Los cuestionamientos a la figura penal del delito innominado de funciones no son de ahora. Casi siempre vuelven al ruedo cuando algún dirigente político de peso cae bajo las redes de esa imprecisa definición que subyace en el Código Penal de 1934, a menudo considerada un agujero negro o un cheque en blanco. Y por ende, muy propicia para judicializar irregularidades administrativas. El problema es cuando los momentos y las oportunidades en los que se toman decisiones políticas son los que marcan el tempo ético del asunto.
¿Cómo reaccionaría el Frente Amplio, con el ropaje de partido opositor, si tres meses después del procesamiento de un gobernante blanco de primera línea el Partido Nacional se aprestase a derogar o modificar el tipo penal por el que esa persona fue enjuiciada? Y con el ...
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