos humanos resultaba increíble para muchos militantes y se dieron varias desafiliaciones: “Los niños desaparecieron de los planteos gremiales. Nos preocupamos por los que los maltratan y montamos un circo, con carpa y todo, para defender a torturadores”, dijo a Brecha una de las funcionarias que firmó la carta.

En opinión de otro de estos gremialistas consultados, “había testimonios muy claros que acusaban a las personas que fueron destituidas. No podíamos defender alegremente a tres personas acusadas de torturas. El sindicato debería haber puesto un signo de interrogación enorme e indagar. El interés superior de nuestro trabajo son los derechos de los niños y adolescentes que están internados. Y tan importante o más que las garantías de los trabajadores son esos derechos. Como sindicato deberíamos aclarar si hay tipos sentados al lado nuestro en las asambleas que torturaban adolescentes”, dice.

Pero a pesar de las opiniones divergentes, el pit-cnt respaldó el conflicto. El dirigente Juan Castillo –que participó en reuniones con el suinau y con el directorio por este tema– fue consultado por este semanario sobre las razones que tuvo la central obrera para otorgar su apoyo. Castillo aseguró que “en el sindicato estaban convencidos de que había elementos administrativos que no se habían cumplido. Nosotros no dijimos que estaban ante un caso de persecución ni ante tres inocentes. Pero tampoco los inculpábamos. Hay que esperar a que aparezcan los datos y ver si hay pruebas contundentes”.

Opina otro trabajador del gremio: “Joselo (López) logró sumar al pit-cnt en esta cuestión de reclamo de garantías. Pero quizás el abogado de la central podría haber estudiado mejor el expediente, porque se les mostró sólo una parte de la verdad y parecería que no quisieron ver mucho más”.

Tal vez en el pit-cnt no conocieron cabalmente el legajo y se les pasó por alto que la doctora Lilián Barea, directora encargada del Departamento de Sumarios de la División Jurídica del inau –a pesar de que no recomendó la destitución de los funcionarios y sugirió sanciones más leves– escribió en un documento enviado a su jefe, Darío Caviglia, en octubre de 2006, que “los hechos efectivamente probados” se dieron dentro de un sistema “caracterizado por un uso reiterado de una violencia por momentos inusitada, practicada como método de contención”. Lo que supone una práctica organizada y no un episodio aislado, un error o una infamia.

Brecha preguntó a Castillo si con esos elementos no cabía, o cabe, otra actitud del pit-cnt, histórico defensor de los derechos humanos: “La cosa es muy vidriosa. Me imagino que cuando aparezca todo documentado, alguna cosita tendremos para decirle a la dirección del sindicato que nos llamó para meternos en este lío. Si efectivamente se cumple todo lo que nos dijo el directorio de inau, será muy grueso”, aseguró.

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