Erode Ruiz, un hombre de pasado polémico, cuya carrera policial ganó impulso gracias al respaldo de los sucesivos gobiernos frenteamplistas, se perfila como el jefe de Policía de Montevideo para el mandato de Luis Lacalle Pou. Las estadísticas marcan que fracasó como jefe de Policía de Maldonado en los últimos cuatro años, aunque contó con recursos nunca vistos en otros departamentos. ¿Por qué, entonces, será ascendido por el gobierno blanco? Aquí, una aproximación a la respuesta.
El inspector mayor (r) Erode Ruiz comenzó en Maldonado con mal pie. Apenas se supo que el ministro Eduardo Bonomi lo había asignado para este departamento, cuatro organizaciones civiles coordinaron una movilización para recordar que el veterano policía trabajó en la Cárcel Central durante la dictadura y participó en los operativos represivos del hospital Filtro, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle; además, pendía sobre él una denuncia penal por acoso sexual y laboral radicada por una funcionaria administrativa cuando era jefe de Policía en Canelones. Pero ni Bonomi ni los dirigentes del Frente Amplio (FA) departamental acusaron recibo de las protestas: faltaban dos meses para las elecciones de 2015, la seguridad era el principal eje de la campaña y el perfil de Ruiz encuadraba a la perfección con la propuesta represiva y punitivista que esperaba la población de Maldonado, sobre todo, el empresariado de Punta del Este, donde los delincuentes asolaban a los turistas. No por casualidad, el 52,4 por ciento de los ciudadanos del departamento le había dicho sí a la baja de la edad de imputabilidad penal, en 2014. “En el turismo nos va la vida”, machacaba el entonces candidato Enrique Antía (Partido Nacional), al prometer la instalación de más de mil cámaras de videovigilancia y fustigar al FA por su incapacidad para proteger el turismo, principal motor de la economía departamental.
Así, en el fragor de la campaña hacia mayo, un impertérrito Erode se instaló con la misión de atacar el narcomenudeo, los arrebatos y las rapiñas. “Si vamos a proteger delincuentes pensando que los derechos humanos obligan a eso, no estamos en el buen camino. El delincuente es delincuente, y hay que reprimirlo”, dijo Ruiz a Brecha, en la primera entrevista que concedió como nuevo jefe; adelantaba así lo que pronto se vendría. “Acá hay muchos arrebatos, y no puedo quedarme quieto si a una señora dos monos en moto la arrastran para robarla en la rambla”, acotó, y se metió en el bolsillo al empresariado puntaesteño.1
CRÍA FAMA. La primera estrategia de Ruiz, en ese sentido, fue salir a la caza de los motonetistas “sospechosos” que circulaban por Punta del Este, Maldonado y San Carlos, un mecanismo similar al que había aplicado, con relativo éxito, como jefe de Canelones, durante el gobierno de José Mujica. A fuerza de publicidad mediática (la Unidad de Comunicaciones ministerial se embarcó en una suerte de minuto a minuto sobre cada Operativo Impacto), Ruiz se ganó fama de héroe. Como tal lo destacó el diputado Darío Pérez (Liga Federal‑FA) en sus discursos de campaña, apenas 40 días después de iniciada la gestión, y azuzó el malestar de los colectivos que insistían en el perfil antidemocrático y represor del jerarca.2 Trascartón, en los meses siguientes el Ministerio del Interior instrumentó en Maldonado un sistema de distritos operativos (ya se usaba en Canelones y Montevideo), inauguró numerosas obras en Punta del Este, Piriápolis, Playa Grande y San Carlos, y reforzó la logística con autos y motos para el patrullaje, entre otras políticas se seguridad pública y convivencia ciudadana. Claramente, esa agenda política del gobierno central favoreció la actuación de la Policía departamental, que en pocos meses logró abatir los arrebatos y las rapiñas en torno al 40 por ciento. Sin embargo, el mérito fue atribuido a Ruiz, que en 2016 se transformó en el principal aliado del nuevo gobierno departamental nacionalista y del empresariado de Punta del Este en el negocio de las cámaras de videovigilancia del proyecto Maldonado, Ciudades Inteligentes. Su figura fue destacada en una sesión solemne de la Junta Departamental a instancias del edil blanco Luis Artola (del sector de Jorge Larrañaga). También la Comunidad Israelita de Punta del Este –gestora de la compra directa del sistema y los aparatos a la empresa Elbit Systems– organizó un evento para homenajear al jefe. Erode Ruiz recibió la placa de reconocimiento de manos del presidente de la colectividad, Rolando Rozenblum, a esa altura prófugo de la justicia brasileña, tras escapar de una cárcel de Curitiba, en la que cumplía una condena por defraudación fiscal. Ambos posaron, sonrientes, para las cámaras.
CULTURA DEL GATILLO FÁCIL. A nadie pareció importarle que comenzaran a acumularse los casos de procedimientos ilegales y gatillo fácil, al punto de que el sistema judicial advirtió a Ruiz sobre esos hechos. Así lo informó el fiscal Gerardo Fogliacco en una entrevista concedida a FM Gente el 13 de octubre de 2016, horas después de enviar a dos agentes a prisión por violar la ley de procedimiento policial durante una persecución. Según el magistrado, los jueces departamentales ya se habían reunido tres veces con Ruiz y sus mandos medios para pedirles que “hicieran algo para frenar el ímpetu de los policías que, matemáticamente, violan la ley”. El magistrado sostuvo que, antes de aquel procesamiento, varias personas resultaron heridas por policías que usaron sus armas en forma ilegal. Argumentó que la justicia no intervino en esas situaciones porque no puede actuar de oficio en delitos de lesiones leves si no hay una denuncia de las víctimas. Las declaraciones de Fogliacco murieron en el éter radial; ni medios ni políticos parecieron advertir la gravedad de sus comentarios. Pero la represión continuó.
La denuncia más reciente de abuso policial que trascendió públicamente ocurrió en julio de 2019, cuando dos adolescentes aseguraron que un móvil policial los atropelló durante una persecución y que, mientras estaban heridos en el suelo, los agentes los pisaron e insultaron.3 La fiscalía todavía no se expidió sobre la agresión denunciada, pero confirmó que “los agentes incumplieron órdenes y violaron el Código de la Niñez y la Adolescencia durante el procedimiento”. Asuntos Internos del Ministerio del Interior nunca tomó el caso. Unicom señaló a Brecha que Bonomi pidió un reporte de los hechos a Ruiz, quien negó cualquier tipo de abuso, y ahí murió el asunto. “Si no confiáramos en la palabra del jefe, no estaría donde está; tendríamos que sacarlo”, justificó una de las fuentes ministeriales consultadas en aquel momento. En tanto, el sistema judicial fernandino señaló a Brecha que en cada turno de la fiscalía departamental se investiga, por lo menos, una denuncia de presunto abuso policial. Los casos podrían ser más, teniendo en cuenta algunas imágenes de operativos y relatos viralizadas en las redes sociales desde que, en junio de 2019, volvió a desembarcar la Guardia Republicana en Maldonado.4 Sin embargo, por diferentes motivos ampliamente estudiados académicamente, rara vez hay una denuncia de las víctimas.
INSPECTOR SIMPATÍA. En todo caso, ni la estrategia de corte represivo, ni la instalación de un sistema de videovigilancia que les costó a los maldonadenses más de 22 millones de dólares, ni los recursos del gobierno central sirvieron para frenar la escalada delictiva durante la gestión de Ruiz. “Si en un año no logro bajar lo que el Estado quiere con referencia a la rapiña, tengo que dar un paso al costado y dejar a otra persona”, declaró el jefe en aquella entrevista concedida a Brecha. Sin embargo, no sólo fracasó en ese cometido. El jefe no pudo frenar la ola de violencia entre pequeñas bandas de narcotraficantes ni impedir que los delitos violentos se dispararan en este departamento por encima del promedio nacional, de acuerdo con los últimos datos oficiales anuales, correspondientes al ejercicio 2018. Con el aval de Bonomi, Ruiz se mantuvo incólume en su cargo, pese a las numerosas movilizaciones ciudadanas en reclamo de seguridad que pautaron su desempeño en Maldonado. Entretanto, matizó su gestión pública participando en habituales asados y ágapes organizados por dirigentes nacionalistas y algún referente de Cabildo Abierto, como el siniestro militar retirado Enrique Mangini, anfitrión de las reuniones en que Manini Ríos fraguaba su candidatura presidencial mientras comandaba el Ejército.5
La semana pasada El Observador divulgó que Ruiz será el jefe de Policía de Montevideo, por decisión del futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Y, aunque no hay una designación oficial, ningún miembro del futuro gobierno lo negó. Curiosamente, la noticia no sorprendió ni en el Ministerio del Interior ni en el sistema político fernandino. En la cartera lo destacan como un funcionario “fiel a los gobiernos frenteamplistas”, aunque no desconocen su cercanía y su afinidad con dirigentes blancos. De hecho, el hombre a quien Ruiz llevó como subjefe y mano derecha a Maldonado, Víctor Trezza, pasó a desempeñarse como cargo de confianza de Antía en la Intendencia en 2017.
Por su parte, referentes fernandinos del sector de Larrañaga interpretan que, si bien las estadísticas no lo favorecen, Erode Ruiz tiene “un gran don de mando”, “una excelente relación con los mandos medios”, “una fuerte aceptación del gobierno departamental nacionalista” y “la simpatía de los sectores empresariales”. Un perfil encantador para los planes del promotor de la campaña Vivir sin Miedo, que, por cierto, ganó en Maldonado.
1. “El jefe es el mensaje”, Brecha, 5‑III‑15.
2. “Erode ya es un héroe en Maldonado”, FM Gente, 12‑IV‑15.
3. “Aquí no ha pasado nada”, Brecha, 26‑VII‑19.
4. “La tentación del impulso represivo”, Brecha, 7‑VI‑19.
5. “Viejos conocidos”, Brecha, 10‑V‑19.
“Soy gran amigo de Bonomi”
Erode sin filtro
Ex presos políticos y activistas por los derechos humanos nucleados en Crysol y en la Plenaria Memoria y Justicia califican a Erode Ruiz como un represor. Primero, como funcionario de los cuarteles de la Cárcel Central, donde se torturaba a los detenidos de la dictadura; luego, como uno de los oficiales a cargo del operativo represivo del 24 de agosto de 1994 frente al hospital Filtro, donde las fuerzas al mando del ministro Ángel María Gianola asesinaron a Fernando Morroni y a Roberto Facal, además de herir a decenas de manifestantes.
Apenas supieron que Ruiz había sido designado como jefe de Policía de Maldonado, Crysol y Plenaria organizaron una movilización, que se concretó el 2 de marzo de 2015 frente al edificio de la jefatura fernandina. “Otra vez están condecorando y dándole premios a este individuo. Siguen condecorando a los que estuvieron en la masacre del Filtro, y el mensaje que dan es que está bien que mi hijo esté muerto; de verdad yo no entiendo nada”, declaró Norma, la mamá de Fernando Morroni, al portal local Maldonado Noticias. “No buscan justicia, y por eso tenemos el derecho y la obligación de estar aquí”, agregó la mujer, que encabezó la manifestación junto a Irma Leites y dirigentes de Crysol Maldonado.
Pero Erode seguirá insistiendo en su inocencia. Poco después del escrache, en el que no faltaron pancartas que lo marcaban como asesino, el jefe aseguró a Brecha que estaba “lejos” del lugar donde mataron a Morroni. “No tengo nada que ver con ese hecho. Procesaron a un montón de gente que sí estaba en los operativos, pero a mí no me tocaron, nunca fui al juzgado y no sé cómo viene dada la manija. Cuando el gran lío frente al hospital, yo ya estaba en el aeropuerto”, desde donde partieron los vascos Jesús María Goitia, Mikel Ibáñez y Luis Lizarralde, extraditados a España. “Dijeron que yo pasé con un patrullero a los tiros. ¿Y yo qué iba a estar haciendo ahí? Yo estuve todo el tiempo adentro del hospital porque mi función era la seguridad de los vascos, y nadie nos vio salir rumbo al aeropuerto. Es más, cuando ellos se subieron al avión esperé, el avión demoró en partir y ya era tardísimo cuando me fui a mi Seccional 23”, alegó.
Ruiz tampoco se hace cargo como cómplice de la dictadura por haber trabajado en la Cárcel Central, donde fueron confinados y torturados cientos de presos políticos. “Tenía 24 años, y si me negaba a ir, o me echaban o me mandaban a la cárcel. Incluso fui sancionado por dar visitas a familiares que no estaban autorizados a entrar al establecimiento. Eso me costó un arresto de cinco días en una oportunidad, y en otra me echaron como a un perro y me mandaron a la Seccional 12. Me hicieron un favor, porque hacía rato que me quería ir”, relató en su defensa, y aseguró que hay documentos que prueban su inocencia. “Me pregunto por qué los activistas de estos grupos que me acusan no los han buscado.”
En esa entrevista, se declaró como “un amigo del ministro Bonomi” y aseguró que, en medio de las acusaciones, el secretario de Estado le recomendó seguir “con fuerza y adelante”.
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