Los diputados quieren determinar si el ex senador forista Wilson Sanabria (fallecido en 2015) y su hijo Francisco (quien renunció como suplente del diputado Germán Cardoso y a la secretaría del Partido Colorado en Maldonado antes de ir a prisión por maniobras ilegales a través del cambio familiar) aportaron a otros sectores dinero no declarado ante la Corte Electoral.
En este contexto será convocado al Parlamento el contador Humberto Capote, quien autorizó la operativa del Cambio Nelson en 1998, cuando ejercía la presidencia del Banco Central (Bcu), y sobre quien pende un pedido de procesamiento con prisión como asesor en la operativa del cambio y presunto coautor de apropiación indebida.
El diputado colorado Adrián Peña (Vamos Uruguay), secretario general de su partido y promotor de la investigadora, informó el lunes de esta convocatoria a través de su cuenta en Twitter. Luego dijo a Brecha que el interrogatorio al contador Capote apuntará a su papel como asesor contable de Cambio Nelson y a “algún detalle sobre las situaciones del último tiempo”. Sin embargo, Capote puede negarse a comparecer ante la comisión, porque es “un particular” convocado como “invitado”, reconoció el legislador. Por otra parte, aunque acceda, nadie sabe si estará libre para entonces: es inminente la resolución del juez penal Gonzalo Arsuaga sobre el procesamiento con prisión solicitado por el fiscal Rodrigo Morosoli. De acuerdo al artículo 90 del Código del Proceso Penal, el magistrado cuenta con 45 días para dictar sentencia interlocutoria (se la denomina así porque, a diferencia de la sentencia propiamente dicha, no resuelve el fondo del asunto) sobre Capote. Arsuaga asumió el 8 de junio pasado en sustitución de Marcelo Souto y el plazo comenzó a computarse cuando el expediente llegó a su despacho el 28 de junio. Considerando la feria judicial menor, el magistrado deberá expedirse en estos días para cumplir la disposición legal y evitar una posible sanción administrativa.
OTROS CITADOS. En el listado de citados a la investigadora parlamentaria también se encuentran el economista Mario Bergara, presidente del Bcu, y el diputado frenteamplista Darío Pérez (Liga Federal). Al primero le consultarán sobre los controles que el Bcu ejercía sobre la casa cambiaria. Para el diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular), también miembro de la comisión, es importante ahondar en ese punto: “¿Cómo es que el Bcu nunca observó las irregularidades? El razonamiento es el siguiente: ‘Yo hago la vista gorda porque vos en el fondo también estás aportando para mi partido’”, sugirió a Brecha, aunque admitió que por el momento no hay pruebas de que esa financiación haya existido. Pérez, en tanto, debería profundizar en sus declaraciones públicas sobre presuntos vínculos entre Wilson Sanabria y el actual diputado Óscar de los Santos (Fls) durante la campaña departamental de 2005 en Maldonado. Sobre este punto, De los Santos fue interrogado el lunes en la comisión, de la que también es miembro. Como lo hizo meses atrás, desmintió a Pérez, aunque admitió la posibilidad de que Cambio Nelson haya comprado tiques para alguna cena o almuerzo de su campaña.
Ese mismo día también compareció la presidenta del FA en Maldonado, Susana Hernández (Lista 738), quien como escribana depositaba (ilegalmente) en Cambio Nelson el dinero que sus clientes le entregaban en garantía por contratos. Hernández reiteró que jamás se benefició con intereses por esos depósitos y que los hacía por una cuestión de “practicidad”, ya que el cambio tenía un horario más amplio que los bancos (Brecha, 3-III-17). También el diputado colorado Germán Cardoso se presentó esta semana en la comisión; insistió en que los aportes de los Sanabria a la campaña de su sector están registrados en la Corte Electoral y enfatizó que desconoce el origen de los fondos.
Más allá de investigar si Sanabria hizo donaciones no declaradas a sectores de otros partidos, la comisión pretende determinar si utilizó fondos mal habidos. Para Peña resulta “fundamental” la investigación judicial, que se sustancia a nivel penal en Maldonado y en crimen organizado en Montevideo. Allí se busca determinar si Sanabria –quien incriminó a Capote en la operativa del cambio– cometió un delito de lavado de activos. Según supo Brecha, el fiscal Carlos Negro solicitó el mes pasado nuevas pruebas contables y convocó al equipo multidisciplinario que actuó en la investigación fernandina.
Por otra parte, unos cien acreedores que pretendían presentarse a concurso no podrán recuperar su dinero ya que, a juicio de la sindicatura, no demostraron la transacción (Telemundo). En tanto, está por verse si medio centenar de ex trabajadores, que reclaman el pago de créditos laborales por esta vía, podrán integrar el listado de acreedores.
