Un revólver en la nuca del periodismo independiente

El título es tomado de un editorial de El País del 24 de diciembre de 2014, una vez aprobada la ley de medios, en que se parafraseba al ex presidente Julio María Sanguinetti. “La defensa de la libertad de expresión, tan cara para nuestros primeros constituyentes, hoy se encuentra en peligro ante un avance retrógrado de concepciones extremistas” en una ley que “busca indisimuladamente poner una espada de Damocles sobre la cabeza de los medios”.

La cobertura periodística del debate sobre la propuesta del Poder Ejecutivo para reformar la legislación sobre la radio y la televisión en el principal diario del país merece una especial atención: sus directores y responsables editoriales están relacionados con los dueños de las empresas de comunicación audiovisual reguladas por la Lsca que se han opuesto públicamente a la norma y que, incluso, han presentado recursos de inconstitucionalidad en su contra.

Los apellidos de los dueños de El País (Scheck, Beltrán, Aguirre, Rodríguez Larreta) se repiten entre quienes son accionistas de Canal 12 y de la tevé por cable Nuevo Siglo, de Montevideo. Forman parte de un entramado de empresas y familias que configuran desde hace muchos años un oligopolio en el mercado televisivo en Uruguay, que ha llegado a concentrar más del 60 por ciento de la cantidad de abonados en Montevideo y del 95,5 por ciento de la televisión abierta a nivel nacional (en audiencia y facturación).2

La nueva ley, si se aprobaba, significaba un cambio en los privilegios detentados por estos medios por decenas de años: tener plazos en las concesiones en lugar de permisos eternos, la obligación de pagar por el uso del espectro, la gratuidad de la publicidad electoral y de las campañas de bien público, entre otras. Es conocido, además, que uno de los principales objetivos de la Lsca es prevenir y limitar los monopolios y oligopolios en la radio y la tevé.

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La investigación buscó conocer cómo esa posición editorial y el impacto que la ley tendría sobre el grupo mediático que integra El País influenciaron su cobertura informativa. Para ello se relevaron todas las notas publicadas, tanto periodísticas como editoriales y columnas de opinión, desde febrero hasta diciembre de 2013. Este recorte temporal elegido coin­cide con el momento en que el Poder Ejecutivo hizo público su interés en reformar la regulación de los servicios de comunicación audiovisual presentando un proyecto de ley al Parlamento.

Desde el 21 de mayo hasta su aprobación, el 10 de diciembre de ese año, se produjo un amplio e intenso tratamiento de la iniciativa en Diputados, en especial en la Comisión de Industria presidida por Carlos Varela, donde participaron varias decenas de actores involucrados, incluidos gremios empresariales, organizaciones sociales y expertos nacionales e internacionales.

En el período se identificaron un total de 91 notas de prensa, 57 de ellas de carácter informativo y 34 de opinión –entre editoriales del diario, columnas y cartas de lectores–, que fueron analizadas en función de una serie de indicadores que relevaban su extensión y ubicación, contenidos en relación con el proyecto de ley, protagonistas citados, fuentes consultadas, títulos utilizados, entre otros.

Una sola campana. De acuerdo a la metodología empleada, 78 por ciento de los artículos publicados por El País tuvieron contenidos contrarios al proyecto de ley (54,5 por ciento “totalmente en contra”, 23,6 por ciento “mayormente en contra”). Un 19 por ciento de las notas fueron “neutras” (información de hechos o equilibrio informativo de las posiciones o conceptos incluidos), mientras que sólo 2,7 por ciento fueron clasificados como “mayormente a favor” de la Lsca.

El 97 por ciento de los artícu­los de opinión (editoriales, columnas y cartas de lectores) fueron total o mayormente en contra, y apenas una sola columna (publicada en El Empresario) fue neutra. No se identificó ninguna columna de opinión o editorial a favor.

Por decir fútbol

Así, la posición editorial de El País fue explícita y fuertemente contraria a la iniciativa legal. Todos sus editoriales referidos al tema (por ejemplo firmados por Washington Beltrán, Julia Rodríguez Larreta o Martín Aguirre) fueron en contra. “Su finalidad última, evidentemente, copiando los malos ejemplos de la región, es procurar ejercer el control político sobre los medios de comunicación, en particular las radios y la televisión”, dice uno de los editoriales y es la tónica predominante.

El periódico tampoco fue ámbito público para el conocimiento de posturas diversas que pudieran enriquecer la comprensión de sus lectores y alentar el debate de un tema tan importante. Los columnistas que publicaron opiniones en ese período estaban, en general, vinculados a los partidos de la oposición, como el actual senador nacionalista Javier García, el ex presidente Julio María Sanguinetti o el ex ministro de Educación Antonio Mercader. Es llamativo también que durante todo el período las únicas cartas de los lectores que se referían al tema tenían posiciones en contra de la ley.

Más grave aun es que casi dos de cada tres notas de prensa (63,2 por ciento) que abordan el tema en el tramo seleccionado contienen títulos e informaciones que refieren principalmente a aspectos negativos de la propuesta o sólo citan a personas que opinan en su contra. Apenas un 30 por ciento de los artículos periodísticos tuvieron un abordaje “neutro” o incluyeron tanto visiones positivas como negativas.

El uso de los títulos acompaña esta tendencia, remarcando casi exclusivamente adjetivos de fuerte connotación negativa e incluso estigmatizante. Tanto en editoriales como en noticias se repiten términos como “mordaza”, “inconstitucional”, “limita”, “amenaza”, “peligro”, “alerta”, “ambigüedad”, “autocensura”, “auto­ritaria”, “censura”, “cerrojo”, “control policial”, “daño”, “dirigista”, “excesivas”, “inconsistentes”, “vieja”, “intervencionista”, “in­viable”, “pér­dida”, “restricciones”, “sesentista”, “fascismo” y “dictadura”.

Un ejemplo emblemático de la decisión editorial que adoptó El País en la cobertura para sus lectores puede verse en la elección de sus tapas. En el lapso analizado, el relevamiento identificó ocho portadas referidas a la ley de medios. En su amplia mayoría reflejaron únicamente la oposición a la propuesta, destacando solamente la opinión de actores contrarios y utilizando términos y adjetivos con fuerte connotación negativa, tanto en el título como en el breve texto incluido en la portada.

Algunos de los títulos de tapa fueron: “Televisoras y publicistas contra la ley de medios” (26-V-13); “Advierten que ley de medios ambienta un control policial. Andebu critica marco dirigista con una fuerte injerencia del gobierno” (20-VII-13); “Ley de medios: Intervencionista y autoritaria, dice Carlos Delpiazzo” (22-VIII-13) y “La dictadura se hacía una fiesta. Expertos sostienen que cambios no mejoran el proyecto” (10-X-13).

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 Apagón informativo. Este sesgo en la información se ve reflejado no sólo en la redacción de los contenidos sino también en las fuentes o protagonistas citados.

La Comisión de Industria realizó 45 audiencias entre el 13 de junio y el 19 de setiembre, a las que concurrió una diversa lista de empresarios, expertos, organizaciones sociales, autoridades públicas e incluso organismos internacionales. El País, que tiene presencia permanente en el Palacio Legislativo y siguió intensamente el debate parlamentario, informó sobre estas reuniones a la población, aunque con criterios muy disímiles si se analizan los artículos publicados en ese período.

Las empresas y cámaras del sector participaron activamente de las audiencias y sus opiniones fueron recogidas sistemáticamente, incluso con menciones destacadas en la tapa, como el caso de Andebu. También tuvieron generosos espacios las posiciones y fundamentos de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap), la Cámara de Telecomunicaciones y la empresa estadounidense DirecTV, entre otros. Sin embargo, El País no registró los puntos de vista de numerosas organizaciones, instituciones y personalidades con posturas decididamente favorables a la ley. No mucho o poco: nada.

Los artículos relevados no incluyeron la opinión de la Coalición por una Comunicación Democrática, alianza que nuclea diversas instituciones y sindicatos, y que fue creada con motivo de la discusión del primer borrador de la ley, allá por 2010, y se mantiene en actividad hasta hoy. Tampoco de la Universidad de la República, del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) o de las organizaciones de protección de derechos humanos como Ielsur o como Voz y Vos-El Abrojo, Cotidiano Mujer, Ovejas Negras, RedesUy o la Unión Nacional de Ciegos, relacionados con los derechos de la niñez, las mujeres, la no discriminación y los discapacitados. Tampoco de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, un organismo independiente elegido por el Parlamento.

En un tema tan discutido por el impacto que la normativa podría tener en el trabajo periodístico y la libertad de expresión, las opiniones de periodistas y otros trabajadores de los medios resultan esenciales. La investigación mostró que El País también publicó sólo aquellas voces de periodistas que fueron críticos, aunque con distintos matices, con el proyecto.

Por ejemplo, tuvieron lugar los puntos de vista del director de Búsqueda, Claudio Paolillo (como representante de la Sociedad Interamericana de Prensa, aunque éste también había señalado aspectos positivos de la ley en el Parlamento), así como de Gerardo Sotelo, a través de una columna suya publicada en el diario. También se citaron las opiniones críticas de los periodistas Claudio Romanoff y Nelson Fernández en un debate público sobre el tema.

Mientras tanto el gremio de los periodistas –la Asociación de la Prensa Uruguaya (Apu)­–, aunque también participó del debate parlamentario y expresó públicamente su respaldo a la Lsca, no tuvo lugar en El País. Tampoco otras gremiales representativas del sector audiovisual, como los productores audiovisuales nucleados en Asoprod, la Asociación de Locutores Profesionales del Uruguay (Alpu) o la Sociedad de Actores (Sua), todas ellas invitadas a las audiencias de la Comisión de Industria. La única excepción fue un artículo en el que se cita al sindicato de trabajadores de la televisión pública (Tnu), pero no para hacer conocer su apoyo general a la propuesta, sino para mostrar su posición contraria a algunos artículos que referían a la ubicación institucional de los medios públicos.

Todos los expertos en contra. El requerimiento de la opinión de expertos o de las universidades son recursos necesarios para abordar la información a brindar al público lector en temas de alta complejidad. El uso de esta fuente de información también fue discriminatorio.

En el lapso analizado, El País difundió las opiniones de especialistas en derecho constitucional y administrativo que se expresaron en contra de toda o parte de la ley, varios de ellos asesores o consultantes directos de los medios incluidos en la regulación a estudio. Algunos de estos abogados pudieron expresar sus puntos de vista profusamente en el periódico e incluso ser citados en varias portadas (Risso, Delpia­zzo, Cajarville). Mientras tanto, El País no consultó ni dio a conocer opiniones de expertos uruguayos a favor de la norma.

Paradójicamente, se menciona brevemente a Gabriel Kaplún, un conocido especialista de la Universidad de la República que participó activamente en el proceso de elaboración de la ley y apoyó la iniciativa, pero apenas se cita su nombre en un editorial en tanto habría criticado “ciertos aspectos del mamotreto de 183 artículos”.

Este tratamiento también se repitió con las opiniones del relator de las Naciones Unidas sobre libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, invitado por la Comisión de Industria a comentar el proyecto a estudio. Este reconocido especialista destacó la propuesta como un posible modelo para la región y manifestó que estaba plenamente en sintonía con los estándares internacionales, proponiendo algunos cambios que podrían mejorarla. Sin embargo, el único artículo informativo en que aparece su punto de vista sólo refiere a las “sugerencias” que hizo al proyecto. Ninguna mención a su claro apoyo a éste.

Crónica de un resultado esperado. Durante el tramo analizado, El País utilizó un par de veces una encuesta telefónica dirigida a sus lectores, un recurso participativo para conocer su opinión acerca de diferentes temas de coyuntura. Frente a la pregunta de si la ley de medios limita la libertad editorial, una de las consultas dio 89 por ciento y la otra 94 por ciento (en diciembre de 2013, luego de su aprobación en Diputados), marcando una clara oposición a la propuesta. La pregunta que cabe hacerse es si, con el manejo informativo mostrado, el resultado podría haber sido otro.

Las decisiones de los dueños y responsables editoriales de El País respecto a la cobertura de temas de interés público en Uruguay muestran facetas de asuntos aún poco estudiados en la región, pero de gran importancia para nuestras democracias, como son el impacto de la concentración de medios en el trabajo de los periodistas y en la agenda informativa de un país, y la calidad de “independiente” de un medio que tiene intereses o implicancias en los temas que aborda, desde el punto de vista informativo. Con mayor gravedad en este caso si se tiene en cuenta el poder de El País en la agenda informativa nacional y en la formación de la opinión pública.

Los resultados del estudio son contundentes y cuestionan la ética y la calidad periodística del principal diario de Uruguay. La tradicional idea de mostrar “las dos campanas” en temas de gran controversia pública brilló por su ausencia. Faltó también que los directores del medio explicitaran a sus lectores que, además de periodistas, redactores responsables o directores de un medio, eran personas que estaban relacionadas con los dueños de los medios afectados por la ley sobre la que opinan e informan.

Adoptar una postura editorial sobre un tema de notorio interés público como este es parte de la libertad de expresión que tienen los medios. Pero en tanto esta libertad también incluye el derecho de la población a recibir y buscar información, el manejo arbitrario y discriminatorio constatado sin dudas lesionó el ejercicio pleno de la libertad de expresión de sus lectores en su dimensión colectiva.

Los medios de comunicación son vehículos fundamentales del derecho a la libertad de expresión. Como dice la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión americana: “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación es una garantía fundamental para que pueda realizarse adecuadamente el proceso de deliberación colectiva sobre los asuntos públicos”, por lo que medios como El País “desempeñan una función esencial para garantizar la libertad de expresión de las personas, en tanto sirven para difundir los propios pensamientos e informaciones y, al mismo tiempo, permiten acceder a las ideas, informaciones, opiniones y manifestaciones culturales de otras personas”.3 Justamente estos principios interamericanos son los que no cumplió El País, en tanto se violó “el derecho de la sociedad a contar con medios de comunicación libres, independientes y plurales que le permitan acceder a la mayor y más diversa información”.

Como surge de la investigación, desde las portadas, títulos, editoriales, columnas de opinión y, lo que es más grave, desde los artículos informativos y periodísticos, se trasmitió una mirada sesgada del proyecto y su debate, silenciando las voces críticas a la posición del diario. Eso no es libertad de expresión y es un golpe a la credibilidad de los propios medios. El País fue el revólver que apuntó a la nuca del periodismo independiente, y no la ley.

*    Fernando Gelves es asesor académico de la Facultad de Información y Comunicación (Fic-Udelar). Gustavo Gómez es investigador y consultor sobre regulación de medios y libertad de expresión, fue director nacional de Telecomunicaciones y co-redactor del proyecto de Lsca. En el relevamiento y análisis de la información colaboró Facundo Franco, docente de la Fic.

  1. Véase en: http://www.elpais.com.uy/opinion/editorial/revolver–nuca–editorial.html
  2. La televisión privada en Uruguay. Lanza, Buquet. Véase en: http://library.fes.de/pdf–files/bueros/uruguay/08659.pdf
  3. Cidh, Informe Anual 2009, Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III.

Las sentencias de la Corte

La Suprema Corte de Justicia (Scj) emitió en abril de este año dos sentencias con respecto a recursos de inconstitucionalidad presentados frente a la ley de servicios de comunicación audiovisual. La cobertura que dio El País a estas dos sentencias mantiene, en líneas generales, el sesgo constatado durante 2013. La primera, emitida el 5 de abril, refirió al recurso interpuesto por la empresa DirecTV contra 27 artículos. En esa ocasión, la Scj declaró inconstitucional un artículo de manera completa y otros tres parcialmente. Los títulos y la información publicada se centraron solamente en los pocos artículos rechazados, sin mencionar los 23 artículos declarados constitucionales, que implicaron un respaldo a aspectos fundamentales de la ley que fueron cuestionados en los editoriales del diario.

Para informar sobre este hecho, El País tituló en su página web, cual hincha en un partido de fútbol: “Corte voltea cuatro artículos por inconstitucionales”.

Por decir fútbol

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